Sergio Morales: «Una mirada regional al nuevo modelo FES»

Por Sergio Morales Díaz, presidente del Consejo de Rectores Vertebral y rector del CFT San Agustín

La discusión en torno al proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), presentado por el Gobierno como reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE), constituye una oportunidad histórica para repensar la forma en que el país respalda la formación de sus futuros técnicos y profesionales. No obstante, esta reforma también nos invita a asumir con responsabilidad sus eventuales impactos sobre la equidad territorial, la sostenibilidad del sistema y la autonomía de las instituciones educativas.

Desde nuestra experiencia como institución con profundo arraigo regional y vocación pública, sostenemos que todo modelo de financiamiento debe sustentarse en tres pilares fundamentales: equidad en el acceso, aseguramiento de la calidad formativa y sostenibilidad del sistema. Valoramos que el Estado busque ofrecer soluciones concretas a miles de estudiantes endeudados, cuya carga financiera no se condice con sus ingresos reales. Sin embargo, observamos con atención el alcance del instrumento propuesto y sus eventuales consecuencias sistémicas.

Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es la lógica de restitución diferenciada de los aportes estatales, que podría derivar, en la práctica, en una carga financiera injusta para los egresados. Esta denominada “contribución del graduado”, en un país que requiere fortalecer su capital humano para mejorar la productividad y el bienestar en todas sus regiones, no puede condicionar a los jóvenes a elegir entre seguir su vocación o evitar el endeudamiento. Los esquemas de repago no deben transformarse en una barrera para el desarrollo individual ni para el aporte al bien común.

Asimismo, la virtual eliminación del copago en instituciones con y sin gratuidad genera legítimas inquietudes sobre la viabilidad financiera del sistema. Esto implica una disminución significativa en los ingresos institucionales, con impacto potencial en la calidad de la docencia, la inversión en infraestructura, el fomento de la innovación y la vinculación con el entorno. Una reforma estructural de esta magnitud no puede obviar el principio de sostenibilidad financiera, imprescindible para garantizar un servicio educativo de calidad en nuestras instituciones de educación superior.

Resulta especialmente preocupante la exclusión de las modalidades de formación en línea en el nuevo esquema de financiamiento. En un país donde la educación online ha demostrado ser eficaz, flexible y de calidad acreditada —particularmente para estudiantes trabajadores, residentes en zonas rurales o con responsabilidades familiares—, excluirla del financiamiento resulta contradictorio. En territorios como el Maule, con geografía diversa y persistentes desafíos de conectividad, la educación en línea representa una oportunidad real de inclusión. Ignorarla es, en los hechos, cerrar opciones formativas para cientos de miles de personas.

Desde el CFT San Agustín creemos que este debate debe ser amplio, participativo y transparente. Al estar radicada la discusión en el Congreso, esperamos que nuestros parlamentarios consideren estas realidades y escuchen a todos los actores involucrados. Nuestros estudiantes actuales y futuros son protagonistas clave en la democratización de la educación y en el desarrollo territorial. Por ello, consideramos fundamental resguardar la libertad de elección de los estudiantes, la diversidad de proyectos educativos y la autonomía institucional como componentes esenciales de un sistema plural y coherente con la realidad nacional. Chile necesita con urgencia más técnicos y profesionales comprometidos con sus comunidades. El financiamiento de la educación superior no debe ser un obstáculo, sino una herramienta para abrir oportunidades, reducir brechas y fortalecer el desarrollo sostenible en todas las regiones del país.