José Joaquín Brunner

El estado de la nación en materia educacional se aleja de aquel presentado por la Presidenta Bachelet en días pasados.

Por lo pronto, no hubo mención alguna a los resultados del aprendizaje. ¿Hemos avanzado o no? Y hoy, ¿estamos progresando?

Un nuevo estudio comparativo (CIPPEC, 2015) sobre la educación en los países de América Latina participantes en PISA (OCDE) y TERCE (UNESCO) (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay) muestra que Chile avanzó decididamente durante la última década. Y su sistema se puso a la cabeza de la región. Esto indica que las políticas educacionales de los años 1990 y 2000 empezaban a dar frutos.

Sin embargo, el mismo estudio y datos del SIMCE más reciente llevan a conjeturar que tan positiva dinámica estaría agotándose; los resultados parecen haberse estancado. Lo más preocupante: un porcentaje de alumnos (entre un tercio y un 40%) no logra superar el umbral mínimo de competencias cognitivas básicas esperado para los respectivos grados o edades (en los demás países latinoamericanos, dicho porcentaje fluctúa entre 40 y 75%).

La pregunta que debemos hacernos es si acaso las políticas impulsadas por el gobierno de Bachelet podrán contrarrestar dicho estancamiento, y revertirlo. Parece poco probable, a la luz del balance y anuncios presidenciales.

En lo inmediato no hay medidas efectivas destinadas a cambiar esta tendencia.

La ampliación de la cobertura en la educación temprana no está funcionando, y deberá ajustarse a la demanda, dijo la Presidenta. Incluso así subsistirá el problema crítico: la formación y profesionalización de las parvularias se hallan por debajo de un estándar adecuado.

El fin del lucro, el copago y la selección esgrimido como el éxito de 2014 no pasa de ser un marco legislativo engorroso a la espera de una docena o más de reglamentos que lo precisen y aclaren. El riesgo es terminar en una verdadera “jaula de hierro” burocrática, como Max Weber llamaba al minucioso y excesivo control de las organizaciones.

En cambio, poco o nada se ha avanzado en clarificar el destino de la educación pública municipal. Se repite que quedará en manos de servicios locales dentro de la esfera del Mineduc. ¿Qué significa esto? ¿Quién se hará responsable de los resultados, y ante quién? ¿Cómo se asegurará la autonomía de los establecimientos y se garantizará la estabilidad del servicio, el mejor desempeño de sus docentes y un clima escolar productivo?

La política de fortalecimiento docente y de la carrera del profesor -en discusión en el Congreso- es una pieza clave. Con todo, el proyecto del gobierno es débil: no incluye a las parvularias, no robustece el rol de los directores, no apoya suficientemente a las universidades que forman profesores, no establece un sistema razonable de mentorías para los jóvenes docentes, no estructura adecuadamente los escalones de la carrera y los incentivos para ascender, no garantiza una correcta evaluación docente, no ofrece suficientes oportunidades de capacitación, no mejora en todo lo posible la retribución de los buenos maestros. Ni convoca tampoco a estos a atender al 40% de nuestros estudiantes que no alcanzan el umbral mínimo de competencias.

Asimismo, la cuenta y anuncios presidenciales vuelven a pasar por alto a la educación media: no se clarifica su sentido para los jóvenes, ni su articulación con la educación superior, ni el destino de la educación media técnico-profesional (EMTP).

En cuanto a la educación superior, la política continúa envuelta en un velo de misterio.

La única medida específica dada a conocer es la gratuidad para el 60% de alumnos más vulnerables matriculados en instituciones del Consejo de Rectores (CRUCh) y en instituciones privadas no universitarias acreditadas y sin fines de lucro. Se trata, pues, de un privilegio concedido por el Estado a un determinado segmento juvenil, y no de un derecho reconocido a los estudiantes meritorios y sin recursos, como muchos anhelábamos. Nada puede justificar tan flagrante discriminación.

En breve, estamos ante un estado y proyección educacionales de la nación que no pueden dejarnos satisfechos. Más frustrante aún es para quienes respaldamos a la Presidenta y su gobierno.

Además, hay severos vacíos de cara al futuro.

Seguimos sin un mapa de objetivos y una carta realista de navegación. Se mantienen la confusión y las interrogantes sobre cómo financiar las diversas leyes y medidas. No hay un enfoque que articule ideas, intereses y actores diversos. Falta una clara prioridad para la educación temprana. En los ciclos básico y medio se elude lo esencial: cómo mejorar las oportunidades para el 40% más vulnerable de los estudiantes.

El cuadro de la educación superior se proyecta en medio de una gran confusión e incertidumbre. Ahora adicionalmente con el sesgo de una gratuidad que en vez de ensanchar la igualdad crea un estrato de jóvenes privilegiados. Mientras tanto, no se avanza en renovar el sistema de aseguramiento de la calidad ni se crea la superintendencia para este nivel. Las instituciones ignoran cómo serán calificadas, evaluadas, acreditadas, financiadas; y cómo podrán expandir su infraestructura, personal, equipamiento y capacidades docentes y de investigación. Para la educación, en suma, el Mensaje del 21 de mayo de 2015 no resultó alentador.