Retomar el paso en educación
El Mercurio, opinion editorial, 3 diciembre 2011
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/12/03/retomar-el-paso-en-educacion.asp
El ministro Felipe Bulnes, que asumió la cartera de Educación en medio de un conflicto de proporciones, hasta ahora ha estado abocado a resolverlo y, en la última etapa, a encabezar las negociaciones por el presupuesto del sector. Sin embargo, la agenda educacional es mucho más amplia si realmente se quiere hacer realidad el planteamiento presidencial de que “educación es la madre de todas las batallas”.
Afortunadamente, ha ido primando la cordura y se ha iniciado una normalización de las actividades docentes en el nivel superior, que si bien obligará a extender el segundo semestre en muchos casos hasta marzo de 2012, corresponde a la necesidad de la gran mayoría de los estudiantes y sus familias.
No cabe anticipar lo que ocurrirá el próximo año, pero diversas iniciativas están ya en trámite o a punto de comenzar su discusión legislativa. En el Congreso se discute un proyecto de ley que obliga a todos los egresados de pedagogía a rendir la prueba Inicia de conocimientos disciplinares y que significará aumentos de renta para los docentes con buen desempeño en ella. Hace algunas semanas ingresó el proyecto que crea una superintendencia de educación superior, que fiscalizará el cumplimiento de las normas legales para ese nivel y asegurará una correcta divulgación de información. Para el primer semestre del año entrante se anuncia, entre otras iniciativas, un proyecto de ley sobre carrera profesional docente y una reformulación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Todas ellas son oportunidades para que el ministro y el Gobierno vayan perfilando un mejor sistema de educación para Chile y aborden las tareas prioritarias para nuestro país.
Más aún, a mediados de semana se presentaron otros dos proyectos clave. El primero es una propuesta de aumento de las subvenciones escolares que explicita o complementa las disposiciones del presupuesto 2012. En particular, aumenta al doble la subvención escolar preferencial para los alumnos de 7° a 4° medio, adelantando además en un año el ingreso de la educación media al esquema de subvención escolar preferencial. Asimismo, se iguala esta última en 5° y 6° básico con la existente entre 1° y 4° básico. En igual proporción aumentan las subvenciones por concentración (esto es, recursos adicionales para los establecimientos en que existe una mayor proporción de alumnos vulnerables). Además, se incrementa la subvención para prekínder y kínder en 18,5 por ciento, y la subvención escolar general en 3,5 por ciento, con lo que subirá en cinco por ciento a partir de 2012. Son recursos importantes, que permitirán a los colegios cumplir mejor sus tareas, y que representan un reconocimiento de que se necesita allegar más recursos a la educación escolar para asegurar una educación de calidad y más equitativa.
El segundo proyecto apunta a desmunicipalizar la educación. Es una iniciativa valiosa, porque crea un marco para iniciar una reflexión más acabada sobre el futuro de la educación escolar estatal. Es un complemento necesario —y que debe ser leído con ella— de la Ley de Calidad y Equidad aprobada en enero pasado. Su principal propósito es asegurar una mayor profesionalización de la gestión de esta educación, que se traduzca en mejores desempeños. Para eso propone que los establecimientos municipales sean traspasados en un plazo máximo de cinco años, sujeto a un calendario establecido en la ley, a agencias públicas de educación local, a las que dota de un consejo directivo y crea la figura de un director ejecutivo, nombrado mediante el sistema de Alta Dirección Pública. En concordancia con la idea de que el principal propósito de esta legislación es asegurar un buen desempeño de los planteles estatales, se exime de la obligación de traspasarlos a una agencia a aquellos municipios con escuelas y liceos que muestran buenos resultados.
También es positivo que se aumenten las atribuciones de los directores para desvincular a docentes mal evaluados, y que se les permita una mayor injerencia en la administración de sus establecimientos. El proyecto podría mejorarse en cuanto a la configuración de los consejos directivos de las agencias, porque no es evidente que el alcalde deba formar parte de él o presidirlo, ni que funcionarios de planta o a contrata del ministerio se incorporen a ellos. Seguramente se abrirá un debate sobre si estas agencias deberían recibir un financiamiento especial, adicional a la subvención escolar, y si el traspaso de los establecimientos no debería ir acompañado de un saneamiento financiero inicial. Siendo una discusión legítima, es importante que las excepciones a un financiamiento igualitario por alumno (independientemente de si asiste a la educación estatal o particular subvencionada) no sean arbitrarias y que estén bien fundadas.
Dadas estas propuestas y muchas otras que están en discusión, resulta difícil encontrar en nuestra historia un gobierno que haya estado abordando tantos desafíos de modo simultáneo. Quizás no es la forma más eficaz de proceder, pero debe valorarse la voluntad de transformación de un sector clave. Ahora será preciso que el Gobierno encuentre un modo de hacer comprensible para los estudiantes, las familias y la ciudadanía el alcance efectivo de estas reformas.