El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) que presentaron el Partido Popular, Vox y Junts. De modo que el proyecto, que sufrió muchos bandazos en sus inicios con el ministro Manuel Castells, prosigue su tramitación en manos de Joan Subirats, más hábil que el primero para negociar la ley, quizás por su experiencia política previa. Las enmiendas se han rechazado con 193 votos en contra, 148 votos a favor y una abstención.

En la teoría, el Gobierno cuenta con los votos suficientes para sacar adelante la norma en una votación a finales de 2022. Castells se jactó de ello en este periódico hace diez meses: “Podríamos aprobar la ley del Sistema Universitario mañana, pero quiero que sea consensuada”. Días antes, los rectores se habían negado a emitir un informe preceptivo para aprobar la ley ―consideraron que no era la versión definitiva― y colectivos de estudiantes convocaron una huelga sin ningún eco. La norma vigente ―la Ley Orgánica de Universidades (LOU)― ya ha cumplido 20 años y España ha cambiado mucho desde entonces. Cuenta con 30 universidades más, todas ellas privadas, hasta llegar a las 90 actuales.

Ahora las asperezas con ambos colectivos parecen haberse suavizado, aunque la conferencia de rectores (CRUE) aún no se ha pronunciado sobre el proyecto de Subirats, que varía mucho del de Castells porque legisla mucho menos, dejando más autonomía a los campus. Esta tarde su nuevo presidente, el rector de la Universidad Carlos III Juan Romo, marcará su posición ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, que le ha convocado como a otros expertos para conocer su opinión de la LOSU. Romo mantiene una mejor relación personal con el ministerio que su antecesor, José Gómez-Villamandos, nombrado hace dos meses consejero andaluz de Universidad.

La financiación de la ley es probablemente el mayor escollo de la negociación con las autonomías, que tendrán que sufragar los gastos extra. La intención es que en 10 años las universidades reciban un 1% del PIB para su financiación (ahora es el 0,7%). A las críticas se sumó hace tres semanas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page ―”No vamos a tolerar que cargue de deudas a las comunidades autónomas”, dijo―, que se declaró dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional. Subirats, en el pleno de este jueves, se ha comprometido a negociar un plan en una comisión de expertos, “en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria” en la que se sienta el ministro y los consejeros del ramo.

El PP arrancó su enmienda rechazada asegurando que la ley no cambia nada, porque “se limita a repetir epígrafes, materias ya conocidas o lugares comunes para generalizar en unos casos y detallar en otros los aspectos que figuran en la norma vigente”. Pero, seguidamente, afirma que la norma “deconstruye” el sistema, al otorgar más autonomía a los campus, lo que va a llevar a una atomización tal que dificultará la movilidad de estudiantes e investigadores.

Considera asimismo el PP que el texto no está conectado a la recientemente aprobada Ley de Ciencia. Se muestran también en contra de la contratación masiva de profesores asociados (doctores y con relación larga con el centro) pues, a su juicio, esta regularización del colectivo en situación precaria. “incrementa la conflictividad laboral, potencia la endogamia y va en detrimento de la excelencia”. “Esta ley abre una nueva era de precariedad. No resuelve los problemas que requieren instrumentos legales y crea otros nuevos”, ha asegurado María Jesús Moro, su portavoz.

Este miércoles, el consejero andaluz Gómez-Villamandos que dejó la presidencia de la conferencia de rectores en abril,defendió punto por punto la enmienda del PP en la Comisión de Ciencia, a la que acudió como experto invitado por su partido, pero dijo hablar no como político, sino como académico. Por eso, decidió emplear en cada frase el “nosotros”para sorpresa de muchos parlamentarios. Su tono como presidente de la CRUE durante tres años fue mucho más templado.

Vox ha encabezado una enmienda a la totalidad porque considera que con esta ley se quiere “convertir en política de Estado un programa ideológico” que hace seguidismo de las “agendas globales [Agenda 2030], el fanatismo climático, el feminismo radical, el desprecio al esfuerzo”. El diputado defensor del texto, Joaquín Robles, ha llegado a acusar al Gobierno de “justificar los escraches” sin citar a su excompañera Macarena Olona, víctima de uno, muy distanciada del partido.

La enmienda de Junts, como suele ocurrir con los nacionalistas, iniste en que el Gobierno no responde a las “peticiones y reclamaciones de Cataluña en materia universitaria, a pesar de ser un ámbito transferido”. El Ejecutivo no tiene que dar por perdido el voto de Junts, pues su diputada Mariana Illamola ha reconocido que presentaron la enmienda para presionar ―”Es una herramienta útil para la negociación”― y que observan “mejoras” en el proyecto de Subirats respecto a los anteriores. La CUP coincide en que la ley se entromete en las competencias autonómicas pero, como Coalición Canaria, quieren seguir negociando.

Marta Rosique, diputada de Esquerra Republicana ―cuyos votos son fundamentales―, ha mostrado su buena predisposición a votar a favor porque han detectado “cambios relevantes” que les agradan en un texto que da más independencia a los campus para autogestionarse. “Queremos que las universidades decidan cómo es su modelo, no desde Madrid”, ha insistido Rosique.

El PNV, que ha votado en contra de las enmiendas, echa de menos que de la nueva versión haya desaparecido la formación dual, como ocurre en FP con las empresas. Tampoco ha respaldado las enmiendas Ciudadanos, que se felicita de la “buena actitud” de Subirats, que trata de convencerles de las bondades de la ley, pero el partido cree que la norma “no es como se nos dijo”, en palabras de su diputado Juan Ignacio López-Bas. Además, coinciden en el diagnóstico de los problemas de la universidad con el PP.