En los márgenes de la guerra cultural soterrada que se desarrolla —con sus propios medios— en la esfera política de las sociedades contemporáneas, la versión chilena ha adquirido recientemente un rasgo semántico distintivo. A diestra y siniestra del campo de batalla, los contendientes luchan por definirse recíprocamente unos a otros como “ultras”; o sea, situados “más allá”, en los extremos, radicales o duros, en contraste con quienes serían moderados; es decir, mesurados, prudentes, equilibrados y tolerantes, los que buscan mantener un punto medio entre los extremos.

Lo interesante es que estas batallas no solo enfrentan a bloques opuestos —como derecha e izquierda, oficialismo y oposición— sino, principalmente, a los propios bloques. Esta es, probablemente, una característica que distingue a las guerras culturales de otras guerras. Mientras que en los conflictos tradicionales las fuerzas opuestas se enfrentan como ejércitos, en las guerras culturales actúan como grupos militantes. Según el diccionario, en un caso se busca servir, enlistarse, alistarse, cumplir, mientras que en el otro se trata de afiliarse, inscribirse, participar, asociarse. La diferencia es significativa: en el primero se obedece; en el segundo, se adhiere, lo que permite dejar de hacerlo, sembrar discordia, excomulgar y ser excomulgado.

Es importante señalar desde ahora lo que este ejercicio terminológico revelará. La aparente simetría de la expresión “a diestra y siniestra” resulta engañosa. Existe una ultraderecha global, nacional y gobernante, activa en el periodismo, la ideología y la academia. Por otro lado, la ultraizquierda en nuestro país permanece confinada a los márgenes del campo letrado, sin poder, sin partido y, lo más significativo, sin un nombre propio, ya que nadie se declara ultraizquierdista. El juego superficial consiste en dividir el adjetivo en partes iguales, pero el análisis correcto requiere distribuirlo de manera desigual.

1

Las derechas chilenas parecen estar más interesadas en evitar ser calificadas de “ultras” que en resolver las diferencias internas entre los sectores duros y blandos, entre la derecha de principios y la “derechita cobarde”, o entre la nueva y la vieja derecha. La línea divisoria en este enfrentamiento puede entenderse a partir de contrastes en el campo semántico: ganar por un voto o conquistar mayorías en el Congreso; apoyar u oponerse al indulto generalizado para los condenados por violaciones de derechos humanos en 2019; intensificar o moderar el ‘discurso de la emergencia’; alinearse, a través de redes internacionales, con valores ‘trumpianos’ o con las tradiciones liberal-conservadoras de Burke. A nivel más amplio: defender públicamente el régimen de Pinochet o limitarse a una complicidad pasiva; buscar la militarización del orden o promover el civismo en la seguridad; abolir o mantener discretamente una ley de aborto en tres causales; imaginar una “democracia protegida” basada en una fuerte integración moral social, o fomentar el pluralismo en una convivencia regulada por el derecho. En definitiva, declarar una guerra cultural abierta o mantenerla en la retaguardia, en espera.

El tema de los indultos reúne varios debates. El Presidente ha mencionado que los asuntos de seguridad y la agenda judicial avanzan por caminos separados, que revisará cada caso individualmente y no establecerá plazos específicos. Por su parte, Chile Vamos argumenta que, con la separación de poderes y un Estado de derecho sólido, no hay razón para conceder indultos. Desde la bancada republicana, se destaca que algunos carabineros actuaron con patriotismo durante el “estallido delictual”. Es importante notar que, más allá del debate, no estamos ante una diferencia en las políticas penitenciarias, sino ante la interpretación de los hechos de octubre de 2019. Aquí se libra una batalla cultural, y esa lucha es interna.

En el diarismo nacional y entre los columnistas oficialistas, suele prevalecer la tendencia a minimizar esa lucha interna, cambiando rápidamente de tema cuando los conflictos no pueden ignorarse. Rara vez se admite lo evidente: que existe una disputa subyacente entre las derechas duras y las moderadas, entre un sector “ultra” y los grupos más moderados. En cambio, es común centrarse en las críticas de la oposición al gobierno, cuestionando principalmente que se etiquete de “ultra” a la derecha en el poder. Estas prácticas se refuerzan mutuamente: por un lado, se silencia la disputa interna; por otro, se afirma que los opositores exageran o incluso amenazan al usar ese calificativo.

