José Joaquín Brunner

Domingo 11 de junio de 2023

En su segunda cuenta anual, el Presidente Boric confirmó que sus prioridades han cambiado y seguirán haciéndolo. Hemos debido adaptarnos y responder a las contingencias, reconoció, alegando justificadamente que estas han sido numerosas y profundas.

Este giro, ¿significa cambios de relevancia para la política educacional?

No. El discurso presidencial, en la parte dedicada a la educación, de suyo escueta, mantiene la prioridad gubernamental de atender, en primerísimo lugar, los dramáticos efectos causados por la pandemia del covid-19. Estos habrían golpeado particularmente fuerte en Chile, dijo Boric, sin esquivar la autocrítica “respecto a quienes insistimos en mantener cerradas por tanto tiempo las escuelas”, según admite ahora. Es una positiva señal desde el punto de vista de las lecciones aprendidas.

La respuesta del Gobierno, si bien con cierto retraso, fue un plan nacional de reactivación. Este busca reducir el ausentismo escolar, recuperar y fortalecer los aprendizajes, y mejorar la convivencia y la salud mental. Si bien son objetivos cruciales, el plan destinado a materializarlos es de alta complejidad, como ha quedado demostrado a lo largo de los últimos meses. Habrá pues que seguir de cerca su implementación y evaluar los resultados.

El resto de la cuenta presidencial en lo que toca al sector reitera bien conocidos anuncios.

Primero, mejorar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, de modo que los colegios más deficitarios no pierdan su reconocimiento oficial, sino que reciban apoyo del Estado. Nada se dice, sin embargo, de qué tipo de apoyos se trataría y cómo se aseguraría que dichos colegios se transformen y mejoren radicalmente.

Segundo, adelantar la tramitación del proyecto de ley que busca corregir el proceso de traspaso, instalación y funcionamiento de la Nueva Educación Pública. Es, sin duda, un asunto importante. Mas no parece haber conciencia de su dificultad. Se carece de un diagnóstico independiente, y tampoco existe una propuesta para enmendar un diseño institucional que desde el comienzo presenta fallas de concepción, organización y de gobernanza.

Tercero, saldar la deuda histórica con el magisterio, aunque —confiesa el Presidente— el Estado no dispone hoy de suficientes recursos. Adicionalmente, manifiesta, se halla pendiente la deuda por préstamos estudiantiles, la que tampoco el Estado está en condiciones de solventar mientras no se logre un nuevo pacto fiscal. Por ahora, es construir castillos en el aire.

Para el complicado momento que vive la educación chilena, la verdad es que el mensaje presidencial resulta poco esclarecedor.

Cabe preguntarse si la cuenta pública del ministro Ávila aclara o concreta en algo el discurso presidencial. La respuesta: no mucho, lamentablemente.

En efecto, si bien el ministro deja atrás su hoja de ruta inicial —que anunciaba un cambio de paradigma orientado a una refundación del sistema—, sin embargo, los objetivos estratégicos declarados muestran todavía una sombra de hybris, la desmesura.

Por un lado, en línea con el reordenamiento presidencial, avanza hacia una priorización más realista. La reactivación educativa aparece en primer lugar, aunque adornada todavía con excesos retóricos: articulación territorial e intersectorial, respuesta integral y estratégica, atención a las necesidades educativas y de bienestar socioemocional de las comunidades educativas.

Por otro lado, el discurso ministerial insiste en una serie de objetivos estratégicos adicionales. Por ejemplo: fortalecer y expandir la educación pública estatal (que sabemos atraviesa por una crisis de gestión y muestra extendidos síntomas de anomia); o descomprimir y desburocratizar el sistema (mientras los colegios se ahogan bajo el minucioso control de la superintendencia); o potenciar el desarrollo docente y directivo de todos los niveles (buena intención que choca con la frustrante realidad cotidiana de los profesionales de la educación). Y hay varios más.

Al final, se ofrece como último objetivo —por enésima vez desde 2014— un nuevo trato a la educación superior. Este se ordena en torno a tres ejes: acceso y permanencia (si bien con financiamiento decreciente, según acusan los rectores de universidades); fortalecimiento y expansión de las instituciones estatales (¿cómo, dónde y en qué términos?), y un nuevo sistema de financiamiento (¿con qué recursos?), incluyendo actualizaciones a la gratuidad (¿cuáles, cuándo?) y condonación de deudas estudiantiles (a esta altura la promesa más reiterada, incumplida e inconveniente, además de inviable, según el ministro encargado de las finanzas públicas).

En suma, en vez de concentrarse en serio en recuperar estudiantes, aprendizajes, seguridad y clima socioemocional, el ministro Ávila insiste en objetivos dispersos y algunos de carácter meramente testimonial. Su cuenta no ofrece un balance favorable.

¿Justifica esto una acusación constitucional contra el ministro?

Evidentemente, no. Lo suyo son falencias políticas y de gestión, excesos retóricos y confusión, una agenda mal concebida y un liderazgo insuficiente, a pesar del buen talante del ministro. En cambio, no hay siquiera un atisbo que pueda invocarse como causal para una acusación.

Con todo, la oposición —movida por su propia hybris— insiste en acusar al ministro y busca motivos para justificarlo. En ausencia de causales reales, invoca hechos o situaciones de orden político e ideológico que, en el mejor de los casos, podrían ameritar una interpelación por parte del Congreso.

Por ejemplo, la violencia en colegios emblemáticos, el ausentismo escolar, los malos resultados del aprendizaje, la admisión a las escuelas basada en un algoritmo, o la difusión de una guía ministerial en sexualidad, afectividad y género.

Esa guía, publicada en 2017, fue remozada para el Día Internacional contra la Homo, Trans y Bifobia que se celebró el 17 de mayo pasado. Es cierto que dicho remozamiento adolece de cierta inspiración woke, término referido a personas que se sienten moralmente superiores y creen tener derecho a imponer sus ideas, creencias, ideología y lenguaje al resto de la sociedad que consideran conservador y retardatario. Pero está lejos de justificar una acusación constitucional; más bien, es un abuso de esta función.