Más abajo se entrega una breve colección de algunas de las opiniones que comienzan a cuestionar, en diversas direcciones y bajo diferentes supuestos, las indicaciones con que el gobierno ha pretendido mejorar su proyecto de ley que ponía fin al lucro, a la selección y al copago en el sistema escolar.
De hecho, las mencionadas indicaciones vuelven más confuso el sentido y propósitos del proyecto original, de suyo engorroso y que mereció amplias críticas.
Con las indicaciones del gobierno –la revisión, correcciones y mejoramientos– el proyecto queda estacionado ahora a medio camino entre su combativa pero errada visión inaugural y su actual estado más moderado pero igualmente equivocado.
El Mineduc vuelve atrás en todos los frentes; busca corregirse pero lo hace solo parcialmente, dejando varios de los asuntos a medio deshacer. Ni hay una modificación sustantiva del planteamiento inicial, ni los variados cambios introducidos –algunos bien inspirados– logran generar un nuevo concepto, norma o arreglo institucional.
Este medio camino –ambiguo a ratos, a ratos confuso, que no va para allá ni viene para acá– además de levantar criticas y descontentos en los actores y partes interesadas, termina desdibujando las reformas buscadas y no logra aclarar cuál es el real proposito del gobierno.
Y, por cierto, no logra todavía enfilarse en la dirección por todos anhelada: hacia una mayor calidad y equidad de la educación.
El lucro no se termina pero tampoco se regula adecuadamente.
La selección académica se suprime justo allí donde juega un importante rol en la mayoría de los países de la OCDE (esto es, en la educación secundaria) y, en cambio, en nada se avanza para mejorar su implementación allí donde se halla prohibida (del jardín infantil hasta el sexto grado).
De paso, el proyecto golpea a los mejores liceos del sector público-estatal, debilitando su rol formativo de elites, al mismo tiempo que se deja sin competencia a los colegios privados pagados (laicos y católicos) formadores de la burguesía.
Por último, el copago se extinguirá gradualmente tal como propusieron los críticos del proyecto original pero subsisten las falencias y silencios en cuanto a cómo financiar a mediano plazo una estrategia de oportunidades educacionales para todos y todas las niñas y jovenes desde la cuna hasta el final de la enseñanza media.
En suma, el gobierno ha hecho bien en revisar sus posturas, abrirse a la búsqueda de acuerdos y flexibilizar el rígido talante mostrado hasta hace pocas semanas. Es de esperar que durante las próximas semanas se allane a mejorar aquellos aspectos del proyecto que continúan representando un riesgo de serios perjuicios para el desarrollo de nuestro sistema escolar.
——————————————
9 de septiembre de 2014
Incomodidad en el oficialismo ante indicación del Ministerio de Educación
Reforma educacional: sostenedores podrán fijar su propio sueldo
Entre las 24 indicaciones que el Mineduc ingresó al Congreso para modificar el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección en la educación escolar, se incluye la iniciativa que permite que los sostenedores de colegios reciban un sueldo por su labor. Esa remuneración será fijada por la propia Corporación Educacional y no tendrá un límite máximo establecido por la autoridad. Giorgio, Camila y el movimiento estudiantil se enojaron.
Era una de las demandas de los sostenedores de colegios particulares subvencionados. El tener un sueldo –o “justa retribución”, como dicen ellos–, por su labor al frente de establecimientos educacionales. Cuando el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección en los colegios ingresó al Congreso en mayo, señalaron que ellos no estaban para ser “meros administradores de fondos fiscales”, y que se debía asegurar un pago.
Sofocar el enojo de los sostenedores fue uno de los objetivos de la presentación de nuevas indicaciones al proyecto. Además de permitir el arriendo de los inmuebles donde funcionan los colegios, y de acercar el proceso de selección de alumnos a los mismos establecimientos, se fijó una remuneración para el sostenedor que ejerza la administración superior de los mismos. Esa remuneración será fijada por la misma Corporación Educacional, y el proyecto no establece mayores restricciones en cuanto a un límite máximo o a criterios para determinar de cuánto será el monto que obtendrán los sostenedores.
En concreto, el documento presentado por el Mineduc indica: “Pago de una adecuada remuneración a las personas naturales que ejerzan, de forma permanente y efectiva, funciones de administración superior en la entidad sostenedora respecto de el o los establecimientos educacionales de su dependencia. Las funciones anteriores no podrán ser delegadas, en todo o en parte, a personas jurídicas”.
En Educación aseguran que así se asegurará que el sostenedor efectivamente trabaje en los colegios, y que con esto se busca remunerar el trabajo y no “el capital de socios pasivos”, lo que podría asimilarse al retiro de utilidades que hoy ocurre en numerosos colegios particulares subvencionados.
Además, la indicación presentada por el gobierno señala: “Tratándose de las remuneraciones señaladas en el numeral i) del inciso segundo, estás deberán ser razonablemente proporcionadas en consideración al tamaño y complejidad del o los establecimientos educacionales, y a las remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de similar naturaleza”.
La encargada de supervisar este proceso será la Superintendencia de Educación, aunque no se explicita si es que existirán normativas específicas al respecto, ni tampoco cuál será la escala de comparación para establecer cuándo un sueldo será “razonablemente proporcionado”.
Desde el interior del Mineduc afirman que sabían que este tema podía generar polémica, pero que prefirieron simplificar la discusión: “El ministro dijo simplifiquemos, si hacemos una fórmula es complicar algo que no hay por qué complicar. Esto es pago al trabajo y no al capital. Si este pago es desproporcionado, hay formas de medirlo a través de la Superintendencia”, señalan. Suman que en Chile es muy difícil fijar sueldos, y que como referente miraron lo que ocurre en las fundaciones, donde el directorio fija la remuneración del personal administrativo.
Agregan que durante la elaboración de las indicaciones se escuchó a quienes proponían que la remuneración se fijará como un porcentaje de las utilidades del colegio, pero que esa opción se desechó porque terminaría transformándose en un retiro de utilidades. Cuentan que también abortaron la opción de fijar un límite máximo de sueldo, porque eso iba a significar que los sostenedores se aferraran a ese límite, más allá de las particularidades de cada establecimiento.
Frente a la complicación del tema, indican que la opción fue no casarse con una fórmula ahora, que sabían que “siempre vamos a quedar mal con alguien”, y que buscarán ir viendo cómo se desarrolla este tema en el tiempo, realizando los ajustes que sean necesarios, como un eventual instructivo que podría emanar de la Superintendencia para delimitar la fijación de los sueldos. Además, plantean que el proyecto incluye una indicación nueva que busca implementar la transparencia activa de los gastos en que incurran los sostenedores, para así asegurar que la ciudadanía tenga acceso a esa información y pueda colaborar en la fiscalización de cómo se utilizan los recursos públicos.
NADIE ESTÁ CONTENTO
La inquietud por las indicaciones se reflejó en el almuerzo que sostuvo ayer el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, con los diputados de la Nueva Mayoría que componen la Comisión de Educación de la Cámara. Quienes conocieron el contenido de la conversación, comentan que el sueldo de los sostenedores fue un tema, pero que el secretario de Estado defendió con fuerza su propuesta.
Quien no participó de ese encuentro, el diputado de Revolución Democrática, y también miembro de la Comisión de Educación, Giorgio Jackson, afirma que la norma deberá ajustarse e incluir mayores exigencias para los sostenedores.
“Es sumamente importante dejar establecido que el trabajo será de dedicación exclusiva, con contrato de trabajo y por una jornada completa. De lo contrario, podríamos llegar al absurdo de tener sostenedores que se contrataran por una hora a la semana por $10 millones al mes”, dice Jackson.
Una postura similar asumió la diputada del PC, y ex presidenta de la FECh, Camila Vallejo, quien asegura sentirse preocupada: “Me preocupa que sea la Fundación la que fije el monto total de la remuneración, porque se puede prestar para abusos. Que bajo el proyecto educativo, o frente a lo riesgoso que pueda ser operar en un lugar vulnerable, pase que los sostenedores se paguen más de lo que se paga un directivo en una DAEM (sostenedoras de educación municipal)”, plantea la parlamentaria.
