Críticas llegan al Congreso: Ofensiva de los rectores contra el Presupuesto 2012 agudiza el distanciamiento con el Ministerio de Educación
Mientras el rector de la U. de Chile volvió a disparar contra el ministro Bulnes, el de la Usach hizo un duro análisis del proyecto de erario del Ejecutivo. El rector Zolezzi afirmó que sólo hay más becas para alumnos de instituciones privadas y no hay incrementos reales en los aportes a las estatales.
Manuel Fernández y Alejandra Muñoz, El Mercurio, 21 de otubre de 2011
La tensión entre los rectores de las universidades tradicionales y el Ministerio de Educación confirmó ayer su escalada, con las autoridades académicas desplegando una intensa ofensiva contra el proyecto de Presupuesto 2012, que contempla recursos por 11 mil 658 millones de dólares para la cartera.
Los fuegos los abrió el miércoles el rector de la Casa de Bello, Víctor Pérez, con un comunicado señalando que el Presupuesto “privilegia la educación privada y perjudica a la estatal, especialmente a la U. de Chile”, y “no apunta a mejorar la calidad y equidad de la educación superior pública”. La réplica vino desde el propio ministro de Educación, Felipe Bulnes: tildó los dichos de “muy desafortunados” y expresó su deseo de que sean fruto de la “desinformación” y “no de otros móviles”.
Pérez, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, volvió a la carga ayer, con otro comunicado: “Es lamentable que el ministro de Educación no se abra al diálogo y plantee descalificaciones, al suponer desinformación u otros móviles o propósitos”. El académico afirmó que el Presupuesto 2012 “es una muestra más de la falta de gobernabilidad del sector educacional”.
Este escenario fue el telón de fondo para la arremetida de los rectores ante el Parlamento, en contra del proyecto presupuestario del Gobierno. Uno de sus protagonistas fue el rector de la Usach y líder del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Juan Manuel Zolezzi, quien criticó la partida de educación en la accidentada sesión de la comisión mixta realizada en la sede del Senado, en Santiago.
A su juicio, la propuesta -que eleva en 15% los fondos para educación superior- aumenta la privatización del sistema: “El Presupuesto 2012 presentado por el Gobierno no se hace cargo de los principales ejes planteados por los estudiantes y por los rectores”.
Entre las principales críticas, Zolezzi mencionó que sólo el 18% de todo el presupuesto de educación superior va al aporte fiscal directo (AFD) para los planteles tradicionales y que no hay un incremento real de este ítem. Además, cuestionó que no se contemplen recursos para la reconstrucción y recuperación de equipos de los planteles afectados por el terremoto y que no haya una línea de financiamiento para las humanidades y ciencias sociales. “Debe mantenerse, porque hay cuotas pendientes para la U. de Chile y el año 2012 deben considerarse fondos para planteles regionales, que han terminado de negociar sus convenios de desempeño”, explicó el rector.
Aseguró que no hay recursos para cumplir con los compromisos derivados del plan de retiro de académicos y funcionarios de planteles estatales. Y en cuanto a las ayudas estudiantiles, dijo que su aumento obedece sólo a un incremento en las becas Juan Gómez Millas -destinada ahora sólo a alumnos de planteles privados- y Vocación de Profesor. “El desbalance no atiende y más bien castiga a los estudiantes movilizados”, afirmó.
En paralelo, un grupo de rectores de planteles regionales sostenía una reunión -solicitada el lunes- con el vicepresidente de la Cámara Baja, Pedro Araya (PRI). Según el diputado, los académicos le plantearon que la supervivencia de los planteles estaba en jaque. “Están preocupados por la baja en las matrículas que va a dejar esta movilización y la mayor competencia, en desigualdad de condiciones, con las privadas”, dijo Araya.
Añadió que “después de esta reunión no puedo sino ratificar lo que anunciamos con la diputada Alejandra Sepúlveda: vamos a rechazar completamente el presupuesto del Ministerio de Educación en los términos en que se encuentra hoy”, afirmó el diputado, quien se comprometió a conseguir una cita entre los rectores y el Presidente Piñera.
