Oìniones y reportajes de interés aparecidos en la prena de hoy sobre la reforma educacional.

 

OPINIONES

 

Selección escolar y discriminación

 

Conciliar libertad educativa, currículo mínimo y prohibir la discriminación, que daña el alma de cualquier nación, es posible. El dilema de política pública consiste en reconocer la libertad de los padres para optar por su proyecto educativo y a la vez velar que esa libertad, que puede lograrse con ciertos perfiles de padres, no se preste para discriminaciones arbitrarias.

 

por Ricardo Paredes, La Tercera – 13/04/2014 – 04:00

A PESAR DE esperanzadores signos en el ámbito escolar -como que Chile es el segundo país que más progreso ha tenido en resultados de la prueba               Pisa-, persisten enormes diferencias de aprendizaje en relación al ingreso de los padres, lo que muestra un sistema inequitativo en la entrega de oportunidades y que se refleja en segregación.

 

La segregación por cobro y pago está presente en la educación particular, que educa al 8% de los estudiantes. En la educación pública, que atiende al resto, la segregación ha sido vinculada al financiamiento compartido (FC), pero la verdad es que es una obligación para acceder al estatus de FC que las escuelas bequen al 15% de sus alumnos, lo que hace que la integración entre niños de familias con distintos ingresos sea relativamente mayor donde hay FC, porque la selección por ingresos está siendo abordada con distintas políticas, incluyendo la subvención preferencial. La discusión sobre la selección se ha focalizado en otros aspectos, particularmente en selección por religión, disciplina y nivel académico, lo que no necesariamente está vinculado al ingreso.

 

A pesar de lo álgido de la discusión, es esperable que la magnitud de la selección sea pequeña. La reducción de la natalidad y el surgimiento de una gran cantidad de escuelas subvencionadas hacen que la regla sea la falta de alumnos, y el exceso -asociado a la selección-, la excepción. Es que seleccionar no es sinónimo de pedir certificados, entrevistar a los padres u observar cómo los niños juegan. Esos suelen ser métodos para diagnosticar, para mejor enseñar o para indicarles a los padres que se trata de una escuela preocupada y que ellos la escojan. Por cierto, también esos pueden ser mecanismos de discriminación, que se refieren a diferenciar por nacionalidad, color de piel, preferencia política o simplemente arbitrariedad.

 

Pese a que la mayoría de las escuelas no enfrenta exceso de demanda, ¿para qué requieren antecedentes con los cuales excluyen alumnos? Una posibilidad es favorecer la educación. En algunos casos, el aprendizaje de las materias puede ser transmitido con mayor efectividad cuando los grupos tienen cierta homogeneidad en conocimiento, en la capacidad de concentración y en disciplina. El manejo de cursos con alumnos de distinto perfil es más complejo, y la especialización de profesores puede hacer de la separación algo positivo, por lo que mezclar alumnos puede afectar adversamente a adelantados y a rezagados.

 

Sin embargo, es a partir de un concepto más amplio  de educación donde radica la discusión relevante. El Estado tiene un rol en garantizar que todos los niños accedan a unidades educativas en las que obtengan herramientas fundamentales para su desarrollo. Pero la verdadera educación trasciende al conjunto de herramientas mínimas contenidas en el currículum desarrollado por el Estado y la diversidad es incontenible por el Estado. Así, el principal rol de educador está en los padres, y ellos difieren en lo que es la mejor educación para sus hijos. Podemos decir que cualquier contenido especial o perfil educativo estará bien si no atenta en contra del mínimo conocimiento disciplinar, de la educación cívica y de los valores esenciales contenidos en el currículum. Si algunos padres se identifican con un proyecto religioso, bien; si otros quieren educación adicional en matemáticas, música o desean una integración social que excede la que hallan en sus medios, bien también.

