Septiembre, mes de la palabra

En las dos primeras semanas de este septiembre, la palabra odio apareció en la prensa chilena con una densidad que ningún otro mes del año alcanza. El día 3, en el centro de eventos San Carlos de Apoquindo, el presidente argentino inauguró el V Encuentro Regional del Foro Madrid llamando “zurdos mugrosos negadores de la realidad” a sus adversarios y celebrando el derrocamiento del “comunista Allende”. El diputado Luis Cuello calificó esas palabras de “discurso de odio” y advirtió que los fenómenos peligrosos para la humanidad siempre comenzaron con el lenguaje. El Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio recurrieron a la misma fórmula. Esteban Navarro, dirigente comunista local, sostuvo que quienes vienen a promover “el odio, el autoritarismo y el negacionismo” no son bienvenidos en una tierra que conoce el costo de perder la democracia.

El día 7, cuatro exministros, secretarios generales de Gobierno (Ricardo Lagos Weber, Cecilia Pérez, Francisco Vidal y Karla Rubilar), publicaron en La Tercera una carta titulada “El día después del odio”. Vienen de sectores distintos y lo dicen, describen la funa digital, las cuentas anónimas o coordinadas, y el límite que consideran más peligroso: instalar la idea de que alguien resulta tan despreciable que, si algo malo le ocurriera, se lo merecería.

Cinco enunciados en nueve días, cinco operaciones distintas con la misma palabra. Vale la pena detenerse en ella antes de interpretar el conjunto.

Qué nombramos cuando decimos odio

José Antonio Marina, pedagogo y ensayista español, dedicó al asunto una entrada en su Diccionario de pasiones políticas en febrero de 2023. Define el odio como un sentimiento reactivo, provocado por la aparición de algo repugnante o dañino que amenaza el bienestar o la integridad del sujeto y desencadena una reacción en su contra, acompañada de un deseo de alejamiento o de aniquilación. Luego, recorre el campo semántico que las lenguas han ido construyendo. Enojo procede de in odio esse. El francés haine comparte raíz germánica con el inglés hate, que significa aversión intensa. El castellano odio viene del indoeuropeo od-, de donde derivan el griego odussomai, irritarse, y el anglosajón atol, cruel.

El castellano conserva, además, la secuencia completa del proceso. La ira provocada por una ofensa busca desahogo en la venganza; cuando ese desahogo no es posible, la cólera se estanca y se convierte en rencor, palabra que deriva de rancio y significa «ira envejecida». Juan Luis Vives, citado por el profesor Marina, define el odio como un enojo enraizado. La diferencia con la ira radica en la duración, hasta el punto de que algunos autores han llamado al odio una ira crónica.

Dos precisiones que hace ese texto importan para lo que sigue. La primera distingue entre el odio y el resentimiento. El resentimiento deriva directamente de la experiencia, hace presente el pasado, e implica la conciencia de la propia impotencia para vengarse. En ruso se llama zlopamiatstvo, “memoria del mal”. El odio, en cambio, “puede basarse en prejuicios aprendidos culturalmente, sin ningún tipo de experiencia directa que lo fundamente. Así funciona el odio al judío, al hereje, al homosexual”.

Pero también vale para el comunista, el zurdo, el facho. La segunda precisión es política. El profesor Marina remite a Carl Schmitt, para quien la estructura básica de la relación política es la oposición entre amigo y enemigo, y el enemigo es el otro, el extraño, cuya existencia hace real la posibilidad de la lucha armada. A esa configuración la llama política ancestral, basada en el conflicto y la liquidación del enemigo, y la opone a la política ilustrada, fundada en los derechos individuales y la democracia.

Con estas distinciones, se puede volver al material chileno y plantear tres preguntas a cada enunciado citado. ¿De quién es el odio que se nombra? ¿Contra quién se dirige? ¿Y qué experiencia hay detrás?

La inversión

Mi hipótesis es que durante medio siglo la advertencia contra el odio se ha dirigido preferentemente a quienes lo han padecido.

Los enunciados seleccionados la respaldan de manera desigual. El registro más nítido es el de las conmemoraciones presidenciales de derecha. En 2019, en el aniversario del golpe, Sebastián Piñera describió una democracia que venía “enferma de violencia, descalificaciones y odiosidades entre los ciudadanos de nuestra patria”, en la misma jornada en que El Mercuriopublicaba un inserto pagado que justificaba el golpe. El sustantivo –las odiosidades– aparece allí en plural, sin sujeto, y reparte el mal por igual entre quienes se enfrentaron. La víctima y el victimario quedan equiparados bajo una misma dolencia cívica.

