Comentario sobre crecimiento de la matrícula particular subvencionada y decrecimiento de la matrícula municipal publicado en el diario El Mercurio del día 10 septiembre 2006.
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La tendencia seguirá, si no vienen cambios
La matrícula particular subvencionada viene creciendo sostenidamente. De representar un 15% del total el año 1981 hoy alcanza a más de un 43%, mientras la participación de la matrícula municipal cae en similar proporción.
¿Explicación?
La preferencia de los padres: 7 de cada 10 declara preferir un colegio particular subvencionado, sin que exista asociación entre esa preferencia y la ubicación de las personas en el espectro político.
¿Qué motivos se manifiestan par esta preferencia?
Básicamente dos. La percepción de que estos colegios son de mejor calidad y, segundo, que cultivan un clima de mayor orden y disciplina.
Por su parte, los colegios municipales compiten en desventaja: carecen de autonomía, sus directivos no pueden evaluar el desempeño de los profesores y sus sostenedores no se hallan convencidos del valor de administrar el servicio educacional. Mientras esto no cambie, la tendencia se mantendrá.
¿Es necesario evitar que los colegios privados subvencionados continúen creciendo?
Al contrario. Hay que respetar las preferencias de los padres y fomentar la diversidad de sostenedores.
Sin embargo, conviene adoptar algunas medidas.
Es indispensable establecer condiciones más exigentes para la creación de nuevos colegios privados que aspiran a recibir la subvención escolar.
Es imprescindible, asimismo, que todos los establecimientos subvencionados (privados y municipales) se sujeten a estándares mínimos de calidad, garantizados por un adecuado sistema de supervisión y acreditación de escuelas.
Por último, debe regularse la selección de alumnos, de modo de evitar la discriminación por motivos del origen social de los estudiantes.
Adicionalmente hay que resolver la cuestión de los sostenedores privados subvencionados que funcionan como sociedades con fines de lucro. ¿Conviene admitir su existencia o no? En la medida que se sujeten a los estándares de calidad establecidos por la autoridad pública y a las reglas de supervisión y acreditación, y no discriminen socialmente en los procesos de admisión de estudiantes, no parece haber razón para excluirlos del sistema.
José Joaquín Brunner
Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez
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