El Gobierno ha dado este viernes un paso para acabar con el limbo legal en el que se encuentran los jóvenes que acaban la universidad, estudian un máster y comienzan su carrera investigadora en condiciones muchas veces precarias, con infrasueldos e inestabilidad laboral. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, que establece un salario mínimo de 16.422 euros brutos anuales y fija un máximo de 180 horas de tareas docentes durante el contrato predoctoral para evitar que los jóvenes sean utilizados como mano de obra barata y así sustituir en las aulas a los profesores contratados.

En España había 66.000 estudiantes de doctorado matriculados en el curso 2016-2017, según el Instituto Nacional de Estadística. El Ministerio de Ciencia calcula que unos 15.000 de ellos tienen algún tipo de contrato. Hay casos como los de los beneficiarios de las Ayudas de la Fundación Valhondo, en la Universidad de Extremadura, que reciben 11.520 euros brutos anuales, unos 880 euros limpios al mes. “Hablamos de personas que han estudiado un máster”, lamenta Giménez, presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios. En el otro extremo, los investigadores predoctorales de las convocatorias del Programa Talento de la Comunidad de Madrid ganan unos 19.750 euros brutos anuales.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2011 la ley de la Ciencia, que ya establecía un tipo de contrato predoctoral específico, fijando un plazo de dos años para su desarrollo reglamentario. Sin embargo, Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta las elecciones del 20 de noviembre de 2011, suprimió el Ministerio de Ciencia y el desarrollo de la ley nunca se produjo, hasta hoy. Son casi seis años de retraso. El gabinete de Pedro Duque cree que las nuevas condiciones laborales ayudarán a hacer la carrera investigadora más atractiva y a frenar la fuga de cerebros.

Hasta la ley de la Ciencia de 2011, los investigadores predoctorales eran considerados becarios en sus primeros años, sin posibilidad de cobrar el paro o cotizar para una pensión. El real decreto aprobado este viernes desarrolla aquella ley y elimina cualquier periodo de beca, una medida que ya había adoptado el Ministerio de Ciencia para los contratos de los 8.000 jóvenes investigadores que financia.[frame src=”IMAGE_SRC” width=”IMAGE_WIDTH” height=”IMAGE_HEIGHT” lightbox=”on” title=”IMAGE_TITLE” align=”left” ]

Giménez, pese a la alegría, cree que el real decreto es “un documento de mínimos” que deja tareas pendientes: “Los investigadores predoctorales no tenemos derecho a indemnización. No puede ser que alguien que está cuatro años trabajando en un mismo centro no tenga derecho a un finiquito o a una indemnización. Es nuestra gran batalla perdida