¿Están modificando los exámenes de evaluación de PISA las políticas educativas de los países que los celebran? Un total de 83 grandes expertos internacionales —la mayoría estadounidenses y británicos— están convencidos de ello y lo critican en una carta que han hecho llegar al alemán Andreas Schleicher, director del programa de evaluación al que se someten los alumnos de 15 años de 64 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Los Gobiernos, los ministros de educación y los directores de periódicos esperan con ansiedad los resultados de PISA, que son citados como fuente autorizada en muchas declaraciones políticas. Y estos han empezado a tener influencia en las prácticas educativas de muchos países”, se lamentan en la misiva los expertos. “Los Gobiernos están reajustando sus sistemas educativos con la esperanza de mejorar en los ranking. En muchos países la falta de progreso en PISA se relaciona con la crisis y esto está condicionando sus reformas, que se hacen de acuerdo con los preceptos de PISA”, continúan.

Schleicher ha optado por contestarles desde la página de la OCDE en otra carta abierta en la que defiende lo contrario: “PISA proporciona oportunidades para diseñar una estrategia política, porque muestra otras opciones, perspectivas, al compararse con otros países. Y permite a los políticos, administraciones y organizaciones colaborar fuera de sus fronteras”.

Fuentes del Ministerio de Educación reconocen que se tiene en cuenta el indicador de PISA porque hay detrás un órgano solvente como la OCDE. Pero aseguran que se analizan otros factores, como las características educativas del país y las condiciones sociales. Pues consideran que “sería un error enseñar para aprobar el examen, porque eso pervierte la finalidad de la Educación”. Otros Gobiernos, como el noruego, también niegan la dependencia de PISA, que en su opinión tiene más eco en los medios que consecuencias en la vida de los centros.

“Hay, naturalmente, diferentes énfasis entre los críticos de PISA. Pero uno de los grandes problemas es la apresurada interpretación con puntos débiles que hacen los políticos”, explica el primer firmante, Heinz-Dieter Meyer, de la Universidad de Nueva York, en Albany. “Pero en mi opinión, la problemática es más profunda y afecta a: 1) el estrecho alcance de lo que se ha medido; 2) el hecho de que la OCDE —como organización dedicada al desarrollo económico— tiene un sesgo en favor al papel económico de la educación, olvidando que, en democracia, hay muchos otros aspectos importantes de la educación pública: la salud, el desarrollo moral, artístico y creativo; la participación cívica y la felicidad”.

Ante la polémica suscitada una de sus autoras, Elaine Wilson, de la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge, precisa también algo más. “No tengo problemas con PISA. De hecho, creo que los materiales de las pruebas son muy buenos y que es muy útil tener indicadores internacionales. El asunto es que el fallo es malinterpretado por los políticos, que no son capaces de entender la complejidad de los datos y que extrapolan con fallos parte para justificar la dirección de sus políticas”.

En el mundo desde hace décadas han existido test evaluadores —en España con menos predicamento—, pero en opinión de los firmantes de la carta a Schleicher, nunca han tenido tanto peso en las decisiones como ahora. Ponen el ejemplo de Estados Unidos, “donde la prueba justifica el programa de exámenes Race to the Top (Carrera al top), que establece un ranking y etiqueta a los estudiantes, los profesores y los centros de acuerdo con los resultados de los tests, aunque se sabe bien que son imperfectos. Por ejemplo, no se ha explicado el descenso en el top de Finlandia”.

Denuncian los 83 en su carta que los Gobiernos son cortoplacistas y toman medidas sin largo recorrido para sacar pecho en el siguiente examen (estos son cada tres años). Por ejemplo, la calidad de la enseñanza depende mucho del estatus y el prestigio de los docentes y en muchos lugares no se presta mucha atención y no hay ánimo de mejorar esta situación, porque el resultado se verá a la larga en los test. En España el Gobierno aprobó en diciembre una reforma educativa que instaura tres exámenes tras el fin de los ciclos educativos —primaria, secundaria y bachillerato, estos dos últimos reválidas para obtener el título— muy en la línea de PISA y es ahora cuando afronta el Estatuto del Docente que aborda estos temas.

“Es indudable que muchas reformas tardan en dar sus frutos”, plantea Schleicher, “pero algunos países han demostrado un rápido progreso en un tiempo corto, como Polonia o Alemania”.

“La cuestión no es si PISA debe existir o no. Sino su relevancia, su transparencia y sus objetivos”, explica desde Canadá Arlo Kempf, formador de docentes en la Universidad de Toronto. “En el Estado de Ontario, por ejemplo, en seis meses cambió la formación de los profesores de Matemáticas tras los resultados de PISA”, ejemplifica el firmante

PISA evalúa tres competencias básicas —matemáticas, comprensión lectora y ciencias—, pero no otras difícilmente cuantificables y que, a juicio de estos expertos, son fundamentales para enfrentarse a los retos del siglo XXI: los objetivos psicológicos, morales, cívicos y de desarrollo artístico. En los nuevos planes de estudios de primaria y secundaria españoles la música, la plástica o la filosofía pierden terreno a favor del cálculo o la lectura, medidos en PISA. “Los niños españoles van demasiadas horas a clase —más que la media— pero menos de las necesarias de Matemáticas. Se entiende que se aumenten”, sostiene Antonio Cabrales, catedrático de la University College London. “Pero debería existir más flexibilidad de horas en los centros. En Estados Unidos, Reino Unido u Holanda, dependiendo del itinerario, uno recibe más o menos clases”.

Cabrales recuerda que PISA empezó evaluando dos competencias y luego sumó Ciencias. “En cada edición algo nuevo. En la última se incluyó la resolución de problemas y las finanzas, del que se conocerán los resultados a final de año. Es cuestión de diseñar nuevas pruebas. Todos encantados”.

Rechazan también los 83 que las pruebas las celebre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues la educación a su juicio no tiene solo como objetivo garantizar el empleo del alumno, sino formar a un ciudadano capaz de participar en la vida democrática de su país y en la toma de decisiones. Preferirían que fuese la Unesco o la ONU, órganos supranacionales que tienen entre sus objetivos la mejora de la educación en el mundo, las encargadas de evaluar a los adolescentes.

Esta idea la defiende también Carmen Rodríguez, del departamento de Didáctica de la Universidad de Málaga. “La política de competencias de la OCDE es de 1995 y se basa en la lógica de la economía, el mercado y la competitividad de Europa. Se invierte en capital humano para reducirlo a rendimiento en el trabajo y a la competencia entre estudiantes, centros y países”. Rodríguez echa de menos una formación integral. “El mandato de la OCDE tiene mucho que ver con el de la Unesco y Unicef”, alega Schleicher. “Y las decisiones de PISA son tomadas por representantes de todos los países miembros”.

Cabrales, en cambio, agradece mucho esta incitativa de la OCDE. “Antes los economistas relacionábamos el desarrollo económico de un país con la media del número de años de escolarización y era un dato muy débil. Sin embargo, PISA pone de manifiesto que lo que importa es la calidad de la enseñanza, no las horas que un alumno está sentado en una clase. Eso antes no se sabía”.

A los expertos de la misiva aún les gusta menos que la OCDE deje las pruebas en manos de “compañías multinacionales con ánimo de lucro quieren ganar dinero”. Y alertan de que estas empresas tienen colegios en Estados Unidos y planes de establecerse en África, continente en el que la OCDE quiere introducir el programa PISA. “Como Pearson que ganado millones con las pruebas y tiene el contrato de 2015”, remarca Kempf.

Y por último sostienen que las pruebas recortan la autonomía de los profesores y los centros y provocan estrés al alumnado y los docentes. En el caso español, el ministro José Ignacio Wert reconoce que con las reválidas examina a los estudiantes y, de paso, a sus enseñantes. “Cuando hablo con los profesores canadienses sienten pánico. No tienen tiempo para otras cosas que no sean preparar las pruebas. Y hace dos años estuve en Estados Unidos y algunos me decían que no podían ir al gimnasio con los alumnos o trabajar las inteligencias múltiples (espacial, musical, social o emocional)”, relata Kempf.

Los resultados de PISA se dividen en España por comunidades pero no por centros. Una práctica común en las pruebas externas de la Comunidad de Madrid, lo que ha abierto la vía a la competencia entre colegios por captar alumnos con sus números como reclamo. Rodríguez es pesimista: “Andalucía ha sacado un decreto para que el fallo no se conozca públicamente, pero la LOMCE aboga por que exista competencia y la vamos a ver”.