La calidad de los colegios: una incógnita para los padres
A diferencia de lo que ocurre en muchos países de la región, la legislación argentina prohíbe divulgar la información sobre evaluaciones educativas; esto impide comparar entre establecimientos y corregir las deficiencias
Por Silvina Premat | LA NACION, 20 noviembre de 2012
A un padre que quiere elegir para su hijo un colegio que tenga buena calidad educativa , sin importarle que sea de gestión pública o privada, o a otro que aspire a comparar los resultados de la escuela a la que ya concurren sus niños con los de otros establecimientos de su barrio, les resultará muy difícil si no imposible saberlo en la Argentina.
Dos leyes y algunas disposiciones del Indec prohíben explícitamente la difusión de los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa detallados escuela por escuela.
“La Argentina parece estar yendo en una dirección diferente a la del resto de América latina en materia de evaluación educativa”, dijo durante una ponencia que dio recientemente en Buenos Aires , Alejandro Ganimian, un argentino que hace su doctorado en la Universidad de Harvard.
Países como México o Brasil ofrecen sitios en la Web que permiten conocer “la nota” que sacó cada escuela en diferentes pruebas de calidad y compararlas entre sí.
En la Argentina, por el contrario, está prohibido. “La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”, dice el artículo 97 de la ley nacional de educación, sancionada en 2006.
La misma norma que crea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la ley N° 17.622, establece en su artículo 10 que las informaciones que se suministran a los organismos del Sistema Estadístico Nacional “serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos”. Los datos se pueden suministrar y publicar, en compilaciones de conjunto, “de modo que no pueda ser violado el secreto comercial ni patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren”.
Y la reglamentación de esa norma -el decreto 3110/l70, que regula el Sistema Estadístico Nacional (SEN)- precisa que “las declaraciones y/o informaciones individuales no podrán ser comunicadas a terceros -aunque se trate de autoridades judiciales o de servicios oficiales ajenos al SEN- ni utilizadas, difundidas o publicadas en forma tal que permitan identificar a la persona o entidad que las formuló”.
En su exposición, Ganimian afirmó: “La principal forma en la que los ciudadanos nos enteramos de cómo va la educación es a través de evaluaciones estudiantiles y docentes y esas evaluaciones son claves para generar consensos sobre reformas educativas”.
La intención de preservar la identidad de los establecimientos y de los alumnos, al difundir los datos sobre su rendimiento, es “difícil de justificar”, según Ganimian. “Es simple matemática la que llega a deducir que [si se difunden los datos] al alumno o escuela que le va peor tendrán más posibilidades de mejorar”, dijo en diálogo con LA NACION desde los Estados Unidos.
No obstante lo cual, advirtió: “Hay que ser humilde en cuanto al impacto esperable de la difusión de información porque no es mágica y debe ir acompañada de buenas decisiones”.
“Toda información puede ser usada para bien o para mal”, dijo el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que como diputado nacional fue autor del proyecto de ley nacional de educación alternativo al que actualmente rige.
Persuadido de que al conocer su rendimiento las escuelas pueden preocuparse más por mejorar, Bullrich anticipó que, en breve, se publicarán los niveles de calidad educativa por comunas.
“Esto no es una cuestión de blanco o negro; hay formas alternativas”, aseveró a LA NACION el ex ministro de Educación de la Nación, Juan Llach. Estudioso del área, admitió que la difusión de los resultados de calidad escuela por escuela puede favorecer la temida estigmatización de los establecimientos “porque el principal determinante de esos resultados es el nivel socioeconómico de los alumnos”.
De ahí que Llach sugiere un paso intermedio: dar a conocer los resultados de las evaluaciones de calidad educativa a los padres, directivos y docentes de cada escuela durante varios años, para luego, en una etapa posterior, levantar la prohibición para su difusión pública.
Las evaluaciones de calidad ofrecen “muchos detalles de las fortalezas y las debilidades de cada escuela y pueden ser útiles para, a partir de esa información, mejorar las prácticas y la capacitación docente. Además, las autoridades pueden diseñar políticas escuela por escuela porque saben cuáles son las que van mejorando y cuáles las que aún necesitan más ayudas”.