El 46% de los chilenos cree que la educación escolar ha empeorado en los últimos 10 años y un 37% considera que la educación en general en Chile es de mala calidad. Los resultados de la reciente encuesta Plaza Pública de Cadem reflejan el estado en que se encuentra hoy uno de los principales motores de desarrollo de la sociedad.

Aunque el resultado del Simce, la medición nacional de logros de aprendizajes, mostró la semana pasada una mejora respecto de 2022 (el sistema escolar exhibe los primeros indicios de recuperación académica tras el prolongado cierre de escuelas debido a la pandemia, mostrando una mejora sobre todo en estudiantes de los grupos socioeconómicos más bajos), hay materias que siguen pendientes. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ha advertido esta semana que “la educación se desangra y no aguanta más” y exigió al Gobierno poner este tema como prioridad. El debate, cuando al Ejecutivo de izquierdas de Gabriel Boric le quedan solo dos años de mandato, está encendido.

EL PAÍS desglosa los cuatro flancos que hoy se han posicionado en el centro de la discusión en materias educacional en Chile.

Problemas de infraestructura y SLEP

Filtraciones de agua, robo de cañerías, problemas en cocinas y techos, son solo algunas de las fallas que presentan los establecimientos escolares de la región de Atacama, en el norte de Chile. Es un problema que se repite en otras zonas del país y que en medio de la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la nueva institucionalidad que reemplaza a los municipios en la responsabilidad de entregar educación pública en Chile, están saliendo a la luz.

La crisis en el SLEP de Atacama, donde los estudiantes perdieron 80 días de clases en 2023 por un paro de profesores, este año volvió al debate. El año escolar se inició con un paro docente en 12 escuelas de esa región, que tras arduas negociaciones logró ser revertido el viernes tras la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, en el que se incluyeron compromisos de mejoras de infraestructura y pedagógicas.

Los SLEP se crearon en 2017 durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) a partir de la ley de Nueva Educación Pública en Chile, un renovado sistema de gobernanza que ponía fin a la municipalización de la educación estatal iniciada en la dictadura de Augusto Pinochet. El problema, advierten los expertos, es que los SLEP heredaron los problemas que ya venían arrastrándose desde la administración municipal. En particular, la poca mantención de la infraestructura escolar.

Entre los expertos en educación, el problema radica principalmente en la gestión y la incapacidad de reaccionar con la urgencia que se requiere. Un problema que estaría dado, dicen, porque los SLEP tienen a su cargo territorios demasiado grandes y disímiles con dificultad para ser administrados centralizadamente. Hay falta de personas capacitadas en gestión pública”, advierte Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, una fundación que estudia temas vinculados a la educación.

El fin de la selección y la decadencia de los liceos emblemáticos

Los fuegos los abrió la alcaldesa de Quinta Normal, la socialista Karina Delfino, a fines de febrero. Formada bajo el alero de uno de los liceos emblemáticos de la educación pública chilena, en una entrevista al diario La Tercera sinceró su posición respecto al fin de la selección en los colegios. “El fin de la selección jugó una mala pasada a los liceos emblemáticos”, señaló. Es la primera vez que una voz del oficialismo, que empujó en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) la ley de inclusión que erradicó el lucro, el copago y la selección de la educación pública y subvencionada en Chile, critica las consecuencias de esta medida. Por lo mismo, sus palabras abrieron un debate.

Según la encuesta Plaza Pública Cadem, un 36% de los chilenos tiene una mala imagen de los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional –donde estudiaron varios expresidentes, entre ellos Ricardo Lagos (2000-2006)– y 34% piensa lo mismo de los colegios o liceos públicos. El mismo sondeo, arroja que 54% de la población cree que la calidad de la educación de los colegios emblemáticos empeoró luego del fin de la selección y un 63% está de acuerdo con que los colegios puedan seleccionar a sus alumnos por méritos académicos, lo que aumenta a 67% cuando se pregunta por las escuelas públicas de alta exigencia.

En los ocho años que lleva vigente la ley, las escuelas consideradas emblemáticas han experimentado un retroceso importante en sus resultados académicos y problemas graves de violencia que han terminado en tomas, desalojo de Carabineros, delitos perpetrados por los mismos estudiantes y querellas desde las autoridades.

Pero mientras algunos expertos en educación responsabilizan de estos problemas al fin de la selección, otros creen que la violencia es un fenómeno diferente y que con el regreso de la selección no aumentará la calidad de la educación. “Es ineludible hacerle cambios a la reforma”, dice Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, mientras Gonzalo Muñoz, de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, señala que “no hay evidencia suficientes que justifique retrotraer la ley de inclusión”.

La promesa a los deudores del CAE

Una de las promesas de campaña del presidente Boric fue la condonación de la deuda de aquellos que deben pagar el Crédito con Aval del Estado, conocido como CAE. Es una política que fue promulgada en la administración de Ricardo Lagos (2000-2006) que permitió una masificación del ingreso a la educación superior, pero a tasas de interés muy altas, muchas veces alejadas de la realidad de los salarios recibidos por los egresados, lo que generó una deuda insostenible para muchos profesionales. Aunque a lo largo de los años ha tenido modificaciones –en 2012 se rebajó la tasa a un 2% anual y se estableció que los beneficiarios deberán pagar no más del 10% de su ingreso– el alto endeudamiento y las demandas por gratuidad han continuado poniendo bajo juicio el sistema de financiamiento de la educación superior que hoy es utilizado por unos 40 mil estudiantes universitarios en Chile.

Aunque todavía no se conocen los alcances de la propuesta que el Gobierno presentará en esta materia, según las estimaciones del centro de pensamiento Horizontal, ligado al partido de derecha liberal Evópoli, el costo de condonar toda la deuda del CAE sería de unos 11.270 millones de dólares, equivalente a cerca del 4% del PIB de Chile.

Mientras tanto, los morosos del sistema se han multiplicado. Según la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), el 54% de los deudores dejó de pagar el CAE en 2023, cifra que duplica a la del 2017 que solo alcanzaba el 29%. Una respuesta que, según Susana Claro, era esperable. “Lo racional que haría un ciudadano es que si te dicen te vamos a perdonar tu deuda, es dejar de pagarla y esperar que la perdonen”, explica.

La crisis de aprendizajes al último lugar

Mientras los debates más ideológicos siguen sin resolverse, la crisis de aprendizajes se mantiene. Si bien el último Simce mostró mejoras, continúan las brechas de género en el sistema escolar y el desafío de mejorar la calidad sigue vigente. Para eso, resulta clave disminuir el ausentismo y la deserción escolar, reencantar a los estudiantes con nuevos modelos de aprendizaje, terminar con la violencia al interior de los colegios y seguir disminuyendo las brechas sociales.

Para Daniel Rodríguez, lo más lamentable es que el debate educativo de los últimos 10 años en Chile “se ha centrado en temas administrativos y no en reforzar el aprendizaje de los estudiantes en las salas de clase”. Mientras, Gonzalo Muñoz cree que es fundamental avanzar en desafíos de largo plazo como la carrera directiva. “Está demostrado que la dirección de los colegios es crítica para aumentar la calidad”, plantea el investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales.