La prensa del fin de semana, días 1 y 2 de octubre, refleja la incómoda posición en que se encuentra el Gobierno del Presidente Piñera en medio del conflicto educacional.
La opinión generalizada –entre partidarios y opositores– es que el Gobierno lo ha hecho mal, que ha sido confuso, que carece de visión y estrategia y que la mesa de diálogo a la cual ha convocado depende, a fin de cuentas, más de la volutad de la Confech que de los designios del Presidente y su Ministro de Educación.
Por ahora se trata de un diálogo de sordos (foto, Blog de Anna Henríquez, Historia1Imagen).
A continuación una selección de los materiales relevantes. A continuación, más abajo, opiniones sobre el estado de situacción.
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Presidente Piñera cierra la puerta a educación gratuita
Radiouch.cl, 2 de octubre de 2011
El Mandatario se refirió al conflicto estudiantil en el Consejo General de la UDI, donde sostuvo que “Chile no está posibilitado de alcanzar esa meta. Pero en segundo lugar, porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos financiando la educación de los más ricos”.
El Presidente Sebastián Piñera intervino en el Consejo General de la Unión Demócrata Independiente, donde se refirió a las condiciones del conflicto estudiantil, marcadas por el avance hacia gratuidad demostrado en el último encuentro de los estudiantes con el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
Piñera señaló que “el gobierno no ha asumido la causa de educación gratuita por dos razones. Primero, porque Chile no está posibilitado de alcanzar esa meta. Pero en segundo lugar, porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos financiando la educación de los más ricos”.
El Mandatario ofreció otras salidas y anunció el estudio de una beca dirigida a estudiantes del 40% más pobre de país, buscando con ello facilitar el acceso de estudiantes de familias con menos ingresos a la educación superior.
La intervención de Presidente se da en un momento clave, a pocos días del encuentro entre el ministro Felipe Bulnes, dirigentes de la Confech, secundarios y profesores. De hecho los universitarios se encuentran reunidos en Curicó, donde las palabras de Piñera marcarán los nuevos pasos a seguir por la movilización.
Luego de la reunión del jueves, los dirigentes de la Confech destacaron que el avance hacia la gratuidad era el único punto en claro entre ambas partes. Una nueva cita entre los dirigentes estudiantiles y el ministerio está fijada para el próximo miércoles, aún cuando se espera el pronunciamiento oficial de la Confech durante esta noche.
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Confech ratifica que buscará gratuidad en diálogo con el Gobierno
radio.uchile.cl, 1 de octubre de 2011
Al cierre de la jornada en Curicó, los dirigentes estudiantiles recalcaron sobre la posición del movimiento estudiantil, cuyo objetivo por alcanzar la gratuidad en la educación pública se mantendrá firme en los encuentros con el ministro Felipe Bulnes. Se confirma convocatoria a marcha para este jueves.
El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, dio a conocer los resultados de la jornada que sostuvo la Confech en el campus Curicó de la Universidad Católica del Maule, donde debatieron respecto a los siguientes pasos en su diálogo con el Gobierno.
Jackson señaló que la gratuidad del sistema educativo es el eje principal de sus aspiraciones, y declaró que “no se pone en duda el objetivo, sino que se busca determinar el cómo y el fondo”.
El dirigente explicó que el interés de los estudiantes pasa por modernizar el sistema de educación estatal, y apuntó que las condiciones exigidas “son mecanismos para lograr algo que ya es consenso político en amplios sectores de los países desarrollados”.
El dirigente minimizó el pomposo anuncio de Gobierno respecto al presupuesto para educación de 2012. Giorgio Jackson informó que el alza del porcentaje es incluso menor a otros años, y que esto sigue siendo “más de lo mismo” y “nada nuevo”.
El dirigente respondió a las palabras del Presidente Sebastián Piñera, quien indicó que es muy difícil hablar de educación gratuita en el país. Ante ello Jackson arengó a los estudiantes y declaró que “no tengamos miedo de decir educación gratuita” para Chile.
La Confech confirmó la convocatoria a una nueva marcha este jueves 6 de octubre.
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Gratuidad: documento de la Confech plantea reforma tributaria y control de la elusión
Alejandra Muñoz C., El Mercurio, 1 de octubre de 2011
Cuando los dirigentes de la Confech se sienten la próxima semana a la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación para hablar de gratuidad -el primer tema en el cronograma oficial-, lo harán con un documento ad hoc .
“Bases para un sistema gratuito de educación” se llama el texto, de 41 páginas hasta el momento, que se encuentra en etapa de redacción y que está siendo alimentado por las federaciones.
Uno de sus coautores es Giorgio Jackson, presidente de la FEUC, quien asegura que aún debe pasar una serie de revisiones con especialistas. Sebastián Farfán, dirigente de la U. de Valparaíso, agrega que su redacción lleva varios meses en proceso.
En el texto que salió de revisión por parte de los estudiantes de la U. de Valparaíso el pasado 8 de septiembre, se aprecia los argumentos de los universitarios para exigir gratuidad.
Tras una introducción en que rememoran el Estado Docente, es posible leer juicios como que “recuperada la lejana democracia de los consensos y durante los Gobiernos de la Concertación”, el sistema educativo y económico actual no sufrió cambios. Incluso, dice, el modelo “instaurado por las ideas neoliberales” fue profundizándose.
Según Farfán, en la elaboración del documento han sido apoyados por economistas del Cenda, como Manuel Riesco, y de la Fundación Terram.
Cómo y por qué
Entre otros argumentos para demandar educación gratuita, el texto alude al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Se trata de un acuerdo firmado por Chile en 1969, ratificado tres años después y promulgado en 1989.
Un artículo del pacto sostiene que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita”.
A modo de contexto, los estudiantes apelan a las diferencias que hay entre Chile y otros países de la OCDE y a los resultados del informe de dicha organización sobre el sistema de educación.
Tras fundamentar el principio de la gratuidad, definen cuál es la visión de educación que tienen. Allí plantean que es un “bien común y social” y que es obligación del Estado “garantizar la educación como derecho fundamental, en todos sus niveles, para todas las personas y sin discriminaciones”.
Tomando como base la información del Consejo Nacional de Educación sobre los aranceles, el documento concluye que financiar la mensualidad de los 300 mil alumnos de las universidades del Consejo de Rectores costaría US$1.800 millones al año.
Para financiarlo, se propone “terminar con la elusión y evasión tributaria”. El documento pide el fin de ciertos beneficios legales que permiten descontar impuestos a ciertas ganancias, como las inversiones en fondos mutuos o APV. “Sin necesidad de aumentar ningún impuesto, bastaría que el Estado ponga término a los subsidios a los ricos, eufemísticamente gasto tributario, para que se puedan recaudar alrededor de US$5.000 millones para la educación gratuita”, dice el texto.
Una cantidad similar, agrega, se perdería por la evasión tributaria. Por eso, plantean que los balances y declaraciones de impuestos de las empresas sean públicos y que se utilice un sistema de plan contable único nacional, como existe en países de la OCDE.
En el área de elusión y evasión, el texto considera especialmente el tema de las mineras extranjeras.
El documento de la Confech propone aumentar del 35% al 40% el impuesto adicional a la renta para las empresas extranjeras. “No existe ninguna razón para que los empresarios extranjeros se nieguen a pagar el 40% de impuesto a la renta, puesto que esa es la tasa máxima que deben pagar todos los empresarios chilenos en el impuesto global complementario”, dice.
En cuanto a los tributos de primera categoría, el texto propone que “si realmente se desea que los grandes empresarios paguen más impuestos, el de primera categoría podría incluso ser rebajado al 15% o incluso al 10%, pero siempre que a la vez deje de ser un crédito al impuesto personal”.
Además de considerar la renacionalización del cobre, se propone reducir los gastos en Defensa y modificar la Constitución para “que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la educación pública”.

Selección de opiniones
Mesa del dinero: hora de la verdad
El Gobierno se sienta a la mesa de conversación habiendo concedido las principales exigencias impuestas por el movimiento social.
José Joaquín Brunner, El Mercurio, columna de opinión, 2 de octubre de 2011
Una característica del conflicto educacional que se arrastra ya por casi 5 meses es la falta de claridad estratégica del Gobierno combinado con una dirección táctica confusa y vacilante.
En lo sustantivo, lo estratégico, basta recordar los sucesivos, cambiantes, planteamientos del Gobierno para constatar la completa ausencia de visión estratégica: la llamada Agenda 9+1 (¿acaso alguien la recuerda aún?); el anuncio gubernamental de que 2011 sería “el año de la educación superior”; las modestas medidas contenidas en el mensaje del 21 de Mayo; el Acuerdo GANE y el fondo FE proclamados días antes de la caída del Ministro Lavín; las 21 medidas que apenas duraron una semana en el debate público; los 4 ejes enunciados por el ministro Bulnes a mediados de agosto, para desembocar, finalmente, en los llamados “puntos de acuerdo” del pasado 24 septiembre y en el constreñido incremento del gasto educacional anunciado en la Ley de Presupuesto 2012.
En este cuadro de inestabilidad estratégica y ausencia de objetivos programáticos, no resulta extraño que el Gobierno haya alineado a la opinión pública y se siente a la mesa de conversación habiendo concedido -antes de entrar a negociar siquiera- las principales exigencias impuestas por el movimiento social. Bien sabido es que el Gobierno, sus partidos, doctrina, programa, líderes políticos y técnicos no comparten tales exigencias. Al contrario, son contrarias a su visión de mundo y postulados ideológicos. Si hoy acepta lo que ayer repudió, y mañana no podrá reclamar como suyo, se debe únicamente a sus propios errores de conducción.
En lo coyuntural, el plano táctico, a lo largo de los últimos 150 días las autoridades han oscilado continuamente entre la dureza y la debilidad, la pasividad y el ofuscamiento, la amenaza y las concesiones, sin haber desarrollado una comprensión madura y equilibrada del movimiento estudiantil, de los demás intereses en juego, del campo de acción en que se desenvuelve el conflicto, de la fuerza de los adversarios y de sus propios recursos y el margen de maniobra del oficialismo. Al final ha quedado presa de las circunstancias, bailando al compás de una música ajena, a la zaga de los acontecimientos, sin iniciativa, sin respuestas, sin coherencia, carente de control sobre situaciones que no previó ni pudo luego manejar. Por lo mismo llega debilitado a la mesa de negociación, frente a un movimiento social exitoso, pero tensionado también por sus propias contradicciones internas. No es un escenario promisorio.
Para el Gobierno es la hora de asumir los costos de su postración estratégica y su impericia táctica. Lo importante es que la cuenta no recaiga en los objetivos de largo plazo de la política educacional. En efecto, es imprescindible velar porque las soluciones que se pacten respondan al interés general -de mediano y largo plazo del sistema educacional- y no sólo a las demandas inmediatas de los actores más fuertes.
El mejor test para la etapa que viene será preguntar frente a cada asignación y subsidio cuánto cuesta al erario nacional, quiénes se verán beneficiados, quiénes quedan al margen de la repartición de recursos y cuáles son las razones que justifican tal solución.
Esto permitirá saber si efectivamente los infantes, niños y jóvenes más vulnerables saldrán favorecidos o, por el contrario, ganarán los grupos de estudiantes de instituciones de alta y mediana selectividad. Si ganan los niveles inferiores del sistema educativo, donde tempranamente se reproducen las desigualdades, o los niveles superiores, donde predominan y se expresan los intereses de las elites. Si sacan ventajas las instituciones más débiles y merecedoras de apoyo público o las más poderosas y mejor conectadas a los centros de poder. Si se imponen los grupos con mayor capacidad de interpelar al poder o reciben un trato preferente los colectivos más postergados y exentos de prestigio y audiencia en los medios de comunicación. Si se consolidan los privilegios metropolitanos o avanzan los requerimientos de las regiones habitualmente aplazados a la hora de pactar acuerdos.
En fin, es imprescindible -ahora que la batalla se traslada al terreno del presupuesto nacional- que las partes en conflicto se hagan cargo de que por encima de sus ganancias o pérdidas estamentales, corporativas o institucionales está el interés general y que no todos quienes necesitan ser atendidos han sido convocados a sentarse en torno a la mesa del dinero.
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Confianza en las universidades estatales
Juan Manuel Zolezzi, Rector de la Universidad de Santiago y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, El Mostrador, 2 de octubre de 2011
La última encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) “Barómetro de la Política” entrega un dato más que preocupante. Los chilenos y chilenas tenemos un bajo nivel de confianza entre nosotros.
El estudio asegura que la sociedad chilena se encuentra atravesada por el problema de la desconfianza interpersonal, al registrarse un aumento de cuatro puntos porcentuales, en comparación a la medición de mayo de 2011, pasando de un 85 a un 89 por ciento.
Pese a este desalentador panorama, la misma encuesta revela que la sociedad chilena sitúa a las Universidades del Estado como las instituciones en que más confían. Un 56 por ciento de los entrevistados por CERC dijo que tienen “mucha” o “bastante confianza” en nuestros planteles.
Esta es la primera vez que CERC incluye en su medición de confianza en las instituciones a las universidades estatales, decisión que estimo acertada porque es coherente con el actual pulso de la agenda pública. Un 73 por ciento de los chilenos dice, en agosto, que el principal problema del país es la educación. En marzo era sólo un 23 por ciento.
Desde 2006, esto es cuando asumo la presidencia del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, hemos procurado brindar los más altos niveles de transparencia, desde mucho antes, incluso, que fuera promulgada la Ley de Transparencia para las Instituciones Públicas. En esta misma línea, impulsamos dos proyectos de ley, hoy ya promulgados.
Fue así como pusimos a disposición de toda la ciudadanía información relevante sobre la gestión académica y económica de estas instituciones de educación superior. Entre otras acciones, hemos publicado periódicamente los balances financieros de las universidades, auditados por las certificadoras más prestigiosas del país.
Esta transparencia no es nueva para las Universidades del Estado. Sin ir más lejos, hemos sido parte del sistema de admisión a la educación superior más fiable con que cuenta el país, como es el del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Con mucha humildad y gratitud, valoramos este verdadero voto de confianza de la sociedad chilena hacia las Universidades del Estado, que son de todos los chilenos.
Entendemos que si los ciudadanos confían más en sus universidades por sobre instituciones tan relevantes como la Iglesia, las Fuerzas Armadas y los principales poderes del Estado, tenemos una gran responsabilidad: continuar trabajando para que la educación pública de calidad siga abriendo espacios a la movilidad social, y a jóvenes talentosos de sectores socialmente vulnerables.
Este nivel de confianza debe ser un mensaje para el Gobierno y el Parlamento, en cuanto a que se debe cambiar el actual trato del Estado hacia sus universidades en todos los ámbitos, demanda que hemos venido insistiendo por largo tiempo.
No me queda más que agradecer este respaldo de la sociedad chilena, que llega en un momento en que nuestras universidades atraviesan por momentos complejos. Lejos de recibirlo con beneplácito, esta confianza depositada por la ciudadanía, nos obliga a redoblar esfuerzos para seguir defendiendo la educación superior pública, procurando calidad, equidad y excelencia académica, para todos los chilenos y chilenas, sin exclusiones.
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Conflicto educacional: momentos de definiciones
El gobierno, los dirigentes estudiantiles y la oposición están forzados a adoptar posiciones de fondo que afectarán el futuro de la crisis.
La Tercera, columna editorial, 02/10/2011 – 09:00
LUEGO DE negociaciones entre el gobierno y los dirigentes estudiantiles, se constituyó finalmente esta semana la mesa de diálogo para la educación. A partir de este primer encuentro surgen disyuntivas para cada una de las partes que determinarán el curso del conflicto en las próximas semanas.
El gobierno obtuvo un respiro con la constitución de la mesa, pero resulta evidente que su autoridad ha resultado desgastada por las sucesivas concesiones que debió realizar a los estudiantes: retiro de urgencia a los proyectos en el Congreso, prioridad a la discusión de temas como la gratuidad y flexibilización de hecho del cierre del semestre académico, unidas al plazo extra otorgado a secundarios para inscribirse en el plan “Salvemos el año escolar”. La Moneda ha optado por evitar costos, cediendo y buscando transmitir una disposición absoluta al diálogo, probablemente con la esperanza de trasladar el perjuicio de una ruptura a los estudiantes y apostando una vez más al desgaste del movimiento.
Con ello, el gobierno sólo ha logrado postergar el rechazo que previsiblemente generará su postura en los temas de fondo, donde el Presidente Piñera ha reafirmado una posición opuesta, por ejemplo, a la gratuidad total de la educación y al fin del lucro. Incluso, ha sido posible apreciar en algunas autoridades la ilusión de enfrentar las peticiones estudiantiles con el sucesivo anuncio de medidas que, siendo acertadas y atacando problemas reales de la educación, se mueven en un marco institucional inaceptable para un sector de la dirigencia estudiantil que aspira al reemplazo de dicho marco, más que a su perfeccionamiento. A este grupo tampoco convence el intento por mostrar la magnitud del presupuesto planteado para educación, que será inevitablemente calificado como insuficiente por los sectores extremos.
Los dirigentes estudiantiles enfrentan, por su parte, una definición de fondo sobre el destino que pretenden dar a su movimiento, ante la disyuntiva de entrar en la discusión de los temas de fondo en la mesa de diálogo o de fijar una posición más intransigente y en línea con los sectores más radicalizados. Los dirigentes que han aparecido hasta ahora más abiertos al diálogo enfrentan la tensión entre participar en una instancia de negociación donde no serán aceptadas sus pretensiones o descalificar esta instancia y así mantener la unidad con los sectores ultras que aspiran a un cambio total del sistema. Esta segunda posición supone la prolongación indefinida del paro, cuyos costos generarán en algún momento una reacción en los estudiantes y sus familias que amenaza la continuidad del apoyo que hasta ahora han recibido de la opinión pública. Las elecciones universitarias que comenzarán a tener lugar en distintos planteles en las próximas semanas serán probablemente un plebiscito sobre esta definición.
La oposición hasta ahora ha apostado a capitalizar el desgaste del gobierno en el conflicto, pero a costa de suscribir posiciones que son incompatibles con las políticas que desarrolló durante 20 años, incongruencia que le ha sido enrostrada por los estudiantes y que en algún momento deberá resolver. Los partidos opositores deberán revaluar su postura y fijar hasta dónde están dispuestos a apoyar un movimiento que no controla y que puede debilitar la gobernabilidad que siempre privilegiaron mientras fueron gobierno.
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Senador PS, Juan Pablo Letelier: “Los estudiantes tienen que saber amarrar sus demandas”
Uno de los nexos entre el mundo político y los dirigentes cree que éstos tienen hoy el desafío de sentarse a dialogar en el Congreso.
por Cony Stipicic H., La Tercera, 2 de octubre de 2011
Prefiere hablar de “mesa de trabajo” más que “de diálogo”. Desde la vicepresidencia del Senado, y marcando un estilo diferente de su presidente, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier ha jugado un rol facilitador en los acercamientos entre el gobierno y los estudiantes. Dice que simplemente se encontró jugando el papel, que no lo buscó. Su pasada por la presidencia de la Comisión de Educación y la cercanía con varios representantes del movimiento secundario y con algunos de los líderes universitarios lo fueron instalando en la discusión.
“A Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros los conocí inicialmente en esta fecha del año pasado, cuando fueron al Congreso a preguntar por el presupuesto de educación y ver qué opiniones podían dar. Incluso, acogimos algunas indicaciones sobre el aporte basal a las universidades. Me llamaron mucho la atención, me encantaron, quiero decirlo honestamente, porque era la primera vez que yo veía a dirigentes universitarios preocupados de la cosa concreta”, cuenta.
¿Cómo ve el proceso que ellos han atravesado desde entonces hasta ahora?
Encuentro extraordinario lo que han hecho, sobre todo la capacidad de interpretar un sentir que lograron transformar en algo común de la sociedad.
¿Y cómo definiría el proceso que en paralelo ha llevado el gobierno, incluyendo el tránsito del ministro Lavín a Bulnes?
Diría que los caracteres de uno y otro son distintos. No quiero decir mejor o peor, distintos y, por tanto, el tipo de diálogo con ellos de alguna forma es diferente. En ambos vi predisposición a una conversación franca. Con el ministro Lavín me tocaron conversaciones en enero, cuando se estaban explorando modificaciones a la LGE y al estatuto docente. Y con el ministro Bulnes había comenzado a interactuar como ministro de Justicia, lo cual facilitó las conversaciones que hemos tenido ahora. Lo que he visto en el gobierno es una cierta preocupación por ejercer la autoridad, así como en el movimiento estudiantil he visto que hay mucha desconfianza.
¿Y eso ha evolucionado?
Yo creo que es lo que se está viendo en este momento. Me ha tocado ver con parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, que muchos tienen conciencia de la necesidad de reformar el sistema educacional, con diferentes matices, es cierto, pero hay consenso de que el modelo educacional se agotó. Eso me ha generado la convicción de que hay mucho más espacio para conseguir acuerdos en algunas materias de lo que algunos piensan.
¿En qué temas?
Hay bastante espacio para la reforma constitucional, la desmunicipalización, cambiar el principio de autofinanciamiento de la educación superior, la democratización de la educación, que tiene que ver con cómo facilitar los tipos de organización dentro de planteles secundarios y de educación superior. Y diría que el punto donde hay desacuerdo evidente, pero con espacios para avanzar, son el lucro en la educación y el financiamiento compartido.
Tras la crisis de los pingüinos, el lucro y la definición de educación pública quedaron finalmente fuera de las reformas. ¿Cometió la Concertación un error al no haber insistido en ellos?
El lucro y la reforma constitucional se perdieron, y sí, creo que se cometió un error al no insistir. Y sobre el fortalecimiento de la educación pública creo que no se insistió como se debía. Reconozco que yo fui uno de los seis diputados en ese tiempo que votamos contra el financiamiento compartido y que hemos tenido una posición crítica a favor de fortalecer la educación pública. Y quiero decir que yo soy crítico de que no se haya avanzado con más fuerza en el movimiento de los pingüinos tras sus demandas.
Entonces, los límites los impuso la política. ¿Cuáles son los límites para la discusión actual?
Yo veo espacios para opciones de reforma estructural. Aparte de las cosas que mencioné, habrá más recursos para la subvención escolar y un cambio en los parámetros de ésta (que no dependan solamente de asistencia, sino también de matrícula y el tamaño del colegio); una gran reforma en educación técnico-profesional y me parece que se logrará avanzar también en el lucro con recursos públicos en la educación a nivel escolar. En educación superior vamos a lograr instalar el inicio del fin del autofinanciamiento en la educación superior. Yo creo que vamos a lograr 60% de cobertura en becas y que se van a conseguir aportes basales importantes para las universidades estatales y las del Cruch.
En las conversaciones privadas que ha tenido con estudiantes y gobierno, ¿estos temas se han puesto sobre la mesa?
Estas cosas se vienen conversando en el Congreso e incluso están en un documento que establece cuáles son los puntos de consenso entre actores políticos. Me tocó trabajarlo con Patricio Melero, con Hernán Larraín y otras personas que han mostrado su disposición a avanzar, por eso me he formado esta convicción.
¿Y con los estudiantes lo ha conversado?
Sí, también. He conversado, les he mandado los documentos directamente, me los han mandado de vuelta con observaciones. He tratado de ser lo más respetuoso de su autonomía. Por eso, cualquier tipo de contacto siempre lo he hecho con absoluta reserva, y eso es algo que ellos saben y valoran, porque es un paso mínimo. Hubo, además, un segundo momento, que fue cuando ellos nos entregaron su emplazamiento donde estaba la pregunta sobre la autocrítica que se hacía -o debía hacerse- la Concertación respecto de lo que no se hizo. A mí me tocó trabajar ese documento y ahí quedó en evidencia que era necesario para algunos actores del movimiento social saber que había de nuestra parte una actitud más humilde en este debate. Fue un punto de inflexión para poder plantear cómo hoy creemos que hay que avanzar.
¿Le preocupa que los estudiantes puedan pretender ir por más? Ahora están planteando una reforma tributaria.
Esta es una generación extraordinaria, es la generación de los hijos de los 80 y tienen una particularidad: no tienen miedo. No es una generación que tenga límites. Ellos quieren avanzar en sus propuestas y eso me parece positivo. Pero hay un punto donde quizás tengan una debilidad: el saber cosechar sus triunfos. Hoy tienen un desafío: muchos de los temas que vienen se debaten en el Parlamento, no en las calles. Entramos ahora a la discusión de la Ley de Presupuesto y muchas de sus demandas tienen que ver con eso.
¿Llegó el momento de no seguir pidiendo y comenzar a cosechar?
Sí, claro. Es tiempo de cosechar, ellos tienen que saber amarrar hoy sus demandas, y no cabe duda que el tema del financiamiento es uno de los principales. Es muy importante entender que en esta próxima etapa hay que tener claridad de cuánto se logra en la Ley de Presupuesto y cuán importante son las leyes permanentes.
¿Las diferencias al interior del movimiento podrían hacer primar las posturas más radicales y dificultar esa cosecha?
Yo me imagino que en el movimiento de los estudiantes, secundarios y universitarios, existen las mismas diversidades que en cualquiera de nuestras familias. ¿Hay diferencias? Sí, por cierto. Lo valioso es que han logrado procesar su diversidad y ellos plantean sus opiniones. Hay gente que quiere avanzar más, probablemente. Hay otros que quieren consolidar primero, también, pero tendrá que ser el conjunto del movimiento el que entienda que si quieren que esto sea un triunfo, su triunfo, es importante que cosechen, porque si no van a ser otros los que lo van a cosechar, porque aquí va a haber una reforma al sistema educacional en Chile. Esto va a ocurrir, porque ya está instalado, más allá de los estudiantes. Estas demandas ya no son de los estudiantes, son de un sector demasiado relevante del país y, por ende, van a ocurrir muchas de reformas con o sin los alumnos. Por eso, es importante que sea con ellos.
¿Diría que hay condiciones para el diálogo?
Yo creo que hay condiciones para trabajar, para conquistar acuerdos y yo creo que es un paso que el movimiento social tiene que dar. Ellos tienen que mantenerse en vigilancia, en particular en el tema que es la madre de todas las batallas, que es que una vez que se discuta lo sustantivo hay que asegurar que esté el financiamiento. Y ahí el gran debate va a ser el ritmo de los cambios estructurales, porque dependiendo de eso uno puede considerar suficiente un fondo de cuatro mil millones de dólares, o insuficiente, que es mi caso. En algún momento vamos a llegar al debate de financiamiento y de la reforma tributaria, pero eso debería estar en las conclusiones de la mesa de trabajo en vez de ser el punto de inicio. Hay gente de derecha que lo entiende así también. Desde que el ministro Lavín presentó el Gane quedó dando vueltas que se necesita más financiamiento y que nada indica que con el puro crecimiento económico vamos a tener los recursos que se necesitan.
