Ignacio Walker: En la Concertación estamos de acuerdo en “gratuidad para todos los que no puedan pagar”
Además el senador afirmó que la postura del bloque ante la Ley de Presupuesto “no es un tema de condicionamiento, tampoco es tema de intransigencia, menos de un ánimo obstruccionista. Hemos demostrado en dieciocho meses que la oposición es crítica y constructiva”.
por El Mostrador, 11 de octubre de 2011
El presidente de la Democracia Cristiana (DC), senador Ignacio Walker, se refirió este martes a las coincidencias que existen en la Concertación para enfrentar el debate por el Presupuesto 2012 y las demandas estudiantiles.
Walker explicó que “los partidos de la Concertación hemos conversado este tema y estamos de acuerdo en tres cosas: Primero, tenemos la decisión de actuar en conjunto como oposición, en la unidad de la oposición está nuestra fuerza. En segundo lugar, estamos completamente de acuerdo, y prácticamente no hay matiz al respecto, en que el presupuesto tal cual está no satisface los anhelos y aspiraciones de la sociedad chilena. En tercer lugar, del punto de vista sustantivo, estamos también de acuerdo en que hay que avanzar a un sistema de gratuidad para todos los que no puedan pagar. Ese es un principio de justicia fundamental, y por lo tanto, como partidos de la Concertación, hemos decidido actuar unidos como oposición, especialmente tomando en cuenta que somos mayoría por voluntad popular en el Senado”.
Según el legislador, “el único principio fundamental es que cualquier financiamiento, de un gasto permanente tiene que ser con un ingreso permanente. Ese es el principio fundamental, desde un punto de vista presupuestario y de financiamiento enorme esfuerzo en educación que tenemos que hacer. En ese sentido, no basta con tener un fondo del tesoro público, teóricamente de cuatro mil millones de dólares para un periodo de cinco o siete años, cuando eso no se traduce en un ingreso permanente que pueda financiar el gasto permanente que significa la educación”.
“Claramente no hay matices al respecto, estamos absolutamente de acuerdo insisto, en un reajuste de un 7,2% en educación para el próximo año es absolutamente inaceptable. Tomemos en cuenta en que en los cuatro años de la Presidenta Bachelet el reajuste fluctuó entre los 11 y los 14% al año, en una situación muy distinta de la actual en el sentido de las enormes expectativas, aspiraciones, y demandas que existen por parte de la sociedad chilena y no sólo del movimiento estudiantil”, argumentó el timonel de la DC.
A su juicio, “se necesitan los recursos con los que debamos contar. Por supuesto estamos abiertos a ver cuál es la mejor forma de financiar, pero primero pongámonos de acuerdo en qué queremos financiar, qué significa por ejemplo gratuidad para todos los que no puedan pagar. Ese es un tema que hay que resolver técnicamente. Una vez que tengamos establecido el objetivo, veamos cómo financiarlo”.
El senador afirmó que esta postura “no es un tema de condicionamiento, tampoco es tema de intransigencia, menos de un ánimo obstruccionista. Hemos demostrado en dieciocho meses que la oposición es crítica y constructiva, venimos saliendo de una aprobación casi unánime de 7% del postnatal. Se nos trató en su momento de demagogos, populistas, y terminamos dando una aprobación prácticamente unánime a estos dos proyectos sociales. Por lo tanto, nosotros vamos con la mejor disposición, pero con mucha claridad, para actuar como oposición, que el presupuesto actual no satisface los anhelos y demandas de la sociedad chilena, y tercero que tenemos que avanzar hacia un sistema de gratuidad para todos los que no puedan pagar”, insistió.
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Senadores de oposición condicionan Presupuesto a reforma tributariahttp://www.eldinamo.cl/2011/10/11/larroulet-y-reforma-tributaria-no-puede-ser-resultado-de-una-discusion-politica-coyuntural/
Dicen que no aprobarán la ley si no se aumenta el porcentaje de beneficiados con gratuidad.
por Carolina Araya, La Tercera, 11 de octubre de 2011
La mesa de diálogo entre los estudiantes y el Ejecutivo está quebrada y, con esto, la discusión vuelve a centrarse en el debate que pueda ocurrir en el Parlamento. El domingo pasado, el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, señaló que se reimpulsaría la agenda legislativa y, un día antes, los dirigentes de la Confech, en Valdivia, emplazaron a los diputados y senadores para que no se aprobara ningún proyecto que no estuviera consensuado con los actores sociales que han estado movilizados por cinco meses.
