Ministros Valdés y vocero: gratuidad de la educación superior
Julio 5, 2016

El contraste entre Arenas y Valdés por el alcance de la reforma tributaria en la gratuidad universal

Mientras su antecesor en el cargo proyectó que reforma permitiría financiar gratuidad, salud e incluso una mejora en las pensiones, el actual ministro dijo que “con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad”.

“Con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad”, advirtió este martes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El secretario de Estado defendió la fórmula escogida por el gobierno en el proyecto de reforma universitaria, donde se condiciona el avance de la medida al cumplimiento de determinados porcentajes del PIB tendencial, o el crecimiento del país a largo plazo. 

Esto en un contexto donde “hemos sufrido los últimos años una disminución en el precio del cobre que ha significado una merma muy importante en los ingresos”. “Si el precio del cobre se recuperara a los niveles previos a este gobierno, se podría avanzar también más rápido”, reconoció.

Valdés, además, manifestó que “para llegar a la gratuidad para todos, sin embargo, es posible que la sociedad tenga que tener una discusión más profunda respecto de si quiere destinar todo esos recursos a eso u otra cosa”.

“Los gatillos que están en el proyecto son gatillos que se proponen en el Congreso para su discusión. Por cierto, es algo que toda sociedad tiene que debatir, si quiere dedicar más recursos a educación superior o a otras cosas”, manifestó.

Según el ministro de Hacienda el llegar al 100% de los estudiantes con gratuidad tendría un costo cercano a los 4 mil millones de dólares.

Sin embargo, expresó que “si Chile tuviera esa plata, supongamos que tenemos la suerte de que el precio del cobre vuelve a 3 dólares, y se mantiene ahí, la pregunta siguiente, que debiera hacerse la sociedad, y que el proyecto de ley pone sobre la mesa es:queremos usar toda esa plata en educación superior, o hay otras necesidades también que compiten con esta: salud, educación primaria o secundaria, pensiones”.

Esta frase de Valdés marca un claro contraste con su antecesor, Alberto Arenas -quien tuvo un rol clave en el diseño del programa de gobierno de Bachelet y en la reforma tributaria-y que en su minuto aseguró que el cambio impositivo permitiría financiar no sólo la reforma educacional sino que otros temas como la inversión pública en Salud e incluso mejorar el sistema de pensiones.

El frente a frente de las posturas de los ministros de Hacienda de Bachelet
“Nos asegura una recaudación consistente con los US$ 8.200 millones que le hemos propuesto al país para avanzar en esta reforma estructural y para financiar otras reformas estructurales, como la de Educación, financiar la inversión pública en Salud en Chile y también mejorar el sistema de pensiones”. “Con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad (…) Si el precio del cobre se recuperara a los niveles previos a este gobierno, se podría avanzar también más rápido. Para llegar a la gratuidad para todos, sin embargo, es posible que la sociedad tenga que tener una discusión más profundarespecto de si quiere destinar todo esos recursos a eso u otra cosa”. 
Alberto Arenas, 9 de julio de 2014 Rodrigo Valdés, 5 de julio de 2016

Díaz niega que Valdés haya relativizado cumplimiento de gratuidad universal

Consultado si dichos de Valdés relativizan el cumplimiento de la gratuidad, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo a la prensa que “usted tiene todo el derecho a hacer esa interpretación, pero es suya, no es del ministro Valdés, no es del gobierno”.

“El proyecto de ley entre otros lo firma el ministro Valdés, y establece con claridad que el objetivo es la gratuidad universal (…) No nos enredemos ni hagamos interpretaciones que no corresponden a la realidad”, manifestó.

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Valdés descarta una nueva reforma tributaria y asegura que gratuidad total costaría 1,5% del PIB

Ministro de Hacienda dijo que “con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad”. Costo de la gratuidad total sería de menos de 4 mil millones de dólares.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, detalló los costos que tendrá la reforma universitaria y descartó de plano la posibilidad de implementar una nueva reforma tributaria para financiar la gratuidad universal.

“Nosotros no vamos a aumentar los impuestos, este gobierno, en materia impositiva, hizo lo que tenía que hacer. En este gobierno nosotros no vamos a hacer nuevas reformas tributarias”, sentenció.

Luego que el gobierno condicionara el avance de la gratuidad hacia los quintiles de mayor ingreso al avance del PIB tendencial, economistas adviertieron sobre lo complejo que será alcanzar esta meta. Incluso hay quienes que señalen que se requerirían dos reformas tributarias como la actual para cumplir la meta. 

Consultado sobre los 6 puntos del PIB que faltan para llegar al 100% de los estudiantes, Valdés explicó que “no es que se necesiten esos recursos completamente para la gratuidad, la gratuidad no cuesta eso, cuesta mucho menos que eso, pero cuesta muchos recursos”.

¿Cuánto cuesta, entonces? Valdés dijo que -de acuerdo al informe financiero del proyecto- se puede estimar el costo de la gratuidad.”Con lo que ya hemos avanzado y lo que está en el informe financiero la parte de educación superior cuesta aproximadamente 1,5 % del PIB, y esta es la parte que nos falta”, explicó.

Según el ministro, esta cifra de 1,5 puntos del PIB se traduce aproximadamente en poco menos 4 mil millones de dólares.

“Con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad”

Valdés enfatizó que “lo que hemos dicho en el proyecto es bastante simple, es que con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad. Además hemos sufrido los últimos años una disminución en el precio del cobre que ha significado una merma muy importante en los ingresos. Si el precio del cobre se recuperara a los niveles previos a este gobierno, se podría avanzar también más rápido”.

“Para llegar a la gratuidad para todos, sin embargo, es posible que la sociedad tenga que tener una discusión más profunda respecto de si quiere destinar todo esos recursos a eso u otra cosa. Los gatillos que están en el proyecto son gatillos que se proponen en el Congreso para su discusión. Por cierto, es algo que toda sociedad tiene que debatir, si quiere dedicar más recursos a educación superior o a otras cosas”, manifestó.

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Gobierno defiende “amarre” de recursos para gratuidad más allá de este mandato

Ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, dijo que “los países no pueden solamente pensar sus políticas públicas en el corto plazo”.

El gobierno salió al paso de las críticas que ha generado la decisión de fijar una ruta para el avance en la gratuidad universitaria de acuerdo al avance de la economía.

En concreto, la reforma “amarra” la progresión del beneficio según se alcancen ciertos objetivos de carga tributaria, la que se medirá de acuerdo a la proporción de ingresos estructurales del Estado como porcentaje del PIB tendencial, que corresponde a la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo. Por ejemplo, para llegar al sexto decil en 2018 se deberá alcanzar un 23% (actualmente es un 21,5%). Para avanzar al 70% de menores ingresos se deberá llegar a un PIB tendencial al 23,5% (Ver detalle en tabla ubicada al final de esta nota).

Un esquema que para el senador de RN Andrés Allamand da cuenta de que “la promesa de la Presidenta Bachelet terminó por desplomarse”, pues, “en el programa de Gobierno se decía que iba ser de un 70% de gratuidad al 2017 y 100% al 2020. Esto no se va a poder cumplir y quedará supeditado en el tiempo”.

Consultado sobre las críticas que ha generado el que se comprometan recursos futuros de los próximos gobiernos, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz respondió que “eso lo hacemos siempre, todos los gobiernos lo han hecho”.

A modo de ejemplo, señaló que “la reforma procesal penal comprometió más allá del mandato de un gobierno, la reforma previsional también. Los países no pueden solamente pensar sus políticas públicas en el corto plazo”.

“En Chile los gobiernos duran cuatro años, sin reelección, en consecuencia cuando el congreso, que es el que aprueba las leyes, determina que hay compromisos en el largo plazo lo hacemos porque son compromisos de estado, así que no me parece un argumento muy sólido”, agregó.

Es por ello que el ministro insistió en que el amarre de recursos “ha ocurrido siempre, va a seguir ocurriendo. No es una decisión del gobierno, es una decisión que el gobierno propone y que el congreso sanciona mediante la aprobación de las leyes, por lo tanto nos hacemos cargo como país”.

“Las familias de Chile no entenderían que los compromiso que hagamos duren solamente cuatro años, lo que quieren es que el desarrollo de Chile sea en el corto, mediano y largo plazo”, agregó.

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