Autoridades universitarias se sumarán a instancias para perfeccionar puntos de la propuesta:
Consejo de Rectores reanudó diálogo con Lavín y se integrará a mesa de trabajo
Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile, valoró la propuesta del Presidente Piñera y la creación de una Superintendencia de Educación Superior ante el tema del lucro. Ministro Lavín se declaró satisfecho por la actitud de los rectores. “Siento que es un gran primer paso en este Gran Acuerdo Nacional por la Educación”.
NELLY YÁÑEZ N., El Mercurio 7 de julio de 2011
El escenario cambió. La nueva propuesta en educación -lanzada por el Presidente Sebastián Piñera- llevó anoche al Consejo de Rectores a reanudar el diálogo con el ministro Joaquín Lavín, que había quedado en punto muerto el miércoles 29 de junio, luego que las autoridades universitarias consideraran “insuficiente” la propuesta que el Gobierno les entregó ese día.
“Vamos a reanudar el diálogo que tenemos con el ministro de Educación, para seguir profundizando y perfeccionando temas en los que todavía hay que seguir avanzando”, dijo Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile, luego de más de tres horas de reunión en el octavo piso de esa cartera, oportunidad en que acordaron integrarse a mesas de trabajo para perfeccionar puntos de la propuesta.
Pérez valoró que el Jefe del Estado haya acogido una serie de planteamientos del consejo, entre ellos la rebaja a los intereses de los créditos con aval del Estado; que se haya anunciado el estudio de un nuevo sistema con estos propósitos y que el 40% de los alumnos de mayor vulnerabilidad tenga acceso a becas.
Hizo ver que el crédito “es un instrumento con tasas muy altas para las familias chilenas y el Presidente estableció que se buscará no sólo que su tasa baje al 4% o menos, sino que se llamará a un grupo de expertos, e imagino que también a dirigentes estudiantiles para rediseñarlo por completo”.
También valoró que se haya acogido la ley del lobby y que se haya refrendado que las universidades tradicionales puedan tener recursos basales para asegurar su sustentabilidad.
No obstante, uno de los puntos más destacados por Pérez fue la creación de la Superintendencia de Educación Superior.
La nueva institución -afirmó- dará “garantía y fe pública de transparencia y que se cumpla con la ley. Y hoy día la ley establece que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro. Como Consejo de Rectores estamos planteando que se cumpla con la ley y por eso valoramos que el Presidente de la República haya decidido instalar una Superintendencia de Educación Superior”.
La postura de los rectores contrastó con la de los estudiantes, quienes rechazaron la propuesta de La Moneda y anunciaron que continuarán movilizados. No obstante, Pérez enfatizó que esto no significa una fricción.
“En lo absoluto. Nosotros valoramos todo lo que los estudiantes han estado haciendo desde Arica a Punta Arenas. Han hecho planteamientos que nosotros hemos respaldado”, enfatizó, al sostener que ojalá se pudieran reunir con el Ministerio, aunque no están dispuestos a ser un puente.
Satisfacción de Lavín
El ministro Joaquín Lavín no ocultó su satisfacción por haber reanudado el diálogo con los rectores.
“Estoy muy contento, porque siento que es un gran primer paso en este Gran Acuerdo Nacional por la Educación”, sostuvo, al informar que en los próximos días se empezarán a constituir las mesas de trabajo.
En el calendario, el ministro insistió en que su prioridad está en el cambio en el crédito con aval del Estado, el que pretende ser despachado de aquí a 30 días.
Frente a la Superintendencia, dijo que fue una instancia muy demandada por el rector Pérez y que “es un proyecto de ley que enviaremos lo más rápido posible”.
Ante el rechazo de los estudiantes a la propuesta, el ministro afirmó que hay que ir paso a paso. “Lo de hoy es un paso grande, el poder reanudar nuevamente el diálogo con los rectores. Ya se abrirán las puertas del diálogo con los otros sectores. La educación requiere humildad, generosidad y unidad, y en eso vamos a estar como ministerio y yo como ministro”.
Rector Sánchez valora propuesta
Satisfecho con la valoración del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores a la propuesta en educación presentada por el Presidente Sebastián Piñera se declaró el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien la semana pasada renunció a la vicepresidencia alterna de esa instancia, acusando “intransigencia” de sus pares ante el rechazo de la propuesta gubernamental.
La disposición al diálogo -que demandó al momento de su dimisión- fue justamente lo que el rector de la UC valoró anoche, al término de la extensa reunión con el ministro Joaquín Lavín, donde el acuerdo fue perfeccionar el documento a través de mesas de trabajo, a la que espera se incorporen los estudiantes.