 

Conciliar libertad educativa, currículo mínimo y prohibir la discriminación, que daña el alma de cualquier nación, es posible. El dilema de política pública consiste en reconocer la libertad de los padres para optar por su proyecto educativo, y a la vez velar que esa libertad, que puede lograrse con ciertos perfiles de padres, no se contraponga con otro principio fundamental, de servir para una discriminación arbitraria, que sí atenta en contra de principios de convivencia. En términos prácticos, consiste en evitar que una entrevista a los padres -que puede detectar las afinidades y el compromiso al proyecto de la escuela- no se transforme en una fuente de discriminación, puntualmente identificable cuando afecta a minorías relativamente indefensas.

 

Para ello, debe aceptarse como concepto la selección. Si, por ejemplo, la escuela define como su proyecto potenciar talentos matemáticos, una explicitación de ese objetivo a través de un reglamento que señala que los jóvenes que ingresen a esa escuela deben asistir a talleres o a horas extras de matemática, libera informadamente a los apoderados a optar o no por esa escuela. Una vez inscritos, se someten al proyecto. Lo mismo para el caso de una escuela religiosa, donde el reglamento establecerá el respeto a la religión, a sus valores y la asistencia a clases de esa religión. Por último, la escuela que quiera un sello de excelencia académica puede establecer un sistema de enseñanza en la que progresivamente se adquieren más conocimientos y que el nivel mínimo de conocimiento al cabo de cada año es algo superior al establecido por el ministerio.

 

En la práctica, la diferencia fundamental la debiera hacer si el instrumento se constituye o no en un test de admisión. En general, los tests al momento de la admisión no deben ser de admisión, lo que se incluye para las escuelas con proyectos religiosos y de aprendizaje de determinadas disciplinas.

 

Posiblemente, por la experiencia histórica y la imposibilidad de cambiar la educación pública en un período breve, la única excepción que cabe hacer es considerar, por motivos de aprendizaje y de movilidad social, que tests de conocimientos y aprendizajes puedan ser utilizados como mecanismos de selección en liceos que tengan como proyecto y perfil la excelencia académica; entendiendo que un liceo que selecciona académicamente limita la capacidad de evaluar cuán bueno es.

 

La mera existencia de dichos liceos promueve un esfuerzo enorme de trabajo y estudio por parte de familias, que por el momento pocas oportunidades tienen de acceder a escuelas públicas con profesores de altísimo nivel.

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Un bien público de toda la sociedad

Las universidades del Cruch producen el 90% de la actividad científica. Dentro de éstas, más de la mitad de las publicaciones y de los proyectos de investigación aplicada provienen de los planteles públicos no estatales. Cabe considerar que la investigación implica costos indirectos. Esto hace necesario un mecanismo de apoyo a las instituciones que evite que ese costo se traspase a la matrícula de pregrado. Si el Estado no apoya el desarrollo de investigación en las universidades públicas no estatales estaría privando a la sociedad de parte importante de su desarrollo cultural y de bienes públicos.

por Juan Larraín – La tercera, 13/04/2014 – 04:00

LOS RESULTADOS de investigación en ciencias y humanidades son un bien público que contribuye al acervo cultural de los pueblos y son responsables del desarrollo material, cultural y social. Por esto, y siempre con el bien común como norte, el Estado debe financiar toda investigación de calidad.

Gran parte de la investigación mundial se produce en las universidades, tanto estatales (Universidades de California, Cambridge, Tokio) como no estatales (Harvard, Stanford, MIT). Algo similar sucede en Chile, donde las universidades del Cruch producen el 90% de la actividad científica. Dentro de éstas, se debe  destacar que más de la mitad de las publicaciones y de los proyectos de investigación aplicada provienen de las universidades públicas no estatales.

Importante agregar que a pesar del bajo presupuesto de inversión en ciencia y tecnología en Chile, las publicaciones nacionales son las de mayor calidad a nivel latinoamericano, y muchas de ellas son fruto de la colaboración entre investigadores de universidades estatales y no estatales.