En este escenario, los senadores Fulvio Rossi (PS), Alejandro Navarro (MAS) y el presidente de la Comisión de Educación, Jaime Quintana (PPD), señalaron que no aprobarán la Ley de Presupuesto si no se discute sobre una reforma tributaria que asegure gratuidad en la educación superior para un importante porcentaje de los estudiantes. Según la propuesta gubernamental, el beneficio alcanzaría a cubrir los aranceles de los estudiantes de los dos primeros quintiles, lo cual es insuficiente para los parlamentarios.
“Se necesita una reforma tributaria, y quienes hoy día se oponen a la gratuidad es porque se oponen a una reforma, porque para muchos sectores de altos ingresos en este país es mucho más fácil pagar los aranceles a sus hijos en lugar de pagar impuestos”, dijo Quintana. El senador Rossi fue más allá. “(Queremos) fin de la educación pública de dependencia municipal, gratuidad, al menos, al 80% de la población y también, por cierto, fin del lucro. Eso es lo que estamos esperando. Si esas condiciones no se dan, como oposición, la única manera que tenemos de apoyar a los jóvenes que están hoy en la calle es rechazando el Presupuesto”, dijo.
Es por esto que Navarro hizo un llamado a los parlamentarios de oposición a rechazar la Ley de Presupuesto “si no se incluyen los recursos para la demanda estudiantil. Gratuidad, ¿cuánta gratuidad? Al menos, todos los estudiantes cuyas familias no puedan pagar los estudios”, dijo.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, respondió firmemente el planteamiento de los senadores opositores: “Constituye una gran irresponsabilidad condicionar cualquier ley a un hecho ajeno al Congreso. Sin embargo, en este caso es especialmente grave, porque esta ley es el vehículo a través del cual se distribuyen los recursos públicos para las políticas sociales y ciudadanas que permiten a miles de compatriotas obtener subsidios, viviendas, pensiones, salud y educación, entre otros”.
Para la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, María José Hoffmann (UDI), el gobierno ha hecho importantes esfuerzos en materia de presupuesto para el 2012, ya que “se incrementa en un 15% en educación superior, principalmente en becas. Siempre lo más fácil es pedir más recursos. La Concertación no puede lavar sus culpas por sus desastrosos resultados asumiendo con irresponsabilidad la Ley de Presupuesto”, dijo.
Normalización
A pesar del apoyo a las demandas del movimiento estudiantil, el senador Jaime Quintana señala que “deben dar un paso. Probablemente hoy día el gran problema lo tienen las universidades del Estado, pero creo que es perfectamente compatible seguir movilizados pero, al mismo tiempo, concordar con sus casas de estudios un calendario”.
Ley “antitoma”
Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, hizo un llamado a la oposición a aprobar la ley antitomas y desórdenes públicos que fue anunciada la semana pasada. “Quiero aprovechar para hacerles un llamado directamente a los dirigentes de la oposición, para decirles que no aceptemos en nuestro país que gobiernen los saqueadores”, dijo el secretario de Estado.
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Conflicto estudiantil: La Moneda se supedita a la tesis de los Halcones
Las encuestas y focus group realizados con posterioridad a cada uno de los encuentros y cada una de las movilizaciones han sido claros: el movimiento sigue contando con las simpatías de los ciudadanos, pero no así la violencia de las marchas. Es por ello que La Moneda optó simplemente por no autorizarlas. Así es más visible y notoria la violencia y se reducen los márgenes para que las cámaras se enfoquen en la alegría, los actos culturales y el control de los encapuchados por los propios estudiantes. Además a fin de año hay elecciones en varias universidades y el gobierno apuesta que los líderes emblemáticos pueden ser derrotados, con una victoria de los grupos autónomos en la USACH y en la Universidad de Chile, y de los gremialistas en la Católica, radicalizando aún más las cosas.
por Carlos Correa B., El Mostrador, 11 de octubre de 2011
Se han gastado chorros de tinta para describir a lo que se ha llamado los sectores ultras del movimiento estudiantil. Hemos visto en varios medios detalles profusos de la biografía de cada uno de ellos, incluyendo asuntos personales y familiares. Héctor Soto, uno de los columnistas preferidos de La Moneda a la hora de marcar posiciones, en su columna más reciente en La Tercera les culpa directamente del quiebre de las negociaciones e implícitamente insta a no seguirles el juego. Y apuesta a que en el futuro los ciudadanos en las urnas, o en el símil que ha elegido el gobierno -las encuestas-, los castiguen.