Destacó que las enmiendas planteadas por La Moneda al financiamiento estudiantil “ayudarán a miles de familias que se encuentran muy asfixiadas por los créditos en educación”, y consideró como “muy buenas noticias” el fondo de 4 mil millones de dólares que se le inyectarán a la educación; el apoyo a las ciencias, y el fondo basal de revitalización de las universidades estatales.
El rector Ignacio Sánchez hizo ver que tanto la Subsecretaría como la Superintendencia de Educación Superior van a fortalecer lo que existe hoy en materia de institucionalidad, y que los cambios en la acreditación “permitirán tener un sistema más sólido”.
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Rectores de Ues privadas dicen que no los han incluido en reforma a educación superior
“Es muy triste e incomprensible que se tomen decisiones a nuestras espaldas, sabiendo que somos mayoría, no sólo en cantidad sino también en matrícula”, dijo el padre Montes.

La Segunda, 7 de julio e 2011
Molestia existe entre algunos rectores de universidades privadas porque sienten que el gobierno no los ha considerado en el debate para diseñar la reforma a la educación superior como sí ocurre con el Consejo de Rectores (Cruch), organismo que agrupa a las 25 universidades tradicionales del país.
“Es muy triste e incomprensible en un país democrático que se tomen decisiones a nuestras espaldas, sabiendo que las universidades privadas son mayoría no sólo en cantidad sino también en la matrícula”, dijo el rector de la Universidad Alberto Hurtado, padre Fernando Montes.
Agregó que “el debate debe ser sin exclusiones y si bien el gobierno nos ha invitado para informarnos, no está dialogando con las universidades privadas como sí lo hace con el Cruch. Que existan quejas contra algunas universidades privadas, por el tema del lucro y de la calidad, no es justificación para excluir a todo el sistema privado del debate. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es iniciar urgentemente la corrección a esas realidades”.
Su par de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, agregó que “tenemos un sentimiento de que hemos sido excluidos del debate y sin duda tenemos cosas importantes que decir. Estamos empezando a conversar con el ministerio, por lo que esperamos que este vacío al sector privado se revierta en los próximos días porque sin duda ha habido una exclusión”.
Agregó que al comparar el diálogo que han establecido con el Cruch, “objetivamente es diferente y eso no me parece sano. Tampoco me parece sano la actitud de algunos planteles tradicionales que han tenido una actitud muy agresiva y que, mirado desde afuera, se ve muy cercana al movimiento estudiantil. Eso, de alguna manera, son presiones políticas al Ejecutivo donde se ve una especie de concertación entre esas universidades y los estudiantes. Eso es complejo e inadecuado”.
En tanto el rector de la Universidad Andrés Bello, Pedro Uribe, se declaró perplejo ante los anuncios presidenciales destinados a impulsar la reforma a la educación superior: “Miramos esto con perplejidad porque no hemos sido actores invitados a participar activamente en este debate”, pese a que la mayor parte del sistema universitario está en manos de planteles privados, dijo en radio ADN.
Y agregó que no todas las universidades privadas son iguales y no a todas las motiva el lucro. “Hay universidades donde hay un proyecto educativo y de fuerte vinculación con el medio o de investigación fuerte. Hay universidades que son selectivas y otras son menos selectivas y que sólo educan, pero todas ellas son parte de lo que el país necesita”, dijo.
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Por Qué la Educación Superior Chilena Es la Más Cara del Mundo
Estrategia, 7 de julio 2011
Con un valor anual promedio de US$3.400, el arancel cobrado por las universidades domésticas se ha disparado sistemáticamente en los últimos 20 años. En el caso de las públicas, sólo entre 1995 y 2005 el alza fue de casi el 100%.
Exiguo aporte estatal, focalización de los subsidios, alta demanda y valoración excesiva de la tasa de retorno, serían elementos clave en este fenómeno.
“El arancel medio en Chile equivale al 22,7% de nuestro PIB per cápita, superior al de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Japón”.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consignan que, a precios relativos, la Educación Superior (ES) en Chile es la más cara del orbe. Con un valor promedio de US$3.400 anual, el arancel doméstico equivale al 22,7% del PIB per cápita, superior al de naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Japón.
El fenómeno ha sido advertido por diversas entidades foráneas, como el Banco Mundial, entidad que en un informe conjunto con el citado organismo multilateral constató que “una causa relevante de desigualdad (en nuestro país) incluye el alto costo de estudiar”.
En opinión de diversos agentes, no ha sido posible detectar el punto exacto de inflexión en este rally, pero a la luz de los antecedentes disponibles en el Ministerio de Educación (Mineduc), se traslucen lapsos en que el valor se disparó con vigor durante los últimos 20 años; sin ir más lejos, entre 1995 y 2005 el aumento arancelario promedio llegó al 92,8%.
