En medio de una ya saturada agenda de política educacional, el Gobierno decidió sumar un proyecto adicional que busca trasladar la provisión escolar desde los municipios a un nuevo sistema de administración central. Agrega así a los asuntos que ocupan al Mineduc -y a ratos lo desbordan- uno que reviste la mayor trascendencia y es de gran complejidad.

En efecto, la educación municipal atiende a cerca de un 40% de la matrícula escolar, especialmente niños y jóvenes de menores ingresos. Sin embargo el atractivo de los colegios municipales ha venido declinando, como consecuencia de un cambio de preferencias de los padres y de las limitaciones del servicio ofrecido.

La pregunta que necesitamos hacernos es si el nuevo proyecto es una reforma de orden administrativo principalmente o un real cambio en la efectividad y calidad de los colegios municipales. Mi respuesta es que se trata, básicamente, de un cambio institucional. Y este adolece de varios defectos.

Para comenzar: el proyecto gubernamental debió rotularse como de reforma del aparato burocrático encargado de proveer educación dentro de nuestro régimen mixto (público y privado). Pues se trata de eso, efectivamente. En lo sustancial, crea una Dirección de Educación Pública, servicio centralizado, dependiente del Mineduc, domiciliado en Santiago y con oficinas regionales. Enseguida, crea más de medio centenar de Servicios Locales (SL) de Educación Pública, servicios funcional y territorialmente descentralizados, con patrimonio propio, los que eventualmente podrán crear oficinas locales en lugares distintos de su sede. Cada uno de estos servicios tendrá un consejo local, órgano consultivo y asesor, representativo de la comunidad escolar y local.

La dirección central coordina y orienta a los SL, promueve su trabajo colaborativo, propone al ministerio una política nacional así como planes y medidas para dichos servicios y suscribe convenios de gestión con sus directores ejecutivos. Asimismo, prestará asistencia técnica a los SL, asignará recursos a estos e intermediará sus relaciones con el ministerio y otros organismos del Estado.

A su turno, los SL proveen el servicio educacional a través de los establecimientos educacionales de su dependencia. Son pues los sostenedores de esos colegios. Desarrollarán la oferta educacional en el territorio que les corresponda, prestarán apoyo técnico-pedagógico y de gestión a los establecimientos, capacitarán al personal de los colegios; establecerán sistemas de seguimiento, información y monitoreo; fomentarán la participación de la comunidad educativa y de las comunidades locales, y determinarán la apertura, fusión o cierre de establecimientos dentro de su esfera de competencia. Cada SL dispondrá, al menos, de unidades internas de apoyo técnico-pedagógico, de planificación y control de gestión, y de administración y finanzas. Como puede verse, descentralización centralizada.

Al fondo del edificio burocrático aparecen los establecimientos educacionales, cuya misión es proporcionar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Es decir, educar y contribuir así al régimen mixto de provisión que Chile ha desarrollado a lo largo de su historia. Sin duda, estamos ante un cambio institucional-administrativo de envergadura. Transitar desde un sistema descentralizado, donde los colegios tenían una autonomía relativa de gestión dentro del marco municipal a un sistema centralizado donde el ministerio, a través de una dirección nacional y una estructura intermedia de SL, se encargaría de orientar, planificar, evaluar, financiar y controlar a los colegios desmunicipalizados.

Frente a esta propuesta surgen varias preguntas.

Primero, ¿qué justifica una arquitectura burocráticamente tan compleja y por qué sería una respuesta eficaz para el desafío central, esto es, mejorar las oportunidades de aprendizaje de los niños y jóvenes más vulnerables? Convendría probar y corregir antes que adoptar un modelo de papel.

Segundo, ¿no conduce el diseño institucional propuesto, casi inevitablemente, a generar una pesada estructura intermedia de SL, que acumulará poder, personal y atribuciones, generando un nuevo estamento con intereses propios, pero sin una real función de producción educacional?

Tercero, ¿no estamos frente a un diseño burocrático que limita y reduce las dimensiones de liderazgo, profesionalismo y gestión que los colegios necesitan para mejorar su efectividad y el clima de aprendizaje para sus alumnos?

Cuarto, en particular, ¿no existe el riesgo de achatar el rol, las atribuciones y responsabilidades del director de colegio o liceo, dejándolo atrapado en una enmarañada red de controles, demandas, presiones e instructivos que fácilmente pueden paralizarlo?

Quinto, ¿cómo operará la accountabi lity en este diseño? En última instancia, ¿quién responde por la educación que reciben los estudiantes y de sus aprendizajes? ¿Y ante quién? Es tal vez el punto más confuso del proyecto.

En breve, cabe evaluar a fondo no solo el esquema burocrático propuesto, de suyo engorroso, algo asfixiante y costoso, sino además la letra minúscula del proyecto, que refleja el deseo de sobrerreglamentar a los colegios y desconfía, en cambio, de sus capacidades para autogestionarse y, como organizaciones, para aprender.

En suma, se parte de un supuesto equivocado: que la educación municipal podría mejorar por el mero expediente de centralizar su administración y sobreponer a los colegios una gruesa capa burocrática. Este tema es demasiado importante como para fallar.