Mi columna de opinión publicada ayer domingo 6 de marzo en la página de Educación de El Mercurio.
El modelo holandés
Cabe proponer un paradigma para la educación pública y la política educacional en Chile, que facilite la discusión y el aprendizaje institucional. 
José Joaquín Brunner
En una columna anterior planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué sentido tiene definir la educación pública como aquella provista exclusivamente por colegios municipales, excluyendo a más de la mitad de los alumnos que se educan en colegios financiados por el Estado, pero de propiedad y gestión privadas? La respuesta es: ninguno.
Por el contrario, al proceder así, se confunde la educación pública con un solo tipo de sostenedor, con un segmento minoritario de niños y jóvenes, con una modalidad burocrática de administración, con la fracción de maestros regidos por el estatuto docente y, en general, con un entorno declinante del sistema escolar.
Al mismo tiempo, se transmite la equivocada idea que la educación privada subvencionada no es una responsabilidad pública, que sus alumnos no necesitan la atención preferente del Estado y que conviene reservar la prioridad educacional del Gobierno únicamente para la franja de escuelas municipales, como si los colegios privados subvencionados no enfrentaran similares problemas de calidad, rendimiento, equidad y efectividad.
Al final del día, entonces, en vez de existir en Chile una política coherente para la educación pública, o sea, para el 93% de la matrícula, lo que hay son contradictorias políticas para sectores y subsectores de colegios y sostenedores, sin real sentido del bien común.
Cabe, por tanto, proponer un paradigma distinto para la educación pública y la política educacional en Chile, no a la manera de un patrón ideal a imitar, sino que de un modelo que facilite la discusión y el aprendizaje institucional.
Sin duda, el modelo holandés de provisión de enseñanza primaria puede cumplir esta función. En efecto, también allí, en los Países Bajos, la educación pública está mayoritariamente (70% de la matrícula total) en manos de colegios subvencionados de gestión privada (católicos, protestantes y seculares, estos últimos de filosofías específicas, como Steiner, Montessori, Freinet, Dalton y Declory).
Los demás niños asisten a colegios municipales, cuyos equipos directivos gozan de amplia autonomía de gestión bajo el control de juntas escolares formadas por padres y vecinos.
La constitución de los Países Bajos asegura un trato igualitario para todo tipo de colegios y el gobierno está obligado a financiar a los colegios privados a la par con los colegios municipales. La subvención consiste en un subsidio que sigue al alumno y cuyo monto cubre el total de los gastos en que debe incurrir un colegio para dar una formación de calidad a un alumno con características socioeconómicas comunes en dicha sociedad.
Este monto aumenta significativamente en el caso de alumnos vulnerables, trátese de hijos de padres holandeses con bajos niveles educacionales o de hijos de inmigrantes, que provienen principalmente de Marruecos, Turquía y las antiguas colonias holandesas.
Todos los colegios -privados religiosos o seculares y municipales- se sujetan a un currículo nacional común, deben emplear docentes debidamente certificados y se hacen responsables por los resultados de sus alumnos ante los padres que los eligieron y la inspectoría escolar, agencia pública encargada de su supervisión.
Sin duda, Chile está lejos de este modelo. Para avanzar hacia él necesitaría, en primer lugar, reorientar sus políticas bajo un nuevo concepto unitario de educación pública, inspirado en el principio de “igualdad de trato y de exigencias” para colegios privados subvencionados y municipales.
Y, enseguida, introducir adecuadas regulaciones para la educación pública, junto con financiar en plenitud una subvención diferenciada para alumnos de diverso origen socioeconómico y cultural que asegure a todos una educación de calidad. A estas reorientaciones de política educacional nos referiremos en la próxima columna.

Columna de opinión publicada en El Mercurio, página de educación, domingo 20 marzo de 2011.
Necesidad de igualdad de trato público y privado
Las políticas y regulaciones estatales deben asegurar, en lo esencial, la calidad de la provisión, con independencia del proveedor, y financiar esa educación de igual calidad para todos. 