¿A qué responde esta situación? Felipe Salazar, investigador del Centro de Políticas Comparadas de la Universidad Diego Portales, sostiene que se ha consolidado “una gran demanda en un mercado que no tiene nada de competitivo, al ser muy segmentado.” Añade que si bien existen aranceles de referencia entregados todos los ejercicios por la cartera del ramo para cada establecimiento, “finalmente éstos cobran más; saben que los cupos se van a llenar de todas formas: lo que devela un problema serio”.
Alejandra Mizala, del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile, acota que “las casas de estudio no compiten por alumnos, sino que por marketing, relacionado más bien a aspectos como la infraestructura, a aparecer en los diarios o a las acreditaciones. Elevan sus aranceles en pos de ello y la demanda no desaparece, en vista de lo que es considerado como una alta tasa de retorno”.
En esa línea, Rodrigo Troncoso, de Libertad y Desarrollo, enfatiza que la clave en esta discusión es que “el costo de educar en las instituciones ha subido mucho con la entrada en vigencia de las acreditaciones. Hay una gran presión por mayor infraestructura y ofrecer un producto de mejor calidad”.
Aporte Insuficiente
No obstante lo descrito reviste un elemento sustancial en el análisis, no explica necesariamente el elevado valor relativo respecto de otras naciones con mayores ingresos. La diferencia, plantean los consultados, se relacionaría entonces con el exiguo aporte público a la ES.
Patricio Gajardo, del Instituto Libertad, reconoce que se trata de una prestación “cara en todo el mundo; el problema doméstico es que el porcentaje de las familias que asumen los costos es muchísimo más alto que el promedio de la OCDE”. Subraya que “en los ’80 había una importante contribución estatal, y el precio era bastante menor; eso sí, quienes ingresaban eran parte de una élite”.
Sobre el particular, Gabriela Cares, coordinadora de Políticas Educativas del programa “Educación 2020”, precisa que “alrededor del 85% del costo de una carrera en Chile es pagado directamente por los hogares; sólo el 15% corresponde a financiamiento público, mientras que en la OCDE, en torno al 70% proviene del Fisco, lo que da cuenta de un contraste gigante”.
Manifiesta que este hecho ha confluido en “la exclusión, en muchos casos, y un nivel de endeudamiento elevadísimo para quienes logran acceder, generando en definitiva un sistema que reproduce inequidad”.
Tasa de Retorno
Se ha inoculado en la cultura nacional que un título universitario asegurará altos ingresos, lo que “en la práctica dependerá mucho de cada carrera”, acota Mizala. En efecto –indica– “hay trabajos técnicos con mayor rentabilidad, pero la gente aún considera que el escenario es parecido al de hace 20 años cuando la cobertura era mucho menor y ser titulado era algo exclusivo que garantizaba un recorrido laboral”, elemento que sigue dando sustento a la demanda.
En este contexto, la economista afirma que las tasas de retorno promedio son del 20% para las carreras universitarias y de un 10% para aquellas técnicas. Las familias lo consideran “alto y están dispuestas a pagar los aranceles y endeudarse transitoriamente”.
Recomendaciones
La OCDE y el Banco Mundial han recomendado a Chile “como medidas complementarias para proteger a los estudiantes de un excesivo aumento de los aranceles, exigir que las instituciones de ES, cuyas tarifas suben más rápidamente que el promedio nacional, justifiquen por qué sus costos son diferentes”.
Salazar, en tanto, recalca que es fundamental incrementar el gasto con subsidios más focalizados, sin interferir en el nivel de los aranceles: “Que las universidades sigan eligiendo sus costos, pero que el Estado garantice bajo algunas condiciones, el pago del arancel al estudiante”, sentencia.
Gajardo, a su vez, sostiene que es indispensable “identificar adónde van los grupos más vulnerables, ya que si los subsidios sólo se dirigen a las instituciones estatales, estos finalmente se destinan, en un porcentaje mayoritario, a egresados de colegios particulares”.
La Brecha Entre el Arancel Referencial y el Efectivo
Desde 2005, el Ministerio de Educación entrega un “arancel referencial” para las respectivas carreras de cada universidad, con miras a establecer los recursos de becas y créditos que el Estado y las mismas instituciones entregan a los estudiantes.
La brecha entre tal cifra y la efectiva es amplia. Por citar un ejemplo, para la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica (UC) la diferencia entre ambos montos ha sido de casi $2.000.0000; mientras que en Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, el margen detectado ha sido superior a $1.000.000.
En este sentido, Rodrigo Troncoso, de Libertad y Desarrollo, consigna que “es un sistema que está absolutamente viciado; incluso, hay veces en que la diferencia significa la mitad del costo real de una carrera”.
Así, la OCDE recomendó que “en vista de las complicaciones, el Mineduc debería estudiar cuidadosamente las ventajas y desventajas de mantener el sistema de aranceles de referencia en su forma actual, y considerar seriamente revisar o simplificar su enfoque y metodología”.
¿Y Respecto a la Región?
El escenario doméstico de la Educación Superior (ES) dista bastante del que exhibe la mayoría de los países en la región. Mientras el arancel promedio local supera largamente los US$3.000, en naciones como Argentina, Nicaragua y Uruguay, el servicio es gratuito.
“Chile fue el primer país de América Latina que introdujo aranceles de pago en las instituciones públicas de ES, a comienzos de la década de los ’80, y es todavía el único con altos aranceles a nivel de pregrado”, consigna la OCDE.
El secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Argentina, Dr. Alberto Dibbern, por ejemplo, comenta que “además de no tener costo, se otorgan 47.000 becas para carreras prioritarias”. María Laura Dodino, coordinadora de Educación Superior del Ministerio de Educación de Uruguay, por su parte, relata que “el 80% de los estudiantes están en la Universidad de la República, la que es gratuita, y el sistema de ingreso es abierto; no hay ningún tipo de selección más que haber egresado de bachillerato”.
MARKETING. “Las casas de estudio no compiten por alumnos, sino que por marketing, relacionado más bien a aspectos como la infraestructura, aparecer en los diarios o a las acreditaciones. Elevan sus aranceles en pos de ello y la demanda no desaparece”, advierte Alejandra Mizala, economista de la U. de Chile.
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Académicos critican “continuismo” en anuncios de gobierno para educación
Eduardo Orellana, Radio uch.cl, 7 de julio de 2011
Un foro de estudiantes y académicos analizó las propuestas entregadas por el Presidente Sebastián Piñera para mejorar la educación superior. Las críticas apuntan a que la solución es insuficiente y no se relaciona directamente con la demanda estudiantil.
Centenares de estudiantes y miembros de la comunidad académica se reunieron la mañana del miércoles en la Facultad de Medicina de nuestra universidad para asistir al seminario “Diagnóstico y Debate sobre la Institucionalidad de la Educación Superior”, en el cual expertos y líderes de las presentes movilizaciones entregaron sus visiones sobre la materia, a la luz de la actual coyuntura, y donde los recientes anuncios presidenciales fueron tema obligado de análisis.
Al respecto, el académico de la Facultad de Derecho y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, criticó que en el presidente Sebastián Piñera evitara referirse a la problemática del lucro en la educación, tema que se ha convertido en una de las principales demandas de las movilizaciones ciudadanas, lo que a su juicio denota incapacidad del actual gobierno para recoger las inquietudes de la ciudadanía.
“Respecto a esa queja, apreciada desde el punto de vista simbólico es la principal, manifestada toda esta semana, el Presidente guarda silencio. Para cualquier observador es incomprensible que, al cabo de seis semanas, el gobierno no tenga reacción, sino sólo llamar a un diálogo, como si la ciudadanía hubiera estado muda”, sostuvo Peña.
Crítica fue también la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, quien calificó la propuesta gubernamental de continuista, sin abordar cambios estructurales al actual sistema. Vallejo declaró que “la línea que sigue esta propuesta es continuismo, no hay un cambio en el modelo de las políticas en materia educacional. Se inyectan mayores recursos, pero para fomentar esta lógica y no hay cambios estructurales. No hay grandes avances, pero esto es algo que deben discutir estudiantes, profesores y académicos a lo largo de todo Chile”.
Cambios que el sociólogo, académico y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, afirmó deben ser sustanciales, de manera que antes de desarrollar una reforma al actual sistema, se hace necesario llevar a cabo una refundación de la educación nacional en su dimensión más amplia, en la cual el Estado asuma un rol preponderante no sólo en la educación superior, sino también en la técnico profesional, que afirma en la actualidad se encuentra completamente en manos de privados.
“Lo que se requiere la refundación del sistema de educación superior en Chile. Refundación, no reforma, no paliativo, no repensar la estructura. Todo proyecto de sociedad lleva un proyecto de educación. La dictadura tenía un modelo de sociedad y, por lo tanto, implantó un sistema de educación superior acorde a ese modelo. En la medida que la sociedad quiere apartarse de ese modelo, hay que cambiar el sistema de educación, eso no lo entienden”, apuntó el sociólogo.
Pese al amplio rechazo a la propuesta gubernamental, hubo también cautela ante la posibilidad de que el movimiento por la educación pudiere entrar en una fase de fragmentación que frustrara sus pretensiones, como ocurrió con los llamados “Pingüinos” con la dictación de la Ley General de Educación.
Al respecto, el ex presidente del Consejo Asesor Presidencial constituido entonces, Juan Eduardo García-Huidobro, afirmó que efectivamente las actuales movilizaciones son consecuencias de que las anteriores demandas por mayor acceso y equidad en la educación no fueron satisfechas. “Creo que tenemos una deuda o reivindicación no respondida que hoy hace que el movimiento resurja, la educación es algo demasiado importante para la gente, tiene que ver con la emancipación personal, pero tiene que ver también con la posición que uno ocupa en la sociedad, la que hoy está regulada por la cuna y no por la educación”.
Durante la jornada también se presentaron propuestas de cambio para el actual sistema educacional, como la dada a conocer por el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, uno de los organizadores del evento. Una de las proposiciones, que indicó el director de la institución, Marcos Barraza, consiste en la creación de una red nacional de universidades que reconozca las definiciones, propósitos y fines diferenciados de los centros de educación superior de Chile, y a la cual puedan integrarse aquellas instituciones que deseen orientarse a la educación pública, reconvirtiéndose a partir de los parámetros de regulación y fiscalización que defina el Estado.

Educación: una propuesta interesante
El Mercurio, opinión editorial, Jueves 07 de Julio de 2011
El Presidente Piñera ha vuelto a reiterar su compromiso con la educación y su papel en la igualación de oportunidades. Recordó, además, que la agenda educacional no se puede agotar en los estudios superiores y confirmó su deseo de seguir avanzando en educación escolar, respaldando implícitamente la agenda que emergió de los acuerdos que permitieron las aprobaciones de las leyes de Calidad y Equidad de la Educación y de Aseguramiento de la Calidad, en enero y abril, respectivamente. Cabe recordar que, adicionalmente, en la agenda gubernamental se incorpora un aumento significativo en la subvención escolar, con especial énfasis en los estudiantes más vulnerables y de ingresos medios. Esta iniciativa también incluye la extensión gradual de la subvención preferencial -actualmente sólo vigente hasta 8° básico- a la educación media. Como consecuencia de este programa, el gasto en subvenciones aumentará en los próximos años en cifras que ascienden a tres mil millones de dólares. Mantener esta agenda es fundamental, porque la base para tener una educación de más calidad y más equitativa es el nivel preescolar y escolar. En la educación superior, los esfuerzos que pueden hacerse en cuanto a equidad son más limitados, pues este sistema, por sus características, es más selectivo. Continuar con ese foco permite asegurar que seguirá allanándose el camino para avanzar decididamente en este ámbito.
Puesto ahora el énfasis en la enseñanza superior, emerge del planteamiento del Presidente Piñera un programa valioso. Por cierto, esta iniciativa no resuelve todos los problemas existentes en ella, pero representa un avance significativo. Sostuvo con decisión que no se trata de cambiar el modelo vigente de provisión mixta, sino de abordar sus carencias y de enfrentar los problemas que van emergiendo, como es natural en un sistema que en 25 años ha cuadruplicado el número de estudiantes. Parece el camino acertado, en vez de volver a un modelo con las características del existente hace 40 años, que goza de poco aprecio no sólo en Chile, sino también en los más diversos países y entre los más distintos expertos. Ahora será determinante que el Gobierno actúe con celeridad para precisar y concretar los anuncios, y materializar los proyectos de ley y los cambios administrativos requeridos.
Destaca entre éstos un fondo extraordinario de cuatro mil millones de dólares para educación. Es una señal clara de compromiso con las reformas educacionales tanto en la educación escolar como superior. Ese fondo permitirá apoyar la ambiciosa agenda del Gobierno, cuya materialización definitiva trasciende su período, teniendo como horizonte -definido en el programa de gobierno- el año 2018. Responsablemente se deben crear las condiciones para que la agenda pueda sostenerse más allá del período presidencial, alcanzando acuerdos y disponiendo los recursos. No es raro, pues, que el Presidente haya insistido tanto en la importancia de lograr acuerdos en este campo. Ahora bien, ese fondo es una forma muy concreta de asumir esa responsabilidad, porque permitirá sostener hasta esa fecha los compromisos derivados de las iniciativas en educación escolar y superior. Los ingresos adicionales que a resultas del crecimiento obtenga el país hasta esa fecha -cuando debería superarse el umbral del desarrollo- permitirán luego seguir soportando las diversas políticas educativas que requieren recursos públicos. Entre otras iniciativas, ese fondo se utilizará en apoyar el aumento de la subvención y asegurar menores costos financieros para los estudiantes que acceden a la educación superior -por ejemplo, mediante el uso de parte de esos recursos para reducir los intereses del crédito con aval del Estado, lo que también favorecerá a estudiantes que ya han accedido a créditos con tasas elevadas.
Para asegurar mayor equidad y, en especial, alivianar la carga financiera que deben soportar los padres de familia de ingresos medios y bajos, es clave el aumento en el número y los montos de las becas, particularmente en la educación técnico-profesional, para los estudiantes más vulnerables. Si persevera en esta línea, al final de su mandato el Gobierno podrá sostener que ha comenzado a corregir las odiosas discriminaciones actualmente existentes en el financiamiento estudiantil asociado a la naturaleza de las instituciones a las que asisten los jóvenes, en vez de estarlo a la calidad de las mismas y las necesidades socioeconómicas de los estudiantes. Paradójicamente, las peticiones de los estudiantes movilizados apuntan en parte a seguir sosteniendo estas inequidades -una forma indirecta, hay que reconocerlo, de impedir la libertad de elección en el campo de la educación-. Es razonable que el Gobierno y, en general, los actores políticos aumenten las posibilidades de elección, y no que las cierren.
Desde la perspectiva de facilitar el acceso, es novedosa la creación de mil becas para que las universidades nivelen a estudiantes de mal desempeño en la PSU, pero cuyo promedio de notas en establecimientos estatales y privados subvencionados se encuentre en el cinco por ciento superior del país. También puede ser un avance en esta dirección -sobre todo si se muestra que es un buen predictor de desempeño académico en la educación superior- la inclusión del ranking de notas como instrumento adicional de selección universitaria.
La convocatoria a un grupo de expertos para rediseñar el sistema de créditos con aval del Estado es un paso clave, atendidas las deficiencias que él ha evidenciado. Si bien los ajustes anunciados a ese crédito son relevantes, es evidente que el sistema actual, tal como está diseñado, no se puede mantener en el futuro. Y más bien fruto de la concesión es la reprogramación generosa de los créditos impagos del Fondo de Crédito Solidario, que beneficia a los egresados de las universidades del Consejo de Rectores.
Hay cambios institucionales significativos, que incluyen la creación de una subsecretaría y una superintendencia de educación superior, lo que permitiría perfeccionar el diseño de la política y la fiscalización de este sector, tradicionalmente muy descuidado. Una mejor información sobre la marcha de las instituciones y un sistema de acreditación más guiado por sus desempeños objetivos -empleabilidad e ingresos de egresados, entre otros- le impondrán mayores estándares. Se busca avanzar hacia una FECU académica, que para cada institución reporte los grados académicos de los docentes de la misma, sus antecedentes financieros y la trayectoria laboral de sus egresados.
Por otra parte, el apoyo a la desburocratización de las universidades estatales, la creación de un fondo de revitalización de las mismas (aún sin monto comprometido) y recursos para que las regionales apoyen a sus respectivas regiones son pasos que las fortalecen y ayudan a mejorar el sistema nacional de estudios superiores.
Otras reformas institucionales permitirán distinguir con más precisión entre las distintas universidades, tanto en cuanto a su naturaleza jurídica como al aporte estatal que podría corresponderles. Se invita, además, a un debate sobre si nuestro país -como ocurre en otros, varios de ellos latinoamericanos- debe permitir la existencia de universidades con fines de lucro. El Gobierno pudo haber zanjado esta materia, porque si bien ellas probablemente nunca serán complejas, pueden cumplir un papel relevante en la provisión de docencia en nuestro país. Con todo, en la medida en que el Gobierno explicite sus intenciones en este campo y se abra un debate apropiado, se podrá comenzar a definir con más precisión qué lucros se pueden permitir -y, de hecho, se permiten en diversas formas, incluso en universidades del Cruch- y cuáles se deben excluir. La realidad en todo el sistema de educación superior es mucho más compleja y llena de aristas que cuanto el debate superficial y fácil de ahora deja entrever. Una mayor transparencia en este ámbito es aconsejable para equilibrar la discusión.
Ahora que la autoridad ha delineado su agenda, cabe esperar un debate con altura de miras: el camino propuesto es interesante y permite llevar el disperso e inorgánico debate actual a un plano de mayor racionalidad y realismo.
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Gran acuerdo nacional de educación
por Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación, UDP
La Tercera, 7 de julio de 2011
DESPUÉS de un mes de movilizaciones estudiantiles, el gobierno presenta una propuesta que abrirá las puertas para una negociación con representantes del sector educacional. Los anuncios del Presidente sobre el Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE) dejan en claro las prioridades del Ejecutivo y su visión ideológica, además de confirmar la táctica política que ha caracterizado su accionar.
Los detalles del GANE muestran que el gobierno no está dispuesto a transformaciones de fondo del sistema actual, sino que apuesta a perfeccionarlo. Para ello propone crear un Fondo para la Educación de cuatro mil millones de dólares con distintas fuentes de financiamiento, sin dejar claro cómo se repartirán dichos recursos.
