Voces encontradas sobre la gratuidad
Octubre 6, 2015

 

EDUCACIÓN

Rectores mantienen duda sobre gratuidad

Carlos Arias | Lunes 5 de octubre 2015 20:51 hrs.

Gratuidad3

Mientras que las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores (Cruch) y el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) valoraron los avances en relación con la gratuidad para el 2016, el rector de la Universidad Católica y la Agrupación de Universidades Regionales mantuvieron sus dudas con respecto a las implicancias de aceptar ser parte de este sistema debido a que “las incertezas continúan”.

 

Con las cifras en la pizarra y calculadora en mano, se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que contó con la presencia del jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, instancia en la que los rectores esperaban tener más detalles sobre el financiamiento que recibirán las instituciones el año 2016.

Concluido el encuentro, Martínez indicó que en la reunión pudo aclarar algunas de las dudas que plantearon los rectores, sobre el contenido de las glosas.

En relación a la participación de las instituciones, el jefe de la División de Educación Superior desdramatizó lo planteado por rectores de universidades vinculadas a la iglesia católica, indicando que formar parte de la gratuidad 2016 no es obligatorio.

“La opción de la gratuidad 2016 es voluntaria, la institución tiene que evaluar sus políticas con absoluta libertad. La invitación es justamente a que vean si están en condiciones de participar en la gratuidad y ya están más que claras las condiciones que tienen que cumplir”.

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch), indicó que si bien hubo avances aún falta información para poder calcular lo que será la matrícula del próximo año.

“Avanzamos en resolver algunas de las dudas que teníamos, pero hay una duda muy importante: cómo hacemos el cálculo para simular y anticipar el resultado de este cambio para una matrícula muy importante en nuestras universidades. Hay universidades del Consejo de Rectores, especialmente las universidades de regiones, cuyos estudiantes pertenecientes a los primeros cinco deciles representan el sesenta o el setenta por ciento de toda su matrícula”.

Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), señaló que hay que darle crédito al Ministerio de Educación que se propuso avanzar hacia la gratuidad, transito que hasta ahora, a su juicio, ha tenido éxito.

“Claro que en el cálculo de las asignaciones a las universidades, los criterios que se han tomado han sido en el sentido de hacer todos los esfuerzos para darle el mayor financiamiento posible a cada universidad. De distintas fórmulas que había para calcular las brechas, etcétera, se optó por aquellas que a todas luces favorecen a las universidades y apuntan a minimizar cualquier brecha negativa que haya”.

Sin embargo, Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, indicó que en su concepto la reunión fue útil para despejar algunas dudas que los rectores tenían a partir de la presentación de la glosa presupuestaria, pero que aún no ha cambiado nada que pueda hacer recapacitar a su institución de la decisión de no participar de la gratuidad 2016.

“Nosotros seguimos con las incertidumbres que hemos planteados en términos de planes de desarrollo, de completa autonomía de las instituciones y también de los aspectos económicos. Todavía las incertezas continúan así que creo que las próximas semanas veremos si se aclara o no. La posición nuestra yo la he explicado, no podemos hoy día, con estas condiciones, acceder a esta propuesta”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente de la Agrupación de Universidades Regionales, Patricio Sanhueza, advirtió que “la limitación del aumento de matrícula pondrá una restricción al crecimiento que debieran tener las universidades regionales”, agregando que afectará la autonomía de los recintos.

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Universidades tradicionales se reunieron ayer con Francisco Martínez, representante del Ministerio de Educación: Rectores mantienen dudas sobre recursos que recibirían si es que adscriben a gratuidad 2016

El Mineduc entregaría la próxima semana una simulación de los aranceles a pagar, y sería posible ver qué planteles podrían verse afectados con la aplicación de la política.  

Javiera Herrera , El Mercurio, 5 de octubre de 2015

Las expectativas de los rectores de las universidades tradicionales eran altas. Pensaban que como ya está presentada la Ley de Presupuestos, en la reunión de ayer con el jefe de Educación Superior del ministerio del ramo conocerían un estimado de los recursos que recibirían en 2016 si es que se adscriben a la política de gratuidad.