Vallejo dice además que es necesario que exista un rango. “En las DAEM, teniendo varios colegios a cargo, pueden ganar sueldos de hasta 3 millones, pero hay un límite”. Por lo mismo, la diputada argumenta que deben hacerse precisiones: “Creo que es importante asegurar que el sostenedor trabaje, y trabaje lo que está estipulado en el contrato”.
En el movimiento estudiantil recibieron las indicaciones con distancia. La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Lorenza Soto, plantea que, de aprobarse estas indicaciones, existirá un lucro encubierto en el sistema: “En primer lugar se dijo que se debía remunerar de manera justa a los sostenedores, se ha dicho que se va a poder arrendar colegios y vemos cómo el proyecto de fin al lucro va quedando muy desplazado. Vemos en las universidades que, aunque esté prohibido el lucro, este igual se hace. Y con estas indicaciones se viene a reafirmar el lucro encubierto. Es un lucro encubierto que al sostenedor se le pague un sueldo sin definir en qué va a trabajar ni qué límite va a tener”.
“Nos parece que los sueldos no son algo que deba quedar al azar. No nos parece positivo que haya chipe libre en la asignación de los sueldos, y creemos que debiera haber una escala de referencia –o un máximo de sueldo–, desde la cual, cuando este implementada la política pública, la Superintendencia pueda fiscalizar, porque nos podemos perder en una mala fiscalización”, plantea el Coordinador Nacional de la Cones, Tomás Leighton, sumándose a los cuestionamientos.
Entre los sostenedores tampoco están satisfechos, pero por otros motivos. El presidente de la Conacep –que agrupa a cientos de colegios particulares subvencionados–, Hernán Herrera, reclama porque la remuneración estará enfocada solo en personas naturales: “El gobierno ha dicho que la solución es crear estas Corporaciones que van a controlar varios colegios, pero se les impide a los sostenedores tener una sola plataforma para administrar estos colegios. Creemos que así no se permite que exista una sinergia en la administración de los colegios”.
Herrera les manda un mensaje a quienes piden mayores restricciones para fijar los futuros sueldos de los sostenedores, argumentando que era básico que se les pagara por su labor: “Quienes creyeron que los sostenedores iban a seguir cumpliendo una gestión al interior del establecimiento sin remuneración, es porque no entienden nada de cómo funciona esto”.
A Jaime Bellolio, diputado de la UDI en la Comisión de Educación, le parece que la regulación que se establece en las indicaciones es suficiente, pero señala que el foco del Mineduc está equivocado: “Lo que pasa es que esta fórmula pierde el foco. La regulación que hay dice que el sueldo tiene que ser razonable y que queda a discreción de la Superintendencia meterse o no. Pero lo relevante aquí es la calidad, y al gobierno solo le importa el Rut del sostenedor”.
El parlamentario de la Alianza propone que cuando un colegio funciona bien en los indicadores, se lo debe dejar “trabajar tranquilo”, pero que cuando los resultados son malos, se debe intervenir para asegurar la calidad.
Hoy la Comisión de Educación comenzará la votación en particular del proyecto que elimina el lucro, el copago y la selección. La Nueva Mayoría tiene la mayor cantidad de votos, pero estará por verse qué pasará con las indicaciones que presentó el Ejecutivo –como la que permite que los propios sostenedores se fijen su sueldo–, y qué ocurrirá con las propuestas lanzadas por los diputados: que el lucro se tipifique como delito –presentado por Jackson y Vallejo–, o la que prohíbe que las ATE tengan fines de lucro, propuesta defendida por la diputada DC Yasna Provoste.
La discusión seguirá en los próximos días, pues los parlamentarios oficialistas ya preparan nuevas indicaciones para perfeccionar la norma sobre la fijación del sueldo de los sostenedores.
