Indicaciones al proyecto serán ingresadas en marzo

Qué es lo público y financiamiento a las estatales: las balas que el Mineduc intenta esquivar en la Reforma a la Educación Superior
por MACARENA SEGOVIA 26 enero 2017
Qué es lo público y financiamiento a las estatales: las balas que el Mineduc intenta esquivar en la Reforma a la Educación Superior
Puede ser por el cambio en la agenda mediática o por la complejidad de la discusión, pero todos los actores de la educación superior concuerdan en que el tema ha pasado a segundo plano y fue renegado por el ministerio durante meses. A pesar de que hubo muchos intentos por lograr ingresar las indicaciones al proyecto antes de que finalice el periodo legislativo, la ministra Delpiano no logró cuadrar a los parlamentarios oficialistas, de manera que trabajarán durante todo febrero para intentar aunar posiciones.

Se va terminando el año legislativo y todos los ojos comienzan a posarse en la prioridad que se les otorgará a los proyectos emblemas del Gobierno de Michelle Bachelet, que no han logrado ver la luz, uno de los cuales es el hasta ahora olvidado proyecto de Reforma a la Educación Superior.

Desde diciembre corría el rumor en los pasillos del Congreso. La posibilidad de que el Ejecutivo ingresara las indicaciones a la iniciativa que duerme en la Comisión de Educación de la Cámara se hacía más fuerte. Hasta hace un par de semanas, la misma Confech hizo entrega de una propuesta para tales indicaciones, a la espera de que estas fueran ingresadas antes del receso de vacaciones. Pero existía una gran piedra de tope: el Ejecutivo no se arriesgaría a ingresar los cambios sin un respaldo transversal de los parlamentarios oficialistas, principalmente el de las diputadas Yasna Provoste (DC) y Camila Vallejo (PC).

Finalmente, la resolución del Gobierno llegó este martes. Tras una reunión de dos horas entre el Ministerio de Educación y diputados de la Nueva Mayoría, la ministra Delpiano anunció que los cambios a la reforma serán ingresados en marzo, debido a que se trabajará durante febrero en los puntos de acuerdo al interior del conglomerado. “Una muestra más de la improvisación y poca planificación del Gobierno”, según señala el vocero de la Confech, Daniel Andrade.

Los principales puntos de consenso se centran en la eliminación del CAE, lo que fue destacado por la diputada Vallejo y, como indicó por su parte la ministra, el “reconocimiento a la función pública de las instituciones, pero con el fortalecimiento a las estatales, elemento que ha sido unánime”. Resoluciones que se dieron luego de que la Presidenta Michelle Bachelet, el ministro Nicolás Eyzaguirre y la titular del Mineduc se reunieran con los 18 rectores miembros del Consejo de Universidades Estatales, encuentro que prendió las alarmas al interior del G9, que agrupa a las universidades tradicionales no estatales.

Pero no todo fue consenso y acuerdos, hubo algunos nudos que no lograron ser resueltos, razón por la que las indicaciones no pudieron ser ingresadas en el actual proyecto legislativo. Los principales son la posible división de la iniciativa, que deje en un proyecto aparte la legislación respecto al financiamiento y, por otro lado, la definición del concepto de lo público, que podría afectar directamente a las universidades del G9.

Dividir, avanzar o esquivar
Desde antes del ingreso de la Reforma a la Educación Superior, la postura de generar tres proyectos de reforma a la Educación Superior fue el fuerte de algunos sectores de la derecha, pero también ha sido apoyado por los rectores de las instituciones de universidades privadas y los miembros del G9, idea que ha sido resistida por las universidades estatales y los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría, como los diputados del Partido Comunista y sectores del PPD, división que aún se mantiene.

Sánchez hizo hincapié en que “si el proyecto de las universidades estatales busca modernizarlas, disminuir sus amarres institucionales y potenciar la descentralización, hay que apoyarlo; si ese proyecto incluye recursos exclusivos en desmedro de otras instituciones de visión pública”, no apunta al camino que ellos optan como G9. “Creo que este va a ser el tema más de fondo en la reunión de marzo”, recalcó el rector.
Tras la reunión del martes, la ministra Delpiano señaló que “es una decisión que no hemos tomado”, pero añadió que en marzo deberá definirse. La idea de dividir el proyecto en dos, según el rector Ignacio Sánchez, es para dar prioridad a algunos temas específicos en los que ya existiría acuerdo, como la institucionalidad y la creación de una superintendencia. “Para ir dejando elementos de financiamiento para una segunda etapa, hace varios meses que hemos estado presentando esta alternativa”, señaló el rector de la Universidad Católica.

Pero entre los diputados de la Nueva Mayoría no existe consenso, principalmente porque la marginación del ítem de financiamiento del articulado de institucionalidad podría significar “una puerta de entrada para el mercado o el olvido de este aspecto del proyecto”, aseguran cercanos a la Comisión de Educación.

