A propósito de la estrechez fiscal, cabe recordar que el presupuesto de la nación asignó para 2025 cerca de US$ 2.500 millones al financiamiento de la gratuidad. También, casi US$ 500 millones para costear las garantías por CAE no pagado. Las políticas públicas que originan estos flujos deben revisarse.

Los beneficios de la educación superior son fundamentalmente privados, y en nuestro país los retornos promedio de acceder a ella son elevados. En esas circunstancias, la gratuidad constituye un subsidio innecesario. Por supuesto, de ahí no se desprende que no deban existir apoyos a los estudiantes. No todos cuentan con los fondos para financiar sus estudios. Pero eso lo resuelve bien un sistema que exime total o parcialmente del pago a los jóvenes mientras estudian y, una vez egresados, les solicita una retribución asociada a su ingreso por un plazo definido. El pago se suspende si el aporte del Estado se ha retribuido o se ha cumplido el plazo. Este es un esquema de financiamiento mixto donde aportan los contribuyentes y también el egresado. Este esquema se conoce como crédito contingente al ingreso.

La contingencia se hace cargo también de la elevada heterogeneidad de los altos retornos promedio. En efecto, si los ingresos de la persona son reducidos, ella queda eximida de pago, y a medida que van subiendo, comienza a aportar una proporción creciente, pero con una tasa que no supera el 8 o 10 por ciento de sus ingresos. Es el mecanismo que se ha tratado de instalar en Chile desde 2012 (ahora tiene algunos elementos de estas características, pero es incompleto).

El Gobierno ha enviado un proyecto al Congreso que avanza en un mecanismo de estas características para los estudiantes que no están adscritos a gratuidad. Requiere varias mejoras. Un grupo relevante de jóvenes, en caso de recibir este apoyo, tendrán que retribuirlo multiplicado por dos, tres o más veces. Esa “expropiación” es técnicamente innecesaria, pero además no logrará sustento político.

Una segunda mejora debe apuntar a evitar que las instituciones de educación superior pierdan ingresos. Eso sucedería porque el Estado aportaría el arancel regulado que está, para una mayoría de las instituciones, por debajo de los aranceles efectivos e impediría el copago para los estudiantes de los deciles 7 a 9. Es cierto que la autoridad debe evitar que, aprovechando estos esquemas de financiamiento público, las instituciones actúen de manera oportunista elevando sus aranceles.

Con todo, ante la ausencia de evidencia sólida que respalde esta preocupación, estas fijaciones deben evitarse. Ahora, si se insiste en ello, el modelo de aranceles regulados es inadecuado. Este descansa, como es sabido, en la idea de que se pueden estimar los costos de un grupo de carreras similares. Sin embargo, no hay algo así como un modelo único para proveer educación terciaria. Esto solo uniforma y desalienta la innovación.

Más grave aún, una gran preocupación actual, sustentada en evidencia, es la existencia de programas que tienen un retorno negativo para quienes los cursan. Un modelo de aranceles regulados basado en costos no los desalienta. En cambio, un instrumento que descansase en el valor que agregan los distintos programas es mucho más efectivo. Moverse en esa dirección ayuda a desalentar programas inefectivos y brinda oportunidades de transformación de la oferta de pregrado sin dañar los proyectos de las instituciones terciarias.

Una última mejora —hay otras— es asegurar la retribución de los aportes iniciales. Algo que ahora no ocurre. El proyecto avanza en esta dirección, pero requiere de perfeccionamientos adicionales.

Una vez que se cuenta con este sistema de financiamiento general se puede ir abandonando la gratuidad para los futuros estudiantes de la educación superior. No hay ninguna razón objetiva para excluirlos de un instrumento de estas características, sobre todo si después de egresados tienen la oportunidad de cambiar su situación de origen. Ahora, si ello no ocurriese, quedan protegidos por la contingencia, la exención de pago para ingresos bajos y el plazo máximo de pago.

Son evidentes las dificultades políticas de avanzar en esta dirección. Pero el logro de una política fiscal sostenible responde al interés general y no se puede conseguir renunciando a decisiones difíciles. Es positivo, además, para un país enmendar errores y adaptarse a nuevas realidades. A la vez, un buen sistema de cobro asegura que la retribución sea justa tanto para los futuros deudores como para los actuales reduciendo los desembolsos presentes asociados a la ejecución de las garantías. Por cierto, el ahorro no alcanzaría los US$ 3 mil millones, pero sería considerable.

Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC