¿Cómo se desempeña el Estado como padre en España, una vez que se hace cargo de la formación de niños con problemas de adaptación hasta la edad de 18 años? A continuación reportaje del papel fallido del Estado en este ámbito del diario El País y, más abajo, una entrevista al Defensor del Pueblo de España, autor del reciente informe sobre los centros de menores con problemas de adaptación social que muestra una realidad arbitraria y desoladora.
El trato a menores con problemas – El Estado fracasa como padre
Pocos jóvenes logran encauzar su vida al salir del centro de menores – Sus hijos forman otra generación de inadaptados
REYES RINCÓN
El País., Sevilla – 19/02/2009
Cuando Sara Casas vio entrar en la nave industrial en la que vivía a la trabajadora social ya supuso lo que le esperaba. “Van a retirarnos a la niña”, recuerda que le dijo a su pareja. La conocía. Era la misma que le había acompañado en sus seis años de peregrinaje por centros de protección de Andalucía. Salió del último al cumplir la mayoría de edad, y asegura que la Administración no se volvió a preocupar de ella hasta que se enteraron de que esperaba un hijo. Lo mismo que afirman haber vivido muchos de los jóvenes criados en estos centros, que alegan que el Estado que ejerció legalmente de padre durante su infancia les dejó en la calle y con pocos apoyos al cumplir los 18. Algunos logran encauzar su vida con éxito; otros, sobre todo los que fueron para el Estado unos hijos rebeldes, fracasan en su intento de reinsertarse en la sociedad.
El informe del Defensor del Pueblo sobre centros de menores alerta de “la escasez de recursos existentes” para los jóvenes que cumplen 18 años, edad en la que deben abandonar el sistema de protección. Según el análisis del Defensor, esta situación provoca que pasen de un entorno con una estructura muy reglada a vivir libremente, lo que les deja “en cierto modo desamparados” y en peligro de “sufrir graves retrocesos en su evolución”.
Según el informe, “en la mayoría de los centros no se lleva a cabo un seguimiento formal de los menores” cuando salen, sino que son ellos los que continúan “llamando y visitando” las instalaciones. Muchas comunidades cuentan con planes específicos para apoyarles cuando dejan los hogares del Estado. Les ofrecen ayudas económicas, pisos compartidos y tutelados y formación para ayudarles en su reinserción social y laboral. Además de en la forma, los recursos de las comunidades coinciden en el fondo: sólo se suman a ellos los jóvenes que voluntariamente quieren. “Si en la adolescencia han respondido a toda la intervención educativa de los centros, se les va preparando para que cuando salgan se integren en la red de pisos tutelados y los demás recursos”, dice Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familias de Andalucía, que cifra en alrededor del 80% el número de jóvenes que se adhieren a este plan al cumplir la mayoría de edad. Con los que no quieren ayuda, no se puede hacer nada, añade Belinchón. “No podemos obligarles a quedarse. Ahora bien, siempre se llevan el teléfono y la dirección por lo que puedan necesitar”.
Estos programas tienen especial seguimiento entre los menores extranjeros que llegaron a España sin familia y quedaron a cargo de la Administración. Los españoles optan en su mayoría por intentar recuperar los vínculos familiares o buscar su emancipación en solitario. “Lo ideal sería que todos pasaran por pisos tutelados, pero muchos están hartos de vivir institucionalizados y lo que quieren es salir del sistema”, apunta el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo. La realidad es que cuando abandonan el centro muchos se encuentran desorientados, con un fuerte desarraigo familiar y pocas caras conocidas en el mundo exterior.
A Sara Casas le retiraron la niña que tuvo tras aquel primer embarazo y los mellizos que nacieron un año después. Los tres, de cuatro y tres años, viven en un centro y ven a su madre dos horas a la semana. La joven, que tiene 25 y ha conseguido un contrato de trabajo por un año, cuenta que lo mismo que a ella le ha pasado a muchas otras de sus ex compañeras de piso del Estado. “En cuanto se enteran de que estás con una barriga, te quitan el niño”, asegura. La razón, como en el caso de Sara, suele ser la falta de recursos de las madres, jóvenes que crecieron y se educaron bajo la tutela de una Administración que luego las considera “no aptas” para cuidar de sus hijos.
No hay estadísticas que recojan cuántos de estos jóvenes que fueron hijos de la Administración acaban descarrilando, pero los expertos aseguran que son muchos. Sara conoce a “demasiados” ex compañeros que han fracasado en su intento de lograr reinsertarse en la sociedad al salir de esos hogares tutelados. “Unos acaban en la cárcel y muchos enganchados”, cuenta. Su hermano pequeño está en prisión por robo: pasó su primera infancia en centros de protección, la adolescencia en los de reforma y ha empezado la vida adulta en la cárcel. Una trayectoria “desgraciadamente habitual”, según el abogado José Antonio Bosch, que está a cargo de la batalla judicial de Sara por recuperar a sus hijos.
