queda obsoleta a los pocos meses.
José Correa
Vicerrector de Tecnologías de la Información.
Universidad de Chile, 2025

I. Un régimen de provisión mixta

Antes de leer las normas conviene situarlas en el suelo del que brotan. El régimen universitario chileno nunca fue estrictamente público, sino de provisión mixta. Desde el siglo XIX convivieron en él la universidad del Estado y fundaciones privadas, confesionales o regionales, que recibieron aporte fiscal y cumplieron funciones comunes sin dejar de pertenecer a quienes las fundaron.[1] Tal provisión, que en otras latitudes habría podido sostener una idea amplia de servicio público, fue en Chile la puerta por la que entró el mercado.

La dictadura liberalizó radicalmente una provisión privada que ya existía erosionando el pacto republicano. El Decreto con Fuerza de Ley N.º 1 de 1981 abrió la creación de universidades privadas con requisitos mínimos, y los decretos que lo acompañaron fragmentaron las universidades estatales y sustituyeron parte del aporte fiscal por mecanismos de competencia.[2] Más decisivo que lo dispuesto fue lo omitido, porque no hubo regulación preventiva de la calidad ni control alguno sobre la orientación de las nuevas instituciones y sus formas de gobernanza. El licenciamiento llegó una década después y la acreditación obligatoria casi cuarenta años más tarde, cuando la liberalización de la educación superior ya había fijado su forma.[3] El sistema aprendió a regular sobre hechos consumados, costumbre que la recepción actual de la inteligencia artificial (IA) repite con exactitud iniciando una relación entre usuarios (producto) y corporaciones en el nuevo ecosistema de datos.

Sobre esa base se produjo, desde los años noventa, la privatización de la matrícula, financiada por las familias y, desde 2005, por un crédito con aval del Estado que convirtió el ingreso en deuda (CAE).[4] La masificación fue real e integró sectores históricamente postergados de un régimen de universidad prestigiado y elitario, pero el acceso (finalmente) no trajo el ascenso prometido. El credencialismo se multiplicó mientras perdía valor, el retorno de los títulos se volvió desigual según la institución que los otorga y la deuda acompañó a muchos egresados más tiempo que el oficio. Hoy el sistema ofrece acceso, pero no necesariamente la movilidad heredada del pequeño siglo XX.

El resultado es un mapa de heterogeneidad extrema: doce universidades estatales sujetas a las reglas de la administración pública, privadas anteriores a 1981 con aporte fiscal e investigación intensiva, privadas posteriores de identidad marcada, universidades docentes de matrícula masiva y un sector técnico-profesional de institutos y centros de formación técnica que reúne cerca de la mitad de la matrícula de pregrado.[5] Cada tipo se vincula con la inteligencia artificial a su manera: las privadas de investigación intensiva desde la autoría y la tesis, las de matrícula masiva desde la empleabilidad, las técnicas desde el inventario de productos que el egresado usará, las estatales desde el cumplimiento que les impone su régimen, las de identidad marcada desde su proyecto educativo y las regionales, estatales o privadas, desde el territorio.[6]Esa heterogeneidad distribuye de manera desigual la capacidad de interrogar la técnica.

Esta historia permite leer la recepción de la inteligencia artificial como umbral de una nueva fase del capitalismo académico, expresión con que Slaughter y Leslie describieron universidades que, ante la retirada del financiamiento público, compiten por recursos con la conducta de una empresa.[7] En Chile esa fase llegó temprano, porque el financiamiento por demanda hizo de la matrícula un mercado. Hoy se insinúa un desplazamiento ulterior, en el que la universidad comienza a depender, para producir su propio saber, de infraestructuras que no le pertenecen, y entrega a cambio los datos de quienes estudian, enseñan y escriben en ella.