¿Qué valoración tiene usted del rol que ha jugado el Partido Comunista?
El PC es un partido de oposición, tiene a militantes de sus juventudes que son dirigentes, como Camila Vallejo. Es un actor que ha sido responsable, pero como muchos otros. Hay varios actores políticos en las federaciones o entre los secundarios, muy desconocidos para la mayoría.
El presidente del Senado, Guido Girardi, ha pateado la mesa un par de veces y el otro día amenazó con no discutir el presupuesto. ¿Usted se siente cómodo con el estilo del presidente?
Yo me siento absolutamente a gusto con la diversidad. No tengo ninguna objeción con que cada uno manifieste sus opiniones en su estilo, como punto general de partida. En mi actividad política en la mesa yo he tenido un trabajo muy fluido con el presidente del Senado, entendiendo que tenemos estilos distintos y, por lo mismo, yo comprendo cuando él, en dos ocasiones, ha tenido opiniones fuertes. Mientras él dijo: ‘Mire, si el gobierno no dialoga y desahucia el diálogo no vamos a votar la Ley de Presupuesto’, yo dije: ‘Miren, si no se avanza en la mesa de trabajo es evidente que la discusión de presupuesto se va a encrispar’. Son dos formas distintas de decir: ‘Miren, siéntense en la mesa para crear un mejor clima para la discusión de la Ley de Presupuesto, si no esto va a ser muy difícil’. Hay una cosa de estilos. Yo entiendo el del presidente Girardi. Son diferentes formas de manifestar las cosas, pero yo diría que estamos conscientes del tema de fondo.
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Fondo “Quehacer Universitario a Estándar Internacional”
Víctor L. Pérez Vera, Rector Universidad de Chile, El Mercurio, 1 de octubre de 2012
El pasado 5 de julio, el Presidente de la República anunció un fondo para la creación de centros de excelencia internacional de innovación, ciencia y tecnología. Este fondo va en la línea de la visión presidencial de que el país tenga universidades reconocidas internacionalmente.
Tener universidades reconocidas internacionalmente es una meta que está presente en las políticas públicas de los países desarrollados. No por nada la evaluación global del nivel de desarrollo de un país se mide a través de diversos rankings internacionales de las universidades. Existe alto consenso en que la capacidad de producir conocimiento y el impacto que éste tiene, tanto en el prestigio como en el desarrollo económico y social de los países, se miden a través del producto que las universidades generan, principalmente el recurso humano que forman y la calidad de la investigación que producen.
La institucionalidad nacional no tiene universidades que sean competitivas en los rankings internacionales de calidad. En el ranking SCimago, sobre productividad en investigación (número de publicaciones, citas reales y calidad de las revistas en que aparecen), la Universidad de Chile ocupa el lugar 9 en América Latina y el 394 a nivel mundial. Las que le siguen en el país están en los lugares 13 y 585, 24 y 899, y 52 y 1.635, respectivamente. La Universidad de Sao Paulo ocupa el lugar 1 en América Latina y el 19 a nivel mundial.
No obstante esa realidad, sí existen en Chile unidades dentro de las instituciones que tienen un sello, una personalidad, una presencia, un tamaño o masa crítica que marcan una diferencia potencial para ideas poco ortodoxas y una opción real para destacar en el concierto internacional.
En la concepción presente de las universidades de alto prestigio y nivel de competitividad se observa que lo central al éxito logrado es la concurrencia de disciplinas y oficios, capaces de focalizarse en desafíos intelectuales de un mayor fuste, generando productos de alto impacto y teniendo un decidido efecto en el bienestar de la sociedad en que se desarrollan. Lejos va quedando el modelo de desarrollo universitario basado en áreas disciplinarias (plenamente vigente en la universidad chilena), para centrarse en los problemas, como elementos articuladores y motivadores, que impulsan la concurrencia de las disciplinas. Es la superación de la disciplina individual nacida de la observancia de un problema o fenómeno; es, en realidad, la comprensión de la complejidad con los aportes de la particularidad disciplinaria.
Este fondo tendría como misión convocar, seleccionar y financiar propuestas para establecer en las universidades focos de excelencia internacional que establezcan los necesarios estándares intelectuales de referencia en el sistema universitario nacional y que posicionen al país en una ubicación expectante dentro del concierto internacional.
Las condiciones mínimas para calificar se deberían relacionar con: a) identificación de una temática o conjunto de problemas, pertinentes al desarrollo económico-social del país, de alto valor intelectual, que requiera en forma ineludible de la concurrencia de un conjunto de disciplinas para su realización; b) alto potencial (probado) para formar recurso humano (todos los niveles), generación de conocimiento de frontera (validado) y los subproductos de la academia (patentes, spin-offs ); c) una masa crítica de investigadores y una infraestructura que permita una acelerada focalización en los problemas y los logros, y d) ser partícipes de una universidad acreditada en todas sus áreas de actividad con seis o más años; siendo aceptable la colaboración interuniversidades con la universidad líder, cumpliendo con las exigencias previas.