Pero se ha escrito poco del diseño que tiene el gobierno para poder salir de la crisis. La teoría de la mesa de diálogo y los cambios paradigmáticos parece que ha llegado a su fin. Dentro del propio gobierno, un grupo, que podríamos llamar “los autónomos”, simplemente propugna que no tiene sentido seguir conversando con un movimiento estudiantil que tiene una lógica de cambio y no de una conversación gremial.
Cierto grupo dentro del oficialismo opina que seguir en la mesa y continuar recibiendo a los estudiantes, es simplemente validarlos. Las encuestas y focus group realizados con posterioridad a cada uno de los encuentros y cada una de las movilizaciones han sido claros: el movimiento sigue contando con las simpatías de los ciudadanos, pero no así la violencia de las marchas. Es por ello que La Moneda optó simplemente por no autorizarlas. Así es más visible y notoria la violencia y se reducen los márgenes para que las cámaras se enfoquen en la alegría, los actos culturales y el control de los encapuchados por los propios estudiantes. Además a fin de año hay elecciones en varias universidades y el gobierno apuesta que los líderes emblemáticos pueden ser derrotados, con una victoria de los grupos autónomos en la USACH y en la Universidad de Chile, y de los gremialistas en la Católica, radicalizando aún más las cosas. Después de ello vienen las vacaciones y el natural desgaste de un movimiento que iría entonces para los seis meses con el protagonismo en la agenda.
Ideas como “debemos estabilizarnos en el porcentaje histórico de la derecha” o “juguémonos por aislar a los estudiantes como violentos” son voces que a partir de la semana pasada empezaron a tomar el control de Palacio. Por ello el primer paso fue el llamado proyecto de “ley anti tomas” que tras el Caballo de Troya que endurecía penas contra saqueos y ataques a Carabineros posee un polémico artículo que responsabiliza a los organizadores de las marchas.
Ideas como “debemos estabilizarnos en el porcentaje histórico de la derecha” o “juguémonos por aislar a los estudiantes como violentos” son voces que a partir de la semana pasada empezaron a tomar el control de Palacio. Por ello el primer paso fue el llamado proyecto de “ley anti tomas” que tras el Caballo de Troya que endurecía penas contra saqueos y ataques a Carabineros posee un polémico artículo que responsabiliza a los organizadores de las marchas.
Como es muy probable que la Concertación rechace dicho proyecto en el Congreso, esta también podrá ser empujada al banquillo de quienes toleran la violencia, como varios funcionarios de gobierno ya han anunciado en las redes sociales.
La prohibición de la marcha del 7 de octubre con los consabidos efectos de disturbios y las expresiones de la Intendenta Cecilia Pérez responsabilizando a los dirigentes por los incidentes ocurridos forman parte de este guión. Esto, pese a la evidencia que las marchas más violentas han sido aquellas que no fueron autorizadas.
Igualmente forman parte de este diseño comunicacional la amplitud de la cobertura medial a los perfiles de los líderes autónomos, que son consistentes con las palabras del Ministro Bulnes, del vocero Chadwick y por cierto, la columna de Héctor Soto.
También el giro del Ministro Bulnes, quien pasó de afirmar que estaba dispuesto a todo, incluso a discutir con los estudiantes las indicaciones que se fueran presentando a los proyectos de ley que fueran producto de la mesa de diálogo, a decir que simplemente no tenía nada más que ofrecer.
Parece ser la hora de los halcones no solamente en el movimiento estudiantil. Sin duda que ambos se necesitan. Unos para mantener la revolución permanente y convertir la potente agenda estudiantil en una movilización social y no en una petición de demandas sectoriales. Los otros para afincar una estrategia de derecha químicamente pura ante un gobierno vacilante y errático. Al igual que en la novela “El negociador” de Frederick Forsyth, los extremos de cada bando suelen necesitarse y entenderse.