En cambio, el mensaje episcopal de este año opera en un registro más elaborado, pero mantiene el mismo destinatario implícito. En el párrafo sobre justicia, se pide que esta se aplique con rigor e imparcialidad, actuando con rectitud y “sin dar cabida al odio ni a la venganza”. En el párrafo sobre el perdón, sostiene que perdonar implica “negarse a convertir el pasado en una cadena perpetua de odio”. Quien puede convertir el pasado en cadena perpetua es quien tiene algo que perdonar, es decir, la víctima; sin embargo, nadie le advierte a quien hizo el daño que no se deje arrastrar por el rencor.

En cualquier caso, hay que reconocer que el texto episcopal se protege mejor de estas confusiones que las declaraciones presidenciales de 2019. Pide acoger el dolor de quienes sufrieron violencia, persecución, prisión, exilio y la pérdida de familiares, “sin equiparar responsabilidades éticas ni jurídicas ni relativizar los hechos históricos”. Esa frase es una barrera explícita contra la falsa simetría. El espectro se amplía.

Boric, a su vez, al salir del mausoleo de Allende, sintió la necesidad de aclarar que su mensaje no era de odio ni de rencor. Nadie le había preguntado. La aclaración es un reflejo adquirido, la respuesta anticipada a una imputación que no hace falta formular porque ya está instalada.

Ahora bien, la fuente histórica de la enemistad está documentada con una precisión que no admite reparos. El Decreto Ley 77, dictado el 8 de octubre de 1973 y publicado el 13, declaró ilícitos y disueltos los partidos que sustentaran la doctrina marxista, canceló su personalidad jurídica y traspasó sus bienes al Estado. Sus considerandos afirman que esa doctrina “lesiona la dignidad del ser humano” y resulta incompatible con la unidad nacional. Tres días después, el Decreto Ley 78 puso en receso a los partidos restantes. Un Estado que, por decreto, define a una parte de sus ciudadanos como portadores de una doctrina incompatible con la nación, traslada directamente a Carl Schmitt al Diario Oficial. Lo que siguió, y que no necesito detallar ante lectores mínimamente informados, fue la persecución, los consejos de guerra, la tortura, la ejecución sin juicio previo, la desaparición forzada, el exilio y la exoneración de decenas de miles de ciudadanos.

Aplicada aquí, la distinción del profesor Marina resulta perturbadora del sentido común nacional. El odio al izquierdista —al marxista en particular— funcionó exactamente como el odio al hereje que él describe; es decir, como un prejuicio aprendido culturalmente, sin experiencia directa que lo fundara: se odiaba una doctrina y, por extensión, a quienes se suponía que la encarnaban. Lo que queda instalado en el otro lado, según el mismo vocabulario, sería más bien resentimiento, que nace de la experiencia y de la impotencia. La inversión consiste en atribuir, a quienes fueron destruidos o dañados, la pasión que los destruyó.

Hasta aquí, vemos un vocabulario del odio heredado de los días de la Unidad Popular. No es que no se haya renovado. Revivió con ocasión del 18-O, de la revuelta violenta y de las protestas masivas del estallido social. Lo que este septiembre agrega es una multiplicación de registros que es necesario distinguir, porque en una misma página pueden convivir usos que no significan lo mismo.

El primero es el de la imputación. “Discurso de odio” es una categoría de origen internacional, con genealogía ‘onusiana’ (relacionada con la Organización de las Naciones Unidas) y desarrollo jurídico, que en el debate chileno funciona, sobre todo, como calificación del adversario. Según ha señalado el Secretario General  de dicha organización, “el discurso de odio se emplea para alimentar el miedo y profundizar las divisiones, a menudo con fines políticos, y el costo para las comunidades y las sociedades es enorme. Este discurso incita a la violencia, exacerba las tensiones y obstaculiza los esfuerzos por fomentar la mediación y el diálogo”.

