Continuando con el posting de ayer, referido a Planteamientos en torno al Paro Nacional del 16 de junio convocado por actores de la educación, se agregan aquí a continuación la opinión sobre el momento de la educación chilena de Carlos Peña, Rector de la UDP; las demandas del Rector de la PUC, Ignacio Sánchez, a la política gubernamental sobre educación superior y la visión de política pública del Rector Victor Perez de la UCH expresadas hace algunas semanas con ocasión del discurso de inauguración del año académico 2011.
El malestar en la educación
Carlos Peña, Reportajes, 12 de junio 2011
Nunca la sociedad chilena logró educar a tanta gente como hoy y ofrecer mayores expectativas de escolaridad. ¿Por qué entonces -a pesar de esas indudables mejoras- la educación se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar?
Varias circunstancias lo explican.
La educación transitó desde un sistema de minorías a uno de masas. Mientras en 1973 (un año de gran expansión de los intereses populares) la enseñanza media apenas atendía a la mitad, o menos, de los adolescentes, hoy día los acoge a todos. A las aulas de clases entró la sociedad entera y, con ella, un conjunto de expectativas -el aura de la profesión, las altas rentas, la distinción- que es difícil satisfacer.
Porque ocurre que hoy día -justo porque la educación es un fenómeno de masas- ni la escuela ni la universidad proveen esos bienes. Hay un desajuste de expectativas -Bourdieu sugería llamar a este fenómeno “efecto de histéresis”-: las mayorías esperan encontrar en la universidad y en la escuela bienes que ellas hoy día no producen.
El resultado es frustrante: la inclusión en el sistema educativo se experimenta como un engaño.
Se suma a lo anterior el hecho de que hoy -por motivos que habría que dilucidar- todos los problemas sociales se han reducido a problemas educativos. ¿En qué momento ocurrió que todo lo que provoca malestar social -desde las desigualdades a las crisis de comportamientos- fue transformado en un defecto del sistema escolar? Se despolitizó el tratamiento de la economía (a la que se considera casi una parte de la naturaleza) y, en cambio, todos los problemas de la vida colectiva se trasladaron a la educación. ¿Por qué extrañarse entonces de que los jóvenes, siempre sensibles a la justicia, conviertan a la escuela y la universidad en los motivos principales de su malestar? Transformada en el último reducto de la vida cívica -un raro espacio en el que la voluntad de los ciudadanos todavía importa-, la educación parece ser hoy la fuente de todos los males.
Pero no son sólo el desajuste de expectativas y la despolitización de la vida cívica los que han configurado la molestia con el sistema educativo.
Se suman una serie de hechos objetivos que están ahí, a vista y paciencia de todos.
El más relevante es el hecho de que el sistema escolar reproduce, con esmero, la estructura de clases. Los niños y niñas asisten al tipo de escuela que, en razón de su cuna, les corresponde. Los más pobres asisten a la educación municipalizada o particular subvencionada; quienes tienen siquiera un mínimo excedente van a las escuelas con financiamiento compartido, y, en fin, aquellos cuyas familias poseen un ingreso autónomo suficiente, asisten a algunos de los colegios particulares pagados. ¿Alguien cree que un sistema escolar que reproduce la estructura de clases sociales contribuirá a mayores niveles de justicia o de meritocracia? Nadie, por supuesto. Todos saben que una estructura así contribuye a que la cuna marque a fuego el destino de los niños. Es cierto: todos los sistemas educativos reproducen en alguna medida el origen social, pero ninguno lo hace con el esmero y la impudicia del chileno.
Y si eso ocurre con el sistema escolar, los problemas que presenta la educación superior tampoco son desdeñables.
Se trata de un sistema extremadamente diverso -(las casi sesenta universidades que lo conforman sólo tienen en común el nombre); cuyo financiamiento descansa predominantemente sobre los hombros de las familias (casi el ochenta y cinco por ciento del gasto proviene de ellas); y (con la excepción de algunas instituciones estatales) carente de todo control. Así las cosas, ¿no es acaso sensato pedir mejor regulación, mayor apoyo a algunas universidades estatales, igualdad de trato para los estudiantes?
Escuelas más igualitarias, un sistema de educación superior con mayor acceso para quienes fueron históricamente excluidos, instituciones públicas más fuertes. ¿Excesivo o imposible?
Nada de eso.