¿Cuál es la aspiración del gobierno con este giro de estrategia? La primera, mostrar autoridad, un atributo inherente a cualquier gobierno de derecha, que suele ser algo que las mayorías silenciosas suelen valorar. Un segundo objetivo es que la imagen de los estudiantes sea la de la intransigencia, ya por mostrar que las figuras más mediáticas y queridas no tienen control de la situación como dijeron los ministros Bulnes y Chadwick, así como por la radicalización de la situación en las calles. Y sin duda, que la pérdida de popularidad de este movimiento, en especial en las clases medias aparentemente temerosas del fin de la paz social, permita su desgaste y el fin del conflicto aparezca en el horizonte a través de una mesa de diálogo aún más diluida que aquella en la que capitularon a los pingüinos.
Muchos en el gobierno se preguntan por qué la baja popularidad, si con el postnatal, la supresión del 7% de los jubilados, el crecimiento económico, el desempleo y una oposición debilitada -discutiendo como debiera llamarse en vez de ejercer su rol y presionar al Ejecutivo-, La Moneda debiera contar al menos con el apoyo de su sector. Y la respuesta es una: el errático manejo de la crisis por la movilización de los estudiantes.
¿Cuál es el riesgo de esta jugada? A primera vista parece maquiavelismo de fina selección. Pero olvida que al frente tiene un movimiento que ya asumió el mayor costo, que es el retraso en sus carreras académicas, y que en momentos de dificultades ha sido capaz de, a diferencia del gobierno, mostrar respaldo tras sus figuras moderadas, que han dicho en todos los tonos que no quieren volver a ser postergados como los pingüinos el 2006. En la política como en el ajedrez hay que suponer siempre que al frente hay un contrincante que ve las mismas piezas y no quiere perder. El otro riesgo es el que vaticinó The Economist en una columna sobre Chile que ningún medio se atrevió a traducir: que si el gobierno no impulsa rápidamente reformas importantes a la educación, cambios tributarios y una modificación de verdad en el sistema electoral, nadie puede predecir el rumbo de las cosas.
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¡Terminar el CAE Ahora!
Manuel Riesco, Economista. Ex coordinador del programa económico de Jorge Arrate, El Mostrador, 11 de octubre de 2011
¿Que pide la CONFECH? Rebajar sucesivamente los cobros de aranceles y matrículas a los estudiantes, garantizando al mismo tiempo que todos los puedan pagar y reemplazarlos con creces por aportes basales del Estado a las instituciones de educación superior públicas. Para empezar, terminar con la parte más escandalosa y abusiva del cobro a los estudiantes: el Crédito con Aval del Estado (CAE), cuyos principales beneficiarios son unas pocas instituciones privadas con fines de lucro y los bancos intermediarios.
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El presupuesto del 2012 hace lo contrario y debe ser rechazado por la oposición en el Parlamento. Las partidas asignadas al CAE representan el 30 por ciento del presupuesto 2012 de educación superior y se pagan a los bancos intermediarios. Deben ser reasignadas a aportes basales a las instituciones, becas y créditos solidarios.
Ello representa bastante más de la mitad de los recursos totales aportados por el CAE a las instituciones de educación superior. Lo que aportan los bancos por cuenta de los estudiantes es una cifra significamente menor. Estos últimos recursos se pueden reemplazar por los aportes adicionales que el presupuesto ya asigna a educación superior, mediante la eliminación del lucro de algunas de las instituciones que hasta ahora reciben el CAE y con un monto adicional razonable de recursos presupuestarios.
Terminar de inmediato y en forma definitiva con el CAE significa eliminar la parte más perversa y escandalosa del actual mecanismo de financiamiento de la educación superior. Promueve de manera irresponsable que cerca de 300 mil estudiantes asuman compromisos financieros superiores a 800 millones de dólares anuales, sin considerar los intereses. La mayoría nunca va a poder pagar. Más de la mitad del CAE es financiada por el Estado, que el 2011 destinó un tercio del presupuesto educación superior a recompra de cartera CAE con elevadísimas recargas en beneficio de los bancos.
Un 77 por ciento del CAE financia a instituciones privadas y la mitad del mismo va a parar a manos de tres de ellas, todas con fines de lucro, mientras las universidades del CRUCH perciben solo un 13 por ciento del mismo.
Las instituciones de educación superior se financian hoy principalmente mediante cobros a sus estudiantes, venta de servicios y aportes estatales. Estos últimos representan menos del 15 por ciento del total, mientras los primeros se elevan a más de dos tercios del total y sobre el 90 por ciento en algunas instituciones privadas. En las universidades del CRUCH, en cambio, entre las cuales se cuentan las cinco que concentran casi toda la investigación científica, los cobros a los estudiantes representan menos de un tercio de su presupuesto, a pesar que los aranceles son similares.