Como visión, el fondo debería permitir tener, en el plazo de 10 años, áreas del conocimiento con prestigio internacional verificable, que han aportado a su institución, al país y a la humanidad a través de sus logros, que sean centros de referencia del conocimiento respectivo, marcados por la internacionalización de sus participantes, con un reconocimiento por parte de la academia, de la industria y de los sistemas gubernamentales del recurso humano formado.
En el Presupuesto de la Nación 2012 se debiera reflejar este estratégico anuncio presidencial. Para ser efectivo, el fondo debería asignar propuestas del orden de 10-20 millones de dólares anuales (en cinco años, renovables), acorde con la trascendencia de esta iniciativa.
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Temas económicos: Presupuesto al trasluz
Semana Económica, El Mercurio, 1 de octubre de 2011
El gasto público crecerá cinco por ciento en 2012. Es la expansión más reducida desde 2003 y constituye una señal importante de responsabilidad fiscal, tras años de aumentos sustanciales de dicho gasto, sin contrapartida evidente en su productividad. Fueron incrementos muy marcados por programas de carácter más bien asistencial y, en 2009, por un fuerte componente contracíclico, cuyos efectos estabilizadores parecen haber sido, cuando más, modestos.
Uno de los pilares del país en el progreso logrado en los últimos 25 años ha sido su política fiscal, particularmente la prudencia en el aumento del gasto público. Éste se halla actualmente algo más de dos puntos porcentuales del PIB sobre el promedio del período 1995-2010, que alcanzó su máximo en 2009, con casi 25 por ciento del PIB. Es, pues, oportuno moderar su crecimiento y asegurar un uso eficiente de los recursos fiscales. El próximo año alcanzará tres mil 500 dólares por persona; en 1990 era de 485 dólares por persona. No es evidente que este significativo aumento haya producido efectos de igual magnitud.
Por tanto, es positivo que en el proyecto de Ley de Presupuestos 2012 haya un esfuerzo por ordenar y consolidar el gasto público, en busca de una mayor eficacia, reforzando iniciativas que han mostrado resultados y acotando aquellas que dejan dudas. Queda la impresión de que se han aprovechado bien las diversas evaluaciones de los programas públicos practicadas en los últimos años para reordenar prioridades y reorganizar algunas políticas públicas. Debe recordarse que una proporción elevada de estas evaluaciones (licitadas periódicamente por la Dirección de Presupuestos entre grupos de expertos independientes) han mostrado deficiencias relevantes en varios programas desarrollados por el Estado.
Estos cambios, quizá poco notorios si se consideran aisladamente, deberían más temprano que tarde producir un efecto importante en la calidad de las iniciativas públicas y percibirse con fuerza por la ciudadanía.
Educación: ¿esfuerzos suficientes?
En esta ocasión, el presupuesto de educación va a ser objeto de un escrutinio especial. Se contempla un aumento de 7,2 por ciento, para alcanzar una cifra de 11 mil 650 millones de dólares. Es un esfuerzo considerable, aunque no demasiado distinto del de años anteriores. Pero en esta ocasión ese aumento de recursos se complementaría con la creación por medio de la Ley de Presupuestos de un fondo de cuatro mil millones de dólares que, en la práctica, hará crecer el compromiso gubernamental con educación. Es un fondo que se gastaría de cuatro a seis años, y durante 2012 se ejecutarían más de 400 millones. Estas cifras indican que educación es una prioridad para el Gobierno.
Sin embargo, el Presidente ha sostenido en múltiples ocasiones que “la educación es la madre de todas las batallas”, y cabe preguntarse si los esfuerzos que se están realizando, sin duda importantes, son suficientes para materializar efectivamente esa aspiración. La respuesta no es evidente. Por ejemplo, hay un notorio esfuerzo para elevar la subvención escolar preferencial en 28 por ciento para el 20 por ciento más vulnerable de los estudiantes y en 14 por ciento para el siguiente 20 por ciento. Este aumento -que depende de un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional- es una iniciativa valiosa, y responde a la idea de que los alumnos más vulnerables requieren mayor financiamiento para superar las desventajas de origen. Pero no hay un aumento extraordinario de la subvención general, cuyo valor es todavía bajo. Nuestro gasto por estudiante, comparado con nuestro ingreso per cápita, está por debajo del de los países de la OCDE, tanto en educación primaria como secundaria. Sería pertinente un esfuerzo especial para cerrar más rápidamente esta brecha.
La educación preescolar, si se desarrolla apropiadamente y se asegura la presencia de buenos educadores, puede ser una fuente insustituible de igualdad de oportunidades. Desde esa perspectiva, las metas que se ha propuesto el Gobierno parecen modestas. Por ejemplo, plantea alcanzar una cobertura de ciento por ciento en prekínder para el 40 por ciento más pobre sólo en 2018, pese a que actualmente ya está en 62 por ciento. En contraste, hay un esfuerzo de magnitud por aumentar las becas en educación superior, que puede significar un alivio importante en la carga financiera de familias de ingresos medios emergentes y bajos. Tales becas aumentarían en un número cercano a 24 mil, para totalizar más de 160 mil, esto es, un aumento de más de 17 por ciento. Además, se crean mil becas para promover el desarrollo de propedéuticos en la educación superior, que permitan una vía de acceso alternativa al actual sistema de admisiones que utilizan las universidades y que debería beneficiar a estudiantes de sectores más vulnerables. Este programa deberá evaluarse cuidadosamente para verificar su efectividad.