II. La negativa a prohibir

Hay que reconocer, para que la crítica no se confunda con la nostalgia, que las universidades chilenas no han prohibido la arremetida corporativa de las tecnologías. Entre 2023 y 2026, cuando los asistentes conversacionales irrumpieron en las aulas antes que cualquier criterio capaz de nombrarlos, el veto estuvo disponible y fue descartado. Instructivos, marcos éticos, orientaciones y reglamentos coincidieron en regular y acompañar antes que impedir o castigar. Aludimos a un gesto prudente, aunque no inocente. Al aceptar la máquina como un hecho consumado frente al cual solo cabe administrar conductas, los documentos renuncian a preguntarse por aquello mismo que regulan y asumen audazmente un hito de modernización académica.

Este artículo se detiene en tal inflexión. Nuestra hipótesis es que la recepción chilena padece un triple déficit respecto de la técnica, conceptual, epistemológico y político, y que ese déficit es la condición de posibilidad de un consenso: el de las buenas prácticas.[8] Allí donde los manuales hablan de uso responsable, transparencia e integridad, se omite la pregunta por la técnica como forma de mundo, por el saber que produce y por los poderes que la sostienen.

III. La herramienta como coartada

El primer déficit, el conceptual, empieza por una operación nominal. Casi todos los documentos llaman a la inteligencia artificial (IA) una herramienta, un apoyo, un asistente; uno de ellos afirma que «siempre será un asistente y no un autor o coautor de contenidos».[9] La frase resguarda la autoría humana, pero arrastra una teoría de la técnica que nunca se declara: la de un medio neutro, exterior a quien lo usa, cuyo valor depende de la mano que lo empuña. Es la concepción que Heidegger llamó instrumental y antropológica, correcta en su orden e insuficiente para pensar lo que la técnica moderna hace con el mundo.[10]

Si la técnica es un medio, el problema se desplaza íntegramente hacia la conducta, y la pregunta por la forma de conocimiento que induce y por las relaciones de propiedad que la constituyen queda fuera de la escena. Una guía del Ministerio de Educación, dirigida al sistema escolar a falta de una orientación equivalente para la educación superior, lleva esta torsión a su punto más visible cuando afirma que «una herramienta no es neutra» para añadir que «depende de cómo la usemos» sugiriendo un acto de plausibilidad científica. La no neutralidad se admite en el instante en que se la devuelve al usuario, como si la técnica nunca dispusiera, ordenara ni excluyera por sí misma.

Hace más de tres décadas el filósofo francés Gilbert Simondon advertía que la cultura moderna trata a los objetos técnicos como utensilios sin significación o los teme como potencias extrañas.[11] Los documentos oscilan entre ambas figuras, el fetiche de la productividad y el miedo a la trampa. Ninguno ensaya un tercer camino, el de conocer la máquina por dentro y desmontarla hasta mostrar de qué está hecha, con quiénes, con qué intereses y a costa de quién.[12]

IV. El déficit epistemológico

El segundo déficit concierne al saber. Los modelos de lenguaje producen secuencias probables, no afirmaciones respaldadas por evidencia, y su discurso es indiferente a la verdad.[13] Para una institución cuya razón de ser es distinguir lo que se sabe de lo que se cree, esa circunstancia debió ocupar el centro de la reflexión normativa. Los documentos, en cambio, la traducen en un deber de verificación (portafolio) que recae sobre cada usuario, sin preguntarse qué cuenta como validación suficiente ni distinguir entre información, evidencia, interpretación y conocimiento demostrado. El riesgo es inminente, aunque no fatalista: abrazar formas artificiales que no requieren cognición humana implica la inteligencia de las máquinas

Hay, con todo, algunos destellos. Un protocolo prohíbe «generar bibliografía con textos inexistentes o no leídos», y unas orientaciones advierten que la herramienta «no puede distinguir entre errores importantes e irrelevantes».[14] Son formulaciones lúcidas, pero aisladas, y la verificación se privatiza hasta volverse un acto de conciencia individual, cuando lo que está en juego es la autoridad pública del conocimiento que la universidad certifica.

Así se explica que prolifere el formulario, con sus declaraciones de uso, sus plantillas y sus historiales de instrucciones. La transparencia se vuelve principio dominante y la declaración, su rito. Pero declarar no equivale a justificar. Saber que alguien usó una máquina nada dice del juicio que ejerció sobre ella, y la acumulación de constancias sustituye por un trámite la discusión que haría falta.

V. El sesgo de las buenas prácticas

Las buenas prácticas son el idioma del consenso. Se presentan como neutrales y compatibles (decorativas) por todos, y por eso despolitizan lo que nombran. Sin negar su necesidad, su léxico es el mismo con que la modernización chilena y sus avances, pudo desactivar el conflicto, a saber, convertir lo que divide en materia técnica y reservar para los expertos lo que debía deliberarse en público. Nadie podría oponerse a la transparencia o al uso responsable, y precisamente por eso esas palabras sirven para no discutir -ideología mediante- quién manda hoy en los circuitos del saber.

Los reglamentos y protocolos obligatorios nombran a un proveedor con menos frecuencia (dos de cinco), mientras que las orientaciones casi siempre lo hacen (siete de ocho), como ejemplos en plantillas o listas de herramientas, lo que normaliza ciertas marcas sin someterlas a examen.[15] Las decisiones que importan se toman en contratos cuyas condiciones rara vez se publican. Por esa vía, la más silenciosa, algunas universidades se deslizan hacia la dependencia tecnológica arrendando a las grandes corporaciones licencias de inteligencia artificial, como Gemini de Google o Copilot de Microsoft,[16] y formando a sus académicos en esos productos antes de aprobar norma alguna sobre ellos. Primero llega la infraestructura y, si acaso, después la regla.

La economía política de las plataformas precisa el mecanismo de esa nueva fase del capitalismo académico donde la frontera entre universidad y mercado se vuelve más permeable: la universidad pasa de comprar bienes a pagar rentas por el acceso a infraestructuras que no controla.[17] Ninguna buena prácticainterroga esa renta ni exige condiciones sobre el uso de los datos de la comunidad para entrenar modelos, la portabilidad de lo producido o la auditoría de lo que ocurre con la escritura depositada en servidores ajenos. En ese doble trato está el sesgo, que regula con minucia lo que hacen los individuos y deja intacto lo que hacen las corporaciones.

La política pública repite ese sesgo. La Política Nacional de Inteligencia Artificial reconoce la falta de cómputo soberano sin nombrar a ninguna empresa, y el proyecto de ley en discusión clasifica los sistemas según su riesgo, pero regula los sistemas por su riesgo y no los contratos con que las universidades acceden a ellos.[18] La Ley 21.719 sobre protección de datos personales dará, cuando entre en vigor, el primer piso exigible frente a las transferencias internacionales de datos y a las decisiones automatizadas, aunque su eficacia en las universidades dependerá de que evalúen sus contratos antes de firmarlos.[19] Mientras tanto, entre la universidad que declara y el Estado que sanciona, la corporación queda intocada.

VI. Perfiles y escalas

Un tercer déficit opera por debajo de las normas. Los sistemas adoptados ayudan a escribir y, además, clasifican, puntúan y predicen. Los detectores atribuyen textos a la máquina o al estudiante, y los sistemas de alerta temprana calculan el riesgo de deserción de cada matriculado. Esa forma de poder, que Rouvroy y Berns llamaron gubernamentalidad algorítmica, gobierna menos mediante normas que se obedecen que mediante perfiles que se calculan.[20]Es una biopolítica de las escrituras y de los cuerpos que escriben, invisible para el lenguaje que pretende regularla.

