Si el Apruebo (A) llegase a perder el próximo 4-S, esto se deberá más a los errores, confusiones y ambigüedades de las fuerzas que empujan esta opción que a una estrategia victoriosa del Rechazo (R). En efecto, A viene navegando, desde el 15-N de 2019 (suscripción del Acuerdo por La Paz Social y la Nueva Constitución) con viento favorable.

¿Cómo así?

1.

De entrada, obtuvo el respaldo de una aplastante mayoría (78%) en el plebiscito que dio inicio a nuestro momento constitucional y luego dominó ampliamente el órgano constituyente, determinando el curso de sus debates, reglamentos, agenda temática, procedimientos y texto final.

Además, el A cuenta con el respaldo ideológico-político del gobierno y sus dos coaliciones y, desde hace varios meses, con la conducción y el carisma del presidente Boric y con el patrocinio directo e indirecto del gobierno para su campaña. Asimismo, con la contribución experta —a lo largo de todo este tiempo— de un numeroso grupo de académicos (juristas, economistas y científicos sociales, especialmente), y de importantes figuras del mundo del arte y la cultura nacional y del circuito intelectual del progresismo internacional.

De acuerdo con todos los presagios, entonces, hasta hace pocos meses la expectativa más difundida era el triunfo del A, incluso si se considera el mal ambiente que la propia Convención Constitucional, y sus colectivos y dirigentes más radicalizados habían generado a su alrededor.

El hecho de que en el último tiempo se haya producido un verdadero cambio de marea en el sentimiento masivo en favor del R, reflejado en la opinión pública encuestada y en sectores políticos de centro-izquierda —democristianos, socialdemócratas y liberal-progresistas— representa un serio desafío de comprensión y explicación para la conducción del A, los partidos oficialistas y su intelectualidad orgánica. Y esto vale, incluso, si al final del día 4-S el A se impusiese por un estrecho margen. Pues significaría, igualmente, no conseguir lo que se esperaba y era necesario para hacer valer la promesa de un cambio radical de los fundamentos constitucionales y la orientación del país.

¿Qué causó este giro desde el A hacia el R, giro de masas a la vez que de grupos dirigenciales identificados históricamente con la Concertación, o, en cualquier caso, esta suerte de insatisfacción crítica frente a ambas opciones, que es también mi disposición personal ante al plebiscito del próximo domingo? ¿Cómo explicar el desvanecimiento del amplísimo respaldo inicial del A, que hasta hace poco tiempo aparecía tan sólido e inexpugnable?

2.

Son varios los argumentos que desde el estamento directivo del A se ofrecen para dar cuenta de este fenómeno. Pueden ordenarse en dos tipos de relatos.

Primero, se acusa a las fuerzas reaccionarias de la derecha —partidarias, se dice, de la Constitución de los cuatro generales, cultivadoras del R desde el mismo 15-N— de haber arrastrado hacia su lado a un número importante de votantes. ¿Cómo? Mediante las artes negras a las que habitualmente echarían mano los reaccionarios. ¿Cuáles? Las fake news, ante todo. Mienten, engañan, atemorizan, confunden a las masas y siembran la inseguridad, se acusa. Incluso, uno de los dos voceros oficiales del A denuncia que esta estrategia seguiría el ‘manual’ de Steve Banon, mismo que habrían usado y estarían utilizando Trump, Bolsonaro y los partidos nacional-populistas de ultraderecha europea (en Italia, España, Francia y otros países). Enseguida, ‘enganchando’ a grupos ‘amarillos’ y de centro izquierda, la ex Concertación en particular, que servirían como ‘tontos útiles’ a esa derecha reaccionaria. Por último, ocultando mañosamente el hecho que, de ganar el R, se anuncia casi a manera de una extorsión, el país quedaría al borde del abismo, sin alternativa ni brújula, de vuelta en 1980 y la Constitución pinochetista, expuesto a la furia popular —un nuevo estallido— producto de la frustración y el engaño.

No se necesita demasiada perspicacia para desahuciar este relato, que hace recaer todo el peso del aparente fracaso del A exclusivamente en causas externas a él, trátese de ‘malas artes’, oportunismo o negacionismo de los grupos del R. El supuesto base de esta argumentación es, en cualquier caso, bien conocido: la conciencia alienada de las masas, receptoras pasivas de mensajes (falsos) que las desvían de sus verdaderos intereses, y la falta de inteligencia histórica de los grupos (pequeño burgueses se decía antes) que en vez de seguir a la (autoproclamada) vanguardia política de izquierdas, son manipulados por la reacción a su antojo.

Segundo, se argumenta que el A ha sido especialmente desafortunado, habiendo tenido que lidiar —desde el comienzo— con circunstancias adversas.

Por un lado, circunstancias internas adversas: una Convención Constitucional sin infraestructura adiministrativa por desidia o mala fe del gobierno Piñera; comportamientos atrabiliarios y perjudiciales de algunos convencionales (donde el ‘comportamiento Vade’ sería el símbolo más excelso); la acumulación de resentimientos causada por los 30 años horribile; extremismos ideológicos irresponsables de ciertos constituyentes; exagerado favoritismo tributado a los pueblos originarios; falta de tiempo para completar un trabajo más afinado; texto final que, si bien futurista en el fondo, resultaría ajeno al sentido común de la población y amenazante para los ‘poderes fácticos’.

Por otro lado, circunstancias externas adversas: un gobierno, y su presidente, que rápidamente perdieron la adhesión de la opinión pública encuestada; una sociedad civil sometida al triple estrés de la inflación, el estancamiento y la prolongación de la pandemia; un clima hobbesiano en las calles que el Estado no logra controlar; las macro zonas del norte y sur del país envueltas en crisis de alta complejidad que aparentan desbordar las capacidades de manejo político del gobierno; una sequía y fenómenos climáticos hostiles; un desorden global que crea inestabilidad y repercute negativamente en la economía chilena. En suma, un entorno hostil que habría perjudicado a la propuesta constitucional, debilitando a la opción del A.

3.

Un factor adicional que suele invocarse para explicar un probable rechazo del texto es la mala suerte del principal accionista controlador de la opción A; esto es, Boric y su gobierno.

Sin duda, Fortuna —diosa caprichosa, en especial bajo su forma de Fortuna publica, fortuna del pueblo— no ha sido indulgente con el joven gobierno Boric por lo que toca al 50% de su suceso (o fracaso) que solo a  ella se debe. La otra mitad, dice Maquiavelo, depende de la virtù del gobernante; esto es, de su efectiva capacidad para crear, mantener y transformar un orden político a partir de la contingencia sobre la que manda, precisamente, Fortuna. Dicha virtù, anota un comentarista, “es la herramienta con la cual el gobernante asegurará la estabilidad de su gobierno”.

¿Ha sido virtuoso Boric en el sentido que se espera del Príncipe?

No, precisamente porque su gobierno más parece un sirviente de las contingencias, llevado en un constante vaivén de acá hacia allá por las  tormentosas corrientes del azar y las circunstancias, que maestro de ellas, que es el signo de la virtù.

La mejor ilustración de este punto viene dada por la forma cómo el gobierno fue variando su conducta frente al proceso constituyente. Desde una posición inicial de completo reconocimiento e invocación del éxito de la CC como condición de su propio éxito, pasando luego por la recepción del texto como una promesa del nuevo orden que el gobierno pugna por crear, hasta desembocar en una declaración sobre la legitimidad de las dos opciones, A y R, forzada por las reacciones negativas que el texto suscitó tan pronto se hizo público.

De allí en adelante, durante los últimos 60 días, el gobierno transitó desde una suerte de apoyo tras bambalinas a la campaña en favor del A hasta asumir el mando y la inspiración de ella, para luego terminar con el Presidente declarándose bien preparado en caso de triunfar el R.

Todo esto más al ritmo de los juegos de azar que teje Fortuna que de la virtù presidencial, la cual nunca logró plasmarse en una estrategia consistente frente a la CC y sus corrientes internas, al texto propuesto con sus abigarrados contenidos y al cuadro de opinión emergente que claramente se movía en dirección contraria a una radical refundación de las bases jurídico-politicas del país.

4.

De manera que de imponerse el R, como parece probable pero no seguro, probablemente ello se deberá a motivos más de fondo que la mala fortuna, la falta de virtù, las condiciones adversas o las supuestas ‘malas artes’ de los opositores del A.

¿Cuáles podrían ser esas razones de fondo?

Centralmente, para sólo mencionar la más importante según nuestra hipótesis, el hecho de que la coalición de las neo-izquierdas con sus dos anillos —Apruebo Dignidad: Frente Amplio y un PC estratégicamente rupturista, y Socialismo Democrático: PS, PPD, PR y demás fuerzas del bloque oficialista— no ha logrado definir para sí misma una  fisonomía ideológico-programática que haga sentido a la mayoría que eligió a Boric y luego se expandió hasta alcanzar a tres de cada cuatro chilenas y chilenos que votaron a favor de una nueva Constitución. Lo insólito es que un bloque de poder con tal base de apoyo, luego de haber controlado la contundente mayoría interna de la CC y contando además con el enorme y explícito peso del aparato gubernamental, se encuentre en riesgo de perder el próximo domingo.

¿Cómo explicar este sorprendente fenómeno?

Por lo pronto, coexisten dos coaliciones al interior del bloque con postulados y orientaciones divergentes, las que ocupan dos anillos de dispar influencia.

Una coalición rupturista, más inclinada hacia cambios estructurales rápidos, un nuevo modelo de sociedad, un paradigma distinto de economía política, una diferente matriz productiva, una democracia de base participativo-plebiscitaria, una fuerte presencia del Estado en la sociedad civil y la provisión de bienes públicos, y una aproximación de rechazo ante el capitalismo y la globalización. Esta perspectiva es compartida —a lo menos lo fue inicialmente— por el FA y el PC. Pone énfasis en la radicalidad del cambio —heredero del espíritu octubrista— y acento en la búsqueda de una nueva hegemonía de izquierdas, lo más alejada posible de la experiencia concertacionista de los últimos treinta años.

La otra coalición, más bien inclinada hacia un reformismo gradualista, con énfasis en cambios incrementales que susciten el mayor consenso posible; una economía que asegure una mejor distribución sobre la base de la competitividad, el crecimiento y la innovación; una democracia liberal pero con canales más abiertos de participación y deliberación; un Estado mejor financiado, regulador y evaluador, que sea eficaz y cree fórmulas mixtas —estatales y no estatales— de provisión y colaboración, y un orden de derechos sociales dentro de la tradición socialdemócrata. Esta perspectiva es compartida por la mayor parte del Socialismo Democrático y demás fuerzas de centro izquierda, representando el espíritu noviembrista propenso a acuerdos y equilibrios en la transición hacia un Estado social de derecho.

5.

Hasta aquí, debido a sus divergencias y la latente disputa por la hegemonía, ambas coaliciones no logran todavía conformar un bloque en condiciones de asegurar gobernabilidad, precisamente por sus tensiones, contrastes y contradicciones internas que se profundizaron al interior del proceso constituyente. En efecto, ya no hubo solamente una tensión entre ambos anillos coalicionales sino, además, se marcaron diferencias dentro de la coalición principal.

Desde el primer día de la CC, los componentes mayores de esta coalición —el FA y el PC— entraron en competencia por los votos de los colectivos situados a su izquierda (colectivos desprendidos de la Lista del Pueblo, escaños reservados de pueblos originarios  e independientes) y por los votos de la coalición subalterna (Socialismo Democrático), y de la ex Concertación e independientes de centro izquierda. Esta competencia, como muestran varios estudios, por ejemplo aquí, llevó a unas dinámicas de votación nítidamente corridas hacia el extremo de las izquierdas, provocando tres consecuencias inmediatas.

Primero, el neto predominio de la corriente más inclinada al octubrismo dentro de Apruebo Dignidad, la coalición del anillo dominante, con un polo de más peso en las decisiones en torno al PC y un eje menor en torno al FA. Segundo, la sistemática exclusión de los colectivos de derecha de las conversaciones decisivas. Tercero, el incuestionable avance de ideas maximalistas o refundacionales, que terminarían por marcar el tono y la sustancia de la propuesta constitucional a ser plebiscitada el próximo domingo.

A su turno, dichas ideas poseen sustento en teorías y/o formulaciones académicas que hasta aquí no habían tenido mayor audiencia en nuestra esfera pública, con excepción tal vez de algunos selectos nichos universitarios. Son ideas de corrientes de neo izquierdas a nivel latinoamericano e internacional, propias de enfoques populistas de izquierda, de teorías indigenistas y decoloniales, de vertientes del feminismo radical, de teorías queer y pensamiento sexo-disidente, de ecologismo y límites del crecimiento, de descentralización y autonomías territoriales, de tono anti sistémico global y crítica de la modernidad y, en general, pertenecientes al imaginario del desplome inevitable del capitalismo y la refundación de sociedades del buen vivir.

En términos del debate jurídico, estas ideas aparecen inspiradas, sobre todo en sus contenidos semánticos y su retórica, en la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Éste, según se ha escrito, “semánticamente sí introduce diferencias [respecto del constitucionalismo clasico] con un fuerte correlato retórico y político estructural —es decir, con consecuencias organizativas— como acontece con los conceptos de asamblea, plurinacionalidad y la inflación de la idea de democracia hacia ámbitos no propiamente políticos” (Mascareño, 2022, p. 29).

6.

En la misma medida que el texto constitucional propuesto reverbera con esa semántica y retórica, que además se hallan presentes más marcadamente todavía en numerosas  iniciativas de norma discutidas por la CC, el gobierno Boric, al abrazar el texto y dar señales de estar comprometido con su aprobación, crea en torno de sí una atmósfera cargada de aquellos signos. Aparece envuelto en un halo refundacional que nada tiene que ver, ni se condice, con su discurso y acción gubernamentales. De modo que al empujar el A, Boric quedaba atrapado en las redes semánticas del nuevo constitucionalismo latinoamericano, de las cuales sin embargo necesita liberarse si desea presidir la próxima fase post plebiscito del proceso constitucional.

Incluso, más recientemente, ante el riesgo de que el A pudiese no obtener la mayoría para imponerse, y su semántica y retórica quedar momentáneamente desacreditadas, el Presidente y su gobierno, los portavoces del A y la intelectualidad comprometida con esta visión buscan levantar un nuevo discurso, en las antípodas del octubrismo y del espíritu que predominó en la CC.

Sostiene que, bien miradas las cosas, la propuesta constitucional, al igual que el programa del gobierno de Boric, no pretenderían nada distinto de lo que es usual en los países europeos miembros de la OCDE; en breve, un Estado democrático social de derecho, con crecientes niveles de bienestar e inclusión, una economía capitalista dinámica cada vez más verde y una mayor integración de la diversidad, desarrollo armónico de las regiones y abundante deliberación democrática.

Sin embargo, tan distintas y distantes versiones de sí mismo relegan al bloque gobernante a un espacio discursivo bifronte, con una identidad dividida y dos relatos contrastantes, lo cual, en las condiciones adversas en que se desenvuelve actualmente su gestión, debilitan su capacidad de conducción, legitimidad y efectividad.

En breve, la gobernabilidad del cambio ofrecida por el bloque frenteamplista/comunista como eje de su narrativa original, ya no resulta creíble ni parece convencer a una parte importante de la población, incluyendo sectores populares, estratos medios, habitantes de las macro zonas norte y sur, empresarios de todo tamaño, creyentes de diversas religiones, comunidades rurales y una mayoría del pueblo mapuche (CEP, 2022).

El recurso de última hora a una narrativa de tipo socialdemócrata debe, en cualquier  caso, ser bienvenida, ahora que el gobierno Boric se prepara para asumir un rol completamente distinto tras el plebiscito del 4-S. De ser cabeza de un proyecto radical —con nueva Constitución refundacionalista, democracia movilizada, pueblo contra elites, prospectiva anti-capitalista, Estado como primer motor de la sociedad y cultura posmoderna y plurinacional— pasaría tras el plebiscito a liderar la unidad nacional. Según señaló el propio Boric en estos días a la TV, “El 5 de septiembre me la voy a jugar por la unidad de Chile. […] Los puentes no están cortados, he conversado con diferentes personas que están hoy día por el Rechazo y que, independiente de cual sea el escenario, sabemos que vamos a tener que ponernos de acuerdo porque Chile es más importantes que nuestras diferencias”.

De modo que a esta altura, de no ganar el A como de acuerdo al orden de partida del proceso debía ocurrir, y, por el contrario, imponerse el R, no será por obra de Fortuna sino por una falta de virtù ideológica del bloque gobernante, si se admite tal expresión.

Habría perdido el bloque de izquierdas con sus dos anillos, en lo básico, por no haber calibrado adecuadamente el estado de ánimo de las masas y el efecto sobre éste de las deterioradas condiciones materiales de vida, el incremento de la pobreza multidimensional, el aumento de la inseguridad en las calles, los impactos de la inflación y la pérdida de un horizonte de progreso para los hogares.

Pero, además, por no haberse percatado a tiempo, y puesto freno oportuno, a los excesos de la retórica y los contenidos octubristas en el texto de la propuesta constitucional. De imponerse el domingo próximo el R, no será por sus propios méritos ni por representar una visión y un proyecto de gobernabilidad para el país, sino porque el A habrá enajenado a importantes sectores de la población, y a grupos ideológicos diversos de izquierda reformista, centro progresista y derecha liberal.

De ser así, el gobierno tendrá que replantearse su papel y convertirse en un gestionador de acuerdos, gobernando conjuntamente con las fuerzas políticas en el Congreso para implementar la continuación del proceso constituyente y redefinir su programa a la luz de las restricciones económico sociales y de los condicionamientos políticos de la nueva coyuntura.

Posdata: ¿Y si —contrariamente a las probabilidades indicadas por las encuestas y difundidas en la población— ganara la opción del A? Pues en tal caso, quizá con menos dramatismo y un distinto balance anímico entre las coaliciones y partidos políticos, el gobierno igualmente estaría forzado a entrar en una nueva fase, con nuevo equipo, nuevo diseño de implementación del cambio y similares dificultades en el seno de la sociedad. Las barreras seguirían siendo aquellas propias de una psicología de masas más conservadora y propensa a asegurar el orden doméstico y de la sociedad.

*José Joaquín Brunner es académico UDP y ex ministro.