José Julio León, vicepresidente de Aequalis.- El discurso de la Presidenta del 21 de mayo –en lo relativo a educación superior- giró en torno a tópicos ya conocidos. Se insistió, en primer lugar, en presentar como un gran avance el que 125 mil jóvenes hayan podido beneficiarse este año con el inicio de la gratuidad, los que representan un 54 % de la matrícula nueva de este año en las universidades adscritas al programa.

Los únicos “anuncios” reales en esta materia fueron una mera reiteración de las promesas del año anterior. Que el próximo mes se enviará el tantas veces anunciado (y postergado) proyecto de Ley de reforma de la Educación Superior, y que a  partir de 2017 –ahora sí- se incluirá en la gratuidad a estudiantes de (ciertos) Institutos Profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). Para 2018 -¿otra vez por glosa presupuestaria?- se ampliará la gratuidad hasta los estudiantes pertenecientes al 6° decil de ingreso familiar y “luego” –en una ley cuya implementación será muy probablemente tarea del próximo Gobierno- se fijarán los mecanismos para “avanzar” hacia la gratuidad universal.

La Presidenta omitió hacer referencia a los problemas que ha tenido la puesta en marcha de esta medida (incluido el fallo del Tribunal Constitucional que impide hacer discriminaciones a los estudiantes de un mismo sector basadas en características institucionales) y la ausencia de un diseño claro que haga plausible su expansión.

En materia de regulación sólo enfatizó que se transformará la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en un “Consejo para la Calidad de la educación superior”, que será “de verdad” plural e independiente. Es decir, el diagnóstico –completamente equivocado- que ha recibido la Presidenta desde el Ministerio de Educación es que la “madre de todos los problemas” de la educación superior chilena es el actual sistema de acreditación que administra la CNA, lo que sería causado principalmente por la composición de este organismo.

¿Creerán las autoridades que un Consejo nombrado principalmente por el Gobierno y organizado como “servicio público” dependiente del Ministerio de Educación podrá ser un órgano verdaderamente “plural e independiente”?;  ¿Dará este nuevo órgano garantía de transparencia, objetividad y eficacia técnica al proceso de mejora continua, que –todo hay que decirlo- depende centralmente de las propias instituciones de educación superior y de su capacidad para diseñar, desarrollar y administrar de manera autónoma proyectos institucionales diversos? Nada más lejano de lo que anuncian las minutas ministeriales sobre el proyecto legal de reforma.

Se anunció, en fin, la conformación de un Consejo para la formación Técnica de nivel superior y Profesional. Poco, muy poco, para un sector que es clave para la mejora de la productividad de nuestra economía, y que ha sido muy importante en el incremento de cobertura y oportunidades para jóvenes de escasos recursos excluidos de la formación universitaria. Lo cierto es que no se podía esperar mucho más, pues las minutas ministeriales muestran nada más que prejuicios y sesgos (sino ignorancia) acerca de la situación y de las necesidades reales de los estudiantes de IP y CFT.

Fue un discurso en que dijeron más los silencios que las palabras. Rectores, estudiantes y especialistas, hasta ahora, han tratado de interpretar las vaguedades del mensaje presidencial. El desafío principal, sin embargo, lo tiene la Ministra de Educación. En ella recae la (difícil) tarea de componer un proyecto de ley con lo que, hasta ahora, no ha sido dicho.