“Muchas veces, cuando tú ves el entorno en el que nace un niño ya sabes que tiene el 99% de probabilidad de pasar por el sistema de protección y de reforma penal. ¿Qué respuesta da el sistema a eso?”, se pregunta el abogado, que, como el resto de expertos, reconoce que hay casos de chavales a los que les va bien al abandonar el centro, pero cree que son muchos menos de los que deberían. “Puede que mi experiencia sea más negativa porque yo sólo veo aquello que se pudre. Pero yo lo que veo es que un chaval cumple 18 años y lo ponen en la calle”, apunta.
Asunción García, presidenta de la Asociación Proderechos Humanos del Menor, ha conocido a muchos jóvenes que han crecido a caballo entre centros de protección y familias con pocos recursos o muy desestructuradas. Y asegura que el resultado de esta combinación a menudo es desalentadora: “Conozco a muchos niños que han salido de centros, tanto de desamparo como de reforma, y su futuro es mucho peor que si se hubieran quedado con su familia”. “Los que crecen en esos pisos salen con un desarraigo total, no tienen a nadie. Tienen la cárcel. Muchos acaban allí”, se lamenta García.
El panorama, según el Defensor del Pueblo Andaluz, es menos dramático. “Todo depende del perfil del menor. A algunos les va muy bien luego y a otros no”. Pero Chamizo reconoce que los casos fallidos son “una realidad frecuente”. De la misma opinión es José Luis Utrera, juez de familia de Málaga, quien recalca que cada chaval criado en los centros que luego no consigue normalizar su vida es “un fracaso absoluto del sistema”. “Si yo he tenido la tutela, yo soy el culpable. Casi habría que indemnizar a esos jóvenes”, dice el juez.
Para casos como el de los hijos de Sara, Utrera habla de “niños desamparados de segunda generación”. Sus padres crecieron en centros y ellos están abocados a lo mismo. “Empieza a haber un porcentaje elevado”, advierte el juez. La diferencia entre una generación y otra es que los padres de la primera no conocían por dentro el sistema, mientras que los de la segunda han crecido en él. Sara Casas cuenta que no puede evitar proyectar en sus hijos su propia experiencia, que en su caso no fue buena, y se le parte el alma cada vez que acaban sus visitas semanales. “Cuando voy a verlos los visten de príncipes y son muy cariñosos con ellos. Pero sé que cuando me voy no es siempre así. Me lo hacían a mí”.

“Necesitamos pautas claras para que no se traspase la frontera del maltrato”
MÓNICA C. BELAZA
El País, Madrid – 19/02/2009
El reciente informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores con problemas de adaptación social en España muestra una realidad arbitraria y desoladora. Enrique Múgica ha urgido a las Administraciones a tomar cartas en el asunto y arreglar lo que el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares comparó el martes, cuando se presentó el informe a diputados y senadores, con la situación de los psiquiátricos españoles en los años setenta.
Pregunta. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Es culpa de la privatización de los centros?
Respuesta. La gestión puede ser privada, pero con control. La Administración no puede externalizar la gestión y desentenderse. Ni tampoco los fiscales de menores. Pero hemos apreciado que así como los suelen visitar los reformatorios, no hacen lo mismo con los centros de protección a pesar de al menos semestralmente.
P. ¿Qué debería contener la regulación que usted propone?
R. Qué debe hacerse en los centros, cómo y cuáles deben ser los mecanismos de control obligatorios. Ahora mismo nadie sabe a qué atenerse. Tiene que haber un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Es imprescindible un reglamento nacional con pautas iguales para todos. No puede ser que cada entidad que gestiona un centro decida cómo tratar a menores que están tutelados por la Administración. Los niños inadaptados no son distintos en Asturias o en Canarias.
P. ¿Han detectado diferencias entre comunidades en la supervisión que ejercen?
R. Sí. Hay comunidades que tienen una relación muy directa con los centros. Depende mucho del tamaño. En el País Vasco, por ejemplo, son las diputaciones forales las que tienen competencias, y así es más fácil mantener una buena relación y una coordinación permanente. Lo más importante es que el niño tenga canales para comunicaro tenga canales para comunicarse con los técnicos de la comunidad, que pueda expresarse, pero esto a veces se da, y otras no.
P. Se ha cuestionado desde algunos sectores que en su denuncia hace mucho caso de los menores, que han aprovechado para quejarse injustamente.
R. ¿Cómo no vamos a hablar con ellos? La ley nos obliga a escucharlos, y hablar con ellos era una parte fundamental de la investigación. Algunos tienen 16 y 17 años y no son menores que no puedan hablar o que no tengan uso de razón. También hablamos con educadores para compensar las posibles quejas caprichosas de los niños o los excesos verbales. Queríamos tener la opinión de todas las partes. Por otro lado, muchos hablaban bien de sus centros y educadores. No siempre se quejaban. Y no es tan difícil saber cuándo un menor miente o exagera.