El alejamiento Gobierno-Cruch es, en todo caso, un proceso que lleva varias semanas gestándose. Al interior del Cruch, y particularmente entre las instituciones estatales, el proyecto de Presupuesto causó rechazo desde el primer momento. “No se establecen los aportes basales que se habían pedido para las universidades estatales ni el aumento en el AFD directo a todas las del Consejo de Rectores. Tampoco se pone en práctica el nuevo trato que anunció el Presidente de la República en su discurso a la nación”, dijo Víctor Pérez el 6 de octubre, tras una reunión del Cruch.
El jueves de la semana pasada, los representantes del Cuech analizaron la partida y, al día siguiente, socializaron sus inquietudes con dirigentes de la Confech. En una declaración pública, afirmaron que el erario propuesto “profundiza la mercantilización y privatización del sistema” y plantearon sus “legítimas dudas en cuanto a la visión del Ejecutivo respecto del futuro de las universidades públicas”.
”El Presupuesto presentado por el Gobierno no se hace cargo de los principales ejes planteados por estudiantes y rectores”.
JUAN MANUEL ZOLEZZI, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO.
”El Presupuesto 2012 es una muestra más de la falta de gobernabilidad del sector educacional”.
VÍCTOR PÉREZ VERA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
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20 de Octubre de 2011
A pesar de incidentes la subcomisión mixta de Presupuesto concluye sesión sobre educación
La instancia, dejó pendiente el estudio de los recursos asignados a la enseñanza superior, tras la interrupción de un grupo de manifestantes y acordó que sesionarán el lunes 24 de octubre, para continuar con el análisis de la partida correspondiente.
por El Mostrador, 21 de octubre de 2011
Luego de diversos incidentes e interrupciones por parte de un grupo de manifestantes quienes protestaron al interior de la sede del Congreso Nacional en Santiago, la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto, concluyó su sesión de este jueves y dejó inconclusa la discusión de los recursos destinados a la Educación Superior, en el marco de la partida del Ministerio de Educación.
A la sesión, concurrieron los rectores de la Universidad Santiago de Chile (Usach) y Alberto Hurtado, Juan Manuel Zolezzi y el sacerdote Fernando Montes. También estuvieron presentes los dirigentes de la Confech, Camila Vallejos y Giorgio Jackson; además del Ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien abandonó la sesión luego que fuera interrumpida por parte de un grupo de manifestantes.
En ella, se encontraban también los integrantes de la Subcomisión, senadores Ena Von Baer y Andrés Zaldívar y junto a ellos los senadores Alejandro Navarro, Lily Pérez y Alberto Espina.
Posteriormente, los manifestantes entre los que se contaba Luis Mariano Rendón, hicieron presentes sus demandas y se reunieron con el Presidente del Senado, Guido Girardi, quien les dio garantías de que no serían desalojados.
Al respecto, el senador Hernán Larraín comentó que “la violencia con que un grupo de estudiantes ha actuado, impidiendo el funcionamiento de la Subcomisión nos parece repudiable. Es responsabilidad de la Mesa del Senado garantizar y adoptar medidas que corresponden para que el poder legislativo funcione con normalidad”.
Mientras, la senadora Ena Von Baer indicó que “es bastante lamentable que un movimiento que lleva varios meses y de tanto esfuerzo de miles de personas, termine en algo así”.
Tras retomar el debate, la instancia, dejó pendiente el estudio de los recursos asignados a la Educación Superior, y acordó que sesionarán el lunes 24 de octubre, para continuar con el análisis de la partida correspondiente.

El debate sobre la educación gratuita
Nicolás Grau, Ex presidente de la Fech, estudiante de Doctorado en Economía Upenn, El Mostrador, 21 de octubre de 2011
A pesar de la insistencia de la prensa, el ex ministro de Hacienda y el gobierno, no hay ninguna razón para que en teoría un cambio en el sistema tributario no pueda replicar el impacto distributivo de un esquema en que se paga por la universidad. En otras palabras, si lo que nos interesa como sociedad es que en promedio los sectores de mayores recursos paguen una fracción mayor del gasto en educación, aquello puede ser cobrándoles directamente, como hoy, o a través de una mayor carga tributaria, como proponen los estudiantes.