Frente a la necesidad de que el Estado financie la investigación cabe preguntarse: ¿Cómo debe decidir qué investigación financiar? y ¿cómo apoyar  a aquellas instituciones que deciden desarrollar la investigación?

En cuanto a lo primero, el mecanismo utilizado universalmente para seleccionar es la evaluación por pares expertos nacionales e internacionales. Esto permite que la selección sea abierta, competitiva y transparente, de forma de apoyar los mejores proyectos de investigación. En Chile, este sistema se ha usado históricamente y en parte explica el prestigio internacional de nuestra ciencia.

Sobre cómo apoyar a las instituciones, es importante considerar que  la investigación implica costos indirectos, como son la necesidad de aumentar la planta académica, los costos de infraestructura, el apoyo profesional y técnico, y el desarrollo de programas de doctorado. Esto hace necesario un mecanismo de apoyo a las instituciones que evite que el costo de la investigación se traspase a la matrícula de pregrado.

Por esto, el Estado debe entregar a las instituciones el equivalente a los costos indirectos de cada proyecto de investigación, componente al que se denomina “overhead”. En el hemisferio norte, el “overhead” puede llegar al equivalente del 70% del monto que se entrega al investigador, mientras que en Chile este en promedio no supera el 10%. Además, las agencias de financiamiento hacen seguimiento al uso de estos “overhead” para verificar que son utilizados para apoyar la investigación. De esta forma, el apoyo a las universidades que desarrollan investigación será en base a la calidad e importancia de sus proyectos.

Para asegurar la viabilidad de los proyectos de investigación, además debe existir un listado de instituciones que estén en condiciones de recibir este financiamiento estatal. Para esto deberían considerarse las universidades acreditadas en investigación y aquellas que no tengan fines de lucro.

De no haber existido las políticas de Estado de apoyo a la investigación nuestra vida hoy día sería muy distinta. Si el Estado no apoya el desarrollo de investigación en las universidades públicas no estatales estaría privando a la sociedad de parte importante de su desarrollo cultural y de bienes públicos que podrían mejorar la calidad de vida de las personas. De ser así, el Estado estaría fallando en su deber de buscar el bien común.

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Desarrollo estratégico de la educación superior

La propuesta de entregarles más apoyo a las universidades estatales contra convenios de desempeño, que garanticen calidad y compromiso, como el desarrollo de investigación de alto nivel en áreas importantes de cada región, no es trivial. Las mejores universidades del mundo buscan desarrollar la investigación del más alto nivel. Y si bien en EE.UU. muchas son privadas, todas tienen un ADN público. Son sin fines de lucro, pluralistas y de excelencia. Considerando las universidades que nos podrían servir de modelo, estamos un tanto lejos de ellas, y para mejorar el nivel de nuestra educación superior sería clave un mayor involucramiento del Estado.

por Andrés Weintraub – La tercera, 13/04/2014 – 04:00

UN ASPECTO que pareciera estar claro a estas alturas  es la importancia estratégica de que Chile cuente con universidades estatales. A través de ellas, el país desarrolla su política de educación superior e investigación de largo plazo y asegura la existencia de instituciones de carácter pluralista que garanticen avances y análisis independientes frente a problemas y coyunturas. A esto se suma el rol histórico de las universidades estatales como un motor de movilidad social y el hecho de que se espera que sean un instrumento para impulsar políticas específicas de Estado. Por último, también deben ser instituciones señeras que den la pauta de calidad en sus funciones.

De acuerdo a cómo el Estado ha actuado, pareciera que las universidades estatales no cumplen un papel especial, por lo que no se les da un financiamiento básico ni tampoco se les exige acciones específicas. Un ejemplo es lo que ocurre con Pedagogía. Si bien múltiples estudios muestran la necesidad de formar profesores de alta calidad, el Estado nunca se ha acercado a la Universidad de Chile para que lo apoye con un esquema de formación de docentes de establecimientos escolares.