Sin embargo, el encuentro los dejó con sentimientos encontrados, pues no se les entregó la información esperada, sino que abordaron los grandes lineamientos de la política que beneficiará a cerca de 200 mil alumnos.

En el encuentro, que se extendió por tres horas, Francisco Martínez, representante del Mineduc, presentó los principales lineamientos del presupuesto y luego aclaró dudas sobre la implementación de la política.

“Se ha dejado claro que en el cálculo de las asignaciones, los criterios que se han tomado han sido orientados hacia hacer todos los esfuerzos para darle el mayor financiamiento posible a cada universidad”, afirmó Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile y representante de las universidades estatales. Y añadió que, a su parecer, “de las distintas fórmulas que había para calcular las brechas (entre arancel real y regulado), se optó por aquellas que a todas luces favorecen claramente a las universidades”.

Sin embargo, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, recalcó que “aún no disponemos de algunos datos claves para que nosotros podamos ponderar los impactos que este cambio tendrá en los presupuestos”. Esto, a pesar de que desde hace días los directivos han pedido datos sobre los recursos.

Por eso, “hemos quedado con el compromiso de que ese dato se entregará en los próximos días, y sobre esa base nosotros vamos a poder tener de forma más clara datos acerca del impacto que pueda tener (la gratuidad) en los ingresos de las universidades para el 2016”, sostuvo Valle.

Según el rector, el próximo martes el Mineduc presentará una simulación de los aranceles regulados, que son los que pagará el Mineduc a cada institución. Esta se hará en base a los aranceles referenciales de este año, y mientras eso ocurre, las universidades trabajarán en un análisis del presupuesto que elevarán al ministerio.

Revisión

“La institución tiene que evaluar su política con absoluta libertad”, recalcó ayer Francisco Martínez, quien recordó que los planteles tienen hasta el 22 de diciembre para “poder evaluar y seguir la discusión” en el Parlamento” sobre la gratuidad.

Ignacio Sánchez, rector de la U. Católica, reafirmó la postura expresada el domingo en “El Mercurio”: “No podemos hoy, con estas condiciones, acceder a esta propuesta. Vamos a hacer todo lo posible para analizarla en detalle y con la mejor altura de miras y espíritu de colaboración. Pero hoy, con los antecedentes que tenemos, no podemos decir otra cosa”.

Explicó que si las instituciones deben cubrir una brecha financiera, “hay que sacar los fondos de alguna parte, y estos se sacan de la calidad, de la implementación de nuevos profesores, de nuevos programas, de nuevos beneficios para los estudiantes, por lo tanto nos parece que el sistema se reduce cuando no se ponen los recursos necesarios”.

Descartan alza de aranceles

Una opción que se ha mencionado en los últimos días es que las universidades suban sus aranceles para así aplacar la posible merma que se genere con la gratuidad.

“No se puede gravar a los estudiantes no comprendidos en el régimen de gratuidad para subsidiar o compensar los déficits que puedan tener las instituciones. No lo vamos a hacer”, sostuvo ayer el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle.

En la misma línea, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, indicó que “no pensamos que sea una decisión lógica subirles más el valor del arancel a familias que están haciendo un inmenso esfuerzo por financiarlo”.

Con todo, los rectores sí manifestaron su preocupación sobre el plazo en el que se dará a conocer la información sobre los planteles que adherirán a la gratuidad (22 de diciembre), pues las postulaciones comienzan cinco días más tarde.

Las autoridades

Ennio Vivaldi

Rector U. de Chile

“Se expresó la voluntad del Mineduc de conversar los casos en los que hubiera una situación global de no alcanzar a cubrir las brechas. Entonces, ánimo en ese sentido ha habido”.

Ignacio Sánchez

Rector U. Católica

“Si las instituciones también aportan a este proyecto, hay que sacar los fondos de alguna parte, y estos se sacan de la calidad, de la implementación de nuevos profesores, de nuevos programas, de nuevos beneficios”.

Claudio Elórtegui

Rector UC de Valparaíso

“Tenemos una base más cierta para hacer la proyección de lo que teníamos antes de hacer la presentación del presupuesto”.

Patricio Sanhueza

Rector U. de Playa Ancha

“La definición de los recursos sobre el número de estudiantes sigue siendo una preocupación. Nos habría gustado, a pesar de que hay un pequeño crecimiento, que los aportes basales de las universidades hubiesen sido más fortalecidos y que desde allí se hubiese dado la gratuidad

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¿Estamos ante un nuevo Transantiago?

Prof. Luis A. Riveros, es Rector UCH: “Junto con los escasos recursos respecto de los alcances que se le quiso dar, la reforma a la educación superior replicará la experiencia del Transantiago: expectativas sobredimensionadas, políticas inapropiadas y cobertura limitada del nuevo modelo…”

El Mercurio, Martes 06 de octubre de 2015
El Transantiago fue un proyecto emblemático para terminar con el caos que representaba el anterior sistema de transporte público urbano. Puesto en práctica, evidenció defectos porque se había concebido fuera de la realidad. Desde entonces, el sistema se ha venido parchando a un costo progresivo para el erario nacional. No había posibilidad, ni la hay ahora, de volver atrás para repensar y rediseñar la iniciativa en cuestión. En materia de educación superior estamos en una desafortunada similar situación: se está diseñando un proyecto lejano a la realidad y sin los cuidados que requieren los importantes pormenores de algo que debiera cambiar para mejor. No ha habido sino tenues manifestaciones de la autoridad sobre las intenciones de fondo, y solo se ha procedido a través de sucesivos y contradictorios anuncios, sin lograr aclarar adecuadamente los efectivos alcances de la “reforma”.

Se partió con un documento que anunciaba cinco aspectos que se cambiarían en el ánimo de una reforma integral. Ese anuncio, sin embargo, no venía acompañado de un diagnóstico del sistema actual, ni menos de una idea sobre la sociedad que se busca y en función de la cual debería rediseñarse la educación superior. Se planteaba cambiar la institucionalidad del sistema, incluyendo la creación de una Superintendencia; establecer un “marco único de calificaciones”; modificar los sistemas de selección y admisión; cambiar las normas y la institucionalidad para la acreditación, y transformar la gobernanza de las instituciones consultando triestamentalidad. Ese conjunto de ideas fue posteriormente sobrepasado por el anuncio de gratuidad universal que formuló la Presidenta de la República como el principal objetivo.

En este contexto, se ha preferido incluir todos aquellos otros principios de un modo indirecto en el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2016, sin con ello lograr fortalecer la educación superior frente a sus retos. Ha reinado la confusión, y el Ministerio de Educación no ha sido lo suficientemente claro respecto de los lineamientos que prevalecerán, mientras las instituciones de educación superior se mantienen en un compás de espera en perjuicio de la planificación de sus actividades para el año entrante.

La gratuidad ha sido el lema que se ha repetido por parte del gobierno, aunque con poca claridad respecto de sus efectivos alcances. Del punto de vista de los costos, los estudios reseñaban que la gratuidad para todos los estudiantes de la educación superior alcanzaría a unos US$ 5.000 millones, cifra posible con el -también teórico- resultado de la reforma tributaria.

Luego se dijo que el gobierno procedería a fijar aranceles con metodologías que no están claras, máxime cuando se trata de miles de carreras y muy diversas situaciones. Se estima que con aranceles fijados debajo de los costos reales, el costo de la gratuidad universal debería estar en torno a los US$ 4.000 millones.

Seguidamente, el gobierno anunció que la gratuidad solo alcanzaría a los estudiantes del 50% más pobre, lo cual llevaría el gasto a un nivel estimado de alrededor de US$ 2.000 millones. Posteriormente, estableció que solo algunas instituciones tendrían acceso a ese beneficio, excluyendo a aquellas sin una acreditación satisfactoria y sin gobierno triestamental. Eso introduce una enorme incertidumbre respecto de cuáles instituciones y estudiantes estarán amparados por este nuevo esquema de subsidio a la demanda. El proyecto de Ley de Presupuestos establece US$ 750 millones para cubrir la gratuidad el año 2016, con una condicionalidad establecida por medio de una glosa presupuestaria.

Estos recursos representan una seria insuficiencia. Más grave todavía es que esta política se implementa sin cambiar las bases jurídicas o administrativas de la educación superior chilena. Es decir, se legislará en materias de cambio estructural a través de una glosa presupuestaria que asignará recursos para establecer así las normas relativas a la elegibilidad que plantea. La reglamentación requerida para esto es desconocida, y se levantan serias dudas sobre su constitucionalidad y la sostenibilidad a largo plazo.

Ciertamente, una reforma que se esperaba ansiosamente para poder mejorar el funcionamiento de nuestra educación superior ha terminado en medio de grandes improvisaciones y centrándose en un aspecto que no es, posiblemente, el más importante.

Junto con los escasos recursos respecto de los alcances que se le quiso dar, la reforma a la educación superior replicará la experiencia del Transantiago: expectativas sobredimensionadas, políticas inapropiadas y cobertura limitada del nuevo modelo. Y como en aquel caso, ya iniciada esta gratuidad “base” no habrá marcha atrás, y el país tendrá que proseguir poniendo recursos para financiar políticas mal definidas que incluso las agrupaciones estudiantiles han rechazado, porque no conllevan sino el impulso para un continuo deterioro en calidad.

Prof. Luis A. Riveros
Ex rector Universidad de Chile

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Gratuidad sin transformar no es avanzar

por  , El a ostrador, 6 de octubre 2015

La semana que pasó fue relevante por el ingreso de dos iniciativas al Parlamento que son importantes para el Movimiento Social por la Educación: el proyecto de desmunicipalización y la implementación de gratuidad en educación superior para el 2016 vía Ley de Presupuesto.

La gratuidad es la medida que más ha levantado polémicas y donde se evidencia la improvisación del gobierno, cambiando la propuesta seis veces desde su anuncio el 21 de mayo, restringiendo la discusión a montos, porcentajes e instituciones. Mientras tanto, la Confech trabaja en mesas prelegislativas con el Mineduc, para conocer y contrastar las visiones de ambas partes; presentar y discutir los diferentes ejes de cada propuesta; para finalmente abogar por una Reforma a la Educación Superior que cambie las lógicas actuales y garantice la educación como un derecho social.

En cambio, con la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto el gobierno nos entrega una visión completamente distinta de la educación. No existe ninguna glosa para fortalecer la educación superior pública; se sigue inyectando recursos al mismo sistema sobre la base de la acreditación que ha demostrado ser incapaz de medir la pertinencia de los estudios; el Crédito con Aval del Estado aumenta en un 37% –casi el triple que el aumento para 2015–; se mantiene un sistema de financiamiento por alumno, que en la práctica es un voucher encubierto. En definitiva, desde Hacienda el ministro Valdés nos habla de austeridad mientras se gastan recursos ineficientemente en beneficio de instituciones con intereses privados y los bancos.

Esto no revierte las falencias actuales del sistema, eso es algo que solo será posible por medio de un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, significativamente distinto al actual. Un aumento del gasto público en educación pudo haber sido positivo, pero en la medida que fortaleciera la educación pública y avanzara en una gratuidad efectiva.

Lamentablemente, la transferencia de recursos sigue siendo hacia el mismo sistema actual que se continúa financiando según la cantidad de estudiantes y no por aporte directo de libre disposición, manteniendo la lógica del voucher. Es como si el Gobierno subsidiara el pasaje del Transantiago y, por ende, bajara el costo del pasaje. Eso no querría decir que el Transantiago en general va a funcionar mejor, porque hay otros elementos que hacen que el viaje en este medio sea bastante inhumano. Es decir, meter más plata a la educación de esta manera no implica una mejora al Sistema Educativo necesariamente, cosa que sí pasaría contando con un aporte basal directo, de libre disposición que financie tanto la docencia, como investigación y extensión.

El camino que adoptaron la ministra Delpiano, el ministro Valdés y la Presidenta Bachelet en definitiva fue crear una serie de expectativas a estudiantes y familias, sin responder a ellas, dejando primar el interés por cuadrar la caja. Como estudiantes nos preocupa esta actitud irresponsable del gobierno, poniendo en riesgo la posibilidad de una Reforma transformadora.

