La crítica al nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) basada en la imposibilidad de exigir copagos y en su potencial de fijar aranceles, va por el derrotero equivocado. En un sistema competitivo la capacidad del sistema de créditos de influir en la fijación de aranceles no es importante en la medida que afecte a todas las instituciones y no distorsione la competencia. Un sistema de financiamiento transversal tiene el riesgo de fomentar incrementos transversales en aranceles y por ello es razonable que el gobierno quiera poner limitaciones.

Que el SIFS aspire, además, a cubrir un arancel menor al arancel real pero mayor que el arancel de la gratuidad, parece prudente. El diseño permite a instituciones que no pueden darse el lujo de adscribir a la gratuidad atender a alumnos meritorios de sectores vulnerables. Finalmente, desde un punto de vista de los incentivos el SIFS es impecable. Busca que los alumnos tengan mayor capacidad de pago para pagar la matrícula de instituciones de mejor calidad y hace que las instituciones de menor calidad internalicen no se hagan cargo del riesgo de cobrar aranceles caros por carreras que después no otorguen los sueldos esperados.

Pero el SIFS, como sistema predominante de financiamiento de la educación superior que, recordemos, busca a reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Crédito Fiscal Solidario (CFSU), es potencialmente dañino para el sistema de educación superior en su conjunto. Su diseño ignora todo lo que sabemos de competencia entre instituciones de educación superior e ignora que el sistema de financiamiento se está aplicando a una realidad donde ya existen diferencias abismantes entre instituciones. Si se prefiere, lo preocupante del SIFS es el efecto agregado del crédito en la competencia. Para entenderlo, es necesario revisar su diseño.

El sistema propuesto por el gobierno consiste en un crédito otorgado por el Estado con tasa subsidiada aplicable a los aranceles de la educación superior. El monto total del crédito puede dividirse en dos componentes, el arancel regulado, similar al de la gratuidad, que el crédito cubre en un 100%, y un componente variable que cubre la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real y que se encuentra limitado a 1,5 veces el primero. Este componente variable depende de dos factores:

1) la condición socioeconómica del estudiante que recibe el crédito, y
2) la calidad de la institución de educación superior en la que se matricule según lo determine el sistema de acreditación recientemente modificado.

Es este último factor del componente variable del SIFS el que amenaza con producir distorsiones.

En el diseño actual, si un alumno del séptimo decil de ingreso se matricula en Derecho en una institución con la mejor acreditación posible, digamos la Universidad de Chile o la Católica de Santiago, donde actualmente no hay gratuidad para ese decil, tendrá derecho a que el SIFS le cubra el 60% de la brecha entre el arancel regulado y el arancel real. Si la carrera de Derecho cuesta 4 millones y el arancel regulado para derecho fuera de 3 millones, el alumno tendría un crédito de 3 millones más el 60% del millón restante, es decir, 3.6 millones para pagar la universidad. Esto deja un remanente o déficit de 400 mil que, de acuerdo al diseño del SIFS, deberá cubrir la universidad. Pero, en general, esto debieran ser buenas noticias para la Chile o la Católica, que debieran preferir esta alternativa a que se siga expendiendo la gratuidad y el déficit asociado a ella.

El problema, y en esto radica toda la diferencia, es que si el mismo alumno del séptimo decil se matricula en institución con menos acreditación, lo que la nueva ley de educación superior denomina “acreditación básica”, solo tendrá crédito para cubrir el 40% de la brecha, es decir, un crédito por 3.4 millones, dejando a la universidad que lo matricule con un remanente o déficit de 600 mil.

Es fácil predecir que diferencias como estas en el agregado pueden producir grandes distorsiones incrementando la distancia existente entre instituciones de mayor calidad y las “básicas”, como las denomina la ley. El absurdo del SIFS es que una universidad con acreditación básica –que dicho sea de paso tiene muchísimos más estudiantes del séptimo decil que una institución selectiva de “excelencia”– recibirá casi un 10% menos de aranceles por cada estudiante que matricule, y tendrá que financiar mucho más remanente. Considerando que las instituciones con menor acreditación son financieramente más débiles, las perspectivas de competencia real en un sistema que se imponga el SIFS disminuyen radicalmente. El crédito propuesto por el Gobierno tiene el riesgo de terminar cristalizando las posiciones que tienen actualmente las instituciones en el sistema.

Ahora bien, para quienes entienden la competencia como un absoluto, es sano que el financiamiento vaya diferenciando entre instituciones que hacen bien o mal su trabajo. En este sentido, el SIFS compartiría rasgos con el vapuleado Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que fomentó la competencia por calidad en la educación de pregrado cuando nuestro sistema de educación superior estaba en expansión. Lamentablemente, los efectos de un incentivo como este son muy distintos en un sistema que ya no crece en matrícula, y donde las instituciones se van posicionando, pero quedan compitiendo con presupuestos muy distintos por alumno.

Bien saben los que se dedican al fútbol, equipos con más presupuesto no garantizan mejores ligas si la mayoría de la liga no es competitiva. Ya hay instituciones en nuestro sistema que pueden dedicarse a elegir buenos alumnos y no hacer mucho más para mantener su liderato. Lamentablemente hay otras instituciones que simplemente ya no compiten y el SIFS les hará imposible hacerlo. Un sistema de financiamiento que da consistentemente más fondos por alumno a las instituciones que van liderando, solo puede aumentar diferencias en el tiempo.

Por todo lo anterior, me atrevo a sugerir que el crédito que se va a introducir apunte a algo un poco distinto. Si lo que realmente se quiere es mejorar el sistema universitario como un todo y al mismo tiempo financiar el acceso, el nuevo sistema debería financiar el mismo monto por carrera, sin distinguir por nivel de acreditación entre instituciones ya acreditadas. Si se quiere establecer una diferencia, que esta se base exclusivamente en la condición socioeconómica de los estudiantes con los resguardos para evitar abusos y ofertones. A diferencia de la basada en acreditación, esta diferenciación es pro competitiva, pues los estudiantes de los primeros deciles son, previsiblemente, más caros de formar que otros estudiantes.

La mejor apuesta redistributiva que podría hacer Chile en su pregrado, independientemente de seguir financiando a sus instituciones públicas y la investigación de calidad, es mejorar la competitividad del sistema como un todo, asegurándose que si va a intervenir vía financiamiento, ninguna institución por diseño se quede sin posibilidad de competir. Si la inversión por estudiante es una buena guía de lo que se traducirá en calidad, pongamos incentivos para que las mejores instituciones matriculen a más alumnos vulnerables y no castiguemos con menos presupuesto por estudiante a las instituciones que actualmente matriculan a la mayoría de ellos.