A ello se suma un desajuste de escalas. Las normas operan en el individuo como posible frontera, mientras los riesgos se producen en la de la institución que contrata, en la del país que carece de cómputo propio y en la del planeta donde se entrenan los modelos. En el Tecnoceno descrito por Flavia Costa (2021), los accidentes de sistemas de esa complejidad son efectos normales de su funcionamiento.[21] Una regulación pensada para el usuario no los alcanza, y una universidad que solo sanciona después del error renuncia a evaluar antes de adoptar.

VII. Bajar al aula

Hay, sin embargo, una escala que las normas desatienden: la del aula. La pregunta por la máquina se responde también ahí, en la tarea, el borrador y la retroalimentación, observando qué hacen quienes leen y escriben con ella. Las investigaciones de Guadalupe Álvarez con doctorandos en ciencias sociales y humanas muestran que sus «lecturas y escrituras exploratorias en relación con la tesis se encuentran actualmente mediadas por tecnologías digitales»: buscadores, gestores bibliográficos, traductores automáticos, almacenamiento en la nube.[22] El uso de inteligencia artificial resultaba allí incipiente, y quienes la empleaban advertían «tanto beneficios como limitaciones».[23] La figura del usuario disciplinado, que las normas construyen y que la crítica corre el riesgo de repetir, borra esa diversidad de prácticas.

Tampoco la herramienta admite el singular, y este ensayo, al hablar de «la máquina», ha cedido a ese singular por economía expositiva. Morán, Alvarez y Difabio clasifican estas tecnologías según su contribución al proceso de lectura y escritura, exploratoria o comunicativa, y según su alcance, múltiple o específico, y observan que «la mayor parte asiste en una o dos actividades específicas».[24] Un asistente conversacional general, un buscador de literatura y un detector de similitud no comprometen del mismo modo la autoridad del conocimiento, y una crítica rigurosa debe discriminar entre ellos.

Por eso, si se reservan espacios sin asistencia humana, esa reserva necesita una contraparte. La alfabetización académica ha mostrado que escribir es una forma de aprender que requiere enseñanza explícita.[25] Junto a esos espacios hacen falta secuencias didácticas en que la herramienta se use con acompañamiento docente, borradores sucesivos y reflexión sobre lo que aporta y lo que distorsiona. Sin una pedagogía de la escritura, la crítica de la técnica corre el riesgo de quedarse en el diagnóstico.

VIII. Manuales vitalistas: voluntariado

Los instrumentos chilenos son, en este sentido, manuales vitalistas: confían el gobierno de una infraestructura a la buena voluntad de cada usuario, como si el impulso ético individual bastara para ordenar un sistema técnico cuya propiedad y cuyo diseño le son ajenos. Son necesarios, porque sin ellos el aula quedaría librada a la improvisación, e insuficientes, porque gobiernan el uso sin preguntar por la máquina.

A la universidad le corresponde convertir esa máquina en objeto de estudio: preguntarse por los datos con que se entrenó, el trabajo humano que la sostiene, la energía que consume, las corporaciones que la poseen y el tipo de verdad que produce. Derrida reclamaba para la universidad el derecho incondicional de cuestionarlo todo, incluidas sus propias condiciones.[26] Esa incondicionalidad es lo que las buenas prácticas suspenden cuando aceptan la máquina como un dato y no como una pregunta.

Esa conversión puede hacerse con las mismas normas, siempre que cambien de lugar. La declaración de uso podría volverse un ejercicio de justificación; la adquisición de sistemas, una decisión deliberada con condiciones públicas y evaluación previa; el aula, un lugar donde los espacios sin asistencia alternen con las secuencias acompañadas, por fidelidad a lo que la universidad promete formar.

El gesto tiene una dimensión histórica. Un sistema que nació liberalizado y aprendió a regular después de los hechos no puede repetir esa costumbre sin ahondar sus fracturas. Si la pregunta por la técnica queda reservada a las instituciones que pueden permitírsela, unas formarán a quienes interrogan la máquina y otras a quienes solo la operan, y el acceso sin ascenso adquirirá, en la época de las plataformas, la forma de una servidumbre cognitiva.

La filosofía de la información de Luciano Floridi ofrece aquí un contrapunto. El autor piensa al ser humano como diseñador de la infosfera, el entorno informacional que compartimos con agentes artificiales. Desde esa perspectiva, interrogar la máquina abre una tarea que continúa en el diseño de entornos, contratos e infraestructuras compatibles con los fines de la universidad. Floridi advierte, además, contra el riesgo de envolver el mundo, es decir, de rediseñar los entornos para que se ajusten a lo que las máquinas pueden hacer.[27] En la universidad, ese riesgo consiste en adaptar tareas y evaluaciones a lo que la máquina procesa bien, y es más inmediato en las aulas que la servidumbre cognitiva, porque ocurre cada vez que una consigna se simplifica para que un sistema la resuelva o una rúbrica se redacta para que un algoritmo pueda aplicarla. Por eso la crítica de la técnica tendría que acompañarse de una ética del diseño.

Un texto más reciente de Floridi aporta además un vocabulario que el corpus no ensaya y que sirve para precisar lo que el apartado III llamó coartada nominal. Su tesis es que la inteligencia artificial no es una forma artificial de inteligencia sino una forma nueva de «agencia sin inteligencia», que no requiere cognición, intención ni estados mentales.[28] Para él, un sistema que interactúa con su entorno inicia cambios de estado dentro de ciertos márgenes y ajusta su conducta según lo que recibe ya cuenta como agente, sin que haga falta atribuirle comprensión alguna. Visto así, llamarla «asistente» o «coautor» la antropomorfiza, y reducirla a herramienta pasa por alto que actúa. Y si actúa, la regulación no puede quedarse en la conducta del usuario: Floridi pide marcos propios para los agentes artificiales, con autonomía graduada, supervisión humana y responsabilidad distribuida.[29] Su propuesta deja, con todo, un cabo suelto. Esa agencia sigue definida por propósitos humanos, de modo que la pregunta decisiva queda en pie: quién fija esos propósitos y bajo qué condiciones de propiedad.

La negativa chilena a prohibir las máquinas artificiales ha sido sustantivamente acertada, aunque no basta para alcanzar agencia compartida en sistemas híbridos de interacción (juicio humano-IA). Pero falta la decisión sustancial, más difícil y menos rentable: impedir que la técnica se vuelva el horizonte incuestionado de lo que se enseña, se investiga y se certifica como saber. Mientras no se tome, la universidad seguirá regulando con minucia la conducta de quienes escriben, abultando el deterioro cognitivo, y dejando sin interrogar las máquinas que, cada vez más, escriben con ellos.

Entonces, la cuestión decisiva implica una doble pregunta. De un lado, trasunta como gobernar mejor la IA, y nos conmina a impedir (mitigar) la automatización del saber colectivo devenido en una concentración de poder que parece infranqueable. Para las Universidades chilenas empeñadas en vacuas declaraciones normativas, una gobernanza crítica debería interrogar no solo los riesgos técnicos, sino las relaciones materiales y sus dependencias laborales, comerciales, como así mismo la distribución de beneficios. De otro, el punto no consiste solamente en gobernar la inteligencia artificial con mayor agilidad, sino en preguntarse qué forma de existencia estamos normalizando al exigir que nuestras instituciones se muevan a su ritmo. Ello dista de ser respondido por el consenso despolitizador de las buenas prácticas30.