La eliminación del CAE representará ciertamente una disminución significativa de recursos destinados a la educación superior, que son los aportados por los bancos con cargo a los estudiantes. Sin embargo, ellos representan solo una fracción del monto total aportado hoy mediante este mecanismo y dicha suma puede ser repuesta sin mayores problemas. El 2011 por ejemplo, según la Dirección de Presupuestos, DIPRES, el CAE aportó 404.000 millones de pesos a las instituciones de educación superior, girados por los bancos con cargo a los estudiantes. Sin embargo, ese mismo año el Estado asignó un total de 253.262 millones de pesos para recompra de CAE con recarga, lo que representó exactamente un tercio del presupuesto de educación superior de ese año. Es decir ¡un tercio del presupuesto del año en curso se entregó a los bancos! De este modo, si los recursos presupuestarios se hubiesen entregado directamente a las instituciones de educación superior, la disminución de ingresos a estas últimas hubiese sido de sólo 142.000 millones de pesos. Ese es el monto neto aportado por los bancos con cargo a los estudiantes.
Si esta medida de saneamiento se adopta en el presupuesto del 2012, la disminución de recursos a las instituciones de educación superior por este concepto será de este mismo orden. ¿Como reponerla de modo que estas últimas no se vean afectadas? La respuesta es sencilla. En primer lugar, el incremento del presupuesto de educación superior del 2012 respecto del 2011 es de 77.473 millones de pesos en moneda de este último año. Es decir, el presupuesto ya consigna un incremento de recursos que repone la mitad de lo aportado en CAE en forma neta por los bancos por cuenta de los estudiantes.
Buena parte de la otra mitad la pueden absorber perfectamente las instituciones privadas de educación superior que actualmente lucran con el CAE. Por ejemplo, una de las principales beneficiarias es INACAP, institución que declaró utilidades netas por más de 15.000 millones de pesos el 2010, año en que fue la más rentable de las instituciones de educación superior. Una manera distinta de decir lo mismo, es que los estudiantes que actualmente pagan cantidades ingentes en matrículas y aranceles financiadas con CAE a estas instituciones, pueden ser absorbidos por las instituciones públicas de educación superior a costos menores.
Los estudiantes que hoy tienen CAE podrán optar en su reemplazo a créditos del Estado en condiciones similares a las del actual Crédito Solidario. Los estudiantes que ya son deudores CAE deberían beneficiarse con la condonación de a lo menos la mitad de su deuda. El Estado puede proceder de inmediato a la condonación de este porcentaje en los CAE que ya ha recomprado. Ello no significa más que reconocer que la mitad de los mismos es incobrable. La tasa de morosidad actual excede el 54 por ciento en algunas instituciones. El Estado puede ir recomprando los demás CAE a los bancos y condonando la mitad de la deuda respectiva, a medida que los mismos vayan llegando a su vencimiento, Es decir, a medida que los estudiantes vayan egresando, con lo cual se reduciría la cantidad a desembolsar año a año.
Hacia adelante, habrá que ir reduciendo sucesivamente los cobros de aranceles y matrículas y reemplazándolos con creces por aportes basales a las instituciones de educación de educación superior públicas. Es decir, como las define la CONFECH, en primer lugar las estatales y también aquellas sin fines de lucro que realicen todas las funciones que les son propias, contratando establemente académicos de excelencia, no discriminen negativamente bajo ningún concepto y promuevan el acceso a estudiantes de menores ingresos y garanticen todo lo anterior mediante formas de gobierno interno democráticas triestamentales.
Pero ahora hay que terminar definitivamente con el CAE. Su reemplazo por financiamiento estatal a las instituciones significará un alivio enorme a los estudiantes. Es por ahí donde hay que empezar.

Larroulet y reforma tributaria: “no puede ser resultado de una discusión política coyuntural”

11 de octubre de 2011 – 08:09 | Por: El Dínamo |
/AgenciaUno./AgenciaUno.
En tanto, senadores de oposición condicionaron su apoyo al presupuesto a una reforma tributaria que permita la gratuidad en la educación de al menos el 80%.