La diputada Cristina Girardi (PPD) tampoco concuerda con la división de la iniciativa y plantea que “hay que sincerar las posiciones dentro del mismo proyecto. Se supone que hemos planteado la necesidad de un sistema de Educación Superior, en este caso, las partes y temas se relacionan. Separar el proyecto te hace perder esa visión. Ahora, si no queremos que haya un sistema y que cada cosa funcione por separado, entonces hay que sincerarse, pero esto no es lo que se ha planteado desde el Ejecutivo”.

Mientras entre los rectores de las universidades estatales parece no haber acuerdo respecto a respaldar la postura de dividir el proyecto, el portavoz de la Confech, Daniel Andrade, asegura que el proyecto debe ser uno solo, que establezca roles claros para las universidades del Estado y las privadas, “elementos que hoy no están siendo planteados ni enfatizados en la mesa”.

Por su parte, el diputado radical, presidente de la Comisión de Educación, Alberto Robles, sostiene que una de las principales preocupaciones son los tiempos legislativos. “No hay un acuerdo respecto a si el proyecto se va a dividir, es algo que definirá el Ejecutivo. Lo que yo planteé es que esto se debe definir ya, porque es necesario tener una resolución política en este plano, ya que los tiempos legislativos se nos acaban y son los que son, no los que uno quisiera”.

Reconoce que “donde tenemos dificultades es en el tema financiero”, principalmente por la entrega de recursos exclusivos a instituciones estatales o ampliar estos a las denominadas universidades privadas tradicionales con vocación pública, un conflicto que reabre el choque entre la postura que plantea que debe haber un trato preferencial para las universidades estatales a nivel económico y aquella que establece que la entrega de recursos debe estar determinado por la función pública que cumple la institución y no su propiedad.

Nunca quedas mal con nadie
El conflicto de lo público y lo estatal ha marcado la discusión sobre educación superior, pero sobre todo ha evidenciado las divisiones al interior del Consejo de Rectores. Cercanos al proceso legislativo, manifiestan que la propuesta de hacer “aportes basales a las universidades estatales y planes de mejoramiento que vayan más allá del voucher”, exclusivos para estas instituciones, trajo consigo una gran oposición desde las universidades privadas pero tradicionales, como la Pontificia Universidad Católica, lo que quedó evidenciado en la pelea pública entre el G9 y el CUECh tras el anuncio de un trato especial para las estatales, lo que dividió al CRUCh.

Es justamente la discusión sobre lo que se constituye en “educación pública” lo que quedó abierto tras la reunión entre los parlamentarios oficialistas y el Mineduc. La ministra Delpiano recalcó, tras el encuentro, que habría un “reconocimiento a la función pública de las instituciones, pero con el fortalecimiento a las estatales”, aunque no aclaró en qué consistirá dicho fortalecimiento, solo dejó en claro que habrá un trato preferencial.

Tras el anuncio, el rector de la Pontificia Universidad Católica anunció que los rectores del G9 se reunirán con la Presidenta y la ministra de Educación a principios de marzo, con el fin de dilucidar qué significa el trato especial para las estatales. “Queremos saber cuáles son los planteamientos exactos con respecto al estímulo a las universidades estatales”, precisó el rector.

Sánchez hizo hincapié en que “si el proyecto de las universidades estatales busca modernizarlas, disminuir sus amarres institucionales y potenciar la descentralización, hay que apoyarlo; si ese proyecto incluye recursos exclusivos en desmedro de otras instituciones de visión pública”, no apunta al camino que ellos optan como G9. “Creo que este va a ser el tema más de fondo en la reunión de marzo”, recalcó el rector.

Además, Sánchez recordó las posturas de los ministros Eyzaguirre y Valdés y de los senadores oficialistas Ignacio Walker y Fulvio Rossi, quienes han apuntado en diversas ocasiones a que el proyecto debe incluir las peticiones del G9, además de las entregadas por Delpiano, quien aseguró que habría una consideración con este sector, aunque no puntualizó si sería igual a la de las universidades estatales.

Para el diputado Robles, “uno de los nudos más relevantes es el del financiamiento al interior del CRUCh. Nosotros pensamos que las platas públicas deben ser entregadas a instituciones que garanticen la calidad, pero que también tengan una visión pública, que son las instituciones del CRUCh. Podrán incorporarse algunas otras, pero a ellas debe exigirles otras condiciones”, entre ellas, que no tengan fines de lucro.

Por otra parte, la diputada Girardi asegura que la prioridad deben ser las universidades estatales, “lo podemos sincerar”, dice. La parlamentaria indica que el ministerio no ha sido capaz de abordar lo discutido en relación con este punto y que se “perdió todo un año” en una discusión que no ha logrado rendir frutos. Según la diputada, PPD existe un “error conceptual y estratégico. “Creo que la ministra ha hecho un esfuerzo por aunar posiciones, pero de tanto aunar posiciones irreconciliables, finalmente termina desdibujando el proyecto. Yo creo que no hay que seguir profundizando esta postura, el Ejecutivo no puede intentar quedar bien con todos”, expresa.

La principal preocupación ahora son los tiempos de tramitación, principalmente porque los diputados de la Nueva Mayoría saben que en el Senado el proyecto puede “quedar entrampado” y que no se logre “la tramitación completa” en el Gobierno de Michelle Bachelet.