Columna aparecida hoy en El Mercurio, 23 de octubre de 2011
Gratuidad o privilegio
Lo que debe hacer un país en desarrollo es asegurar gratuidad y calidad universales de la educación inicial y escolar.
José Joaquín Brunner
El conflicto educacional desembocó finalmente en una única demanda: gratuidad para el 28% de los estudiantes de la educación superior; aquellos matriculados en universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCh). Gratuidad, pero no como un derecho, sino como un privilegio estamental.
De hecho, sólo un pequeño número de países garantiza gratuidad universal al nivel de pregrado (y ninguno en el nivel de posgrado). Tal es el caso de los países nórdicos. Allí la educación terciaria es pagada por el Estado; es decir, la gratuidad es costeada por los contribuyentes (personas y empresas) que anualmente pagan sus impuestos, permitiendo sostener un gasto público de alrededor del 50% del producto interno (más del doble de Chile). Los demás países optan por uno de los dos siguientes caminos.
Algunos garantizan gratuidad sólo para un segmento de estudiantes (pueden ser los más pobres, los más meritocráticos o -como ocurre en Brasil o México- los que se inscriben en universidades estatales). Además existe un sector de instituciones privadas donde los estudiantes pagan el costo integral de su formación. Esta forma de discriminación favorece habitualmente a los más ricos. Si además el gasto fiscal es limitado, la educación superior pública se deteriora, como sucede en varias partes de América Latina.
Otro grupo de países, entre los que se cuentan Estados Unidos, Holanda, Australia, Gran Bretaña, Chile, Japón y Corea del Sur cobran aranceles a todos sus estudiantes, independientemente de la naturaleza jurídica pública o privada de las instituciones. Algunos de estos países cuentan con generosos esquemas de becas (y cobran usualmente mayores impuestos, como en el caso de Holanda); otros descansan en una variable combinación de becas y créditos estudiantiles (casos de Australia y Chile, por ejemplo).
La justicia de estos diversos arreglos no puede discutirse en términos puramente doctrinarios como suele hacerse en Chile: si acaso está a la altura de los estándares de Santo Tomás o Rawls, si asume la educación superior como un bien público o privado o si se atiene a las prescripciones de Adam Smith o de J.S. Mill. Todo esto tiene indudable interés académico e ideológico. Pero no ilumina el camino que Chile debe seguir.
Efectivamente, desde el punto de vista de la equidad y del sentido común, lo que debe hacer un país en desarrollo, máxime si posee altos niveles de desigualdad como Chile, es asegurar gratuidad y calidad universales de la educación inicial, básica y media para todos sus infantes, niños y adolescentes. Chile está lejos aún de alcanzar esa meta. Todavía es limitada la cobertura y calidad de la educación inicial y absolutamente insuficiente el gasto público en educación primaria y secundaria. De hecho, gastamos en ambos niveles escolares -en moneda con igual poder de compra- sólo el 38% y el 29%, respectivamente, de lo que gastan en promedio los países de la OCDE. Aun así estamos atrapados por una discusión sobre la gratuidad de los estudios para un segmento de estudiantes universitarios, ¡incluyendo a quienes ingresan a las universidades más selectivas del país!
Por el contrario, es en la base del sistema, no en su cúspide, donde con urgencia debemos asegurar la gratuidad universal de una educación de calidad, que compense las desigualdades de la cuna y torne innecesario el copago en los colegios subvencionados. Luego, cuando alcancemos una carga impositiva de estilo nórdico, podremos discutir la gratuidad universal de los estudios superiores como un derecho y no sólo un privilegio. Por ahora, corresponde en este nivel aumentar los recursos públicos asegurando becas de arancel (y de subsistencia en los casos que así lo ameriten) a los jóvenes provenientes de los hogares de menores ingresos, la mayoría de los cuales estudia en centros de formación técnica e institutos profesionales. Además, tales recursos deberían subsidiar un potente esquema de crédito estudiantil.
Por último, las universidades deben transparentar el costo de sus carreras y el Estado, en función de eso, fijar límites razonables para los aranceles cobrados. En medio de la confusión actual, conviene retornar estos criterios fundamentales de equidad y usar la discusión del presupuesto de la nación para avanzar resueltamente hacia la gratuidad de una educación obligatoria de calidad.
“Estamos atrapados por una discusión sobre la gratuidad de los estudios para un segmento de estudiantes universitarios, ¡incluyendo a quienes ingresan a las universidades más selectivas del país!”.