———————————————————————–
EditorialIndicaciones en educación escolar
Quizás donde las indicaciones avanzan menos es en materia de admisión. Si bien se la “devuelve” a los colegios, la solución es extremadamente compleja y llena de requisitos administrativos que la tornan engorrosa…
Después de una postergación sorpresiva, el Ministerio de Educación envió a la Cámara de Diputados sus indicaciones al proyecto de ley que termina con el copago, el lucro y la selección. Hoy serán presentadas en la Comisión de Educación. Hay cambios en el proyecto que si bien podría argumentarse están en línea con sus contenidos iniciales, significan una transformación relevante. Por ejemplo, se mantiene la idea de acabar con el financiamiento compartido, pero ahora, en lugar de establecer un plazo para su término, vincula este con el aumento de la subvención. Así, congela en Unidades de Fomento el financiamiento compartido y establece que se irá reemplazando gradualmente con el aumento, en la misma denominación, de la subvención. Por tanto, el copago se irá acabando solo una vez que la subvención haya aumentado en moneda de igual valor que el aporte de los padres. Con ello, se elimina el plazo de diez años establecido en el proyecto original y se evita el deterioro de proyectos educativos que, en la actualidad, estaban siendo amenazados en su desarrollo.
En materia de financiamiento, las indicaciones también traen modificaciones. En particular, se eleva la subvención escolar preferencial en un 20 por ciento. Este aumento también repercute en la nueva subvención de grupos medios, o preferente, que se definía en el proyecto original como equivalente a un 50 por ciento de la subvención preferencial para alumnos prioritarios. Se insiste, sin embargo, en mantener la incompatibilidad entre el acceso a esta subvención de grupos medios y el cobro de financiamiento compartido para los estudiantes no beneficiarios de esta subvención. Ello es contradictorio con la práctica que existe para los estudiantes prioritarios y no ayuda a una mayor integración social.
Las indicaciones modifican drásticamente la alternativa de compra de colegios que definía el proyecto original. Ahora, por ejemplo, el nuevo sostenedor sin fines de lucro podrá adquirir de los antiguos sostenedores con fines de lucro o eventualmente de sus arrendadores los edificios en los que funciona el establecimiento por medio de un crédito hipotecario o a través de una imputación mensual con cargo a la subvención de hasta una doceava parte de un 11% del avalúo fiscal por un plazo máximo de 25 años. Para garantizar el crédito hipotecario se autoriza que los nuevos sostenedores puedan acceder al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). La compra del Estado se reserva ahora para casos excepcionales. Asimismo, se flexibiliza la postura respecto de los arriendos en el proyecto de ley, permitiéndose que se continúe con estos hasta el término de los contratos y que después de ello se puedan mantener solo si son con partes no relacionadas. Para resolver la situación de los colegios de Iglesia, se permite que el arrendador sea relacionado solo si es una persona jurídica sin fines de lucro o de derecho público.
También se precisa que los administradores superiores de la nueva organización sin fines de lucro puedan recibir una remuneración, siempre que esta sea “razonablemente proporcionada en consideración al tamaño y complejidad del o los establecimientos educacionales, y a las remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de similar naturaleza”. Se le encarga a la Superintendencia de Educación fiscalizar esta disposición. Con todo, es difícil establecer criterios en esta materia y los lineamientos para este órgano son muy vagos. Así, aunque se mantiene la prohibición de lucro, las indicaciones abren mecanismos para compensar a los actuales dueños de la inversión y también para eventualmente premiar su involucramiento en la gestión.
Quizás donde las indicaciones avanzan menos es en materia de admisión. Si bien se la “devuelve” a los colegios, la solución es extremadamente compleja y llena de requisitos administrativos que la tornan engorrosa. Al mismo tiempo, se mantienen las disposiciones que limitan la posibilidad de que los liceos emblemáticos y selectivos empleen sus propios mecanismos de admisión. Con ello se puede dañar un importante vehículo de movilidad social. En suma, aunque hay mejoras en el diseño del proyecto, aún está lejos de promover la calidad y la integración en educación.