José Joaquín Brunner
Un modelo mixto de provisión educacional -donde la gran mayoría de los estudiantes asiste a colegios subvencionados, sean éstos de administración municipal o privada, como existe en Chile y en Holanda, por ejemplo- supone, en primer lugar, que el gobierno se preocupe por igual de ambos tipos de establecimientos.
Las políticas y regulaciones estatales deben asegurar, en lo esencial, la calidad de la provisión, con independencia del proveedor, y financiar esa educación de igual calidad para todos, también con prescindencia de la naturaleza del sostenedor.
En varios aspectos claves, el sistema chileno ha evolucionado en el sentido indicado, acercándose al ideal de un trato igualitario para las diversas clases de proveedores municipales y privados. Así ocurre con el esquema de financiamiento, donde sólo se diferencia en orden a compensar el “efecto cuna”; es decir, para corregir -hasta donde sea posible- las desventajas de origen socioeconómico de los niños y jóvenes nacidos en hogares vulnerables.
También otras políticas y acciones desarrolladas durante los últimos años se orientan en esta dirección, tales como: la existencia de un currículo nacional básico, válido para todo tipo de establecimientos; la aplicación de pruebas externas comunes, como el Simce; la extensión de la jornada escolar completa; el estatuto de derechos y obligaciones para los estudiantes; la prohibición de seleccionar alumnos tempranamente, que impuso la Ley General de Educación, y las funciones de control y apoyo que tendrá la Agencia de Calidad, a punto de ser aprobada por el Congreso Nacional.
Equilibrios
En otros aspectos, sin embargo, la política y la legislación tratan de una manera desigual -sin razón que lo justifique- a los colegios subsidiados por el estado; es decir, atendiendo sólo a su propiedad y gestión. Por ejemplo, la autonomía de gestión de los establecimientos municipales es mínima en comparación con los colegios privados subvencionados, igual como el estatuto que rige a los profesores de uno y otro sector es muy distinto, en perjuicio de los colegios municipales y con impacto negativo sobre la profesión en su conjunto. Por otro lado, las trabas administrativas y controles burocráticos que suelen imponerse a los colegios privados subvencionados entorpecen y limitan su actuación y gestión.
En otros casos se otorga a este último tipo de colegios ventajas -como el derecho a cobrar una cuota mensual- que rompe el principio de igualdad de trato y a la larga distorsiona la equidad del sistema.
Tampoco ha logrado la política establecer un desarrollo equilibrado y una adecuada relación, a nivel comunal y entre comunas, de la oferta y demanda de educación obligatoria, asunto clave para el mantenimiento de un sistema mixto de previsión, en especial en una sociedad fuertemente estratificada según ingreso, división urbano/rural, distribución del capital cultural y segmentación ecológica de las ciudades.
Las medidas hasta aquí adoptadas por el actual Gobierno, al igual que las promovidas bajo las anteriores administraciones de la Concertación, tienden en general a un gradual perfeccionamiento del régimen mixto, como muestra la legislación aprobada y en discusión durante los últimos meses, y la voluntad de continuidad incrementalista de la reforma educativa que exhibe el Ministerio de Educación. Esto es conveniente para el país y su futuro.
Habrá que ver próximamente, cuando el Gobierno envíe al Parlamento el proyecto de ley requerido para resolver los problemas de la gestión municipal de colegios, cuán firme es el propósito de profundizar el régimen mixto de provisión y cuánto más podrá avanzarse hacia un trato igual para ambos sectores del sistema educacional.

Columna aparecida hoy en El Mercurio, 23 de octubre de 2011
Gratuidad o privilegio
Lo que debe hacer un país en desarrollo es asegurar gratuidad y calidad universales de la educación inicial y escolar.
José Joaquín Brunner
El conflicto educacional desembocó finalmente en una única demanda: gratuidad para el 28% de los estudiantes de la educación superior; aquellos matriculados en universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCh). Gratuidad, pero no como un derecho, sino como un privilegio estamental.
