Este lunes, fue despachado al Senado el proyecto de reforma a la educación superior que, entre otros aspectos, establece un nuevo sistema para las universidades privadas e institutos profesionales.

Entre algunos de los puntos que se aprobaron en la sala de la Cámara de Diputados, se encuentra la ampliación de la gratuidad al 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables, cuyo plazo de inicio será a partir del 2018. Esta medida avanzará dependiendo del crecimiento económico del país basado en el producto interno bruto (PIB).

Otro de los aspectos claves de esta iniciativa es la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo cual fue aprobado siempre y cuando en enero se acepte un mecanismo que lo reemplace. Este nuevo modelo de financiamiento, que probablemente será un crédito que elimine a la banca privada, deberá ser presentado por el Ejecutivo en noviembre.

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Gabriel Boric, diputado del Frente Amplio, señaló que esta reforma continua manteniendo una lógica mercantil detrás del financiamiento a la educación. “El Gobierno se comprometió a terminar con el CAE en esta reforma. Sin embargo, con lo que aprobaron este crédito continuará hasta que se presente otro proyecto que lo reemplace, cosa sobre la que no hay certeza”.

Mientras que sobre la gratuidad, el parlamentario indicó que “se aprobó hasta el sexto decil, lo que significa que las familias que tienen un ingreso per cápita por sobre 193 mil pesos no podrán acceder a este beneficio. Esta no es la reforma por la que los estudiantes marchamos durante tantos años y, por lo tanto, me parece que el Gobierno no está cumpliendo con lo que prometió”.

Por su parte, Daniel Andrade, vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), manifestó que desde el movimiento estudiantil rechazan este proyecto porque no se hace cargo de la crisis en la educación superior, enfatizando en que actualmente “la legislación no establece cuando se acabará con el CAE y solo dice que se reemplazará con otro crédito, manteniendo el endeudamiento de miles de familias“.

Además, explicó que esta reforma tampoco aborda el tema de la gratuidad con financiamiento directo, mantiene una lógica de subsidio mediante becas que no contemplan más del 30 por ciento de los estudiantes. “Esto es una beca, no gratuidad. Nosotros valoramos que aumenten las becas, lo que es fruto de la movilización, pero esto se podría haber aprobado por un decreto”.

“Lo que nosotros vemos acá son intereses electorales para sacar este proyecto adelante y decir que se avanzó en educación, cuando en lo concreto solamente se avanzó en torno a becas. No lograron fortalecer la educación pública ni tampoco se hicieron cargo de la calidad”, agregó.

Algunos de los puntos clave de esta reforma, además de los mencionados, son: la integración de todas las universidades que lo soliciten, siempre y cuando estén reconocidas por el Estado, al Consejo de Rectores (Cruch); la generación de un marco de principios y derechos que regirá al sistema; la definición del rol y las características de las instituciones de educación superior; y el avance hacia un sistema común de acceso a estos organismos.

Para Daniel Andrade, la aprobación de este proyecto, tal como está hoy, constituye una derrota para la educación superior. “En el fondo, desde la perspectiva una política responsable de mediano plazo, hay una derrota que van a vivir los rectores, los estudiantes, los académicos y todo el pueblo chileno”.

Sobre la votación que se llevará a cabo en el Senado, el también presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) comentó que desde el movimiento ven muy complicado incidir en esa discusión para reformular el proyecto.

En este sentido, enfatizó en que como estudiantes seguirán solicitando reuniones tanto con el Ministerio de Educación como con el de Hacienda, para que se incluyan sus propuestas. Paralelamente, sostuvo que seguirán presionando con movilizaciones. Desde la Confech convocaron una marcha para el próximo 17 de agosto.

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