En esta área, la Universidad de Chile, con sus cuadros académicos, está capacitada para implementar con éxito esta tarea (que sería una función natural de una universidad estatal). El Estado tampoco controla la calidad de las universidades estatales -dejándolas en el limbo-, ni las apoya en forma especial, ni les pide nada significativo.

Como consecuencia de esto, muchas universidades estatales presentan serias debilidades, por lo que la propuesta de entregarles mayor apoyo contra convenios de desempeño, que garanticen calidad y compromiso con objetivos país, como el desarrollo de investigación de alto nivel en áreas importantes de cada región, no se ve trivial de implementar. Programas basales de apoyo de largo plazo para universidades que ya muestran buen rendimiento y planes de desarrollo en instituciones que aún presentan debilidades ayudarían a un importante avance en el desarrollo de nuestra educación superior.

Las mejores universidades del mundo buscan desarrollar la academia, la docencia y la investigación del más alto nivel. Y si bien en EE.UU. muchas de ellas son privadas -por ejemplo, MIT, Harvard, Stanford y Columbia-, todas tienen un ADN público. Son instituciones sin fines de lucro, pluralistas, con el bien general y la excelencia académica como objetivos, y prácticamente indistinguibles de las universidades estatales en lo que entregan.

En Europa y parte de Latinoamérica, en tanto, el modelo de excelencia son las universidades estatales, pero con fuerte apoyo del Estado y también elevadas exigencias. Un caso interesante es el de la Universidad de Sao Paulo, la mejor rankeada de la región. El estado de Sao Paulo le entrega un alto porcentaje de su presupuesto y a cambio exige no sólo alta calidad, sino también que la universidad participe en metas de política estratégica, como equidad social.

A la luz de los sistemas de universidades que nos podrían servir de modelo, vemos que estamos un tanto lejos de ellos y que necesitaríamos un cambio bastante significativo para mejorar el nivel de nuestra educación superior. En este marco, parecería indispensable un involucramiento mucho más comprometido del Estado.

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Subvención escolar y lucro

 

José Antonio Viera-Gallo: “La Ley General de Educación (LEGE) del 2009 establece que los sostenedores de establecimientos educacionales particulares, para ser reconocidos por el Estado, deben ser personas jurídicas cuyo objeto social único sea la educación…”

 

 

José Antonio Viera-Gallo, El Mercurio, Blog, 12 de abril de 2014

El debate educacional en curso se ha centrado, entre otras materias, en la justificación o prohibición del lucro. Al respecto conviene hacer algunas precisiones.

La Ley General de Educación (LEGE) del 2009 establece que los sostenedores de establecimientos educacionales particulares, para ser reconocidos por el Estado, deben ser personas jurídicas cuyo objeto social único sea la educación. La propuesta original del anterior gobierno de Michelle Bachelet limitaba esa categoría solo a las corporaciones y fundaciones, es decir, entidades sin fines lucrativos. Este planteamiento no fue aceptado por la oposición de la época, cuyos votos eran indispensables para cualquier reforma, por lo cual se llegó a la fórmula establecida en el actual artículo 46 c) de la LEGE.

El propósito de ese artículo es evitar cualquier confusión entre el patrimonio del sostenedor en cuanto tal y su peculio privado o el de otras empresas que pudieran estar relacionadas con su persona, como sucedía con la LOCE. Además se prohíbe al sostenedor dedicarse a otro tipo de actividades diferentes a la educación, lucrativas o no.

Esta norma es congruente con el principio de transparencia al que está sometido todo el sistema educacional (artículo 3 i): debe existir a disposición del público interesado una información desagregada por establecimiento sobre su rendimiento académico y su balance económico. Como consecuencia de lo anterior, los sostenedores deben rendir cuenta del uso de los recursos públicos a la Superintendencia de Educación, información que también debe estar a disposición de la gente.

