La revolución estudiantil liderada por los “pingüinos” en 2006, y una marcha en un lluvioso día de 2011 donde miles de personas repletaron las avenidas principales de distintas ciudades con sus paraguas. Estas son sólo dos imágenes que dan cuenta de la importancia que han tenido en Chile los movimientos sociales para acelerar cambios en el sistema educativo, que permitan avanzar hacia una mayor justicia social. Sí, los últimos 20 años han servido para avanzar en educación. Pero no, estos cambios no han avanzado con la premura y profundidad que la ciudadanía clama, y que Chile necesita para liberar al sistema educativo de las amarras de un modelo de mercado.

Han pasado 15 años desde los primeros movimientos estudiantiles y en Educación 2020 -organización que surge como movimiento ciudadano hace ya 13 años-, vemos con preocupación que el tema educativo sigue estando ausente en la campaña presidencial. Algo que resulta inexplicable (y preocupante, por cierto) si consideramos que la educación es la llave central que tienen los países para asegurar el desarrollo humano sostenible, fortalecer la democracia y mejorar el bienestar presente y futuro de la población.

En el marco de las elecciones presidenciales de 2017, como Educación 2020 propusimos una hoja de ruta con las 30 prioridades educacionales al año 2030, y a partir de los cambios en estos 4 años, y de nuestra experiencia trabajando con cientos de escuelas y liceos a lo largo del país, hoy, nuevamente, queremos aportar a enriquecer este debate con lo que creemos son las 5 prioridades y 10 desafíos más importante a los que un futuro gobierno deberá hacer frente si queremos seguir avanzando a paso firme hacia una mayor justicia social desde nuestro sistema escolar. Estas 5 prioridades se relacionan con el tipo de sistema educacional y los principios que lo guían; con el rol de la educación inicial; con el apoyo irrestricto a la Nueva Educación Pública, como política de Estado; con el fortalecimiento de la educación Técnico-Profesional: y con la urgencia de una carrera directiva.

Una prioridad estructural es pasar de un sistema basado en la competencia, desconfianza y castigo a uno basado en la colaboración, confianza y profesionalización para el aprendizaje de todos y todas. Este es un cambio demandado por las comunidades educativas, por el mundo académico y social, y con el que se busca eliminar los negativos impactos que ha tenido un sistema basado en principios de mercado por sobre principios pedagógicos y educativos. Para ello, necesitamos un cambio profundo al sistema de accountability y a la organización del currículum con el propósito de abrir espacios a la innovación, y así ofrecer experiencias formativas significativas, que motiven a las y los estudiantes a aprender.

Esta prioridad conlleva tres desafíos principales. El primero es potenciar la innovación para recuperar aprendizajes y reducir las brechas amplificadas por la pandemia, promoviendo experiencias formativas integrales. El segundo es eliminar el cierre de escuelas como consecuencia de la evaluación en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, reducir la carga de evaluaciones estandarizadas, y reorganizar el currículum para promover el desarrollo de capacidades. Finalmente, un tercer desafío importante es definir e implementar un nuevo sistema de financiamiento para el sistema escolar, que considere un aporte basal que entregue mayor estabilidad al funcionamiento de las escuelas y que no dependa exclusivamente de la asistencia y matrícula, sino que incorpore también otros factores relevantes, como ubicación de la escuela, modalidad de enseñanza, entre otros.

Otra prioridad es poner efectivamente la primera infancia en el centro, mejorando la cobertura, flexibilidad y calidad de la educación inicial. Esta etapa es una ventana de oportunidad en el desarrollo integral de niños y niñas, y si la abordamos adecuadamente estaremos disminuyendo las brechas e inequidades tempranamente. Para ello, un nuevo gobierno debe avanzar decididamente en el desafío de aumentar la oferta de modalidades alternativas más flexibles que las tradicionales, que se ajusten a las necesidades de las distintas familias e incorporen su participación, fortaleciendo su confianza en el sistema educativo. Potenciar el nivel de educación parvularia, deteniendo su escolarización y fortaleciendo la formación y valoración de sus equipos profesionales y técnicos, es otro desafío importante en esta materia.

La educación pública será otra prioridad clave para el período 2022-2026. En este sentido, es fundamental que un futuro gobierno tenga un compromiso real con la Nueva Educación Pública como política de Estado. En 2017 el país definió, democráticamente, un camino para terminar con el debilitamiento sistemático de la educación pública acarreado por la municipalización. Pese a que este cambio no está exento de complejidades, las recomendaciones del Consejo de Evaluación de esta política son seguir avanzando en el proceso abordando los nudos críticos que se han detectado. Entre ellos, dos desafíos imprescindibles son garantizar todos los apoyos y recursos necesarios para la nueva etapa de implementación del Sistema de Educación Pública y avanzar en el fortalecimiento de capacidades de los equipos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), especialmente en los procesos pedagógicos y trabajo en red, en estrecho vínculo con las necesidades y características de los territorios.

Es prioritaria, además, una nueva la institucionalidad y mayor equidad en la Educación Técnico-Profesional (TP). Por un lado, tenemos el desafío de avanzar en una institucionalidad y un modelo de calidad pertinente con la educación TP, con el propósito de resguardar la articulación del sistema y el fortalecimiento de capacidades de sus protagonistas. La educación TP requiere de una institucionalidad con capacidades para conducir adecuadamente las políticas del sector en educación media y superior. Esto es la clave en muchos países con una Educación TP desarrollada, ya que permite profundizar la articulación del sistema, eliminar barreras para las trayectorias formativas, mejorar la vinculación con el mundo laboral, incorporar criterios de inclusión y género, e implementar modelos de aseguramiento pertinentes. Asimismo, es urgente avanzar en el desafío de mejorar la equidad de género especialmente en este sector, aumentando la participación femenina en áreas STEM. En Chile, la matrícula femenina en la formación TP se concentra fuertemente en especialidades de administración y servicios sociales, áreas de poco reconocimiento en el mercado laboral y de bajos salarios. Asimismo, la presencia de mujeres en áreas como Metalmecánica o Electricidad, -que cuentan con mayor empleabilidad y expectativas salariales- es significativamente más baja. Este es un ámbito que debe ser abordado de modo transversal si queremos avanzar en calidad y equidad de la formación TP en el país.

Finalmente, y como un elemento fundamental para poder liderar y conducir todos estos cambios al interior de las comunidades educativas, es prioritario legislar una carrera directiva para fortalecer el liderazgo como pieza clave para la mejora sistémica. Nuestro país ha avanzado en definiciones y sistemas de apoyo para el desarrollo profesional docente, pero tenemos una deuda pendiente con directivos. Necesitamos promover el fortalecimiento de su liderazgo, a través de un sistema de desarrollo profesional directivo en etapas, con mayor foco en su rol pedagógico, formación específica e incentivos salariales.

El próximo gobierno deberá atender, por lo menos, a estas 5 prioridades y 10 desafíos. Sólo así podremos, como país, responder genuinamente a las promesas de equidad y justicia que están a la base del sistema educacional. Un nuevo Chile sólo será posible con una nueva educación.