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El futuro de la economía chilena y su capacidad de innovación dependerán de la calidad de la educación técnica. Este tema, subestimado históricamente, debe ser prioritario en la próxima reforma de la educación superior que se discutirá en el Congreso en este 2016.

Las reformas de financiamiento y acreditación introducidas en 2005 y expandidas después  han permitido un aumento sustancial de la matrícula en la educación superior, duplicando el número de alumnos en diez años (1,2 millones en 2016, en una población nacional  de 18 millones). Al mismo tiempo, la matrícula de estudiantes en la educación técnica superior se ha expandido a un ritmo más rápido que en las universidades (ver figura). Sin embargo, la calidad del aprendizaje, la relevancia de la educación y la empleabilidad sigue estando retrasada.

De la revisión de las experiencias internacionales y del análisis de la realidad nacional se pueden identificar 10 ámbitos de acción prioritarios para mejorarla.

1. Empoderar a la educación técnica. Significa presentar un relato convocante que valorice el aprender haciendo, la conexión entre habilidad y ejecución, el valor de ser estudiante y trabajador. Y muestre que, en el mundo que viene, ella es un camino para formarse durante toda la vida. Empoderarla implica instalar la educación técnica como un subsistema distinto, no subordinado, de la educación universitaria.

2. Estructurar el sistema de educación superior con dos subsistemas paralelos: universitario y técnico o tecnológico. Además, es esencial acordar si las universidades continuarán ofreciendo carreras técnicas (actualmente representan el 11% de la matrícula) o esta función será trasladada progresivamente al subsistema de institutos tecnológicos.

3. Hacer obligatoria la acreditación institucional de la calidad. La mayoría de las instituciones de formación técnica no está acreditada. Solo un tercio de las carreras técnicas lo está o se encuentra en proceso de acreditación. Entre 1990 y 2015 los Centros de Formación Técnica (CFT) se redujeron de 161 a 54 y los Institutos Profesionales (IP) de 81 a 42. Este proceso debe proseguir para alcanzar tamaños que sostengan un sistema con profesores de calidad, equipamiento, redes y plataformas digitales para la conexión internacional. La acreditación debe ser obligatoria.

4. Ordenar y jerarquizar títulos y carreras. Para lograr calidad, es indispensable enfrentar la dispersión y confusión actual, sistematizando currículos, estableciendo equivalencias de grados con aprendizajes y competencias similares. Se debe transitar a un sistema integrado de institutos tecnológicos que organice mejor y sistematice las habilidades y competencias para carreras de dos y cuatro años.

5. Precisar el ámbito de la educación superior técnica. Junto con regular la duración de las carreras y los requisitos de ingreso, es necesario delimitar mejor la frontera entre formación técnica y capacitación en programas como los del Servicio Nacional de Capacitación (Sence), el cual es financiado con recursos del Estado y empresas para adiestrar y reconvertir a trabajadores. Actualmente, cerca del 25% de los estudiantes de carreras técnicas tiene más de 25 años y la mayoría estudia por las tardes, después de trabajar. Esta proporción aumentará con rapidez. Precisar esa frontera es relevante para estimar el alcance de la gratuidad en educación superior.

6. Estrechar la relación con el aparato productivo. Urge establecer formas de participación más activa de las organizaciones productivas y empresariales en la definición de especialidades y currículos. Y constituir consejos sectoriales educativo-productivos, en cada una de las áreas prioritarias de la estrategia de desarrollo productivo nacional.

7. Priorizar la formación de profesores. Los profesores de la educación técnica deben poseer habilidades especiales: saber operar en la interfase con la industria, enseñar cómo aprender haciendo, desarrollar espíritu de trabajo en equipo, elevar la capacidad de análisis para resolver problemas concretos. No es la misma formación de los académicos universitarios.

8. Privilegiar las necesidades regionales. El desarrollo regional necesita formar técnicos y profesionales especializados en los sectores estratégicos de cada región. Los 15 centros tecnológicos estatales recién creados por ley deben aportar a la calidad de la educación técnica regional.

9. Reformular la educación secundaria técnico-profesional. Hoy esa formación presenta dos insuficiencias: bajo nivel de empleabilidad y pobre formación para ingresar a la educación superior. Son dos desventajas que perjudican al 40% de los estudiantes secundarios, cerca de 200.000 alumnos, los más vulnerables. Conviene considerar la opción de suprimir gradualmente la variante técnico-profesional de la enseñanza secundaria (tercero y cuarto medio), resabio de otra época, destinando más horas lectivas a los aprendizajes básicos en ciencias y humanidades, y ofrecer a esos alumnos dos años adicionales de educación técnica superior en forma gratuita.

10. Diseñar una nueva institucionalidad. Crear una dirección para la formación técnica en la futura Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, conformar un Consejo Nacional de Formación Técnica que coordine a los ministerios de Educación, Trabajo y Economía.

Los imperativos mencionados son similares en todos los países latinoamericanos, aunque  asoman  con distinta intensidad según el desarrollo de cada sistema educativo. En los próximos años, se tornara más urgente elevar la productividad, diversificar la producción, incorporar nuevas tecnologías, exportar y competir globalmente en bienes y servicios de mayor valor agregado.

Los países de Asia seguirán incrementando la distancia con América Latina y el Caribe. Singapur, Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, recientemente Malasia y Tailandia elevan la prioridad en formación técnica, matemáticas, ciencias,  a fin de formar más ingenieros y técnicos en áreas de futuro. Esas experiencias, asi como las de países desarrollados,  son valiosas para los latinoamericanos que deben hacer un seguimiento permanente de ellas y aprender de las mejores prácticas para reducir la brecha.

Este artículo fue publicado originalmente en El Mercurio. Para ver el texto original, haga clic aquí.

Sergio Bitar es Senior Fellow del Diálogo Interamericano. Ha tenido una carrera política distinguida en Chile, incluyendo el cargo de Ministro de Educación (2003-2005). Miembro del Consejo Consultivo de Educacion Superior del Gobierno (2015).