El segundo registro es la medición y es nuevo para nosotros. El Observatorio de la Democracia construyó una escala de deshumanización con cuatro tramos que van del estereotipo al insulto o a la degradación, de allí a la deshumanización propiamente dicha y, por último, a la incitación a la violencia. En su primera medición, entre el 23 de julio y el 5 de agosto de este año, analizó más de 230 mil menciones en redes sociales. En la conversación ofensiva sobre migrantes, el 71% corresponde a insultos o degradación y el 24% a la deshumanización. En el caso del pueblo mapuche, el 75% corresponde a insultos y el 25% a incitaciones directas a la violencia, con llamados a la intervención militar y amenazas de desaparición, aunque el volumen es bajo y la propia investigadora pide cautela. En la conversación sobre las personas LGBTIQ+, el insulto alcanza el 96%. En este último caso, se observa un hallazgo que, a estas alturas, no debería sorprender a nadie: los picos de violencia verbal coinciden con eventos deportivos masivos.

Este segundo registro desplaza al objeto. El odiado ya no es el adversario político, sino el extraño y, de modo muy marcado, el migrante venezolano, sobre quien recae una sobrerrepresentación que se dispara cada vez que una noticia policial menciona su nacionalidad. Pasamos de Carl Schmitt directamente a la xenofobia, del enemigo al forastero. Es un tránsito que las derechas duras comparten hoy en la mayoría de los países occidentales: transformar al inmigrante irregular en una amenaza para la seguridad pública.

El tercer registro proviene del exterior y corresponde a la externalización. El mismo 11 de septiembre, pero esta vez en el Pentágono, el Presidente Trump afirmó, en el aniversario de los atentados de Nueva York, que “nos recordó el terrible poder del odio” y que los 25 años siguientes mostraron el poder del espíritu norteamericano para resistir y prevalecer. Su secretario de Defensa lo dijo sin adornos: todavía hay enemigos que nos odian. El odio pertenece, por definición, al otro y la nación aparece como su víctima pura.

El cuarto registro es la interiorización y produjo el enunciado más notable del mes en cualquier lengua. Michael Massaroli Jr., hijo de una víctima de los atentados en Nueva York, cerró la lectura de los 2.977 nombres en la Zona Cero diciendo que no se honra el legado de su padre ni el de las demás víctimas al usar esa tragedia para difundir el odio, y que ha pasado 25 años viendo a personas emplear la fecha para odiar a musulmanes y a quienes no se les parecen (NPRy ABC7, 11 de septiembre). Repárese en la diferencia con Chile. Allá el familiar denuncia el odio ajeno desde el lugar de la víctima. Aquí, el pariente –padres o esposas–  se siente compelido a declarar que no odia.

El quinto registro es la metamorfosis del término. Medios conservadores estadounidenses reprocharon al New York Times su incapacidad para recordar los atentados del 11-S sin desatar una ola de odio y prejuicios antimusulmanes, y lo acusaron de convertir a los musulmanes en las verdaderas víctimas del 11 de septiembre (NewsBusters y Fox News, 12 de septiembre). El odio se metamorfoseó en islamofobia o en islamofilia, según quien lo declara.

El sexto y último es la contabilidad. La cobertura latinoamericana del aniversario neoyorquino se organizó casi por completo en torno a la expresión “delitos de odio”: el paso de 28 incidentes antiislámicos registrados por el FBI en 2000 a 481 en 2001 (Perfil, 10 de septiembre) y el alza del 16% en Nueva York durante 2026 (Telemundo 47). Allá, la fórmula dominante consiste en hablar de delitos de odio que se contabilizan. Aquí se habla de un discurso de odio atribuido a un supuesto actor de alto riesgo. Allá, hay una medición administrativa; aquí, una acusación moral.

Vista contra este repertorio completo, la carta de los cuatro exvoceros de gobierno es la pieza más lúcida del mes chileno. No reparte la culpa en mitades falsas, reconoce que las palabras no producen violencia de manera automática y que no toda crítica dura es odio, y aun así sostiene que la deshumanización sistemática conlleva consecuencias.

La Moneda y los obispos

El gobierno del Presidente Kast interrumpió una práctica que se mantenía desde 1990 y no realizó ningún acto oficial este año. El Mandatario pasó el 11 de septiembre en la Región de Los Ríos, realizando actividades de empleo, inversión e innovación. El ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, señaló que la fecha despierta distintas sensibilidades, que el Ejecutivo las respeta, y llamó a construir un país donde las diferencias políticas no conduzcan a los extremos del pasado. Días antes, consultado sobre las palabras del presidente argentino, había respondidoque el gobierno opta por no transformarse en comentarista de expresiones ajenas y que no las convertiría en un factor de controversia interna.

