Columna publicada en la página de Educación de El Mercurio, domingo 26 de agosto de 2012.
Movilización y parálisis
José Joaquín Brunner, El Mercurio, 26 de agosto de 2012
El sector educación vuelve a instalarse en la confusión y las contradicciones. En vez de aparecer sus directivos y comunidades presidiendo el debate público, aparecen paralizados o envueltos en discusiones inconducentes. Al mismo tiempo, la ciudadanía estima que para surgir en la vida es esencial o muy importante tener un buen nivel educacional (76%) y que la manera en que el Estado puede apoyar a las personas en situación de pobreza es a través de programas que mejoren sus capacidades, como educación o capacitación (78%) (Encuesta CEP, julio-agosto de 2012).
Tan altas expectativas solo pueden materializarse si la calidad de la educación mejora continuamente y las oportunidades de aprender se distribuyen en virtud del mérito de las personas y no de su cuna y el capital socioeconómico y cultural de su hogar. Sin embargo, en vez de estar abocados a estos objetivos, los principales actores se hallan sumidos en un conflicto sin destino. Aparecen alienados respecto de las preocupaciones centrales que debieran atender.
Por ejemplo: los actores claves concuerdan en la necesidad de un mayor gasto público, especialmente en el nivel pre-primario y de enseñanza básica, sobre todo en favor de los niños de hogares menos aventajados. ¿Cómo entender entonces que parlamentarios de gobierno, oposición e independientes no puedan ponerse de acuerdo en torno al ajuste tributario que podría generar hasta mil millones de dólares anuales en favor, precisamente, del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación?
Sin duda, el gobierno ha hecho una tosca gestión político-legislativa de esta iniciativa y hasta hoy no ha sido capaz de asegurar su aprobación. Por su parte la oposición aparece desahuciándola con alegatos inverosímiles.
Alegan algunos que este ajuste debería rechazarse porque involucra una exención tributaria para segmentos de la clase media, medida en efecto mal diseñada que debería votarse en contra o mejorarse sustancialmente, pero que no justifica rechazar la parte medular del ajuste. Otros argumentan que esta medida es, además, altamente regresiva, pues implica un subsidio anual de 100 millones de dólares en favor de grupos mesocráticos. Este alegato resulta contradictorio sin embargo cuando al mismo tiempo se exige la gratuidad completa y universal de la educación superior, cuyo costo para el Estado sería cercano a dos mil millones de dólares anuales en beneficio de alumnos que provienen del 20% mas rico de la sociedad.
Entre tanto, la discusión se ha desplazado desde lo propiamente educativo a la cuestión del paro estudiantil, las tomas y retomas de recintos escolares y universitarios, las acciones callejeras y el orden público. Esta vía, ya se vio el año pasado, desemboca en punto muerto. Y daña la educación pública de gestión municipal, favoreciendo la fuga de cerebros hacia colegios privados subvencionados. Se hiere así aquello que se busca salvar.
De hecho, el giro reciente del estamento directivo de los estudiantes universitarios (Confech) hacia la acción directa –ocupación de los claustros, suspensión de clases, y desconocimiento de las autoridades institucionales internas, que el Rector de la UCH con razón ha objetado– representa una contramarcha respecto de la dirección anunciada días atrás. Entonces, tras la quema de buses y el vandalismo, se habló de una inevitable autocrítica y de protestas convocadas de manera ansiosa, mal articuladas y descontextualizadas; “si no nos renovamos”, señaló un dirigente, “no vamos a recuperar la vigencia”. Dos semanas después regresa la “hubris”; un actuar ciego y arrogante, sobreestimando las propias capacidades y desconociendo el contexto institucional, las reglas del juego y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que objeta usar la fuerza contra los establecimientos educacionales y los propios compañeros y compañeras.
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