El argumento “sea cual sea la carga tributaria, siempre es preferible que el gasto se focalice en los sectores más vulnerables” es retórico pues desconoce que en cualquier esquema que contemple la existencia de universidades, una fracción de los recursos –sean públicos o privados- debe ir a educación superior, es decir, sea cual sea la carga tributaria no será posible destinar los recursos necesarios para la educación superior a otras necesidades. Si, por ejemplo, resolvemos que un 2% de nuestro PIB debe ir a educación superior, no importando si estos recursos se paguen privadamente o se recauden a través de impuestos, tales recursos no podrán ser destinados a otros ítems del gasto social.
Derribado el mito por el que se suele descartar la educación gratuita, podemos discutir otras ventajas y desventajas -pienso más atendibles- de tener un sistema universitario con tales características.
Desde mi perspectiva la educación superior gratuita tiene dos problemas, uno práctico y otro sustancial. El primer asunto dice relación con la dificultad política de hacer un alza tributaria al nivel requerido. Seguramente Chile en los próximos años realizará importantes aumentos impositivos, acordes a su nivel de desarrollo, sin embargo parece difícil que aquellos sean de la magnitud que se requeriría para responder plenamente a las distintas necesidades sociales. A su vez, aún cuando los aumentos impositivos sean considerables, es conocido el “talento” de la clase alta para evadir impuestos. Así, por una u otra razón, uno podría argumentar que cobrarles a los más ricos a través del arancel es más seguro y fácil que cobrarles a través de impuestos.
El segundo problema, de fondo, es el carácter selectivo del sistema universitario. Para ilustrar el punto imaginemos una situación hipotética: una sociedad con real igualdad de oportunidades y universidades gratuitas, donde por ende la selección universitaria captara a los jóvenes más talentosos del país. Aún en tal escenario la educación superior no sería un derecho, sino un privilegio para los jóvenes más capaces. De esta manera, incluso en el mejor de los casos, del cual estamos a años luz, la gratuidad favorecería a un sector privilegiado de la sociedad y no resolvería por sí misma el carácter excluyente del sistema universitario.
Por otra parte, considero que existen un conjunto de razones por las cuales hace sentido tener una educación universitaria gratuita o al menos avanzar hacia ella. En cuanto a la justeza de la medida, no parece moralmente adecuado, si nuestro foco es la igualdad de oportunidades, que los estudiantes salgan endeudados de la universidad dependiendo de si su familia pudo o no pagar el costo del arancel. Mantener aquello implica castigar a los estudiantes que dado su medio social realizaron un mayor esfuerzo para llegar a la universidad. La gratuidad o el arancel diferenciado permiten igualar la carga económica –en este caso la futura carga tributaria- con que saldrán los estudiantes de la universidad sin importar su proveniencia social.
Sin embargo, desde mi perspectiva, la mayor virtud potencial de la educación universitaria gratuita es como ésta puede alterar la experiencia educativa. En la actualidad la lógica de cliente-proveedor ha alterado por completo la lógica profesor-estudiante. El mercado y sus incentivos privados tienen muchas virtudes, no tanto en educación como en otras áreas, pero aunque sea difícil aventurar la magnitud del efecto, parece de una ingenuidad total pensar, como generalmente hacemos en el debate de política públicas, que la exposición a un esquema que acentúa los incentivos privados y la apropiación individual del conocimiento (que se compra) no vaya a alterar el tipo de profesional que se forma en nuestras universidades.
Así, el debate sobre el sistema de financiamiento estudiantil, y la posible gratuidad, debe considerar: 1) la dificultad política y práctica de recaudar los recursos requeridos para ésta y otras necesidades a través de impuestos, 2) el carácter selectivo de la educación superior (incluso con gratuidad), 3) la equidad en las cargas económicas entre estudiantes de diversa proveniencia socioeconómica y 4) el impacto del esquema de financiamiento en la experiencia educativa.
En este marco, el sistema que más me convence es el arancel diferenciado, en que cada familia contribuye de acuerdo a sus capacidades económicas y el resto se recauda a través de impuestos. Las ventajas de este sistema son: 1) representa una menor exigencia para la recaudación tributaria y, más importante, les cobra directamente a quienes eluden con facilidad los impuestos, 2) al exigir una contribución directa a quienes pueden hacerlo reconoce el privilegio inherente asociado a la educación superior, 3) equipara las cargas económicas de los estudiantes al salir de la universidad, pues al no haber deuda, todos contribuyen de igual manera a través de impuestos y de acuerdo a sus ingresos y 4) la contribución según lo que cada uno tiene, versus el pago del “valor” de la carrera, que es lo que proyecta un sistema que cobra la totalidad del arancel (al contado o con crédito), ayuda a fortalecer el carácter social de la experiencia educativa.
