Columna de opinión publicada en El Mercurio, página de educación, domingo 20 marzo de 2011.
Necesidad de igualdad de trato público y privado
Las políticas y regulaciones estatales deben asegurar, en lo esencial, la calidad de la provisión, con independencia del proveedor, y financiar esa educación de igual calidad para todos.
José Joaquín Brunner
Un modelo mixto de provisión educacional -donde la gran mayoría de los estudiantes asiste a colegios subvencionados, sean éstos de administración municipal o privada, como existe en Chile y en Holanda, por ejemplo- supone, en primer lugar, que el gobierno se preocupe por igual de ambos tipos de establecimientos.
Las políticas y regulaciones estatales deben asegurar, en lo esencial, la calidad de la provisión, con independencia del proveedor, y financiar esa educación de igual calidad para todos, también con prescindencia de la naturaleza del sostenedor.
En varios aspectos claves, el sistema chileno ha evolucionado en el sentido indicado, acercándose al ideal de un trato igualitario para las diversas clases de proveedores municipales y privados. Así ocurre con el esquema de financiamiento, donde sólo se diferencia en orden a compensar el “efecto cuna”; es decir, para corregir -hasta donde sea posible- las desventajas de origen socioeconómico de los niños y jóvenes nacidos en hogares vulnerables.
También otras políticas y acciones desarrolladas durante los últimos años se orientan en esta dirección, tales como: la existencia de un currículo nacional básico, válido para todo tipo de establecimientos; la aplicación de pruebas externas comunes, como el Simce; la extensión de la jornada escolar completa; el estatuto de derechos y obligaciones para los estudiantes; la prohibición de seleccionar alumnos tempranamente, que impuso la Ley General de Educación, y las funciones de control y apoyo que tendrá la Agencia de Calidad, a punto de ser aprobada por el Congreso Nacional.
Equilibrios
En otros aspectos, sin embargo, la política y la legislación tratan de una manera desigual -sin razón que lo justifique- a los colegios subsidiados por el estado; es decir, atendiendo sólo a su propiedad y gestión. Por ejemplo, la autonomía de gestión de los establecimientos municipales es mínima en comparación con los colegios privados subvencionados, igual como el estatuto que rige a los profesores de uno y otro sector es muy distinto, en perjuicio de los colegios municipales y con impacto negativo sobre la profesión en su conjunto. Por otro lado, las trabas administrativas y controles burocráticos que suelen imponerse a los colegios privados subvencionados entorpecen y limitan su actuación y gestión.
En otros casos se otorga a este último tipo de colegios ventajas -como el derecho a cobrar una cuota mensual- que rompe el principio de igualdad de trato y a la larga distorsiona la equidad del sistema.
Tampoco ha logrado la política establecer un desarrollo equilibrado y una adecuada relación, a nivel comunal y entre comunas, de la oferta y demanda de educación obligatoria, asunto clave para el mantenimiento de un sistema mixto de previsión, en especial en una sociedad fuertemente estratificada según ingreso, división urbano/rural, distribución del capital cultural y segmentación ecológica de las ciudades.
Las medidas hasta aquí adoptadas por el actual Gobierno, al igual que las promovidas bajo las anteriores administraciones de la Concertación, tienden en general a un gradual perfeccionamiento del régimen mixto, como muestra la legislación aprobada y en discusión durante los últimos meses, y la voluntad de continuidad incrementalista de la reforma educativa que exhibe el Ministerio de Educación. Esto es conveniente para el país y su futuro.
Habrá que ver próximamente, cuando el Gobierno envíe al Parlamento el proyecto de ley requerido para resolver los problemas de la gestión municipal de colegios, cuán firme es el propósito de profundizar el régimen mixto de provisión y cuánto más podrá avanzarse hacia un trato igual para ambos sectores del sistema educacional.