El sociólogo José Joaquín Brunner (Santiago de Chile, 81 años “orgullosamente” cumplidos) fue militante, antes del golpe militar de 1973, del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU, la juventud rebelde que se separó de la Democracia Cristiana); también, figura intelectual de la renovación socialista de los años 80 y vocero del Gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre 1994 y 1998.

Hoy, dirige el doctorado en Educación de la Universidad Diego Portales, es investigador de la Universidad de Tarapacá y miembro del Consejo Nacional de Educación (CNED), órgano que entre otras cosas aprueba los currículos del sistema escolar. Adicionalmente, en El Mercurio, El Líbero y en su propio sitio web escribe columnas que son “una suerte de análisis sociológico, político y cultural de las transformaciones que experimenta el país y el mundo contemporáneo”. Así, en su condición de intelectual público, recibe a EL PAÍS en un acogedor departamento de la calle Hernando de Aguirre, en la comuna capitalina de Providencia.

Pregunta. Aprobada en pocos meses su megarreforma económica, o ley miscelánea, el Gobierno de José Antonio Kast presentó un proyecto que entre otras cosas crea un nuevo estado de excepción y busca reformar la Constitución para incorporar el concepto de seguridad pública. ¿Cómo ve el diseño del Ejecutivo?

Respuesta. Como una consecuencia directa de lo que Kast propuso en su programa: habló de un Gobierno de emergencia para llevar a cabo iniciativas en el campo económico y en el de la seguridad nacional, en clave de combate al crimen organizado y centradas en ideas como la de un estado de excepción localizado, para recuperar el control territorial, que el Estado habría perdido. Lo que está haciendo, entonces, va en línea con lo que había anunciado y, hasta acá, está en el marco de la discusión institucionalmente organizada: a través del Parlamento, donde cuenta también con la posibilidad, tal como se aprobó la ley miscelánea [o de Reconstrucción y Desarrollo Económico], de aprobar esta otra, porque tiene algo muy cercano a la mayoría en ambas cámaras.

En esto, hay mucha gente que dice que estamos ante un enorme riesgo, y yo creo que no: el riesgo puede ser ideológico, y creo que lo es -el tipo de discurso, la visión de mundo del presidente y su equipo-, pero en términos concretos [el Gobierno] está haciendo lo que ofreció hacer, y lo está haciendo dentro del marco institucional.

P. ¿Eso lo alivia? ¿Le sorprende?

R. Lo tomo como algo que estaba anunciado. Hubo, y hay todavía, una gran incertidumbre respecto de los efectos de la Ley Miscelánea, así como de esta otra, que son propuestas que, en general, no me parecen bien encaminadas desde el punto de vista de lo que el país necesita. El país necesita salir de un estado de gran desconfianza y pesimismo respecto de las autoridades y de las propuestas de la así llamada clase política, y me parece que lo que ha hecho Kast desde el primer día es insistir en la polarización y en la distancia entre las autoridades -y sus planes- y lo que la gran mayoría del país percibe como sus propios problemas. Eso deriva en la poca creencia en que estas cosas podrán solucionar algo, y ahí hay un riesgo mucho mayor que el riesgo de que el gobierno quiera saltarse la institucionalidad. La gran desconfianza hacia la política y hacia las autoridades políticas es algo que, en sí, debilita la institucionalidad.

Entonces, no es que el gobierno esté atacando la institucionalidad directamente, pero tiene un estilo y una propuesta de acción en materias fundamentales que responden a intereses muy específicos de grupos muy minoritarios de la sociedad.

P. ¿En qué lo hace pensar esto?

R. En que estas son las cosas interesantes de un régimen democrático: abre incógnitas, crea situaciones de incertidumbre, y luego depende de los actores [políticos] en qué dirección se va encaminando el país. Y en este momento, el país se está encaminando en función de un gobierno de derecha -o nueva derecha, o derecha dura, hay toda una pelea de cómo llamarla-, que un es una derecha distinta de la derecha convencional, liberal-conservadora, que hemos conocido históricamente.

P. Pero esa otra derecha también está en el Gobierno…

R. Está subordinadamente en el Gobierno, donde la orientación la pone el sector más duro, que no es solamente Republicanos, sino también [Johannes] Kaiser y el Partido Nacional Libertario (PNL): son los dos pies más consistentes del bloque de gobierno. Da lo mismo que el PNL diga que es una oposición amigable, porque al final es una parte del proyecto y de la conducción de esta derecha dura o nueva, que cuenta efectivamente con el apoyo de Chile Vamos. Ahora, veremos si Chile Vamos va a soportar, en los meses y años que vienen, una conducción que muchos de ellos no habrían elegido.

P. ¿No se las ha arreglado Kast para desoír las propuestas de ese lado más duro, por ejemplo, la de privatizar [la cuprífera estatal] Codelco, o la de obligar a las mujeres que abortan a oír primero los latidos del feto?

R. Es lo que están haciendo Kast y su equipo de gobierno, donde están todas estas fuerzas en tensión. Por eso no hay una coalición ni una articulación, sino tensiones en un bloque mayor de partidos donde también hay que contar, como elemento funcional a las estrategias presidenciales, al PDG [el Partido de la Gente], que al final concurrió con sus votos a aprobar la ley miscelánea a cambio de medidas muy marginales y que va a ser una plataforma de apoyo muy decidida a las propuestas de seguridad, incluso exigiendo ir más allá de lo que hoy está proponiendo el gobierno. El presidente está llevando adelante su programa y busca, en cada coyuntura, equilibrar las tensiones internas, pero no hay nada que haga pensar que, por esas tensiones, el gobierno pueda quedar entrampado.

P. ¿Y cómo ve a la oposición?

R. Si sigue siendo una oposición política e ideológicamente confundida, que cree que su destino está ligado a una especie de unidad en torno a la negación de cualquier iniciativa del gobierno, va a seguir yéndole muy mal. Lo que la democracia supone es que la oposición se propone a sí misma como una alternativa, y por lo tanto tiene proyectos, tiene ideales, tiene una visión de futuro: todo eso es lo que no tiene la actual oposición, con la cual concuerdo por mi historia y por mi filiación político-cultural con el progresismo, aunque sea este un término que parece bastante superado.

Creo que la oposición que tenemos está siendo una oposición completamente inconducente.

P. Si las izquierdas no logran refundarse, declaró usted en mayo, “estamos sin oposición”. ¿Qué demandaría esa refundación?

R. Un nuevo planteamiento de ideas de aquí a mediados de siglo. Es tan grande la transformación que el país está experimentando y la que va a experimentar -basta pensar en el fenómeno demográfico, que cambia completamente las perspectivas de lo que va a ser este país en los próximos 30 a 40 años-, que se requiere desde las izquierdas una propuesta capaz de conducir con visión ese tipo de transformaciones. Y mientras eso no aparezca en las discusiones, y nuestras izquierdas estén puramente comprometidas con lo que va a ocurrir mañana, con ver cómo mejor podemos “unitariamente” rechazar lo que proponga el Gobierno, estamos perdidos, porque al país esa parte no le interesa mayormente.

P. ¿La idea misma de unidad está siendo confundida con algún tipo de proyecto?

R. Totalmente, y eso en el corto plazo da una cierta unidad táctica para enfrentar propuestas, si uno tuviese ideas para enfrentarlas. Porque están las ideas de más largo plazo, pero también la forma en que abordamos hoy los temas de seguridad, que el Gobierno tiene muy claro cómo abordar. ¿De qué forma las izquierdas pensamos enfrentar los problemas de la seguridad? Eso es algo en lo que históricamente hemos sido débiles, confusos: no hemos tenido un discurso coherente, ni siquiera una emocionalidad que nos permita pensar creativamente respecto de esos problemas, porque los negamos, porque nos parece que eso forma parte de algo que no es propiamente de izquierda. Desde ese punto de vista, hoy estamos ante una oposición extremadamente débil.

Municipios y educación

Entre lo que hay para lamentar en la política chilena de los últimos meses, piensa Brunner, están las fracturas y desencuentros municipales. Los alcaldes, vistos como el rostro humano del Estado, habitualmente más populares que los congresistas y dueños de un poder nada despreciable desde la reforma municipal de la dictadura, se enfrascaron en amargas disputas por la megarreforma de Kast, que considera la exención del pago de contribuciones y que muchos de ellos consideran una profundización de la desigualdad, ahora a nivel de las comunas.

Lo ocurrido, piensa el sociólogo, “es lamentable, porque, si el país necesita algo, es un fortalecimiento de todo lo que tenga que ver con las redes locales, dentro de las cuales el municipio es el órgano más importante, el más representativo”. Los municipios, añade, “han tenido que pagar una parte [de la megarreforma] nada menos que para bajar las contribuciones de un sector que, en su gran mayoría, está perfectamente en condiciones de seguir pagando contribuciones sin afectar un sistema extremadamente delicado que se ha creado para producir cierta equidad en la distribución de los recursos”.

Esto último, desde ya, le parece “trágico”, como trágico considera el estado de la desmunicipalización de la educación escolar, que “en su momento tuvo el acuerdo de todas las fuerzas políticas”. Es cierto, admite, que ha habido una variedad de problemas con la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), a través de los cuales el Estado está retomando el manejo de escuelas y liceos que desde los años 80 estaban en manos de los municipios. Pero lo que había que hacer era “mejorar los procedimientos, dar el apoyo necesario a los procesos de transición, todo lo cual habría tenido bastante acuerdo”, mientras la idea del Gobierno ha sido decir, nos vamos a preocupar de los buenos municipios que, entre comillas, son los que tienen mejores escuelas -claro, porque tienen familias con mayores ingresos-, y si hay más que quieran competir por quedarse con sus colegios, que se queden, y este otro proceso, el de los SLEP, lo vamos a llevar a un paso de tortuga hasta el año 2040”.

P. ¿Qué implica esto?

R. Que vamos a crear una profundización de la desigualdad entre los municipios y que vamos a segmentar otra vez el sistema educacional. Va a haber dos nuevas educaciones públicas: una en los SLEP, donde seguramente no van a poner mucho empeño en resolver los problemas, y otra para los municipios que quieran quedarse con sus colegios. Entonces, a algunos municipios les va a ir mejor con la redistribución de los fondos y a otros les va a ir peor; y si a los que les va a ir peor, que son los más pobres, quieren mantener la educación escolar, les van a decir que la mantengan con la pobreza de sus recursos. Esto se da porque no hay una política de educación en este nuevo gobierno, o porque en realidad les importa poco. O porque, en el fondo, quieren que las cosas sigan como estaban.