Mi columna de opinión publicada hoy en El Mercurio, página de Educación.
Se aproxima el fin del conflicto
Por una mezcla de desmesura con fallas de conducción, el Gobierno y los estudiantes protestatarios están ahora obligados a pactar, deponiendo cada uno sus objetivos ideales en beneficio de una pragmática transacción presupuestaria.
José Joaquín Brunner
Tras un extenuante conflicto, las partes enfrentadas -el Gobierno y la Confech- se preparan para salir lo mejor paradas posible del atolladero al que fueron a dar por sobreestimar sus respectivas fuerzas. El viejo concepto de la hubris viene aquí al caso.
Efectivamente, por una mezcla de desmesura combinada con fallas de conducción, tanto el Gobierno como los estudiantes protestatarios están ahora obligados a pactar, deponiendo cada uno sus objetivos ideales en beneficio de una pragmática transacción presupuestaria. Ninguno podrá cantar victoria. Ambos tendrán que aceptar los términos dictados por la cruda lógica del cálculo racional.
Unos y otros partieron proclamando una revolución. Para el Gobierno, 2011 sería el año de la educación superior, durante el cual pondría en marcha grandes transformaciones. A su turno, la Confech proclamó la necesidad de cambios estructurales en el sistema y llegó a creer que estaba a las puertas de materializarlos, junto con imponer una reforma tributaria, la nacionalización del cobre y la estatización de la enseñanza superior.
Seis meses después, el Gobierno se ha vuelto impopular y tedioso, y los estudiantes han perdido carisma y sentido de orientación. Ambos se ven obligados a actuar en un escenario que no eligieron -el del presupuesto nacional- y a seguir guiones que no escribieron ni les acomodan. El Gobierno deberá destinar recursos a fondos basales, crear una Superintendencia de Educación Superior y controlar el lucro privado, tres iniciativas de pura cepa socialdemócrata.
El movimiento de protesta deberá apoyar ahora más subsidios a la demanda, la consolidación del régimen mixto de provisión y mecanismos de créditos igualitarios para todos, tres iniciativas que contradicen su programa inicial.
En el intertanto, otros dos actores salen malparados de la refriega: las autoridades del Cruch (Cuech+G9) y la Concertación opositora. Ambos perdieron el norte a poco entrar en la escena del conflicto y sus voces se adelgazaron hasta casi desaparecer. Atrapados entre una militancia juvenil que desconoce sus cualidades progresistas y un Gobierno del cual desconfían, pero que controla el tesoro público, han perdido fisonomía propia, influencia e imagen. Sólo a última hora han podido intervenir para salvar la cara y amortiguar los costos que pagarán las partes principales.
En cuanto a la negociación presupuestaria que ocurrirá en los próximos días, importa que prime la razón y no la hubris.
La mayor parte del incremento de recursos públicos debería destinarse a financiar dos objetivos prioritarios. Primero, un esquema amplio de becas que cubra el costo de los aranceles y gastos de vida de los estudiantes provenientes de familias de menores ingresos. Los principales beneficiados serán jóvenes que concurren a instituciones no-selectivas, estatales y privadas.
Segundo, un esquema único y universal de crédito estudiantil, subsidiado por el Estado y cuya recuperación se vincule al ingreso de los graduados. En este caso, los beneficiados serán todos los jóvenes que desean estudiar en instituciones acreditadas. Adicionalmente, el Congreso Nacional debería aprobar un monto razonable en subsidios para las instituciones, preferentemente bajo la forma de convenios de desempeño, fondos concursables de mejoramiento y, en el caso de los llamados fondos basales, ligados a cambios en el gobierno corporativo de las instituciones beneficiadas, de modo de mejorar y ampliar su capacidad de responder públicamente por su desempeño y resultados.
Si la negociación parlamentaria diera lugar a un acuerdo de esta naturaleza y alcance, el país se vería beneficiado. Y el balance final del conflicto cambiaría positivamente.
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