Reforma a la educación superior no contemplará cambios estructurales en sistema de financiamiento

por Daniela Muñoz

El Consejo de Rectores (Cruch) que tuvo lugar ayer, figuraba como una fecha clave para los representantes de las 25 universidades que se dieron cita en Antofagasta. Todos entendían que -a días de que el gobierno ingrese al Congreso el proyecto de ley que reformará el sistema de educación superior- la cita en la capital nortina era la última oportunidad para que el Ministerio de Educación entregara los detalles de la que, hasta ayer, era la principal duda en torno a la reforma: el sistema de financiamiento.

Con esa misión llegaron hasta la Universidad Católica del Norte el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez y el asesor de la reforma Rodrigo González. Y pese a que las expectativas eran altas, la información entregada dejó más caras de incertidumbre que de entusiasmo. Esto, porque en pocas palabras, el mensaje apuntó a que no habrá mayores modificaciones.

Según los rectores, Martínez afirmó que no se contemplan cambios estructurales en el modelo de financiamiento, por lo tanto, se mantienen los actuales instrumentos. Respecto al Aporte Fiscal Directo (AFD) -sistema que distribuye recursos en relación a un factor histórico de cada institución, productividad académica y eficacia en la docencia-, el funcionario detalló, en la reunión, que no se contemplan cambios por el momento.

La noticia molestó a varios rectores, quienes consideran que si no hay cambios estructurales a los instrumentos de entrega de fondos, la reforma no tendría la fuerza para hacer el cambio de paradigma comprometido en el programa de gobierno y que apunta a establecer un criterio enfocado en la oferta de los planteles y no en la demanda del servicio.

El representante de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, hizo hincapié en este último punto. “Los instrumentos van a seguir siendo los mismos, como el AFD y los convenios marco, esto sigue siendo un financiamiento a la demanda, pero no a las instituciones”.

En la misma línea se expresó Oscar Galindo, rector de la U. Austral, de Valdivia. “No es una buena noticia, porque uno esperaba dos cosas: primero que la reforma incluyera una modificación de los instrumentos de financiamiento con criterios nuevos, basados en calidad, en regionalidad y en el aporte que las instituciones hacemos al país. Y por supuesto, que a partir de ello viniera un aumento de los aportes basales a las instituciones, para que pudiéramos desarrollar mejor nuestro trabajo”.

El académico agregó que “si no hay cambios se va a mantener un modelo competitivo que no ayuda a la colaboración institucional. Lo que se había anunciado era que se iba a avanzar en desmercantilizar la educación superior, esa era la gran expectativa. Ahora, aunque se incorpora el componente de gratuidad, obviamente no se avanza en la desmercantilización”.

El rector se la U. Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, planteó que “no nos quedó claro realmente qué va a pasar con el modelo de financiamiento. Lo importante es mantener un equilibrio en la entrega de recursos a las universidades estatales y a las públicas no estatales”.

La distribución de AFD deja constancia que los planteles regionales son, mayoritariamente, los que menos recursos recaudan por este concepto (ver infografía). Es por eso, que el vicepresidente del Cruch y representante de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, anunció la presentación al Mineduc de una propuesta para generar aportes especiales para estos. “No habrá cambios en la política de financiamiento basal a las instituciones y nosotros entendemos eso, pero creemos que es necesario introducir, no necesariamente a partir de 2017 o 2018, una estructura de financiamiento que establezca un factor de aporte basal por universidades regionales. Creemos que el actual sistema reproduce unas asimetrías que dañan las posibilidades de desarrollo de estas instituciones”.

Gratuidad

Respecto a la gratuidad 2017, el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, señaló que ésta, tal como lo anunció la Presidenta, ampliará el beneficio a instituciones técnicas e ingresará vía glosa a su discusión en el Congreso, ya que si bien su propuesta definitiva estará en el proyecto de educación superior, no alcanzará a ser discutida antes de que quede aprobado en el presupuesto para el próximo año.