Una reforma con deficiente diseño
Junio 5, 2011

ElMercurio251110.gif Columna de opinión sobre los recientes anuncios gubernamentales en materia de reforma de la educación superior publicada hoy 5 de junio en El Mercurio – Educación
Una reforma con deficiente diseño
Al momento de explicitarse las medidas en el mensaje presidencial, ellas en nada contribuyeron a esclarecer el rumbo de la política pública para el sector.
José Joaquín Brunner, El Mercurio, 5 de junio de 2011
Tardíamente, con una débil base programática y en medio de protestas estudiantiles, el pasado 21 de Mayo comenzó el año de la reforma de la educación superior. Así bautizó el propio Gobierno al 2011, elevando de paso hasta el techo las expectativas de los actores involucrados. Si bien el ministro del ramo ha buscado desde aquel día enderezar el desaguisado inicial -agregando medidas a la oferta y mostrando un talante más dialogante-, la verdad es que su activismo no ha logrado mejorar el deteriorado cuadro.
Por lo pronto, faltó al Gobierno preparar las condiciones previas al lanzamiento de esta iniciativa. A pesar de los insistentes requerimientos de rectores y federaciones estudiantiles para establecer mesas de conversación, la autoridad prefirió ir adelante por cuerda propia y separada, sin poner atención a la tormenta que se incubaba en el horizonte.
Luego, al momento de explicitarse las medidas en el mensaje presidencial, ellas en nada contribuyeron a esclarecer el rumbo de la política pública para el sector. Carente de fundamentos conceptuales, sin ofrecer una visión estratégica de medio plazo, reducida a una colección de medidas de desigual importancia -sin relato, en consecuencia- la reforma genera preguntas, siembra confusión y aumenta la incertidumbre.
En cambio, los puntos críticos del sistema de educación superior permanecen intocados.
Se mantiene la anacrónica LOCE como marco institucional básico del sistema, cuando es evidente que se encuentra excedido. Muestra que, en lo grueso, no hay voluntad para redefinir las relaciones del Estado con las instituciones de educación superior en general y con las estatales en particular.
A estas últimas no se les ofrece la posibilidad de adoptar un estatuto más flexible y adecuado a las condiciones en que deben operar, como podría ser la creación de fundaciones universitarias al estilo de lo hecho ya en varios países de la OCDE.
Tampoco las universidades privadas se verán forzadas a desenredar y hacer públicos sus fines en materia de distribución de excedentes (lucro), ámbito en que desde hace rato se elude el mandato de la ley. La conducción del sistema pasaría a manos de una subsecretaría dentro del Mineduc, lo que no pasa de ser un cambio puramente nominal.
No se modifica el régimen de financiamiento de la enseñanza superior, partiendo por su aspecto más crítico: el desequilibrio existente entre el enorme esfuerzo que deben hacer las familias y los estudiantes, por un lado, y el escaso gasto fiscal -uno de los más bajos del mundo en relación al PIB-, por el otro.
Igualmente, el Gobierno parece haber decidido no fusionar los dos esquemas de crédito estudiantil existentes sino, únicamente, atenuar la discriminación que ellos introducen entre jóvenes chilenos con iguales condiciones socioeconómicas.
Por último, las medidas anunciadas no especifican cómo el Gobierno espera apoyar a las universidades de investigación o complejas, a las universidades regionales y a las demás instituciones sin fines de lucro acreditadas y con sólidos proyectos académicos.
Además, la reforma pasa por alto la urgencia de contar con un régimen más exigente de obligaciones institucionales de informar al público, de acreditación y en general de fomento y aseguramiento de la calidad. Es decir, no responde a las necesidades de transparencia, de corregir las asimetrías de información y de garantizar la fe pública, aspectos esenciales en el ámbito de la educación superior.
En conclusión, al momento de ser enunciada, la muy pregonada reforma terminó perdiendo envergadura, sustancia y dirección. Más bien, ha creado barullo, agitado el ambiente y abierto una serie de cuestiones frente a las cuales el Gobierno tendrá ahora que reaccionar.

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