La trayectoria del propio Kast ilumina este silencio. En 2018 y, otra vez, en 2022, escribió que el 11 de septiembre de 1973 Chile escogió la libertad. En 2023, a los cincuenta años, se limitó a decir que los chilenos no quieren seguir divididos por el pasado. En 2026, ya en La Moneda, sostuvo que su postura es conocida y que las fechas forman parte de la historia. De la reivindicación explícita se pasó a la elusión administrativa. El silencio no debe confundirse con la neutralidad; es una forma de habla que ahorra el costo de la reivindicación y el de la condena.

Lo que ocurre, entonces, es una repetición estructural que no deja de sorprender. Durante la dictadura, cuando el Estado enmudeció o mintió, la palabra pública sobre las víctimas la sostuvieron el Comité Pro Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad. Hoy, con un Estado que simplemente se ausenta de la fecha, el texto más articulado del 11 de septiembre vuelve a llevar la firma episcopal. Y conviene notar quiénes lo firman: los obispos Rebolledo, Ducasse, González Errázuriz y Castro, y el cardenal Chomali. Nadie confundiría a ese Comité con la Iglesia de Raúl Silva Henríquez. Y, sin embargo, son ellos quienes nombran a las víctimas, quienes nombran a las familias de detenidos desaparecidos, quienes afirman que no puede consolidarse una reconciliación auténtica allí donde persista la impunidad, y quienes establecen la salvaguarda contra la equiparación de responsabilidades.

Tampoco cabe pasar por alto algunos problemas del documento. Su primer párrafo atribuye lo ocurrido a “las visiones extremas y la fractura de la convivencia nacional”, fórmula que reparte causas sin distinguir magnitudes, y que puede leerse como que las palabras equivalen a las armas y que el desvarío de los profetas desarmados de una revolución imaginada justifica la reacción armada del Estado que los aplasta. Su llamado a renunciar a las visiones absolutas se presta, por eso mismo, a una lectura equidistante, aunque el texto se apresure a afirmar que ello no implica relativizar la dignidad de las personas ni justificar los atropellos. Y, efectivamente, no es posible entender el mensaje de los obispos como un acto de complicidad pasiva, según la rotunda expresión empleada por el expresidente Piñera.

En efecto, el papel de Piñera es clave en la reconstrucción hermenéutica de los relatos del odio. En la antesala del 40.º aniversario del golpe militar, la intervención del Presidente Piñera, según lo registrado en los medios de comunicación, resultó contundente. Dijo: “Si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y, particularmente, de los atropellos a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, por supuesto que hay muchos. Por de pronto, las máximas autoridades del gobierno militar, que sabían o debían saber lo que ocurría. Pero no solamente ellos. Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”.

Para comprender el razonamiento del expresidente, es necesario analizar su argumentación sobre los motivos que habrían conducido al desenlace fatal del golpe militar. La razón, argumentaba ahí, es que la Unidad Popular intentó establecer un modelo de sociedad marxista “que no era compartido por la inmensa mayoría de los chilenos». Con ello, “la sensatez fue dejando lugar a las pasiones; el respeto, a la intolerancia; el diálogo, a la violencia; la amistad cívica, al odio de clase. Todo eso se fue acumulando desde la década de los 60, llegó a su clímax en los 70 y culminó con el golpe de Estado […] Algunos introdujeron la violencia como medio legítimo de lucha y despreciaron la democracia. Pero no significa que estas circunstancias históricas, previas al golpe de Estado, justifiquen en nada lo que ocurrió después, particularmente los graves, reiterados e inaceptables atropellos a los derechos humanos”.

Si bien el “odio de clases” queda registrado a la izquierda en la contabilidad presidencial, junto a la legitimación de la violencia como medio de lucha política y a la atribución de responsabilidades en el desenlace del conflicto, la violencia realmente existente queda del lado derecho. Puede decirse que aquel fue un pronunciamiento crucial.

Según escribió más tarde Gonzalo Blumel, un cercano colaborador de Piñera, quien en su segunda presidencia ocupó el cargo de ministro del Interior, el Presidente identificó en 2013 “una oportunidad única para dotar a la centroderecha de un relato que permitiese hacerse cargo de mejor forma de su pasado, marcado indeleblemente por el apoyo irrestricto que parte importante de la derecha le brindó a la dictadura. El Presidente consideraba que no habría mejor momento para hacerlo que entonces, cuando un aniversario de ‘número cerrado’ del Once coincidía por primera vez con un gobierno de signo político opuesto. Eso nunca había pasado. Era, por lo mismo, la ocasión propicia para salir a enfrentar los fantasmas y demostrar que se podía, lejos de la conmemoración, sin complejos”.