Surge, entonces, la pregunta: ¿puede un sostenedor retirar utilidades de los recursos de la subvención escolar? La respuesta debe ser negativa. La subvención escolar tiene una sola finalidad: cumplir con el deber constitucional del Estado de financiar un sistema educacional mixto, gratuito y de calidad, garantizando el acceso de todas las personas hasta los 21 años. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional (STC 1361). Las exigencias del legislador para evitar la desviación de recursos fiscales se inscribe dentro del objetivo de asegurar la calidad de las prestaciones educacionales. Así como el Estado debe pagar las subvenciones a los sostenedores, estos deben cumplir con el buen uso de los recursos recibidos (STC 410).

El aporte fiscal no puede tener un destino diferente. Debe servir para que exista un sistema mixto y gratuito de educación. El sostenedor no puede darle otro uso y menos apropiarse indebidamente del mismo. En esa eventualidad podría incurrir en una sanción penal. La Contraloría General de la República, por su parte, fiscaliza el buen uso de los recursos públicos aportados a particulares. A ella se ha venido a sumar la Superintendencia de Educación, Ley 20.259, que fiscaliza la legalidad del uso de los recursos.

Por cierto, el sostenedor particular que ha realizado inversiones en su establecimiento, por ejemplo en infraestructura, puede amortizar el crédito que le permitió llevarlas a cabo. Mal que mal esas instalaciones debieron ser acreditadas al momento de obtener el reconocimiento estatal, y las que se hagan con posterioridad deben ser controladas por la Superintendencia al revisar la rendición anual de cuentas. También puede cobrar por algún servicio útil y pertinente realizado al establecimiento educacional. Pero le está prohibido apropiarse de la subvención sin un título legítimo, y no es tal la mera condición de ser reconocido como sostenedor.

Algo similar ocurre con los consultorios de salud primaria de carácter privado que están asociados a las redes de salud. Sería absurdo pensar que sus dueños pudieran lucrar con el aporte público que reciben según la población que atienden (per cápita). Lo mismo sucedería si los bomberos pretendieran lucrar con los dineros que les aporta el Estado. Tal criterio se hace extensivo al caso en que el ente receptor sea una sociedad y no una corporación o fundación.

Parece lógico que la reforma educacional precise mejor cuáles son las condiciones que habilitan a un sostenedor para hacer un cobro legítimo por un servicio prestado o lisa y llanamente se vuelva a la propuesta del gobierno anterior de Michelle Bachelet de restringir la calidad de sostenedores educacionales solo a las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro.

El debate educacional en curso se ha centrado, entre otras materias, en la justificación o prohibición del lucro. Al respecto conviene hacer algunas precisiones.

La Ley General de Educación (LEGE) del 2009 establece que los sostenedores de establecimientos educacionales particulares, para ser reconocidos por el Estado, deben ser personas jurídicas cuyo objeto social único sea la educación. La propuesta original del anterior gobierno de Michelle Bachelet limitaba esa categoría solo a las corporaciones y fundaciones, es decir, entidades sin fines lucrativos. Este planteamiento no fue aceptado por la oposición de la época, cuyos votos eran indispensables para cualquier reforma, por lo cual se llegó a la fórmula establecida en el actual artículo 46 c) de la LEGE.

El propósito de ese artículo es evitar cualquier confusión entre el patrimonio del sostenedor en cuanto tal y su peculio privado o el de otras empresas que pudieran estar relacionadas con su persona, como sucedía con la LOCE. Además se prohíbe al sostenedor dedicarse a otro tipo de actividades diferentes a la educación, lucrativas o no.

Esta norma es congruente con el principio de transparencia al que está sometido todo el sistema educacional (artículo 3 i): debe existir a disposición del público interesado una información desagregada por establecimiento sobre su rendimiento académico y su balance económico. Como consecuencia de lo anterior, los sostenedores deben rendir cuenta del uso de los recursos públicos a la Superintendencia de Educación, información que también debe estar a disposición de la gente.

