Tribuna
Improvisaciones en educación
Carlos Peña: ” Cambió el ministro y, como consecuencia de ello, cambió la política ¿Qué cosa revela esto sino una grave, inadmisible, improvisación? ¿Es razonable que una política que formó parte esencial del programa gubernamental siga en medio de brumas…?”
Hace apenas unas semanas el ministro Eyzaguirre anunciaba que la gratuidad de quienes pertenecieran a los tres primeros quintiles -originalmente prevista solo para las universidades del CRUCh, institutos y centros sin fines de lucro- se extendería a quienes fueran alumnos de instituciones creadas con posterioridad a 1981, a condición de que estas últimas satisficieran un conjunto de requisitos que el ministro incluso enunció.
Ayer, en cambio, la ministra Delpiano comunicó a los estudiantes de la Confech que la gratuidad el año 2016 no alcanzaría a los alumnos de universidades privadas creadas con posterioridad a 1981 y no pertenecientes al CRUCh.
Así pues cambió el ministro y, como consecuencia de ello, cambió la política ¿Qué cosa revela esto sino una grave, inadmisible, improvisación? ¿Es razonable que una política que formó parte esencial del programa gubernamental siga en medio de brumas y trastabilleos a casi dos años de transcurrido el gobierno?
Ninguna de las razones que -en medio de esa bruma- se esgrimieron ayer para excluir a algunos estudiantes del programa es aceptable.
No es cierto, desde luego, que no existan criterios que permitan distinguir entre las instituciones a las que asisten los estudiantes. Esos criterios sobran y es cosa de contar con una decisión política para aplicarlos: la acreditación, la autonomía que poseen, el grado de institucionalización de la carrera académica de sus miembros, el grado de participación deliberativa de estudiantes y profesores, etcétera, son todos criterios racionales para distinguir entre las instituciones.
Bastaría pues enunciar en la ley algunos de esos criterios, o todos, y permitir entonces que los alumnos de las instituciones que los satisfagan puedan acceder a la gratuidad. Sería además una forma de incentivar a las instituciones a someterse a mayores niveles de regulación, adelantando así la fisonomía final de la reforma.
Lo que no resulta razonable desde el punto de vista legal es, como se ha anunciado, emplear como criterio para la asignación de esos recursos el hecho de que la institución de que se trata pertenezca o no al Consejo de Rectores. Y no es razonable porque lo que aquí se está discutiendo es una medida tendiente a remover las barreras de acceso al sistema de educación superior de los jóvenes, no el trato preferente o no que merecen algunas instituciones. En otras palabras, el derecho a la educación que la gratuidad quiere homenajear (porque se trata de eso, ¿verdad?) pertenece a los individuos, no a las instituciones.
Tampoco es una razón suficiente para excluir a un grupo de estudiantes la necesidad de una implementación gradual del programa de gratuidad. Las implementaciones graduales -v. gr., la que hubo con la reforma procesal penal- fueron exigidas por la necesidad de evaluar los efectos de la reforma que se trataba de ejecutar. En este caso, en cambio, la exclusión de un grupo de estudiantes está simplemente animada por la escasez o la improvisación, pero ninguna de ellas es una razón legal o políticamente admisible. Ni la escasez ni la improvisación permiten efectuar una distribución desigual de recursos públicos.
No deja de ser irónico que un gobierno que esgrime la igualdad como un valor lo transgreda tan flagrantemente a la hora de comenzar a instalar la más importante de sus políticas.
Es cierto que no resulta aceptable que algunas instituciones esgriman la vulnerabilidad de sus estudiantes para esconder sus propios defectos; pero eso se evita muy fácilmente por la vía de enunciar estándares que las instituciones deban satisfacer para que sus estudiantes accedan a la gratuidad. Y si una vez elaborados esos estándares -cuya dificultad técnica es mínima- una institución declara estar dispuesta a satisfacerlos, ¿qué razón puede esgrimirse para negarles a los estudiantes que asisten a ella el acceso a la gratuidad?
No cabe duda: si lo que justifica la gratuidad del 60% de los estudiantes es el derecho a la educación amagado por su falta de recursos, y si el titular de este último son los individuos, entonces todos quienes pertenezcan a ese 60% y asistan a las instituciones que satisfagan requisitos imparciales que es deber del Gobierno enunciar debieran tener acceso.
