Esta semana, a tan solo dos meses asumir su nuevo mandato, la presidenta Michelle Bachelet de Chile firmó un proyecto de ley que pone fin al lucro en la educación, termina “con la discriminación a través de la selección escolar” y establece la gratuidad escolar, poniendo fin al copago que las familias pagan en las escuelas privadas subsidiadas por el estado. Estos cambios son parte de una amplia y ambiciosa reforma educativa que incluirá también cambios en la educación superior. Junto a una reforma tributaria, la educativa constituye uno de los pilares de la nueva administración.

Se podrán debatir los méritos de los cambios que se buscan realizar, pero no cabe duda alguna que la administración Bachelet ve a la educación como prioridad estratégica y decidió invertir un enorme capital político para avanzar esos cambios. La centralidad política que adquiere la educación resulta un dato notable teniendo en cuenta que, tradicionalmente, la política educativa no recibe este nivel de atención.

También novedoso es el contexto en el que estas reformas ocurren. En gran medida, su origen debe encontrarse no en grandes diseños tecnocráticos sino en la movilización social: las protestas estudiantiles que acosaron a la administración Piñera pusieron el tema de la desigualdad educativa sobre la mesa e hicieron imprescindible algún tipo de acción en la materia.

Como en muchos otros temas, Chile puede marcar tendencias en América Latina: la baja calidad y las grandes desigualdades sociales que se reproducen al interior de los sistemas educativos han dejado de ser solo la preocupación de unos pocos expertos y son parte del debate social. Es esperable que en la próxima década veamos a un número creciente de países en la región emprendiendo procesos de reforma. Algunos lo harán a regañadientes, pero lo tendrán que hacer no solo por presiones domésticas (como en el caso de Chile) sino también externas producto de las crecientes brechas en rendimiento estudiantil que se observan con respecto a los países Asiáticos.

Con características diferentes a las de Chile, México también está avanzando por el sendero de reforma educativa. Partiendo de un sistema educativo mucho menos exitoso que el de Chile, el presidente Peña Nieto también impulso una reforma ambiciosa en educación al comienzo de su mandato, buscando instalar una política docente más racional y efectiva. Nuevamente, la reforma educativa aparece junto a la reforma fiscal (y la energética) como eje central de las políticas de un nuevo gobierno. Esta centralidad convierte a la educación en tema de conflicto –en el caso de México particularmente con los sindicatos docentes— y fuerza al gobierno a hacer una inversión significativa de capital político para avanzar en la implementación de la reforma.

De modo menos dramático, estamos observando indicios en otros países que el pobre desempeño educativo se ha convertido un tema de preocupación generalizada, lo cual fuerza a los dirigentes políticos a tomar nota. En Colombia, un grupo de jóvenes lanzó una propuesta de ‘pacto por la educación’ durante la campaña electoral presidencial y, en cosa de días, todos los candidatos creyeron necesario apoyar y firmar el pacto. En Uruguay, el encargado de educación secundaria en la administración pública debió abandonar su cargo una vez se conocieron los resultados de la prueba PISA que mostraban un empeoramiento en el rendimiento de los jóvenes de 15 años.

Existen varias fuerzas que contribuyen a explicar estas tendencias. En primer lugar, hay una creciente frustración con el bajo desempeño de los sistemas escolares en la región. La última década fue una en la cual los gobiernos de América Latina han invertido crecientes recursos financieros en sus escuelas. De acuerdo a UNESCO, el gasto público en educación representa hoy el 5,2% del producto en promedio, comparado con un 4,5% diez años atrás. Sin embargo, esto no se está traduciendo en mejores resultados, al menos no en términos de aprendizajes medidos en pruebas. La expansión de la cobertura escolar es un factor que ayuda a contrarrestar los altos niveles de desigualdad que imperan en la región. Sin embargo, las desigualdades en la distribución de ingresos terminan reflejándose en desigualdades en rendimientos educativos y las escuelas poco logran en términos de ecualizar resultados. La mayor disponibilidad de información hace todo esto más transparente. Al mismo tiempo, en un número creciente de países de América Latina existen hoy organizaciones de la sociedad civil altamente sofisticadas y profesionalizadas que operan en el ámbito de la política educativa que se han convertido en voces influyentes. Mexicanos Primero y Todos pela Educação en Brasil, constituyen dos ejemplos notables pero no son los únicos.

Estas tendencias sugieren que las presiones sociales irán en aumento y que la educación será moneda corriente en los debates políticos. Los próximos años verán más demandas por parte de la sociedad civil, los empresarios y la ciudadanía, y podemos esperar que un número creciente de gobiernos van a decidir avanzar con reformas educativas buscando respuestas a estos desafíos. No todas estas reformas estarán necesariamente bien fundadas y muchas de ellas fracasarán. Más aún, estos intentos muy probablemente generen conflictos y tensiones. Por mencionar solo algunos, veremos resistencia de parte de sindicatos docentes y burocracias públicas. Sectores de la educación privada (incluyendo las escuelas religiosas) resentirán los intentos de aumentar el grado de regulación estatal de sus servicios. Los votantes expresarán (en las urnas y quizás en las calles) sus frustraciones con lo que seguramente será, en el mejor de los casos, un lento proceso de mejora. Y los ministros de hacienda pública probablemente miren con envidia a sus antecesores que podían obviar en gran medida esta tan ingrata industria de servicios escolares.

Estas tensiones, sin embargo, son extremadamente positivas y reflejan que la sociedad latinoamericana reconoce la importancia de la educación. A todos los líderes a quienes que les toque sufrir las críticas y ataques de aquellos insatisfechos con el status quo, les vale la pena recordar el dicho popular “porque te quiero te aporreo”.

*Ariel Fiszbein es director del Programa de Educación del Inter-American Dialogue en Washington DC