Surge, entonces, la pregunta: ¿puede un sostenedor retirar utilidades de los recursos de la subvención escolar? La respuesta debe ser negativa. La subvención escolar tiene una sola finalidad: cumplir con el deber constitucional del Estado de financiar un sistema educacional mixto, gratuito y de calidad, garantizando el acceso de todas las personas hasta los 21 años. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional (STC 1361). Las exigencias del legislador para evitar la desviación de recursos fiscales se inscribe dentro del objetivo de asegurar la calidad de las prestaciones educacionales. Así como el Estado debe pagar las subvenciones a los sostenedores, estos deben cumplir con el buen uso de los recursos recibidos (STC 410).

El aporte fiscal no puede tener un destino diferente. Debe servir para que exista un sistema mixto y gratuito de educación. El sostenedor no puede darle otro uso y menos apropiarse indebidamente del mismo. En esa eventualidad podría incurrir en una sanción penal. La Contraloría General de la República, por su parte, fiscaliza el buen uso de los recursos públicos aportados a particulares. A ella se ha venido a sumar la Superintendencia de Educación, Ley 20.259, que fiscaliza la legalidad del uso de los recursos.

Por cierto, el sostenedor particular que ha realizado inversiones en su establecimiento, por ejemplo en infraestructura, puede amortizar el crédito que le permitió llevarlas a cabo. Mal que mal esas instalaciones debieron ser acreditadas al momento de obtener el reconocimiento estatal, y las que se hagan con posterioridad deben ser controladas por la Superintendencia al revisar la rendición anual de cuentas. También puede cobrar por algún servicio útil y pertinente realizado al establecimiento educacional. Pero le está prohibido apropiarse de la subvención sin un título legítimo, y no es tal la mera condición de ser reconocido como sostenedor.

Algo similar ocurre con los consultorios de salud primaria de carácter privado que están asociados a las redes de salud. Sería absurdo pensar que sus dueños pudieran lucrar con el aporte público que reciben según la población que atienden (per cápita). Lo mismo sucedería si los bomberos pretendieran lucrar con los dineros que les aporta el Estado. Tal criterio se hace extensivo al caso en que el ente receptor sea una sociedad y no una corporación o fundación.

Parece lógico que la reforma educacional precise mejor cuáles son las condiciones que habilitan a un sostenedor para hacer un cobro legítimo por un servicio prestado o lisa y llanamente se vuelva a la propuesta del gobierno anterior de Michelle Bachelet de restringir la calidad de sostenedores educacionales solo a las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro.

José Antonio Viera-Gallo

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Sacerdote jesuita y rector U. Alberto Hurtado: “Hay lucro disfrazado en muchas Ues., incluidas las del Cruch”

 

Fernando Montes sostiene, además, que si se auditara a fondo, se encontrarían nuevas U. del Mar en los planteles del Consejo de Rectores. En cuanto a la reforma educacional que impulsa el gobierno de Bachelet, aseguró que, de momento “la veo muy centrada en el financiamiento”.

 

por M. Nahas, S. Rodríguez y J. Herrera – 13/04/2014 – 05:20

“El peor problema es la iniquidad en la calidad”, sostiene el sacerdote jesuita Fernando Montes, licenciado en Filosofía y Sociología y rector de la Universidad Alberto Hurtado. Se refiere a un tema que en la Compañía de Jesús se lleva casi en la piel: la educación. Y, con voz pausada, desmenuza uno de los principales debates a nivel nacional: “A mi juicio, el gran problema que enfrentamos es la enorme distancia social y el clasismo que hay en este país. Es pavoroso ver cómo los alumnos de mejores puntajes se concentran en barrios acomodados. Creo que la diferencia comienza en la cuna y debería destruirse desde la cuna. La educación de los más pobres no debe ser inferior a la que obtienen los alumnos de colegios pagados”.