En segundo lugar, apunta a mejorar el acceso y condiciones del financiamiento para la educación superior a través de becas para la formación técnico-profesional y para que los alumnos más vulnerables con mérito académico puedan elegir la institución de educación superior de su preferencia, además de reducir las tasas de interés del Crédito con Aval del Estado, reformular este mecanismo y fortalecer los procesos de cobranza del Fondo de Crédito Solidario. Estas medidas apuntan a reducir las desigualdades en el financiamiento para la educación superior a través del rol del mercado.
En tercer lugar, se propone mejorar la admisión, considerando el ranking de notas de la educación media, fortalecer los procesos de acreditación, crear un sistema de información para los consumidores de la educación superior, crear una subsecretaría y superintendencia de educación superior, y desburocratizar la gestión de las universidades estatales. Estas propuestas ayudarán a mejorar la equidad en la admisión, la institucionalidad del Ministerio de Educación y la gestión en las universidades públicas, sin darles un trato preferencial a estas últimas.
También se anunció una nueva institucionalidad para el sistema universitario que distinga entre universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales, además de debatir la posibilidad de distinguir entre universidades con y sin fines de lucro. Estas definiciones sugieren que el gobierno quiere mantener el actual estatus y privilegios de las universidades tradicionales.
Proponer un debate sobre el lucro equivale a decir que no se quiere cambiar este tema, que es fundamental dadas las flagrantes violaciones al espíritu de la ley que ocurren actualmente y al abuso de los beneficios fiscales en el que incurren las universidades que tramposamente lucran.
Las prioridades del gobierno son claras también por los vacíos que dejan las propuestas sobre el sistema escolar y las instituciones públicas. Las desigualdades educativas se construyen desde los primeros años de vida y nuestro sistema escolar las fortalece, dada la segregación de alumnos vulnerables en instituciones públicas, y no existe ningún anuncio para mejorar la igualdad en este sentido.
Finalmente, el Presidente vuelve a centralizar el protagonismo, acotando el ámbito de actuación del ministerio. Una táctica contradictoria con la premisa de no centralizar la educación pública.
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Universidad de Chile: no todo lo que brilla es oro
Eduardo Sabrovsky
Doctor en Filosofía. Profesor Titular, Universidad Diego Portales
El Mostrador, 7 de julio de 2011
Es compresible que los académicos de la Universidad de Chile defiendan su institución. No obstante, el apasionamiento los lleva a veces a dejar de lado la reflexión acerca de los cambios en las condiciones materiales de producción y circulación del conocimiento y cómo éstos inciden en las instituciones universitarias. Lo que ofrezco aquí es un aporte, discutible por cierto, en esa perspectiva.
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La Universidad “de Chile” (no son muchas las universidades en el mundo que llevan el nombre de un país) tuvo, desde su origen, una misión nacional, holística, no cuantificable. “Todas las sendas en que se propone dirigir las investigaciones de sus miembros, el estudio de sus alumnos, convergen a un centro: la patria”, decía Bello en su discurso de instalación. Y en efecto, a través de ella, una élite ilustrada, cuyos méritos no es posible desconocer, construye un país. El caso de la implantación en Chile de las ingenierías como profesiones universitarias, que ocurre sólo en las primeras décadas del siglo XX con la Fundación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, es sintomático. Hasta entonces los ingenieros eran técnicos, cuya formación era eminentemente práctica. No había demanda, socialmente medible, de ingenieros con título universitario. La elite ilustrada, presente tanto en la Universidad como el Estado, previendo la necesidad futura de ingenieros con formación superior, hace entonces una maniobra no menor: crea tanto la oferta como la demanda, haciendo imprescindible el título de ingeniero para desempeñar una serie de cargos públicos. (Sol Serrano, Universidad y nación. Chile en el siglo XIX, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1994).
Una universidad concebida así, al servicio de la patria, no puede sobrevivir más allá de las condiciones que le dieron origen: el predominio de los Estados nacionales. En la medida en que estos últimos se debilitan, este modelo de Universidad deja paso a la “Universidad de la excelencia”, cuyo principio rector es (y no podría ser de otra manera) la cuantificación, los resultados de alguna manera “objetivamente” medibles.
Tanto los defensores del status quo como la izquierda, que exige “una universidad para el pueblo” siguen fijados al viejo, y ya agotado paradigma de la universidad de Bello; para bien y para mal, el futuro pertenece en cambio al partido de los jóvenes doctores, a pesar de que sus propuestas hayan pasado más bien desapercibidas en ese momento, opacadas por la algarabía política reinante.