A su vez, se resolvieron los criterios que deben cumplir las instituciones para que sean consideradas dentro de la gratuidad. Nos parece que lo mínimo a cumplir debió ser: garantizar que las instituciones cumplan a cabalidad las funciones universitarias o técnicas –docencia, extensión e investigación/asistencia técnica– y no como sucede hoy con las instituciones netamente docentes; asegurar que los distintos estamentos participen democráticamente en las decisiones de las instituciones; que exija que las instituciones sean lo más pluralistas posibles y que estas no discriminen por condición socioeconómica o por otros motivos, en pos de que integren distintas visiones de la sociedad y que estas dialoguen dentro de las casas de estudio, y finalmente, que se asegure que los estudiantes provengan de distintos sectores de la sociedad, es decir, que cuenten con un acceso heterogéneo socioeconómica y culturalmente. Lo anterior no puede verse de forma aislada, ya que estos criterios serán vara de medición para la posterior Ley en Educación Superior.

Es precisamente en estas mesas, que ya han tratado temáticas como Marco Regulatorio, Calidad y Financiamiento y que está comenzando a debatir sobre Educación Pública y Gobierno institucional, donde hemos visto con más claridad las diferencias entre las propuestas del movimiento estudiantil y la del gobierno. Así, uno de los puntos centrales que hemos planteado los estudiantes es el fortalecimiento de la educación estatal, temática que no ha sido abordada aún por el gobierno y que debió ser la columna vertebral no solo de este proyecto, sino de la Reforma en su conjunto. Lamentablemente ya lo vimos el año pasado, evadir el debate de fondo es la tónica de la Reforma y postergar lo importante para resolver lo urgente.

 Urge que este arco amplio de actores sociales e institucionales seamos capaces de volver a instalar la necesidad de un cambio profundo en Chile. Por eso el llamado es a volver a copar las calles con alegría y plantear, todos juntos, que el foco debe estar puesto en el fortalecimiento de la educación pública y no en los intereses de privados.

Otro punto central es la urgencia de discutir un Plan Nacional o una Estrategia Nacional de Desarrollo en un proceso en que estén representados los distintos actores con presencia nacional –no solo educacional– en su elaboración, cuya función sea guiar el desarrollo las actividades de la Educación Superior, algo que hoy no existe y es fundamental para acabar con el desorden del sistema. Es aquí donde el Ministerio se ha mostrado más titubeante y sin definiciones claras. Sumado a lo anterior, se hace necesario que exista un nuevo marco regulatorio y nueva institucionalidad que asegure reglas comunes que coordinen al sistema educativo, el aseguramiento de una Educación de Calidad y que vigile el cumplimiento de criterios determinados por las nuevas reglas. En este contexto, es que se deben definir normas con criterios exigentes para la creación y funcionamiento de la totalidad de las Instituciones en Educación Superior, independiente de que reciban o no financiamiento del Estado, que parta por la prohibición del lucro.

Las fuerzas de cambio debemos darle un giro a este debate, no marearnos con anuncios grandilocuentes y mantener el centro en lo importante: una educación pública, gratuita y de calidad. Es por esto que es necesario que los diferentes actores que representamos y asumimos encarnar el fortalecimiento de la educación pública, seamos capaces de trabajar en unidad y plantear nuestras convergencias sobre la Educación que requiere nuestro país. Urge que este arco amplio de actores sociales e institucionales seamos capaces de volver a instalar la necesidad de un cambio profundo en Chile. Por eso el llamado es a volver a copar las calles con alegría y plantear, todos juntos, que el foco debe estar puesto en el fortalecimiento de la educación pública y no en los intereses de privados.

Este 15 de octubre invitamos a todos quienes estén por una Nueva Educación a marchar juntos, porque más financiamiento no genera un nuevo sistema. Estamos por que la educación sea un derecho, tenemos la oportunidad de avanzar: no desaprovechemos esta oportunidad.