Por cierto, una implementación del arancel diferenciado tendría que exigir a las universidades partícipes del sistema, lo que no debería estar restringido al Consejo de rectores: no lucro efectivo, acreditación por carreras y universidad y someterse a una fijación de aranceles, de lo contrario el subsidio permitiría alzas aún mayores que las recientes. Complementariamente, las universidades públicas tendrían que contar con un aporte basal, que les permitiera responder a su misión pública y complejidad académica.
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Contrastes en educación escolar y superior
El Mercurio, opinión editorial, 21 de octubre de 2011
Se ha promulgado la ley que permite allegar más recursos a la educación de los estudiantes más vulnerables y posibilita un uso más flexible de los mismos. La subvención escolar preferencial (que en su formulación anterior se introdujo en 2008) es un instrumento que hace mucho tiempo venía siendo demandado por los expertos y que incluso estuvo entre las propuestas programáticas tanto de Ricardo Lagos como de Joaquín Lavín en la campaña de 1999 -lo cual refleja las dificultades para abrirse paso que enfrentan las ideas en educación, aunque sean compartidas-. El actual gobierno planteó en su campaña la necesidad de elevar esta subvención, particularmente para los estudiantes más vulnerables, e introducir un aumento gradual de ella para los sectores medios emergentes; extender este beneficio a la educación media, que había quedado excluida en 2008, y flexibilizar el uso de los recursos. En suma, refinar el diseño del sistema de subvenciones para abordar las distintas realidades socioeconómicas de los estudiantes.
La nueva normativa es coherente con los demás esfuerzos que el Gobierno está haciendo en educación escolar, algunos de los cuales ya se han convertido en ley y están en su fase de implementación. Destacan los esfuerzos para profesionalizar la selección de directores, para flexibilizar el Estatuto Docente y atraer a un grupo de jóvenes de más altas habilidades a la profesión docente, y la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad escolar, que debe supervisar los desempeños de los establecimientos, exigir estándares mínimos, resguardar el buen uso de los recursos públicos en el sistema y los derechos de estudiantes y sus familias. Además, próximamente se conocerá un proyecto para fortalecer la educación pública y, en algunos meses, otro que crea una nueva carrera profesional docente. Cabe esperar que ellos puedan avanzar, en vez de quedar atrapados en la coyuntura, como ha sucedido con otras iniciativas.
Más allá de algunas carencias -poca claridad respecto de la educación técnico-profesional y del nivel preescolar, objetivos no particularmente ambiciosos, pese a que este último es fundamental para el logro de una mayor calidad y equidad educacional-, en el ámbito escolar el Gobierno tiene un horizonte claro, que supone reformas que responden a varios de los problemas existentes en la actualidad, de modo que se puede ser moderadamente optimista respecto de los logros que se alcanzarán.
En educación superior, en cambio, el horizonte aparece difuso. En lo inmediato, el presupuesto de esta área, particularmente para becas e investigación, está creciendo en forma importante. Es indudable que estas dos partidas apuntan a necesidades del sistema, pero en el caso específico de las becas no es evidente que desde el punto de vista de la equidad sean el instrumento más adecuado para aliviar la carga financiera de las familias, sobre todo si el receptor de este beneficio resulta ser, tras titularse, una persona de altos ingresos. La respuesta a muchas de las exigencias que se han planteado en estos meses supone trazar más definidamente una visión del futuro de la educación superior, de la que derive una agenda más amplia de transformaciones que, obviamente, deberá ocurrir de modo gradual.
Sobre ese futuro hay diferencias, como ha quedado claro en estos meses, pero incluso así poner el foco en él puede ayudar a resolver los conflictos y reducir las tensiones. Las instituciones paralizadas necesitan comenzar a normalizar sus actividades si no quieren pagar costos de imagen tan elevados como el Gobierno y el mundo político. Si se produce un deterioro en ella -hay mucha preocupación, por ejemplo, en cuanto a las matrículas de estas instituciones para 2012-, su desarrollo quedará afectado. Sería una paradoja, porque más allá de los resultados de corto plazo de las actuales movilizaciones, no cabe duda de que los próximos años depararán cambios significativos en la educación superior.