Recientemente, se han publicado en los medios de comunicación varias notas sobre los problemas financieros que enfrentan las universidades públicas y que ponen en duda la viabilidad de abrir 100 universidades más en el país, como lo ha propuesto AMLO. Se dice que hay diez universidades públicas en el país en riesgo de quiebra, que se ubican en los estados de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Es decir, casi una tercera parte de las universidades estatales tienen tan serios problemas económicos, que están a punto de suspender el pago de la nómina a sus profesores, directivos y personal administrativo.

Ante esta circunstancia, los rectores de universidades se reunieron con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, funcionarios de la SEP y el propio AMLO para solicitar una ayuda financiera de emergencia y poder subsanar el déficit financiero de estas instituciones, cuyos sistemas de pensiones son prácticamente insostenibles; solicitud que asciende a 94 mil millones de pesos para 2019. En esta reunión el Ejecutivo pidió a los rectores un compromiso de gasto austero; por su parte, el Secretario General da la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) se comprometió a hacer un uso más racional y transparente de los recursos públicos que reciben las universidades.

Es importante conocer las causas de esta crisis financiera, de las que destaco las cuatro siguientes: 1) mala administración de las autoridades universitarias, así como  discrecionalidad y opacidad en el uso de recursos, 2) establecimiento de compromisos sindicales para aumentos salariales, jubilaciones dinámicas y otras prestaciones, sin tener la seguridad de que éstas se podrán mantener en un futuro, 3) desvío de recursos universitarios para propósitos políticos y personales, como apoyo a campañas de futuros gobernadores y la creación de puestos para familiares y amigos, y 4) ausencia de una verdadera auditoría objetiva y externa a las universidades, que les señale las faltas y errores financieros para corregir y no aumentar el déficit presupuestario.

En este contexto de crisis universitaria, aparece la propuesta de AMLO de abrir 100 nuevas universidades a lo largo y ancho del país. Su objetivo es ampliar la oferta educativa y poder cumplir los futuros cambios a la Constitución, que convertirá como obligatoria y gratuita a la educación superior. Por ello, estas dos condiciones competirán por los escasos recursos que tendrá la educación en 2019. Tomado esto en cuenta, habría que preguntarse si no sería más racional resolver primero los problemas de las instituciones existentes, solicitándoles que aumenten su cobertura significativamente, para después crear las nuevas universidades que falten para poder cubrir la oferta de este nivel educativo. De procede al revés, se corre el riesgo de que no se cubran las necesidades financieras de las instituciones actuales, que se agraven sus problemas y que tengan que cerrar o, en el mejor de los casos, disminuir sus actividades académicas.

Con o sin apoyo financiero, el sistema de universidades públicas debe hacer una reflexión profunda, no solo de las causas que las han llevado al borde la quiebra, sino también de su comportamiento interno y externo.  Al respecto, me pregunto: 1) hay alguna razón por la cual algunas universidades estatales ofrecen sus servicios en otros estados, 2) por qué los órganos de gobierno se enquistan en las universidades y las convierten en la práctica en instituciones privadas, que las dirigen unos cuantos, 3) por qué los órganos de control financiero de las universidades (Patronatos) no actúan con independencia y, en vez, de proteger a los universitarios, protegen al rector y a su junta de gobierno en turno y 4) por qué no hay una verdadera participación democrática en los consejos universitarios, donde la inmensa mayoría de las decisiones se toman de manera unánime (o abrumadoramente mayoritaria), lo que denota un control férreo de la rectoría sobre la opinión de los docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.

En fin, éstos y otros asuntos deben de revisarse a fondo, no solo para resolver de manera permanente el problema financiero de las universidades y el aumento de la oferta educativa, sino también deben de abordarse su funcionamiento y resultados que, en muchos casos, dejan mucho que desear. El gobierno de AMLO tiene la fuerza suficiente para incorporar cambios que mejoren la educación superior del país sustancialmente.

El autor es Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C. y Ex presidente de la Junta de Gobierno del INEE