Pre-Colofón

Finalmente, y a propósito de un reciente comentario de José Joaquín Brunner, Marx y Engels escribieron en el Manifiesto del Partido Comunista (1848) que la burguesía había creado maravillas superiores a las pirámides egipcias, los acueductos romanos y las catedrales góticas; también reconocieron en los ferrocarriles una fuerza capaz de transformar las relaciones sociales y acelerar la organización histórica. ¿Fue la revolución, entonces, la última certeza del hombre: ¿la posibilidad de comprender el presente como tránsito hacia otro orden, incluso cuando el futuro permanecía abierto? La inteligencia artificial vuelve urgente esa pregunta31. Su avance no garantiza emancipación ni esclarecimiento, sino vaciamiento de la temporalidad y la incertidumbre del desfondamiento administrado. Ante la intemperie concebida como ausencia de certeza e irrupción de una experiencia donde devenimos vulnerables, cuando el fatigado Estado-nación no tiene representación de mundo, recuperar la historia no significa restaurar una fe ingenua en el progreso, sino repensar quién decide sus fines y qué humanidad puede construirse en medio de torrenciales transformaciones.

[1] José Joaquín Brunner, Educación superior en Chile. Instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007), Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2009.

[2] Ministerio de Educación Pública, Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, “Fija normas sobre universidades”, Diario Oficial, 3 de enero de 1981; Andrés Bernasconi y Fernanda Rojas, Informe sobre la educación superior en Chile: 1980-2003, Santiago, Editorial Universitaria, 2004.

[3] El licenciamiento ante el Consejo Superior de Educación se estableció en 1990; la Ley 20.129, de 2006, creó una acreditación voluntaria que la Ley 21.091, de 2018, volvió obligatoria.

[4] María Olivia Mönckeberg, El negocio de las universidades en Chile, Santiago, Debate, 2007.

[5] Servicio de Información de Educación Superior, Matrícula en educación superior en Chile 2026, Santiago, Subsecretaría de Educación Superior, 2026. Los institutos profesionales y los centros de formación técnica reúnen el 44,7 % de la matrícula de pregrado.

[6] La tipología se desarrolla en La universidad ante la inteligencia artificial generativa. Normas, gobernanza y autoridad del conocimiento en doce instituciones chilenas (2023-2026), informe, Santiago, noviembre de 2026, que examina trece documentos normativos de diez universidades y los instrumentos estatales que las orientan.

[7] Sheila Slaughter y Larry L. Leslie, Academic Capitalism. Politics, Policies, and the Entrepreneurial University, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997.

[8] Los instrumentos estatales del corpus son la Política Nacional, el proyecto de ley y la guía escolar del Ministerio de Educación.

[9] Universidad Andrés Bello, Lineamientos para el uso de inteligencia artificial generativa, Santiago, s. f.

[10] Martin Heidegger, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos, trad. Eustaquio Barjau, Barcelona, Serbal, 1994.

[11] Gilbert Simondon, El modo de existencia de los objetos técnicos, trad. Margarita Martínez y Pablo Rodríguez, Buenos Aires, Prometeo, 2007.

[12] Kate Crawford, Atlas de inteligencia artificial. Poder, política y costos planetarios, trad. Francisco Díaz Klaassen, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2022.

[13] Michael Townsen Hicks, James Humphries y Joe Slater, “ChatGPT is bullshit”, Ethics and Information Technology, vol. 26, 2024.

[14] Universidad Diego Portales, Facultad de Educación, Protocolo de uso de inteligencia artificial, Santiago, 2025; Universidad Diego Portales, Orientaciones en el uso de inteligencia artificial para docentes, Santiago, 2024.

[15] De los trece documentos, nombran marcas comerciales siete de los ocho orientativos y dos de los cinco obligatorios; ninguno fija condiciones exigibles a los proveedores.  La fuente responde a una elaboración propia sobre una muestra acotada del mapa universitario; estudio en curso.

[16] Universidad de Chile, licitación 5574-13-LQ25, “Licencias Google AI Pro for Education”, Mercado Público, 2025; Universidad de Talca, licitación 1469-337-L124, “Adquisición de 15 suscripciones de Microsoft Copilot para el entorno Microsoft 365”, Mercado Público, 2024. Las universidades privadas no contratan por esa vía y sus contratos no son públicos, de modo que estos registros muestran indicios y no la magnitud del fenómeno.