Carlos Peña
Rector UDP
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Ex ministro Eyzaguirre había abierto la posibilidad para estos planteles, si cumplían ciertas exigencias:
Mineduc descarta incluir a universidades privadas en la gratuidad para el próximo año
Estudiantes y rectores criticaron el anuncio y acusaron “improvisación”. El rector de la U. Alberto Hurtado, Fernando Montes, señaló que se genera un “trato absolutamente discriminatorio”.
Javiera Herrera y Carlos Said, El Mercurio, 15 de julio de 2015.
“Me toca dar una pésima noticia hacia el sector privado. El Gobierno dijo que iba a tener que apretarse el cinturón, y claramente vemos hacia dónde se lo apretó: nos va a dejar afuera del proyecto de gratuidad que se va a enviar para el próximo año”.
Luego de tres horas de reunión con el Ministerio de Educación, Nicolás Fernández, vocero de las universidades privadas de la Confech, contó uno de los puntos más relevantes del encuentro. La política que permitirá que el 60% de los alumnos vulnerables estudie gratis desde el 2016 solo beneficiará al Consejo de Rectores (CRUCh) y a otros siete centros técnicos acreditados y sin ánimo de lucro.
Pese a que ese fue el anuncio de la Presidenta Bachelet el 21 de mayo, luego de las críticas de estudiantes y rectores, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre había dado señales de que el anuncio podía ser más inclusivo.
“Ha habido distintos planteamientos bastante interesantes de algunos rectores, que señalan que el criterio meramente institucional de pertenecer o no al CRUCh no parece ser un criterio que sea suficientemente justo desde el punto de vista de los estudiantes”, afirmó hace un mes el entonces titular de Educación, quien se mostró disponible a “abrir una puerta para universidades que están fuera del CRUCh”.
No obstante, ayer el Ministerio de Educación informó a los estudiantes que dicha opción se descartó definitivamente. “La ministra (Adriana Delpiano) ha tomado la decisión, en conjunto con la Presidenta, de mantener lo que se había planteado”, informó Francisco Martínez, jefe de Educación Superior del Mineduc.
Dos razones
La autoridad esgrimió dos motivos fundamentales para mantener una gratuidad acotada para 2016. Por un lado, “hay un tema económico, porque la gratuidad es una inversión importante del Estado”, reconoció. Por otro, afirmó que es difícil establecer “criterios claros, transparentes y no arbitrarios” para incluir a algunas universidades privadas y no a otras.
La primera crítica a esta decisión provino del propio dirigente estudiantil Nicolás Fernández: “Uno, cuando habla con el ministerio, se da cuenta de que no hay ninguna seguridad, (…) mes a mes van cambiando los dichos”.
También se lamentó Fernando Montes, rector de la U. Alberto Hurtado, que había sido crítico del anuncio original y cuyo plantel vivió, incluso, tomas en protesta por ser marginado. “Personalmente, sin hablar de las instituciones, lo lamento fuertemente, por los muchachos de mi universidad que tienen más carencia, que quieren estudiar aquí, y que me parece que injustamente y poco democráticamente van a ser excluidos”, dijo.
“Se vuelve a privilegiar a un grupo determinado de instituciones, en lugar de centrarse en los estudiantes. Se refuerza una realidad. Las universidades del CRUCh tienen mejores becas, van a tener una gratuidad y tienen aportes directos del Estado. Es un trato absolutamente discriminatorio”, añadió.
Carlos Peña, rector de la U. Diego Portales, también se mostró crítico: “Lo relevante en esta materia no es tanto la gradualidad (que tendrá la gratuidad) producto de la escasez, como la falta de imparcialidad y de igualdad a la hora de distribuir su impacto entre los jóvenes. El deber del Gobierno es, fueren cuales fueren las restricciones con que cuenta, tratar con igualdad a los estudiantes que asistan a las instituciones que satisfagan determinados criterios imparciales”.