La creciente globalización, que debilita los Estados nacionales, es sin duda el resultado de poderosas fuerzas económicas. Pero su impulso también proviene del interior mismo de la “alta cultura”, que tiene en la universidad su sede. De hecho, al menos desde Nietzsche en adelante, la alta cultura sabe (y no puede olvidarlo) que las celestes pretensiones de la Razón no son sino máscaras de muy terrenales voluntades de poder. Los llamados “hermeneutas de la sospecha” el propio Nietzsche, Freud, Marx, y todos sus seguidores (¿y quién hoy, a su manera, no lo es?), modulan este mensaje de diferentes manera; finalmente, esta “verdad” pasa al terreno de la cultura de masas, bajo la forma de una serie de TV como “Los Simpson”. El resultado es el advenimiento de una sociedad regida normativamente, ya no por los valores de la Ilustración, sino por un “poder de seducción”, asociado a la TV y los medios.
El público sometido a este poder sabe (aunque el fútbol pretenda precariamente hacérselo olvidar) que las prerrogativas y oropeles de los Estados nacionales son meras ficciones. “Nadie es un héroe para su valet de chambre”, solía repetir Hegel, imaginando tal vez a Napoleón en calzoncillos. Y el público en cuestión (o sea: nosotros mismos) lo sabe: sabe que el Capitán Prat podría haber sido homosexual, que don Diego Portales tuvo aficiones prostibularias, etc. Sabe, además, y esto no es menor, que, no obstante su fachada bien iluminada, el Estado posee inevitablemente un sótano. A partir de allí, y antes de toda evidencia, el público propende a considerar que la profesión de la política es corrupta en sí misma; el periodismo investigativo cierra el círculo, proporcionando la evidencia de que ello, efectivamente, es así.
Este proceso corroe el núcleo simbólico de los Estados nacionales; privándolos de legitimidad, abre camino a la globalización neo-liberal. En este contexto, las universidades “nacionales”, más allá de su estatuto legal, pasan en rigor a ser todas instituciones privadas, autorreferidas, que deben regirse por criterios internos de productividad. El término excelencia, con su vacuidad (¿excelencia en qué?) cumple perfectamente con esta función: en el fondo, tiende a homogenizar rendimientos de índole diferente (pedagógicos, investigativos, administrativos) bajo un solo patrón cuantitativo que los hace medibles y comparables. Para que esto ocurra, la elaboración de indicadores es imprescindible: son ellos los que intentan traducir las viejas diferencias cualitativas en cantidades medibles.
De hecho, el establecimiento de indicadores “objetivos” de medición del trabajo académico fue, más allá del anecdotario político, uno de los motores de la reforma del ’68 en la Universidad de Chile, al menos en las facultades dedicadas a las ciencias duras y la tecnología. Allí, el movimiento de reforma tuvo como protagonistas a un grupo de jóvenes doctores, incipientemente globalizados, graduados en prestigiosas universidades: en implícita oposición a la idea de una “universidad de Chile”, exigían el establecimiento de una “universidad de la excelencia”, con carrera académica, predominio de la investigación, y medición según indicadores “objetivos”, que hicieran además posible su inserción en las comunidades especializadas del saber que conforman el sistema de producción y circulación global del conocimiento. La Reforma en Chile puede ser entendida entonces como el enfrentamiento entre tres grupos, dos de ellos conceptualmente conservadores. En efecto, tanto los defensores del status quo como la izquierda, que exige “una universidad para el pueblo” siguen fijados al viejo, y ya agotado paradigma de la universidad de Bello; para bien y para mal, el futuro pertenece en cambio al partido de los jóvenes doctores, a pesar de que sus propuestas hayan pasado más bien desapercibidas en ese momento, opacadas por la algarabía política reinante.
En la misma dirección apunta la democratización de la elección de autoridades, que la Reforma consagró. Más allá de toda superstición democrática (en virtud de la cual los intereses de una mayoría cualquiera coincidirían, como por arte de magia, con los de la “patria”), tal democratización, por el contrario, opera en el sentido de autonomizar, de separar a las comunidades académicas de los intereses del estado-nación, legitimando por el contrario su inserción en las redes de producción y circulación de un saber fragmentado (especializado) y globalizado. No es casual, en este sentido, que en las “patrias socialistas” (las que hubo, la pocas que aún hay), la democratización del gobierno universitario haya sido rápidamente sustituida por una férrea centralización estatal (al costo de disociar a las instituciones del sistema internacional de la ciencia, y de producir monstruosidades, como la biología “marxista” de Lysenko, en la URSS de los años ‘30).
Hace unos 15 años, el pensador canadiense Bill Readings caracterizó esta situación —la hegemonía del modelo de la universidad de la excelencia— como “la universidad en ruinas” (The University in Ruins, Harvard University Press, 1996). Según Readings, habitar entre ruinas incluso no estaría tan mal. Pero es preciso hacerse cargo de esa realidad y, desde allí, quizás, repensar lo público; no tender un tupido velo, de palabras altisonantes, pero ya vacías, sobre el asunto.
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