Ahora podemos decir, sin temor a equivocarnos, que sus palabras de hace más de diez años marcan el momento culminante en la construcción de una conciencia liberal-democrática en la derecha, frente al cual los silencios de complicidad pasiva de la semana pasada implican un notable retroceso histórico.

De cualquier modo, mi interpretación del mes de septiembre se articula en torno a este doble contraste. Cuando el poder político calla, el lenguaje de la reconciliación queda administrado por otras instancias de irradiación político-cultural. Por un lado, por la memoria del expresidente Piñera que fijó un estándar con el que las derechas serán evaluadas a lo largo de este siglo por su complicidad con la dictadura y el ejercicio del odio que esta desplegó en la sociedad. Por el otro, por el llamado a una reconciliación sin silencios ni olvido, por parte de la Conferencia Episcopal, que se compromete y llama a “mantener cercanía sincera y misericordiosa con quienes fueron víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos, quienes padecieron la muerte o la desaparición forzada de seres queridos, y muy especialmente con las familias de los detenidos desaparecidos”.

Involucramiento personal

Antes de terminar este recorrido por nuestro propio “mes más cruel”, quiero decir desde dónde escribo esta pieza de hoy. Escribo no solo desde el análisis, sino desde el corazón de mi propia historia: este tema me toca de cerca a través de mi compañera de cincuenta años.

He sostenido, y lo sigo haciendo, que la Unidad Popularfue –entre muchos otros aspectos– la aventura de una generación de “profetas desarmados” cuyo discurso revolucionario iba muy por delante de la realidad y de la capacidad para transformarla. Levantó fantasmas –nacidos del “odio de clase”, dicen algunos– que seguramente ayudaron a espantar a los poderes establecidos de la sociedad chilena y a movilizar los temores de la Guerra Fría. Así lo escribí en esta misma columna en abril de 2023 y lo desarrollé en el capítulo que preparé para el volumen del Instituto de Chile sobre los cincuenta años del 11 de septiembre de 1973, publicado por la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.

Es parte de mi historia. Fui un participante activo del movimiento estudiantil que en 1967 impuso la reforma de la Universidad Católica y, desde la academia, acompañé la fundación del MAPU, al cual ingresé como militante inmediatamente después del golpe de Estado.

Si el golpe de Estado fue una ‘solución’ preventiva, es decir, una reacción no ante una revolución real sino ante una imaginada, entonces lo que la puso en marcha fue el miedo y, con él, esa pasión que el profesor Marina describe como movimiento en contra y deseo de aniquilación.

Escribo con el debido cuidado para no volverme vehículo de ese mismo odio. Sé que ese cuidado suele parecer ambiguo al declararme, simultáneamente, parte comprometida con una cultura política de izquierda democrática. Prefiero correr ese riesgo. Desde las décadas posteriores a mi primera experiencia de compromiso público en los años 60, he aspirado a ejercer la crítica sin ira, con un creciente reconocimiento de la fragilidad de las instituciones y de los riesgos que conllevan los “grandes relatos” ideológicos.

Desde temprano aprendí de mi compañera de vida –viuda de una víctima de la dictadura en las semanas en que andaba suelta la caravana de la muerte– algo que ella ha conocido de cerca. Algunas personas de derecha suelen hacerle una pregunta de apariencia inocente u otras similares: ¿Cómo has hecho para vivir con tanto odio? La primera vez que la escuchó, recuerda, apenas pudo comprenderla: aquel hecho atroz que la había afectado la llenaba de miedo, tristeza y decepción, pero no de odio ni de ganas de venganza. Ella percibía, por consiguiente, esa pregunta como una agresión. Y, desde entonces, teme lo que pueda esconderse tras ella. Pues si quienes se la formulan piensan que ella y su entorno sienten o cultiva odio, sería normal que reaccionen con miedo y quieran anticiparse. Por eso, cuando escucha que hay que “terminar con el odio” dirigido a las víctimas, lo interpreta como una advertencia de que estas, nuevamente, podrían ser acusadas de desatar la violencia, mediante esa inversión paradójica que atribuye el odio a quienes lo padecieron.

Al final, su pregunta, que ella y yo compartimos, es: ¿quién cultiva sentimientos de odio y venganza? ¿Y quién los administra y tiene el poder para hacerlos efectivos? ¿Los llamados a perdonar o quienes causaron el daño sin reconocerlo?