 

¿Qué le parece, entonces, que la discusión pública en torno a los recursos del Estado se esté dando a nivel universitario y dentro del Consejo de Rectores (Cruch)?

 

Me parece, cuando menos, mezquino. Es un escándalo. Hoy el Cruch no quiere mirar de frente que más de la mitad de los estudiantes, más de la mitad de las universidades del país y la mayoría de los alumnos más pobres no están en el consejo. Por lo tanto, se convierte en una pelea por las platas, en lugar de una discusión con altura de miras sobre la calidad universal de la enseñanza. Se habla de universidades tradicionales, pero nadie se lo cree. Son universidades derivadas, algunas muy nuevas. Muchas de las que están en el Cruch no son de buena calidad. Y el mismo consejo, con sus criterios históricos, las tiene aplastadas.

 

¿Así de radical es la situación?

 

Así lo creo. Le pongo un ejemplo. Las platas del Cruch se distribuyen con los criterios históricos y no conforme a las necesidades. La Universidad de Chile, según datos de Contraloría, recibe tres millones 200 mil pesos por estudiante, mientas que la Arturo Prat recibe 900 mil pesos. ¿Cómo el Estado no se preocupa de la igualdad entre sus propias universidades? Muchos planteles hoy tienen que andar buscando alumnos para financiarse. ¿Cómo una universidad regional, pensada para Iquique, como la Arturo Prat, está en Victoria? ¿Por qué compite con la Universidad de Chile en Santiago?

 

Es decir, ¿cree que algunas universidades del Cruch no tienen la calidad que dicen tener?  

 

Obviamente que no. Basta mirar los años de acreditación. Varias de ellas tienen el mínimo. Ciertamente que hay en el Cruch algunos planteles estatales muy buenos, así como también hay Ues. privadas excelentes. Lo que yo pido es que nos sentemos a mirar las cosas con objetividad para poder resolver dos problemas: la justicia en el sistema y la calidad de la formación que se entrega a los más pobres.

 

Si se revisara y se auditara a fondo el sistema de educación superior, ¿cree que se encontrarían más casos como el de la U. del Mar?

 

Lo creo y, lamentablemente, también entre las del Cruch, porque el problema de la U. del Mar no era sólo el lucro. Imagínese que había una universidad del Cruch que tenía como 44  sedes. Se puede estafar a los estudiantes no sólo con dinero, sino también a través de la calidad de la oferta educativa y formativa.

 

¿Es el lucro el responsable de todos los males?  

 

Lo primero es que la ley se debe cumplir. Basta de hipocresías. Creo que hay  actividades de lucro disfrazado en muchas universidades, incluidas las del Cruch. La actual figura jurídica no permite el lucro. Hay una demanda general para que esto se encare y al parecer lo está haciendo el ministerio. Pero yo no demonizo la palabra. Lo inaceptable es convertir la educación en un frío negocio con criterios de mercado.

 

¿Por qué aún se habla de universidades tradicionales y privadas con una carga valórica negativa?

 

Es la misma pregunta que me hago yo. Hay mucha imprecisión de lenguaje y prejuicio. Las privadas no son sólo las que están fuera del Cruch. Hay universidades privadas en el Cruch. Hay universidades llamadas tradicionales que no son tales. En verdad son derivadas, pero no tradicionales.

 

¿Cómo queda la U. Alberto Hurtado dentro de ese análisis?

 

Nosotros nacimos del Ilades y del Cide. El Cide era el mejor Centro de Investigación Educacional que había en Chile. Esa es la base de nuestra universidad. Tenemos más de 50 años, si se toma en cuenta esa realidad. A diferencia de otros, construimos la universidad de arriba para abajo, desde el posgrado a las carreras. Dejémonos de eslogan y  prestigios nominales y veamos la verdad. Hagamos una buena Ley de Acreditación, no por influencias, sino que se acredite lo que está bien hecho. Hay universidades del sistema privado, como la Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, la Mayor, la Central y otras que son serias.