Tal como se preveía, la discusión presupuestaria ya ha comenzado a cruzarse con el debate sobre una posible reforma tributaria. Mientras desde la oposición concertacionista no son pocas las voces que demandan profundos cambios impositivos con el objetivo de garantizar recursos permanentes para la reforma educacional, desde el oficialismo no se mira con buenos ojos esa posibilidad. Sobre todo el momento en que se plantea.
Es así como el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, si bien admitió en entrevista con El Mercurio, que el sistema tributario chileno “se puede perfeccionar”, aseguró que la inestabilidad económica internacional no lo hacen recomendable por ahora.
“El Gobierno cuenta con los recursos para financiar una política fiscal que tiene el doble propósito de asegurar igualdad de oportunidades para todos, buscar el crecimiento y desarrollo y darle estabilidad”, declaró el secretario de Estado.
La reforma tributaria “no puede ser resultado de una discusión política coyuntural“, sino que debe nacer de “un debate serio y buscando perfeccionamiento desde la perspectiva de que sea eficiente para el ahorro y la inversión, que se eficiente para recaudar recursos y tenga equidad en el sentido horizontal y vertical”, afirmó
En tanto, ayer desde la oposición, los senadores Fulvio Rossi (PS), Alejandro Navarro (MAS) y el presidente de la Comisión de Educación, Jaime Quintana (PPD), advirtieron que no aprobarán la Ley de Presupuesto si no se discute sobre una reforma tributaria que asegure gratuidad en la educación superior.
“Se necesita una reforma tributaria, y quienes hoy día se oponen a la gratuidad es porque se oponen a una reforma, porque para muchos sectores de altos ingresos en este país es mucho más fácil pagar los aranceles a sus hijos en lugar de pagar impuestos”, dijo Quintana.
“Queremos el fin de la educación pública de dependencia municipal, gratuidad, al menos, al 80% de la población y también, por cierto, fin del lucro. Eso es lo que estamos esperando. Si esas condiciones no se dan, como oposición, la única manera que tenemos de apoyar a los jóvenes que están hoy en la calle es rechazando el Presupuesto“, dijo Rossi.
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Parlamentarios UDI y RN emplazan a la Concertación por Presupuesto y destacan educación y regiones

Uno de los principales cuestionamientos fue respecto a los condicionamientos del conglomerado opositor de que se debe apoyar las demandas del movimiento estudiantil, para aprobar la totalidad de las partidas. Ante esto, Hoffmann dijo que la discusión no debe “transformarse en un campo de batalla, especialmente quienes callan todo el año y sólo levantan la voz para pedir más recursos”.
por UPI, El Mostrador, 10 de octubre de 2011
Los senadores Jovino Novoa (UDI) y José García (RN); junto a la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara Baja, María José Hoffmann (UDI), hicieron duras críticas a la Concertación por la actitud del conglomerado, previo a la discusión del proyecto de ley de Presupuesto 2012.
Uno de los principales cuestionamientos fue respecto a los condicionamientos del conglomerado opositor de que se debe apoyar las demandas del movimiento estudiantil, para aprobar la totalidad de las partidas. Ante esto, Hoffmann dijo que la discusión no debe “transformarse en un campo de batalla, especialmente quienes callan todo el año y sólo levantan la voz para pedir más recursos”.
“Esas declaraciones son absolutamente irresponsables. Quiero emplazar a la Concertación a que asuma su rol político y que no se escondan en las polleras de las dirigentes estudiantiles”, aseguró el senador Novoa.
En esa misma línea, restó importancia al desconocimiento del destino de algunos de los fondos en las glosas de educación, asegurando que como la tramitación de la ley está en curso, aún se puede “negociar y ver el destino específico de los recursos”.
Por su parte, Hoffmann dijo que en los gobiernos de la Concertación se sextuplicó la inversión para educación, pero no los resultados, por lo que “es sumamente importante mejorar y debatir de fondo, cómo nos preocupamos de verdad de aumentar la calidad”.
Por su parte, el senador García destacó que la iniciativa de asignación presupuestaria del Ejecutivo es equilibrada, seria, “con enorme responsabilidad fiscal, que se hace cargo de problemas muy sentidos por los chilenos”.
Por esto, enfatizó que en materia de integración regional, el Ejecutivo “se está haciendo cargo de la postergación que han vivido las regiones durante años. La inversión en regiones va a alcanzar 1.837 millones de dólares, exactamente el doble al promedio alcanzado en los cuatro gobiernos de la Concertación”.
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