España: Creación universidades privadas
Marzo 1, 2023

Logo el PaísLas nuevas universidades privadas están lejos de la calidad exigida

El ministerio concede a estos campus en el País Vasco, Andalucía y Madrid cinco años para cumplir con los estándares. Otros seis proyectos esperan turno

Desde 1998 no se funda ninguna universidad pública en España ―hay 50―, mientras las privadas se han cuadruplicado (de 10 a 40) y este jueves se votará en Madrid la número 41: la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT). La cuestión es que el Gobierno piensa que una parte importante de las privadas de esta última hornada está lejos de comportarse como una universidad ―que imparta docencia, investigue y transfiera ese conocimiento― y el pasado verano se aprobó un decreto de creación y reconocimiento de universidades que obliga a cumplir en cinco años unos estándares. “El decreto intenta poner un poco de orden en un sistema que tenía el peligro de que le llamásemos universidad a cualquier cosa. Tienen que cumplir unas condiciones determinadas: un porcentaje dedicado a la investigación [5%], número de doctores… Los chiringuitos son ahora más difíciles de hacer”, aseguró el ministro de Universidades, Joan Subirats, a este diario. Pero el decreto apoyado por los rectores nace cojo, pues el ministerio interpreta que a las entidades que han solicitado el procedimiento de autorización de sus proyectos hay que concederles esos cinco años —desde que se pongan en funcionamiento― para actualizarse, y hay ya cuatro con el proceso de tramitación muy avanzado en Madrid (UDIT), Andalucía (Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo y Universidad Fernando III) y el País Vasco (Euneiz) posicionadas lejos de sus estándares. Otras seis esperan turno.

El Consejo de Estado, en contra del ministerio, sostiene que si las instituciones no han sido autorizadas antes de la entrada en vigor del decreto ―agosto de 2022― deben de cumplirlo desde el principio. El pasado noviembre, el Parlamento vasco aprobó la European University of Vitoria-Gasteiz (Euneiz), liderada por el principal accionista de los clubs Alavés y Baskonia (Josean Querejeta) con el apoyo del PNV. Todos los partidos ―salvo Elkarrekin Podemos y Bildu― votaron a favor de la creación de una universidad que pretende dedicarse a los videojuegos, el deporte y la fisioterapia. El diputado regional de Podemos Íñigo Martínez Zatón explica que, en junio, su grupo pidió una ampliación del plazo de enmiendas para adaptar el proyecto de ley al decreto, pero en el texto final ni se cita.

“Nos preocupa que cualquier cosa es una universidad, va a ser bastante inaccesible [a partir de 8.000 euros un curso de la carrera], compite con grados públicos y va a recibir dinero público porque tiene derecho a entrar en el mundo de las subvenciones”, prosigue Martínez Zatón. Los socialistas, socios de gobierno del PNV, trataron de pasar inadvertidos en la votación ante una situación muy incómoda. “No vamos a recibir ni queremos un euro público”, asegura su director, Álvaro Ron. Pero reconoce que “lo que le rodea” presumiblemente va a tener subvención: 33 millones de fondos Next Generation para el proyecto Innovaraba, de Querejeta, que incluye una escuela de fútbol, una aceleradora de empresas, un colegio internacional y un centro de medicina deportiva, entre otros negocios interconectados con Euneiz.

Esta, al igual que las otras tres universidades, no cumple con lo que marca el decreto en cuanto al número de grados ―en cinco años deberá tener 10 y oferta solo cinco―, las áreas de conocimiento ―dos cuando se requieren tres―, tamaño ―“será como un college americano, no más de 2.000 estudiantes”, explica Ron, su director― e investigación. Ron asegura que están contratando profesorado, y en tres semanas anunciarán con cuántas carreras empiezan el próximo septiembre.

Euneiz cuenta, como la Universidad Fernando III ―propiedad de San Pablo CEU―, con el informe favorable de los técnicos del ministerio para la Conferencia General de Política Universitaria ―preceptivo pero no vinculante― que se redactó aplicando los criterios de calidad anteriores al decreto del pasado verano, más laxos. Pero Euneiz se llevó un varapalo de la agencia de evaluación vasca Unibasq: “La oferta propuesta es más propia de un centro adscrito a una universidad que de una universidad. De hecho, los centros ENTI y EUSES con los que se vincula el proyecto son centros adscritos de universidades ya consolidadas [Barcelona, Girona y Rovira i Virgili]”. Esa es la eterna pregunta de los rectores: ¿por qué no quieren ser centros adscritos? La propiedad de una universidad privada se puede llegar a vender por más de 10 veces su Ebitda (beneficio bruto de explotación) en un mercado enloquecido animado por los fondos de inversión internacionales. La educación es un negocio contracíclico, cuando llega una crisis económica la población invierte en formarse, y los fondos están al acecho.

Las desfavorables conclusiones ―en equipamiento, envergadura o planes de investigación― en el caso de los informes del ministerio sobre UDIT y UTEMED no han parado los planes de Madrid (PP) y Andalucía (PP y Ciudadanos). Muy al contrario, Isabel Díaz Ayuso se dio prisa para empezar a poner en marcha los trámites de la institución antes de las elecciones del pasado mayo. Mientras que el Gobierno andaluz está dando los primeros pasos a UTAMED, una vez que la empresa promotora ―la Escuela de Negocios del Mediterráneo (MEDAC), creada por su consejero de Educación, Javier Imbroda― ha vendido todas las acciones a una multinacional.

Los 10 rectores andaluces de las universidades públicas, indignados con los nuevos campus, han lanzado un comunicado conjunto: “Cualquier incorporación de una nueva universidad al sistema universitario debe pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas en formación académica, investigación y transferencia del conocimiento”. Andalucía reconoce que, además, “estudia” la implantación de otros cinco campus. El Ayuntamiento de Málaga (PP) ha cedido terreno a las dos universidades en España en manos de fondos ―la Alfonso X el Sabio y la Europea― a cambio de un canon y un número de becas, pero la Junta no da detalles: “No haremos público el nombre de ningún promotor de una iniciativa hasta no elevarlo al Consejo de Gobierno”. La Universidad Europea ―con instituciones autónomas en Madrid, Valencia y Canarias― explica que la intención es que Málaga sea una entidad independiente.

La escuela de diseño ENSE, que este jueves se convertirá en la universidad UDIT, construye un nuevo aulario en Madrid.
La escuela de diseño ENSE, que este jueves se convertirá en la universidad UDIT, construye un nuevo aulario en Madrid.AITOR SOL

Ninguna de las cuatro universidades con la tramitación avanzada ha contado con el dictamen positivo de los rectores de las universidades públicas de su región, algo habitual. El consejero Enrique Ossorio aseguró el jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid que este era el único informe contrario a UDIT, cuando en realidad dispone de cuatro informes adversos de su propio Ejecutivo, además del redactado por el ministerio. La capital, que desde este jueves tendrá 13 universidades privadas, 33 centros adscritos y más de una decena de sedes en su territorio de universidades extranjeras o de otras partes de España, quiere competir con Miami como hub (centro de operaciones) de educación en español. Por eso es poco restrictiva en sus requerimientos. El Gobierno regional asegura que en estos momentos está estudiando solo un nuevo proyecto.

Los socialistas creen que se puede sobredimensionar el sistema universitario

Las comunidades gobernadas por los socialistas reciben también propuestas de negocio, pero menos que las del PP, pues los primeros creen que se puede sobredimensionar el sistema universitario. Extremadura no ha seguido adelante con la solicitud de una universidad a distancia que contaba con un informe desfavorable del ministerio; mientras que, en Canarias, Coalición Canaria logró aprobar en 2019 ―en el tiempo de descuento de la anterior legislatura― la Universidad de las Hespérides, a distancia y rechazada por los técnicos del ministerio. Los socialistas, que votaron en contra, le darán la autorización cuando demuestre que tiene calidad.

Este diario ha preguntado a las 17 comunidades autónomas y solo Andalucía y Madrid tienen más proyectos privados en marcha. La pasada primavera, antes del decreto, Galicia aprobó la Universidad Intercontinental de la Empresa, propiedad de Abanca, el banco nacido de las cenizas de las cajas de ahorros gallegas, que tendrá que hacer importantes esfuerzos de financiación estos cinco años. El ministerio calculaba el pasado año que una decena de universidades ya en funcionamiento tendían serios problemas para seguir, pero la lista, sin duda, se agrandará.

El siguiente escollo del ministerio es que quien tendría que cerrar en cinco años los campus que cuenten con escasos medios son los mismos ejecutivos autonómicos ―si no ha cambiado el partido en el poder― que dieron antes su bendición. La clausura sería gradual ―ningún universitario se quedaría colgado― pero es una medida polémica, aunque Universidades insiste: “El ministerio está y estará en contra de todos aquellos proyectos que no se ajusten a la ley”.

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SOBRE LA FIRMA

Elisa Silió

Es redactora especializada en educación desde 2013, y en los últimos tiempos se ha centrado en temas universitarios. Antes dedicó su tiempo a la información cultural en Babelia, con foco especial en la literatura infantil.

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Subirats, tras autorizarse dos universidades privadas en Andalucía: “Es un problema acuciante que afecta a todo el sistema”

La Junta da la luz verde a la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo y la CEU Fernando III. “No puede ser que acaben aprobándose pseudouniversidades cuando tienen informes previos en contra”, afirma el ministro
El ministro de Universidades, Joan Subirats, el 17 de enero.
El ministro de Universidades, Joan Subirats, el 17 de enero.JESÚS HELLÍN (EUROPA PRESS)
Sevilla / Madrid – 17 feb 2023 – 05:30

En plena polémica por la posibilidad de concertar la atención primaria, el Gobierno andaluz, que el PP dirige con mayoría absoluta, autorizó este martes la apertura de dos nuevas universidades privadas para el próximo curso ―la CEU Fernando III en Bormujos (Sevilla) y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) de Málaga, de enseñanza a distancia― que han soliviantado a los nueve rectores de los campus públicos de la comunidad y al ministro de Universidades, Joan Subirats. “Estamos ante un auge de universidades privadas en muchas comunidades autónomas que, en muchos casos, no cumplen los estándares de calidad fijados. Es un problema acuciante, porque todo ello acaba afectando al conjunto del sistema universitario”, declara el ministro a EL PAÍS.

“Hemos desarrollado y aprobado el real decreto de creación de universidades, que establece los mínimos para evitar que cualquier iniciativa acabe llamándose universidad y velar así por la calidad del sistema”, subraya el ministro. “Las comunidades, que son las que tienen la competencia sobre el tema, deben corresponsabilizarse de este problema que afecta a toda la ciudadanía. No puede ser que acaben aprobándose pseudouniversidades cuando tienen informes previos en contra”. Y añade: “Vamos a estar vigilantes. No podemos avalar que se emitan títulos oficiales sin que cumplan los mínimos para ello. Hay que evitar un problema ahora que puede ser mayor en el futuro”.

Los técnicos del Ministerio de Universidades emiten un informe sobre la calidad de un proyecto de universidad y se somete a votación en la Conferencia General de Política Universitaria, de la que forman parte Subirats y los gobiernos autonómicos. En esta ocasión ambos informes ―preceptivos, pero no vinculantes para la autonomía― tuvieron distinto signo: el de la Fernando III (en él se aplicaron los criterios anteriores al decreto, que eran menos estrictos) fue favorable y el de UTAMED, negativo. Un portavoz de la Consejería de Universidades asegura que ambos promotores han cumplido con las mejoras que había requerido el Gobierno central.

“Siguen existiendo serias dudas sobre la sostenibilidad económica (…). Hay una deficiente planificación del profesorado. Imposibilidad de garantizar prácticas obligatorias externas, incertidumbre respecto a la sede de la universidad o falta de garantías que aseguren la financiación”, se afirma en las conclusiones del informe de UTAMED. También los técnicos reprochan que los grados que se van a ofertar ya están en el catálogo de las universidades andaluzas: “No aporta iniciativas novedosas”.

“Quisiera recalcar mi apoyo a la carta que este miércoles han publicado los rectores y rectoras de Andalucía”, precisa Subirats. En su manifiesto, los nueve rectores afirman: “Este anuncio ―junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera próximamente― despierta una gran inquietud entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas seguimos necesitando un nuevo modelo de financiación”.

El consejero se opuso siendo rector

José Carlos Gómez Villamandos, quien siendo rector de la Universidad de Córdoba (pública) había criticado la implantación de los dos centros en una carta fechada en febrero de 2022 con los otros ocho rectores de la universidad pública ―”Deben pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad”, manifestaron―, ahora ha sido el encargado de defender la autorización en calidad de nuevo consejero del ramo: “Las universidades cuentan con todas las garantías desde que hace tres años se presentaron los proyectos y sus promotores han ido asumiendo las evaluaciones y consideraciones que se les han ido haciendo desde la Conferencia General de Política Universitaria y la Agencia Andaluza del Conocimiento”.

La aprobación deberá pasar por el trámite parlamentario, pero el PP dispone de mayoría absoluta. Villamandos señala que ambas universidades cuentan con los informes positivos de la Junta, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social. Este, el pasado diciembre, se pronunció en contra de la apertura de la UTAMED y fue muy crítica con los planes de estudio y las metodologías docentes presentados y en el que se cuestionaba la financiación.

El consejero de Universidad e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, este febrero.
El consejero de Universidad e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, este febrero.ÁLEX ZEA (EUROPA PRESS)

UTAMED fue impulsada en sus inicios por Medac, la empresa que Javier Imbroda, que fue consejero de Educación de la Junta en la pasada legislatura, fundó y de la que fue propietario hasta que entró en política. Imbroda había intentado en 2018 como empresario abrir la universidad en Almería con su hermano Juan José, como presidente de la ciudad autónoma. La propuesta para implantarse en Málaga ―ya sin Imbroda y con más medios― recibió el espaldarazo del Gobierno andaluz en febrero de 2022, pese a contar con los informes desfavorables de la propia Junta. En abril de ese año, el Consejo Andaluz de Universidades, del que Villamandos formaba parte como rector, también emitió un informe contrario.

Francisco Ávila, presidente de UTAMED, explica a este diario que su intención es comenzar con los grados por internet y masters en septiembre de 2024, y los estudios estarán dirigidos a trabajadores que necesiten conciliar y una nueva formación para progresar en su entorno laboral. “Es necesario un cambio en la cultura global para ayudar a esta reinserción”, sostiene Ávila, quien no comparte las quejas de los rectores de las universidades públicas sobre que haya una duplicidad de titulaciones. “Entendemos que nadie puede vivir sin competencia, pero si el título fuera el mismo, que no lo es, el perfil de estudiante es diferente y hay mucha más demanda que oferta ahora mismo”, opina.

La UTAMED ofrecerá los grados por 4.000 euros y aún no ha terminado de concretar el precio de los másters. Ávila no aspira a que esta universidad sea “la de la última oportunidad”, sino que quiere vincular su crecimiento “en términos de marca y reputación” por las sinergias que cree con la empresa y la investigación. “Algo que en nuestra tierra no se ha hecho”, añade.

Villamandos asegura que la consejería va a establecer en ambas universidades, “como requisitos especiales, que se priorice el resultado académico a la hora del ingreso” y que desarrollen un sistema de becas que favorezca el acceso de los estudiantes con rentas más bajas.

En paralelo a la autorización de estas dos universidades, la Junta ha rechazado crear la Universidad de la Costa del Sol, que aguarda desde 2018. Los promotores de la Universidad Internacional del Mediterráneo, que pretendía ubicarse en Almería, y la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca, en Córdoba, se han retirado del proceso tras recibir observaciones negativas.

No es la primera vez que un Gobierno no tiene en cuenta el informe contrario de la CGPU. Madrid ha aprobado su decimotercer campus privado, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), que incumple todos los criterios de calidad del ministerio y de su propio Ejecutivo (durante el mandato de Ciudadanos). Cantabria, entonces también en manos del PP, aprobó en 2013 la creación de la Universidad Europea del Atlántico sin el visto bueno de su ministro, José Ignacio Wert. El año pasado, este campus intentó que la justicia parase el nuevo decreto, que le obliga a pasar unos estándares de calidad de los que está lejos, y el Tribunal Supremo fue demoledor: “Pretender que las universidades privadas operen en el vacío regulatorio resulta manifiestamente insostenible”.

En la actualidad, hay en España 50 universidades públicas ―la última, la Politécnica de Cartagena, se fundó en 1997― y 41 privadas, que no paran de abrirse por toda la geografía española. Las últimas son: Universidad Intercontinental de la Empresa, de Abanca, en Galicia; Euniz, centrada en el deporte y los videojuegos, en el País Vasco, y UDIT, la madrileña, en el diseño.

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