En cuanto a las instituciones de educación superior más complejas, en el Consejo de Rectores se plantea actualmente una serie de fondos que no es evidente cómo interactúan con los aportes ya existentes, ni tampoco si las ayudan a potenciar efectivamente su labor. El aporte basal a estas instituciones ha ido quedando rezagado y parece prudente aumentarlo gradualmente, aunque sujeto a una mayor rendición de cuentas y a cambios razonables en los gobiernos corporativos de las universidades estatales, en línea con los imperantes en las mejores universidades estatales europeas y estadounidenses.
En suma, si bien el proyecto de presupuestos en educación tiene varios aspectos positivos, quizás es insuficiente para abordar los desafíos que en este campo están planteados en la discusión nacional.
Interesantes lineamientos en áreas sociales y fondos regionales
Se observa interés en asegurar una acción más integral de la política social, con una mayor coordinación entre distintas reparticiones para asegurar una mejor implementación de ella y abandonar los énfasis excesivamente sectoriales que limitan su eficacia. Es un aspecto novedoso de este proyecto de presupuesto.
También en programas de larga data, como los de vivienda, se advierte un marcado esfuerzo por asegurar una mayor integralidad, particularmente mediante proyectos urbanos integrales que permitan hacer mejor ciudad. Salud es otro sector en el que se agregan recursos significativos. Las prioridades parecen, además, correctas. Por una parte, se aseguran incrementos de recursos para atención primaria y mejoramientos en las atenciones de urgencia, y se redoblan los esfuerzos para reducir los tiempos de espera por atención de salud en niveles secundarios y terciarios, lo que va acompañado de una importante recuperación puesta al día de infraestructura. Por tanto, hay posibilidades efectivas de que la población note un mejoramiento en esta área que, como es lógico, siempre le ha sido prioritaria.
Asimismo, se busca asegurar el cumplimiento de las metas de reducción de la extrema pobreza y, más adelante, de la pobreza. La puesta en marcha del ingreso ético familiar, que combina en forma atractiva apoyo directo a los hogares en situación de vulnerabilidad con políticas que premian el esfuerzo de sus integrantes, permite avanzar en la articulación de un verdadero pilar de apoyo al esfuerzo personal, que complemente los énfasis en protección y asistencia social que han caracterizado a la política social chilena.
Hay también un esfuerzo importante en pro de la descentralización, que se traduce en un incremento significativo de los recursos para programas de inversión de los gobiernos regionales, dos tercios de los cuales serán de libre disposición.
Énfasis diluido en innovación y productividad
Un punto débil en el presupuesto es que no quedan claros los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico y la productividad. Por ejemplo, se ve débil en materia de apoyo a la innovación. El Gobierno se comprometió en su momento a duplicar el gasto en investigación y desarrollo y asegurar un uso efectivo de los recursos en este ámbito, pero no hay en esta materia novedades interesantes. Esto puede afectar la meta del Gobierno de incrementar el crecimiento de tendencia de la economía chilena en los próximos años.
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Un discurso conservador
Pedro Gandolfo, El Mercurio, columna de opinión, Sábado 01 de Octubre de 2011
Las protestas han llegado para quedarse. El número de personas que convocan es impresionante, y sus asistentes atraviesan todos los segmentos sociales y etarios. Es bueno que sea así, pero es importante que se canalice esa suerte de carnaval embrionario que he presenciado por televisión. Chile es uno de los pocos países del mundo que no tienen un gran carnaval, que se tome las calles con alegría, desparpajo y fiesta. En la antropología comparada, el carnaval, la fiesta popular de masas, cumple una función social conservadora. La suspensión temporal y reglamentada de las instituciones opera como una suerte de tapón que descarga las tensiones, malestares y descontentos que se acumulan en cualquier cultura fuertemente normalizada como la nuestra: para que todo pueda continuar igual, es gatopardescamente conveniente que, cada cierto tiempo y de manera condicionada, todo cambie.
Percibo que las marchas ya no son un instrumento para algo: son un fin en sí mismo. Se protesta por protestar, porque gusta protestar, porque libera tensiones, porque entretiene y suspende transitoriamente el tiempo cotidiano, subvierte el orden y las jerarquías gravosas.
Si se quiere conservar el “modelo” o el “sistema”, como se suele decir, lo óptimo es institucionalizar estas protestas, convivir con ellas, disminuyendo al máximo sus efectos destructivos sobre el orden público, transformando a la fuerza pública en guardiana y ya no en contenedora o represora. El auténtico carnaval, con todo, debe estar acotado en el tiempo y en el espacio. La excepcionalidad de su acaecer es esencial: no puede convertirse en un episodio rutinario y habitual. Es, así, conveniente un nuevo trato entre las autoridades y “los protestantes”, de modo que marchas -cada vez más carnavalescas, esporádicas y pacíficas- ganen autonomía respecto de la agenda educacional. A la mayoría de los chilenos les gusta esta instancia de relajo, y si se las concibe y encamina en el sentido señalado, no son una amenaza contra el orden vigente. Al contrario, el auténtico conservador debe considerarlas como un mecanismo de preservación del mismo.
Ese conservador debería, además, estar bastante tranquilo respecto a las peticiones. Las escuelas, según lo han señalado estudiosos como Michel Foucault, Ivan Ilich y el chileno Claudio Naranjo, son los principales instrumentos que posee la sociedad para reproducirse. El famoso “currículum en la sombra” es una realidad: la escolarización es un mecanismo pivotal de socialización, y altamente funcional a la economía industrial y financiera. Una educación estatal gratuita es un candado para la perpetuación de ese esquema. Si se lo piensa así, la petición es bastante conservadora.
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