P. El Fiscal Jefe de Madrid compareció con la consejera de Asuntos Sociales asegurando que el funcionamiento de uno de los centros, sobre el que había muchas quejas, era correcto.
R. Es una comparecencia insólita. Es como si hablan juntos el Fiscal General del Estado y el ministro de Justicia. Dicen que no han visto el maltrato. Nosotros tampoco. ¿Cómo vamos a ver que retuercen a un niño, o qué ha pasado para que decida ahorcarse o autolesionarse? Pero sí hemos hablado con todas las partes y éstas son nuestras conclusiones. Todo esto empezó cuando un grupo de educadores vino aquí hace a contar lo que estaba pasando en su centro porque se habían compadecido de los niños.
P. Medicación sin control, salas de aislamiento como cuchitriles, contenciones con violencia física. ¿La situación que describe es generalizada?
R. Esto no sucede en todos los centros, ni mucho menos. Pero si no se ataja puede contaminarlo todo. Hay salas de aislamiento totalmente impropias y hay quien utiliza la violencia física más allá de lo debido. Tenemos partes de lesiones de hospitales de algunos niños. No los hemos incorporado al informe, pero los tenemos.
P. Algunos educadores sostienen que estas contenciones físicas son imprescindibles para tranquilizar a chicos nerviosos que pueden lesionarse a sí mismos o a los demás.
R. Pues en ese caso hará falta un protocolo, y un protocolo de aplicación general, no unas normas internas que decide cada centro. Cualquiera no puede actuar como le venga en gana ni cualquiera puede hacer una contención física. Habrá que preparar a los educadores y establecer unas pautas claras para que no se traspase la frontera entre el correctivo y el maltrato.
P. Sobre las salas llamadas “de aislamiento” oe las fundaciones que las usa dice que no pueden tener ventanas porque éstas también pueden servir al menor para lesionarse; que estas condiciones son necesarias.
R. El 68% de los centros tiene salas de este tipo, muy distintas entre sí. Hay centros que ni las usan y las tienen de almacén. Otros tienen cuartos razonables, de colores claros y agradables. Y son sólo dos centros los que tienen estos cuchitriles sin ventilación, con mal olor y recubiertos de goma negra, que producen una sensación de opresión muy fuerte. Cuando comenzamos a visitar los centros y las vimos pensamos que quizá eran imprescindibles, pero después de visitar 25 centros más que no las tienen, pensamos que hay una alternativa. De alguna forma solucionan los problemas de nerviosismo de los menores los centros que han optado por prescindir de este tipo de habitaciones.
P. ¿Cómo les explicaron los psiquiatras la abundante medicación que se da a los chicos, muchos de los cuales no tienen patologías psiquiátricas?
R. Nosotros no somos médicos, y no podem somos médicos, y no podemos juzgar las prescripciones, pero sí denunciamos que en España no haya una especialidad en psiquiatría infantil. Somos, junto con Rumania, el único país de Europa que no dispone de estos estudios específicos. Y también pedimos que se cumpla la Ley de Autonomía del Paciente. Los chicos mayores de 16 años tienen que prestar su consentimiento para recibir medicación. Si se niegan, el centro tendría que acudir al juez. No pueden obligarles a tomar ningún otro fármaco
P. Según lo que dispone el informe, hay dos modelos de intervención con estos niños. Unos centros optan por un sistema represivo basado en la sanción y el castigo y otros buscan otras fórmulas menos agresivas para reeducar ¿Deberían unificarse?
R. Con las dinámicas de mayor afectividad los niños se sienten más arropados, mientras que se rebelan contra la dureza. Nosotros no podemos decir si esa disciplina es absolutamente necesaria, pero lo que pedimos es que se abra un debate científico de verdad para saber cuál es el tratamiento adecuado y qué fórmulas están aplicando en otros sitios. Y, aunque no nos pronunciamos por ningún modelo, sí denunciamos que en algunos centros no se considera al niño sujeto de derechos y deberes. Hay que superar este sistema porque los centros no están para anular con castigos a menores que no han cometido ningún delito, sino para formar a personas autónomas que puedan enfrentarse a la vida cuando cumplan la mayoría de edad.
P. ¿Notaron alguna diferencia entre las visitas que hicieron por sorpresa y las que habían avisado?
R. Todas fueron por sorpresa salvo en uno de los casos, por problemas de horario. Y, efectivamente, en ese centro estaban haciendo una obra. La directora dijo que era una obra programada, pero los niños dijeron que el día antes se habían puesto las pilas y que los albañiles estaban abriendo una ventana que antes estaba tapiada. No sabemos si estaba programada o no, pero esto es lo que decían los chicos.