Al lado opuesto, la discusión tampoco está resuelta, y eso es un hecho de la causa. Mientras algunos líderes alegan que el gobierno tiene el mandato ideológico de llevar adelante una agenda extremista, un exministro y un exembajador de la administración anterior han tomado distancia de ese calificativo. Un senador democratacristiano expresó la idea de manera más sociológica: sería una “legitimación electoral del gremialismo”. Y Eugenio Tironi consideró la etiqueta un “despropósito político” y describió al gobierno como una derecha clásicamente conservadora, similar al Partido Conservador prefalangista. Que la oposición discuta el adjetivo con más intensidad que la propia derecha revela mucho sobre el estado actual de la oposición.

En el campo del discurso ideológico, las cuestiones resultan más interesantes y confusas. Un punto de partida útil es la discusión que enfrentan las derechas, tanto a nivel internacional como local, respecto al ideario liberal: su significado, su vigencia y su retroceso frente al avance de los iliberalismos, posliberalismos, antiliberalismos, neoliberalismos de segunda fase y libertarismos diversos. Los ideales tradicionales de libertad negativa y positiva pierden terreno o se subordinan a visiones de estilo trumpista, nacionalismos excluyentes, autoritarismos variados, ideas de “democracia protegida” y concepciones disciplinario-securitarias. Las derechas chilenas, generalmente débiles en su componente liberal —salvo en los momentos culturales más destacados del piñerismo—, hoy se retraen hacia sus raíces gremialistas, conservadoras, católico-tradicionales, de seguridad nacional, de restauración de “jerarquías naturales” y del imperio del orden frente a la amenaza de bárbaros, vándalos e inciviles.

Solo unas pocas voces se levantan desde la derecha tradicional en defensa del liberalismo. Un ensayo reciente de Valentina Verbal examina críticamente el posliberalismo de Patrick Deneen como matriz intelectual del proyecto hoy en el poder. Y a fines del año pasado, una columna argumentó por reconstruir la vieja alianza liberal-conservadora, en respuesta a otra que proponía a los conservadores buscar socios en el populismo. Es una polémica menor en volumen y mayor en significado: allí se decide si la derecha convencional pone límites a la ultraderecha o se dejará fagocitar por ella.

Finalmente, en el ámbito académico, el más cosmopolita, donde se discuten ideas y sus posibles consecuencias, lo que predomina no son los debates sobre Mill o Berlin, sino la crisis del liberalismo. Según Fukuyama, esto es resultado de dos tendencias: una, que conduce a un neoliberalismo extremo que otorga a los mercados la dirección de la sociedad y genera concentración y desigualdad; y otra, que da lugar al ‘liberalismo woke’, una izquierda que se refugia en identidades cada vez más cerradas, como raza, etnia, género u orientación sexual, atribuidas —según se dirá— a las estructuras de poder dominantes.

Cristóbal Rovira, un politólogo chileno ha propuesto una distinción útil entre la derecha convencional (mainstream right) y la ultraderecha (far right). La primera defiende ideas de derecha de manera moderada y respeta las reglas del sistema democrático liberal: puede ser conservadora en lo moral y partidaria del libre mercado, pero acepta la existencia de instituciones, tanto nacionales como supranacionales, que limitan su poder. La segunda adopta posturas de derecha cada vez más radicales y mantiene una relación problemática con la democracia, especialmente con su componente liberal, como la autonomía de los tribunales, la legalidad en la gestión administrativa y los organismos que restringen la soberanía popular. Dentro de la ultraderecha, se distinguen entonces dos corrientes: la derecha populista radical, que acepta, en líneas generales, las reglas, y la extrema derecha, que es propiamente antidemocrática y busca eliminar el sistema al llegar al poder. En un lenguaje que ninguna de ellas usaría, la primera sería reformista y la segunda revolucionaria.

Si consideramos esto, preguntémonos: ¿la “democracia protegida”, según la visión de su principal ideólogo, es una forma de derecha extrema o radical? La respuesta es incierta y las opciones son delicadas. En Chile, las expresiones orgánicas más representativas de la ultraderecha combinan elementos radicales y extremistas. En cualquier caso, representan una nueva derecha, rígida y conservadora, distante del liberalismo y opuesta a la derecha tradicional. Sin embargo, conviven con ella y dependen de su apoyo. Por ello, están cada vez más tensionadas por esa contradicción y divididas entre ambos extremos.

En la práctica, la lucha interna de la guerra cultural —una especie de conflicto fraterno— entre el polo convencional, dominado por un Chile Vamos casi espectral, y el sector más radical de Republicanos y Nacional Libertarios, sigue en un delicado equilibrio. El Presidente, casi ausente en este escenario en cuanto a liderazgo efectivo, todavía está evaluando cómo actuar: cuánto extender la línea conservadora-libertaria, cuánto poder ejercer a través de los órganos de seguridad, qué nivel de privatización promover en la economía y cuándo activar la guerra cultural, que por ahora permanece latente en la sombra.

Por eso, incluso un pequeño cambio en el clima político puede provocar una crisis: una mala comprensión con el PDG, un test de drogas mal comunicado —con un laboratorio único oferente, contramuestras discutidas y una renuncia ordenada a Hacienda—, la ausencia de una vocería gubernamental efectiva, un error en la gestión económica, decidir o no conceder los indultos, un crimen adicional o un traspié en las relaciones internacionales. Cada día, la lucha interna puede entorpecer el funcionamiento normal del gobierno.  La discusión sobre el plan de seguridad recientemente enunciado será otra prueba de fuego: o solidifica el polo duro del gobierno, como es probable, o fortalece la alternativa de la mainstream right.

2

Entre tanto, en las izquierdas, las ideas de “ultra” y “ultrismo” están actualmente en desuso, utilizándose solo ocasionalmente en debates polémicos entre bloques o en los márgenes del bloque opositor. En el ámbito internacional, estos términos prácticamente no se emplean, en contraste con lo que ocurre con las derechas. ¿A qué se debe esta diferencia?

Una razón probable es genealógica. En el lenguaje de las izquierdas del siglo XX, la ultraizquierda fue definida como el “más allá” de la revolución bolchevique: infantilismo revolucionario, anarquismo, nihilismo, petardismo. Las revoluciones podían ser soviéticas, maoístas, castristas o guevaristas; fuera de ella, hacia la siniestra, se situaba la ultraizquierda. Este término fue acuñado por Lenin en 1920 y se reactivó durante la guerra fría para designar a quienes padecían la “enfermedad infantil del izquierdismo”. La explicación era rigurosamente sociológica, y por eso conserva interés. El pequeño propietario, escribe Lenin, sufre bajo el capitalismo una presión continua y, con frecuencia, un empeoramiento brusco de sus condiciones de vida y la ruina; por eso cae con facilidad en el revolucionarismo extremista, pero es incapaz de dominio de sí, espíritu de organización, disciplina y firmeza. “El pequeño burgués ‘enfurecido’ por los horrores del capitalismo es, como el anarquismo, un fenómeno social propio de todos los países capitalistas”. Y remataba señalando la inconstancia de ese revolucionarismo, su esterilidad y la facilidad con que se transforma en sumisión, en apatía o en mera fantasía.

El ultraizquierdismo actual en Chile proviene de tres vertientes semánticas principales, además de una cuarta, más reciente e interesante.

La primera vertiente es el Partido Comunista. Desde la constitución del MIR, a mediados de los años 1960, y siguiendo la línea soviética, el PC ataca esa enfermedad infantil en el ámbito local, sobre todo la ambigüedad de aquella izquierda frente a la Unidad Popular y al gobierno del Presidente Allende, ambigüedad con la que el propio gobierno, con exquisita reciprocidad, respondió a su turno. Hoy, sin embargo, no es un término de uso corriente en el vocabulario del PC que, más bien, suele ser atacado como tal por sectores extremos del anticomunismo de derechas.

Efectivamente, la segunda vertiente son las derechas y sus medios de comunicación, que, desde los años 1960 en adelante, y muy especialmente bajo la dictadura civil-militar, buscan catalogar a las izquierdas, en general, como ultraizquierdas y, literalmente, ponerlas “más allá” de la ley o someterlas por la fuerza, como ocurrió dramáticamente a partir de 1973. Desde la restauración de la democracia en 1990, esa tendencia se moderó, aunque no desapareció por completo.

La tercera vertiente, más soterrada y más nueva, surgió en torno al estallido social de octubre de 2019, cuando diversas expresiones antisistémicas, de rebelión popular, destituyentes y anárquicas, radicales y extremas en su rechazo de la política institucional, se volvieron contra el PC y contra cualquier reformismo progresista, calificando a este último de “continuidad neoliberal” y al primero de “agrupación burocrática, conservadora y parte del establishment”. Fue el auge, durante algunas semanas o meses, de una ultraizquierda popular y ‘movimientista’ (Lista del Pueblo) que luego se manifestó sublimadamente en los textos de la Convención Constitucional.

La cuarta vertiente, que quizá es la que despierta mayor interés en la última década en algunos círculos académicos (herméticos), se desarrolló al interior de las izquierdas bajo la presión, precisamente, de tener que distinguirse de un PC anacrónico: de su política oficial, de su encuadramiento burocrático de masas, de su relación con las fuerzas obreras sindicalizadas y de su plena incorporación a las instituciones del Estado. En breve, se decía, de su aburguesamiento funcionario y parlamentario, de su abandono del espíritu revolucionario bolchevique, al que solo rendía homenaje ritual y ceremonioso. Nótese la paradoja: la ultraizquierda chilena contemporánea no nace por oposición a la derecha, sino por diferenciación respecto de las izquierdas que sí ejercen poder. Es una identidad definida por su margen o marginalidad antes que por su adversario.

Envuelta en los ecos del estallido, en torno a la Convención Constitucional se produjo efectivamente un auténtico “momento ultraizquierdista” que descolocó a los partidos tradicionales de la izquierda, incluido el PC, y alimentó el surgimiento de una ultraizquierda radicalizada en el reino de las letras. En su momento la designé como la izquierda de las belles- lettres: un núcleo de intelectuales de izquierda situado “más allá” de la izquierda institucional; literalmente, una ultraizquierda.

Sus rasgos ya los he descrito en otra parte: producción textual estilizada y teóricamente esotérica; predominio de la deconstrucción sobre la propuesta; circuitos endogámicos con sus propios códigos de inclusión y exclusión; vocación destituyente que desdeña toda finalidad constituyente; y una crítica desde lo alto a las izquierdas que sí participan en la política institucional, a las que fustiga por tibias o acomodaticias. Todo ello mientras habita de manera relativamente rutinaria, sin mayores riesgos ni amenazas, el interior de la institucionalidad (privilegio que no tuvo la intelectualidad de izquierdas bajo la dictadura) —léase universidades, revistas, plataformas digitales— y al amparo de los derechos liberales que aseguran autonomía y libre circulación aun a la crítica más despiadada hacia las instituciones que sostienen ese mismo espacio de deliberación.

La designación belletrística que utilicé entonces con fines de crítica cultural fue recogida del otro lado como su enseña: a los pocos días apareció, en efecto, un semanario político-cultural llamado precisamente Bellas Letras. De impecable factura estético-intelectual, cosmopolita, esotérica, órfica y deconstructiva se organiza en secciones llamadas Coyuntura, Singularidad, Divergencias, Contrapuntos y Voces. La ironía del asunto no radicó en la réplica, enteramente legítima y, por lo demás, bien escrita, sino en su forma. En efecto, un círculo que hace del desmontaje del lenguaje ajeno su oficio principal y que ve dispositivos de poder operando en cada nominación aceptó sin reservas el nombre y lo instaló en su propio cabezal. Todo se resignifica, al parecer, menos el membrete.

El detalle que importa para nuestro asunto es otro. En esas páginas circulan con soltura los adjetivos fuertes dirigidos al adversario: se habla de agenda neofascista, se conversa acerca de un país de ultraderecha. Pero el prefijo ‘ultra’ nunca vuelve sobre sí mismo. Nadie escribe allí desde una ultraizquierda declarada ni se hace cargo de dicho fenómeno en el escenario político-cultural. Se acepta el sustantivo —bellas letras— pero se rechaza el fenómeno que lo produce. Esa asimetría interna reproduce, en miniatura, la asimetría general que nuestro artículo intenta describir.

No es un fenómeno local. A comienzos de la década pasada, un latinoamericanista de la Universidad de Pittsburgh diagnosticó, en una línea argumental paralela, un ultraizquierdismo en los círculos académicos de las izquierdas de la región, al que llamó, irónicamente y retomando a Lenin, “enfermedad infantil de la academia”. Su blanco explícito eran las corrientes de la poshegemonía y del deconstructivismo latinoamericano, varias de cuyas figuras son referencias obligadas para nuestros belletristas locales. Daba tres razones para hablar de una enfermedad infantil específicamente académica.