 

¿Usted se siente marginado cuando el ministro conversa con el Cruch y no con todos? 

 

Totalmente. Que el ministro se haya juntado con el Cruch para discutir problemas de financiamiento, y que se haya reunido con profesores y estudiantes, es espléndido, pero que no haya una visión de conjunto me parece pésimo. Somos la mayoría de las universidades legalmente constituidas, tenemos más de la mitad de los estudiantes y estamos marginados. ¿Se entiende esto en una democracia?

 

¿Se cumple en Chile la figura de una universidad estatal? 

 

Me parece que una universidad estatal tiene varias funciones. Por ejemplo, estar en aquellos lugares donde otros no llegan. En Coyhaique es razonable que el Estado ponga una universidad de primera calidad. Con precios justos. También debe ofrecer universidades con pluralismo. Pero si son estatales deben responder a políticas de Estado y no entender la autonomía académica como independencia total.

 

El cardenal Ricardo Ezzati dijo que las universidades deben servir a la sociedad…

 

Obviamente, la universidad debe servir a la sociedad. Por eso tiene un carácter público. Lo importante es afinar el concepto de lo estatal, lo público y lo privado. Todo lo estatal es público, pero no todo lo público es estatal. El movimiento estudiantil, que ha puesto temas importantes en el tapete, es obviamente público, no privado, pero ciertamente no es estatal. La educación que dan los padres puede llamarse privada, pero todo el sistema escolar que socializa la cultura nacional tiene de algún modo un carácter público. Por eso, el Estado tiene algo que decir en todo el sistema y no sólo en sus escuelas. Y es importante que él no considere los establecimientos no estatales como adversarios. La diversidad no es propiedad exclusiva de los establecimientos estatales.

 

Reforma educacional

 

¿Cómo analiza la reforma que plantea el gobierno?

 

Responde a problemas reales, que tienen que ser encarados. Por ejemplo, la iniquidad, que haya colegios y universidades para ricos y otros para pobres. Y, sobre todo, que estos últimos sean de mala calidad.. Pero, al considerar la calidad, no basta transmitir los conocimientos y habilidades. Es necesario encarar la formación integral. Hoy día nos enseñan a triunfar y nadie te enseña a ser solidario, a soportar las lágrimas. Yo tengo la esperanza de que la reforma se atreva a mirar las cosas de frente. Aunque, tal como la veo ahora, creo que está excesivamente centrada en el financiamiento.

 

¿Teme que se haga muy rápido?

 

Si tú tienes armado un sistema, no puedes quitarle de la noche a la mañana toda la base. Hemos sido recurrentes en el asunto del lucro y eso hay que corregirlo. Sin embargo, yo no podría cerrar mañana todas esas universidades. Hay que analizarlas, auditarlas y ver cuáles son los pasos para corregir la situación. Pero cuidado con esas medidas un poco populistas que pueden desarmar un sistema y generarnos múltiples Universidades del Mar.

 

¿Lo decepciona cómo ha evolucionado la investigación de la Fiscalía Centro Norte por el lucro en las universidades?

 

Sí, por lo lento. El tema es candente y me imagino que los casos son diferentes. Yo espero que esto se acelere, que sean justos, se cumpla la ley y se considere a los estudiantes.

 

Al hablar de gratuidad en la educación, ¿es posible en Chile?

 

Me gusta mucho la idea como un ideal, precisamente porque es uno de los caminos para allanar desigualdades. Sin embargo, hay situaciones que no se pueden lograr de un día para otro sin generar males mayores. Chile es limitado en recursos. ¿Dónde pondría mis primeros recursos? Allí donde se produce la mayor diferencia, que es en la base. En una educación parvularia, básica y media de primerísima calidad, donde la educación estatal sea comparable a la de otros países y a la de los mejores colegios pagados.

 

 

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REPORTAJES

11 de abril de 2014

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