En tanto, Hugo Lavados, rector de la U. San Sebastián, refutó los motivos del Mineduc: “El argumento de que hay pocos recursos es relativo, porque los mismos recursos se pueden distribuir de otra manera”. Agregó que la decisión deja a su plantel “en una situación de interrogación e incertidumbre. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? (…) Quedan en la más absoluta incertidumbre”. Por lo mismo, sostuvo que “parece absurdo seguir llevando adelante la política”.
Gonzalo Vargas, rector de Inacap (que quedó excluido tanto a nivel de universidad como de instituto profesional y centro de formación técnica), aseguró que la situación es una “discriminación arbitraria hacia estudiantes que tienen la misma condición socioeconómica y los mismos méritos”. Señaló que tras los anuncios del viernes de la Mandataria, a través de los que informó que la gratuidad universal no se cumpliría en 2020, sino cuando los recursos lo permitan, “nos preocupa doblemente que esta discriminación no solo se dé para el 2016 (…) sino que se perpetúe”.
En tanto, Manuel Pérez, vicerrector académico de la U. Católica Silva Henríquez, calificó el anuncio como “una pésima señal, que demuestra no solo contradicciones internas, sino además improvisaciones en las políticas y los discursos”. Afirmó que “el 60% de los alumnos vulnerables no solo está en el CRUCh”, por lo que propuso distinguir a esta población total y beneficiarla en instituciones tradicionales y privadas que cuenten con acreditación.
Cerró el CFT Fontanar, uno de los cuatro que tendrían gratuidad
De acuerdo con el escenario previsto por el Mineduc, solo cuatro centros de formación técnica podrían acceder a la gratuidad en 2016, por estar acreditados y no poseer fines de lucro. Uno de ellos era Fontanar, sin embargo, este recinto pidió al Estado revocar su reconocimiento oficial, por lo que acaba de cerrar sus puertas.
Sofía Benoit, miembro de la fundación, cuenta que tuvieron problemas de matrícula hace seis años y que “a pesar de los estudios de mercado y el esfuerzo en publicidad, seguíamos teniendo menos alumnos”. Por ello, decidieron cesar sus actividades.
Así, en enero el Consejo Nacional de Educación aprobó el cierre solicitado, y el 21 de mayo la Presidenta anunció los criterios de la gratuidad para el próximo año, entre los que calzaba Fontanar. En el recinto lo ven casi como una mala jugada del destino, pues “nos moriremos hasta acreditados”, dice Benoit.
Los últimos siete alumnos del instituto finalizaron sus estudios el 15 de junio y, con ello, se puso término al proyecto educativo.
Estado costearía hasta 20% más que duración formal de carreras
Francisco Martínez reafirmó que en septiembre se presentará la reforma a la educación superior, que sí contemplará financiamiento a los alumnos de las universidades privadas. Eso sí, se estudia que “para acceder al financiamiento público las instituciones deberán estar constituidas como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, no contar con sociedades comerciales entre los integrantes de esta corporación, y ser propietaria de un porcentaje de inmuebles”, informó el Mineduc.
También se analiza financiar la duración formal de la carrera (por ejemplo, 5 años) y un margen de 20% más, para acercarse a la “duración real” del programa. Además, como adelantó “El Mercurio”, se plantearía “comenzar con la construcción de un sistema común de ingreso a la educación superior, de uso obligatorio para todas las instituciones, que combine criterios de selección e inclusión”.
Al conocer estos lineamientos a través de un documento que el Mineduc entregó a los estudiantes de la Confech, Valentina Saavedra, presidenta de la FECh, valoró la información. No obstante, indicó que “es fundamental poder discutir los principios de la reforma antes de poder preocuparse de los detalles”. Por lo mismo, afirmó que “antes de discutir financiamiento y toda la coyuntura” se deberían abordar aspectos como el fortalecimiento del sistema estatal. “Uno lo de los aspectos que hemos planteado los estudiantes es poder fortalecer el sistema público, aportar a su expansión y no solo hacerla un miembro más de este sistema de regulación que se está presentando”.
Por su parte, Marta Matamala, presidenta de la Feusach, señaló que “esperamos que este documento sea la ratificación de los compromisos que ha tenido el Mineduc en torno a la construcción de una educación diferente, y pensando sobre todo en que la tónica de la última semana ha sido dar pie atrás al programa educativo del Gobierno de la Nueva Mayoría”.
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