[17] Janja Komljenovic, ”The rise of education rentiers: digital platforms, digital data and rents”, Learning, Media and Technology, vol. 46, núm. 3, 2021; Nick Srnicek, Capitalismo de plataformas, trad. Aldo Giacometti, Buenos Aires, Caja Negra, 2018.

[18] Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Política Nacional de Inteligencia Artificial. Actualización 2024, Santiago, 2024; Proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, boletín 16.821-19.

[19] Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, Diario Oficial, 13 de diciembre de 2024. Su vigencia general estaba fijada para el 1 de diciembre de 2026; el 28 de octubre de 2026 el Senado aprobó, en primer trámite, un proyecto (boletín 18.623-07) que la traslada al 15 de octubre de 2027 y que pasa a la Cámara de Diputadas y Diputados.

[20] Antoinette Rouvroy y Thomas Berns, “Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation”, Réseaux, n.º 177, 2013; Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica, trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

[21] Flavia Costa, Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida, Buenos Aires, Taurus, 2021.

[22] Guadalupe Álvarez, “Tecnologías digitales en lecturas y escrituras exploratorias de estudiantes doctorales en Ciencias Sociales y Humanas”, Anales de Lingüística, n.º 13, 2024, p. 26.

[23] Ibíd., p. 37. De la autora véase también, “Usos de tecnologías de inteligencia artificial en lecturas y escrituras realizadas para elaborar tesis de posgrado”, en Mirta Yolima Gutiérrez-Ríos, Guillermo Isaac González Rodríguez y Daysi Velázquez Aponte (coords.), Nuevos lenguajes y redes relacionales en sociedades evanescentes. Giros para una pedagogía de la hospitalidad, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2025, pp. 169-188.

[24] Lourdes Morán, Guadalupe Alvarez y Hilda Difabio, “Análisis comparativo de tecnologías de inteligencia artificial según su alcance para la elaboración de textos sobre investigaciones”, Praxis Educativa, vol. 29, n.º 2, 2025, p. 10.

[25] Paula Carlino, Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.

[26] Jacques Derrida, Universidad sin condición, trad. Cristina de Peretti y Paco Vidarte, Madrid, Trotta, 2002.

[27] Luciano Floridi, The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford, Oxford University Press, 2014, y Ética de la inteligencia artificial. Principios, retos y oportunidades, trad. Javier Anta, Barcelona, Herder, 2024.

[28] Luciano Floridi, “Artificial Intelligence as a New Form of Agency (not Intelligence) and the Multiple Realisability of Agency Thesis”, manuscrito, New Haven, Digital Ethics Center, Yale University, s. f., secciones 1, 4 y 12. Los criterios de interactividad, autonomía y adaptabilidad proceden de Luciano Floridi y Jeff W. Sanders, “On the morality of artificial agents”, Minds and Machines, vol. 14, n.º 3, 2004.

[29] Luciano Floridi, “Artificial Intelligence as a New Form of Agency (not Intelligence)…”; secciones 3, 12 y 14.

30 El déficit de gobernanza de las universidades ante la velocidad de la IA, se encuentra en concordancia con el último informe del MIT. Véase Van der Meulen, N., Jewer, J. y Levallet, N. (2026). Minimum Viable Governance for Generative AI. MIT CISR, MIT Sloan School of Management. Con todo, conviene señalar que la propuesta de una gobernanza mínima viable, de tipo organizacional, busca ajustar los controles a la velocidad de la inteligencia artificial generativa, reducir los trabas administrativas y permitir que las instituciones aprovechen nuevas oportunidades. Conviene subrayar, Benjamin Bratton, The Stack. Soberanía y software, preguntaría quién construye las infraestructuras sobre las cuales esa gobernanza pretende operar y quién controla sus condiciones materiales.

31 “Educación para otra época”, Brunner.cl, 1 de noviembre de 2026. [en línea]