—————————————————————-
FECH presenta indicaciones contrapuestas a la flexibilización que propone Eyzaguirre
Hector Areyuna | Lunes 8 de septiembre 2014 21:22 hrs.
Mientras el Ejecutivo ingresó modificaciones al proyecto que busca poner fin al lucro, al copago y selección, basadas en flexibilizar lo presentado inicialmente ante la “complejidad del entramado”, el Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Cefech) presentó sus cartas para introducir medidas más estrictas a la aplicación de la nueva ley.
La FECH oficializó la presentación de la batería de indicaciones que había anunciado para el proyecto de ley que pone fin al lucro, al copago y la selección, en el marco de la Reforma Educacional, cuyo plazo concluye este martes.
Las modificaciones fueron preparadas en el Centro de Estudios de la Federación y parten de la consideración que los instrumentos de política pública propuestos por el Gobierno son herramientas insuficientes para concebir la educación como un derecho.
La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, expresó que el Ejecutivo falló al apuntar al fin de los vicios del sistema.
“No se va acabar regulando parcialmente el sector particular subvencionado, sino que estableciendo medidas claras y marcos regulatorios para todo el sistema educacional, y es lo mismo que exigimos en educación superior, que no puedan haber instituciones que estén por fuera de un marco regulatorio. Eso sigue generando una lógica de guetos educativos donde se le permite cuestiones que están por fuera de un marco mínimo a las instituciones privadas, e independiente que reciban aportes del estado, aquí hay un derecho que proteger”, recalcó la dirigente estudiantil.
La propuesta de la federación de estudiantes plantea el fin al lucro total, en todos los ámbitos del sistema, y entre otros aspectos, la facultad de expropiación por parte del Estado bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo que un sostenedor, no desee pasar a convertirse en personalidad jurídica sin fin de lucro, opte por pasar a otro giro o rubro y se trate de un proyecto educativo relevante para la comunidad.
Además, se propone que los gestores compren inmuebles por sus propios medios o lo haga el Estado y lo entregue en comodato. Junto a esto se expone la posibilidad que el término del financiamiento compartido se haga por aporte directo al costo del establecimiento y no por concepto de matrícula.
En cuanto a la administración de los establecimientos se establece como requisito la participación vinculante de los consejos escolares y se ingresan aspectos más estrictos al fin de la selección, aunque considerando abrirse a un plazo cuando se trate de criterios académicos.
Ante esto, el diputado Gabriel Boric, que aseguró junto a otros parlamentarios patrocinar estas iniciativas, valoró la disposición y el aporte de la FECH.
“Yo destaco que el movimiento estudiantil, pese a lo que muchos dicen, está en disposición de colaborar para que esto salga bien, le interesa que haya una reforma educacional. Las diferencias que tenemos (con el Gobierno), es que acá hay ciertas cuestiones que no se pueden ceder. No hay que dar ningún espacio al lucro, no hay que empezar a relativizar la selección independiente de la gradualidad, y eso es algo que vamos a discutir en detalle en la comisión de Educación”, adelantó el parlamentario.
También asistió a la actividad el rector de nuestra Casa de Estudios, Dr. Ennio Vivaldi, quien enfatizó en la necesidad de fortalecimiento del sector público.
“Podemos conversar incluso desde un punto de vista ético, lo que significan los distintos sistemas educacionales, pero lo primero que es fundamental es volver a darle a todos los niños de Chile la oportunidad de una Educación pública, y si alguien opta por la educación privada, sea por alguna razón que tenga que ver con una identidad con algún país o cultura, o una religión, pero no porque la educación pública no permita formarlo adecuadamente”,
El ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre por su parte señaló este lunes que las indicaciones ingresadas por el Gobierno la tarde del domingo son una flexibilización nacida de la reflexión sobre la “complejidad del entramado”.
Ante estas, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker volvió a inquietar el interior de la Nueva Mayoría, asegurando que con las observaciones queda “casi un proyecto nuevo”.
0 Comments