De hecho, sólo un pequeño número de países garantiza gratuidad universal al nivel de pregrado (y ninguno en el nivel de posgrado). Tal es el caso de los países nórdicos. Allí la educación terciaria es pagada por el Estado; es decir, la gratuidad es costeada por los contribuyentes (personas y empresas) que anualmente pagan sus impuestos, permitiendo sostener un gasto público de alrededor del 50% del producto interno (más del doble de Chile). Los demás países optan por uno de los dos siguientes caminos.
Algunos garantizan gratuidad sólo para un segmento de estudiantes (pueden ser los más pobres, los más meritocráticos o -como ocurre en Brasil o México- los que se inscriben en universidades estatales). Además existe un sector de instituciones privadas donde los estudiantes pagan el costo integral de su formación. Esta forma de discriminación favorece habitualmente a los más ricos. Si además el gasto fiscal es limitado, la educación superior pública se deteriora, como sucede en varias partes de América Latina.
Otro grupo de países, entre los que se cuentan Estados Unidos, Holanda, Australia, Gran Bretaña, Chile, Japón y Corea del Sur cobran aranceles a todos sus estudiantes, independientemente de la naturaleza jurídica pública o privada de las instituciones. Algunos de estos países cuentan con generosos esquemas de becas (y cobran usualmente mayores impuestos, como en el caso de Holanda); otros descansan en una variable combinación de becas y créditos estudiantiles (casos de Australia y Chile, por ejemplo).
La justicia de estos diversos arreglos no puede discutirse en términos puramente doctrinarios como suele hacerse en Chile: si acaso está a la altura de los estándares de Santo Tomás o Rawls, si asume la educación superior como un bien público o privado o si se atiene a las prescripciones de Adam Smith o de J.S. Mill. Todo esto tiene indudable interés académico e ideológico. Pero no ilumina el camino que Chile debe seguir.
Efectivamente, desde el punto de vista de la equidad y del sentido común, lo que debe hacer un país en desarrollo, máxime si posee altos niveles de desigualdad como Chile, es asegurar gratuidad y calidad universales de la educación inicial, básica y media para todos sus infantes, niños y adolescentes. Chile está lejos aún de alcanzar esa meta. Todavía es limitada la cobertura y calidad de la educación inicial y absolutamente insuficiente el gasto público en educación primaria y secundaria. De hecho, gastamos en ambos niveles escolares -en moneda con igual poder de compra- sólo el 38% y el 29%, respectivamente, de lo que gastan en promedio los países de la OCDE. Aun así estamos atrapados por una discusión sobre la gratuidad de los estudios para un segmento de estudiantes universitarios, ¡incluyendo a quienes ingresan a las universidades más selectivas del país!
Por el contrario, es en la base del sistema, no en su cúspide, donde con urgencia debemos asegurar la gratuidad universal de una educación de calidad, que compense las desigualdades de la cuna y torne innecesario el copago en los colegios subvencionados. Luego, cuando alcancemos una carga impositiva de estilo nórdico, podremos discutir la gratuidad universal de los estudios superiores como un derecho y no sólo un privilegio. Por ahora, corresponde en este nivel aumentar los recursos públicos asegurando becas de arancel (y de subsistencia en los casos que así lo ameriten) a los jóvenes provenientes de los hogares de menores ingresos, la mayoría de los cuales estudia en centros de formación técnica e institutos profesionales. Además, tales recursos deberían subsidiar un potente esquema de crédito estudiantil.
Por último, las universidades deben transparentar el costo de sus carreras y el Estado, en función de eso, fijar límites razonables para los aranceles cobrados. En medio de la confusión actual, conviene retornar estos criterios fundamentales de equidad y usar la discusión del presupuesto de la nación para avanzar resueltamente hacia la gratuidad de una educación obligatoria de calidad.
“Estamos atrapados por una discusión sobre la gratuidad de los estudios para un segmento de estudiantes universitarios, ¡incluyendo a quienes ingresan a las universidades más selectivas del país!”.

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