Subirats reinterpreta la ley de Universidades: freno a la precariedad, facilidades para los alumnos extranjeros y ciencia abierta

El ministro se muestra optimista sobre la aprobación de su reforma: “Hemos tenido conversaciones con 13 grupos y las reacciones han sido positivas”

El ministro Joan Subirats, que lleva medio año en el cargo, ha dado tal sacudida al anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, aunque se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros en segunda lectura, podría considerarse la primera. En el anteproyecto presentado el 9 de mayo, Subirats simplificó mucho la norma prevista por Manuel Castells, que a ojos de los rectores era demasiado intervencionista, pero desde entonces ha seguido incluyendo cambios de relevancia. La LOSU llega al Congreso en septiembre y Subirats es optimista. “Hemos tenido conversaciones con 13 grupos y las reacciones han sido positivas”, ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La LOSU queda de esta manera.

Golpe a la inestabilidad laboral. La figura del profesor asociado se creó para que profesionales de prestigio compartiesen su amplia experiencia en las aulas unas horas, pero desde la crisis de 2007 las universidades se han ido llenando de falsos asociados docentes en situación precaria (sueldos de 300 euros) sin otra ocupación. Si se aprueba la ley, las universidades públicas tendrán hasta diciembre de 2024 para convocar concursos de méritos con el fin de que 25.000 asociados tengan contratos indefinidos a tiempo parcial (no computan los asociados de ciencias de la salud). El cambio supone ganar antigüedad e indemnización y poder optar a complementos salariales. Se estabilizan las plazas, no las personas, y los docentes podrían quedarse sin contrato al competir con otros aspirantes, porque tiene que haber libre concurrencia. En otros sectores de la Administración pública perdió el puesto un 20% de los candidatos de la casa.

Los asociados perderán el contrato si dejan de tener otro trabajo. De esta manera, se quiere reducir la inestabilidad del 40% al 8% de las plantillas, pero Manuel Ortega, responsable de Universidades del sindicato UGT, cree que es “tramposo, porque no incluye entre los inestables a los ayudantes doctor; el ministerio nos argumenta que se van a estabilizar casi seguro en la carrera laboral”. Para estos últimos se prevé una carrera de 10 años desde que empiezan la tesis hasta que tienen un contrato fijo si pasan una evaluación.

El 15% de las nuevas plazas de funcionario se reservarán para investigadores ya consagrados que hayan obtenido el certificado I3 de excelencia investigadora o el certificado como investigadores. Los sustitutos no podrán estar en el puesto más de tres años y los visitantes, dos años.

Vía laboral paralela. Las universidades quieren poder contratar a personalidades de prestigio, pero los corsés actuales lo impiden. La LOSU contempla que exista la figura de los profesores titulares o catedráticos laborales con sueldos libres, que no son funcionarios, pero sí están acreditados por la agencia de evaluación nacional. “A nosotros nos preocupa que sirva para meter al sobrino del rector”, reflexiona Ortega, de UGT.

Formación para los nuevos profesores. Subirats cree que la mejor manera de defender al estudiante es proporcionándole la mejor formación y por eso se ha propuesto que los profesores ayudantes doctor hagan un curso de metodologías docentes ―primer escalón laboral―, como ocurre con los educadores de otras etapas educativas.

Igualdad. En igualdad de condiciones de idoneidad, dice la ley, se contratará al candidato del sexo menos representado. La decisión queda en manos de los tribunales de las oposiciones o los concursos de méritos.

Medidas para favorecer la internacionalización. Si se aprueba la ley, no tendrán que renovar el visado cada año los extranjeros que cursen o amplíen estudios, investiguen, participen en programas de intercambio, hagan prácticas no laborales o participen en servicios de voluntariado. Las tasas de alumnado foráneo en España son muy bajas y hay consenso en que, con la bajada de la natalidad, es necesario atraer a estudiantes de otros países. Universidades negocia con el Ministerio de Interior que estos universitarios puedan quedarse un año más al terminar los estudios sin pedir una prórroga. Además, se potenciará convocar becas para estudiantes de “zonas estratégicas”. “Tenemos un sistema un poco extraño. Porque somos el primer país en recibir alumnos del programa Erasmus, y solo tenemos un 9% de estudiantes extranjeros de grado y posgrado y un 2% de profesores internacionales. Por eso hay consenso en el que hay que internacionalizar las universidades”, ha reflexionado el ministro.

Financiación. La LOSU fuerza a las comunidades autónomas ―que ponen el 77% de los fondos― a que destinen antes de 2030 el 1% de su Producto Interior Bruto a Universidades, una cifra que Castells no incorporó. Ahora las diferencias regionales son abismales: la Universidad del País Vasco cuenta con un presupuesto de 437 millones de euros frente a los 297 millones de la Universidad de Málaga, ambas de tamaño parecido. Las comunidades tendrán que tener planes plurianuales y por objetivos para sus campus y todas las universidades, incluidas las privadas, tendrán que destinar el 5% de su partida a investigación. “Tenemos un nivel de financiación que es muy parecido al que teníamos en 2009, con lo que ha llovido desde entonces, y tiene que haber un compromiso del Gobierno español en este tema”, ha razonado Subirats.

Gobernanza. El anteproyecto deja en manos de los claustros las medidas más espinosas de la ley: la representación de los distintos colectivos en los órganos, sus funciones o la elección del rector y los decanos. El presidente de los consejos sociales de las universidades, Antonio Abril, lamenta que Universidades no cumpla la hoja de ruta de la OCDE “que te habla de que la mejora del sistema de ciencia, tecnología e innovación tiene que empezar por la reforma de la gobernanza de las universidades. No estamos hablando de la elección del rector, sino de gestión, de gobierno, de transparencia y de control de los resultados”.

Endogamia. Las nuevas plazas se publicarán en un registro ―ahora el proceso es oscuro― y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos a la Universidad. Un intento de terminar con las plazas hechas a la medida del candidato de dentro.

Ciencia abierta. Las investigaciones de las universidades públicas serán de acceso libre y gratuito, aunque hayan sido financiadas con fondos privados. El Ministerio de Ciencia no va tan lejos, y se limita a los casos en los que la financiación mayor sea pública. Además, los acuerdos con las editoriales de revistas tendrán que ser más transparentes.

La Universidad para todos. Una persona sin Bachillerato podrá estudiar una carrera del ámbito en el que trabaja, si pasa una criba que determinarán las universidades. Además, se impulsará la formación continua de toda la población a través de cursos de distinta duración, a veces con un contenido muy específico. El 48% de la población activa de entre 25 y 64 años no posee ningún título de formación profesionalizante (FP o universitaria). “Hemos superado la fase en la que la gente estudiaba un tiempo para luego trabajar de eso toda la vida hasta jubilarse. Ahora tienes que formarte toda la vida y en ello insiste la Unión Europea en sus políticas educativas”, ha recordado Subirats. “Si se mira quién ha tenido una actividad formativa en las últimas cuatro semanas, en Europa están en el 30% y nosotros en el 15%. Europa nos pide también la experiencia laboral para que las personas hagan cursos en la universidad de corta y larga duración”.

Ciencia ciudadana. La ley pretende que la población participe en proyectos de investigación. Los estudiantes que se impliquen verán premiado su esfuerzo en el currículo, quizá con la aprobación de créditos de la carrera.