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Bancada DC insistirá con fórmula que beneficie a alumnos de CFTe IP que no cumplen requisitos para la gratuidad

por  6 octubre 2015

El titular de la bancada, Ricardo Rincón, agregó que “queremos públicamente reafirmar nuestro compromiso para que todos aquellos alumnos más carenciados, y que precisamente se concentran en este espacio de educación superior, puedan acceder también a la gratuidad. A nuestro juicio, la glosa presentada no establece con claridad el destino de los recursos, pero estamos recién iniciando la discusión de presupuesto, la glosa en cuestión involucra 250 millones de dólares y es allí donde profundizaremos la discusión”.

Un llamado al Gobierno a considerar diversas opciones que permitan aumentar el porcentaje de alumnos del sector más vulnerable del país, en el universo de beneficiados con gratuidad, formularon hoy los diputados DC, señalando que bajo los actuales requisitos y condiciones, “sólo un tercio de los estudiantes con menos recursos accedería a este beneficio en una primera etapa.”

Así lo precisó el jefe de la bancada DC, Ricardo Rincón, tras reunirse con el rector de Inacap y presidente de Vertebral, Gonzalo Vargas, en el marco de las reuniones y encuentros que la Bancada DC ha iniciado con motivo de la gratuidad en educación superior y la discusión presupuestaria. Hace algunos días, la reunión fue con los rectores de las universidades estatales.

De esta forma, Rincón agregó que su bancada se la jugará por la situación de los CFT e IP, agregando que “es aquí donde se encuentra el gran porcentaje de alumnos con menos recursos, la mayoría estudia y trabaja y , además, son carreras cortas y no existe mayor diferencia entre aranceles de referencia y aranceles reales “.

El titular de la bancada agregó que “queremos públicamente reafirmar nuestro compromiso para que todos aquellos alumnos más carenciados, y que precisamente se concentran en este espacio de educación superior, puedan acceder también a la gratuidad. A nuestro juicio, la glosa presentada no establece con claridad el destino de los recursos, pero estamos recién iniciando la discusión de presupuesto, la glosa en cuestión involucra 250 millones de dólares y es allí donde profundizaremos la discusión”.

Rincón agregó que “para la Bancada DC este tema es esencial y desde ya lo advertimos. Esta política pública que se inicia gradualmente tiene que concentrarse en los quintiles más vulnerables y exigiremos que la fórmula, que no nos cabe duda la Presidenta quiere que se materialice, sea precisamente esa focalización. De los 502 mil estudiantes de CFT e IP, ni 100 mil podrían acceder a gratuidad y hay regiones donde el impacto es igual a cero”.

“Al redactar la glosa, que es bastante larga y extensa, vamos a exigir una discusión pormenorizada en sala, con distinción del resto, con la posibilidad por ejemplo de incrementar eventualmente alguna beca, como la Beca Nuevo Milenio, de manera tal de potenciar los recursos para este sector, y es una discusión que se va a hacer acá durante 60 días, y por lo tanto ahí vamos a poner el acento respectivo.”

El rector del Inacap y presidente de “vertebral”, Gonzalo Vargas, aclaró que “hemos hecho la estimación de costo y hay dos opciones: una, permitir la transformación de algunas instituciones a corporación o fundaciones sin fines de lucro, y por esa vía que cumplan con los requisitos de gratuidad; y, alternativamente, aumentar el valor de las becas, particularmente la Beca Nuevo Milenio. En la segunda alternativa la tenemos costeada y cuesta alrededor de 35 mil millones de pesos, esto es del orden de 50 millones de dólares, que en comparación con los 500 millones de dólares, que se dijo el 21 de mayo que iba a costar la gratuidad, y los 270 millones que hoy día se está planteando costaría el ingreso a la gratuidad como está planteado, la verdad que deja un margen bastante amplio todavía para poder financiar un mejoramiento en el financiamiento a los estudiantes, de acuerdo al presupuesto que se dijo originalmente. “

“Sabemos que el presupuesto está apretado, pero nos parece que precisamente los estudiantes que provienen de los deciles de menores ingresos la mayoría de ellos está quedando fuera del beneficio, y que habría que hacer un esfuerzo fiscal que los favoreciera.”

 

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