Primero, el predominio de un modelo en el que la crítica se entiende como práctica permanentemente deconstructiva, algo así como la ideología espontánea de estos intelectuales, antes que como agregación hegemónica. Pero ese afán, propio de su ética de trabajo, no es compartido por otras posiciones sociales y marca más bien una línea divisoria con los grupos subalternos efectivamente existentes. La crítica es interna al campo intelectual y, agrego yo, se ejerce desde sus márgenes, a gran distancia de cualquier práctica política con incidencia real en la sociedad.

Segundo, y aquí conviene citarlo, la responsabilidad ética y política resulta “autorreferencial a la academia misma”: no admite corrección externa, y un radicalismo extremo puede coexistir pacíficamente con una carrera universitaria bien lograda. Si una posición teórica coincide con la derrota o el impasse de un movimiento social o político, nadie siente por ello responsabilidad directa. Teoría sin consecuencias. Resuena, inevitablemente, con los ecos del octubrismoentre nosotros, con los estropicios deconstructivos de la Convención y con el auge de unas derechas duras que, tantas veces a lo largo de la historia, se retroalimentan con las ultraizquierdas.

Y tercero, observaba nuestro colega de Pittsburgh entre sus pares latinoamericanos, una tendencia a la estetización de la política, que aquí adopta la forma de una impaciencia, a ratos milenarista y ciertamente pequeñoburguesa, ante la inminencia del ‘fascismo’. Es el eslabón decisivo, y el que mejor explica a los belletristas locales: la íntima belleza del deseo de una emancipación que solo ocurre en el reino del más allá de las izquierdas terrenales.

3

La ultraderecha es hoy un fenómeno global y nacional, con expresiones orgánicas, representación parlamentaria y ejercicio del Ejecutivo; se manifiesta en los tres ámbitos —periodístico, ideológico y académico— y desplaza su guerra ideológico-cultural desde la retaguardia programática hacia las trincheras discursivas del presente. La noción de ultraizquierdismo, en cambio, queda técnica y semánticamente reducida a los bordes de la intelectualidad académica de las bellas letras. En la esfera política, no hay entre nosotros ultrarrevolucionarismo, igual como no lo hay a nivel global. El PC es anacrónico, pero no ultra, por mucho que coquetee con los fantasmas revolucionarios del siglo XX. El Frente Amplio es generacional y ahora, además, “socialista”, pero de manera enteramente convencional y retórica, sin ir más allá de los clichés del neolenguaje de las izquierdas posmodernas.

Queda mi propio sector, el del Socialismo Democrático (SD), pos-renovación, que es antiultra por constitución, no por temperamento. Lo es desde los orígenes de su referente más importante —las socialdemocracias europeas—, cuando esa corriente se definió mediante una doble crítica, radical en ambos casos, al comunismo soviético por un lado y al fascismo europeo por el otro, en el período de entreguerras. Y lo es en Chile desde la reconstrucción de esta izquierda bajo la dictadura, que se hizo precisamente contra la tentación del “más allá”, optando en cambio por un programa y una visión de transformación modernizadora de la sociedad y la cultura. Esa genealogía es su piso. Pero también es su límite: un sector definido por aquello que rechaza —la derecha y sus latencias ultras, en nuestro caso— corre el riesgo de no definirse por nada constructivo y de quedar atrapado en lo que rechaza.

Porque el problema del SD no es uno de oposición sino de visión, futuro y propuestas. No se trata de dotarlo a última hora de algún excedente utópico —eso sería desmentir lo dicho hasta aquí—, sino de mostrar que la experiencia acumulada y la imaginación son capaces de producir algo nuevo: un proyecto social y democrático concreto para la primera mitad del siglo XXI. Con una capacidad efectiva de gobernar los cambios que nuestra sociedad experimentará a poco andar, quiera o no. Contra los ultrismos de diestra y siniestra no basta con el argumento de que son ultras. Hay que demostrar que existen alternativas que funcionan. Hasta aquí, esa demostración está pendiente. Y no parece haber interesados en realizarla.