Es cierto que los jóvenes escuchan poco al principio de realidad; pero así es como obligan a los adultos a recordar la enseñanza de Weber (¿hay alguien más libre de la sospecha de utopismo que él?): en este mundo no se arriba jamás a lo posible si no se intenta repetidamente, una y otra vez, lo imposible.
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Una mirada al debate en Educación Superior
“No hemos entendido que el diálogo y la comprensión de nuestras diferencias son la clave para avanzar y construir un país en común”.
Dr. Ignacio Sánchez D., Rector Pontificia Universidad Católica de Chile, El Mercurio, 12 de junio de 2011
La reforma de la educación superior debe ser considerada como una política de Estado, una misión de largo plazo que requiere la obtención de consensos que perduren más allá de un gobierno determinado. El sistema de educación superior (SES) es fundamental para el desarrollo social, cultural y económico del país. Las instituciones con vocación pública -del Estado y no estatales- deben ser protegidas para que puedan potenciar su labor y compromiso con el crecimiento de Chile.
Aún cuando se han registrado avances en educación superior en los últimos años, es destacable que el Ministerio de Educación esté planteando medidas para perfeccionar el sistema y lo instale como tema prioritario de su agenda. La participación estudiantil es de vital importancia en este debate.
Sin embargo, no hemos estado a la altura. No lo han estado las autoridades universitarias cuando confunden sus roles y toman decisiones populistas. No lo han estado los estudiantes cuando realizan actos de violencia que implican asaltos y tomas inaceptables en sus propias casas de estudio. No lo hemos estado los rectores de universidades tradicionales cuando demonizamos el aporte de las universidades privadas, ni éstas cuando, junto con aceptar la invitación a participar de un único sistema de admisión universitaria -lo que es un avance en la transparencia-, continúan criticando la labor y funcionamiento del Consejo de Rectores.
Es que no hemos entendido que el diálogo y la comprensión de nuestras diferencias son la clave para avanzar y construir un país en común.
En relación con las medidas planteadas por el ministerio, me gustaría profundizar algunos puntos que requieren un esfuerzo especial de financiamiento en el largo plazo, sin el cual va a ser difícil dar el salto que esperamos.
1 Mejoramiento de la institucionalidad a través de la creación de una subsecretaría de educación superior , que da la fuerza y presencia política que este tema se merece. Es importante que a ella se incorpore Conicyt y se desarrollen los mecanismos para dar mayor transparencia, asumiendo el debate de la misión, propiedad y fines de lucro de algunas entidades privadas.
2 La nueva ley para las universidades estatales debe flexibilizar el sistema a través de la disminución de la burocracia, el acceso a créditos de largo plazo y un gobierno universitario más moderno.
3 En el financiamiento estudiantil -un foco central de esta reforma- es muy importante disminuir el gran peso que hoy recae en las familias. Es necesario aumentar el número y monto de las becas, redefinir el arancel de referencia y reprogramar los créditos morosos. En este sentido, hay que realizar un esfuerzo para acercar las tasas de interés al nivel del Fondo Solidario. Sólo así se permitirá una mayor equidad que debe estar íntimamente vinculada a la calidad de las instituciones y a acreditaciones que, al menos, deberían cubrir el tiempo de la carrera.
También hay que recalcar que es necesario flexibilizar las vías de pago, pero que, una vez que ello se haga, los compromisos hay que cumplirlos. Los egresados deben pagar los créditos porque estos recursos son los que permitirán mantener el sistema de becas.
4 En relación con el financiamiento de las instituciones tradicionales , es clave aumentar el aporte a aquellas que tienen un rol público a través de un alza del AFD, que incluya un incremento en el porcentaje variable e indicadores consensuados.
Además, es necesario un AFI que incorpore elementos de equidad (como el ranking), pero que se mantenga en las instituciones, no como un voucher negociable, sino como un reconocimiento a la calidad del proyecto educativo seleccionado por el estudiante.
Por otra parte, el fondo de revitalización que ha planteado el ministerio para las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) es muy importante para modernizar su infraestructura y actualizar la docencia.
5 Es fundamental también el fortalecimiento de la enseñanza técnico-profesional, a través de becas y articulación dentro del SES.
6 En ciencia y tecnología se requiere un decidido apoyo a la formación de doctores y capital humano avanzado con becas en Chile y en el extranjero, junto a un fondo de equipamiento en investigación que sea concursable y diverso. Además, es urgente la formación de centros de innovación de clase mundial y apoyo al desarrollo científico-tecnológico.
7 Es importante potenciar los convenios de desempeño orientados a la formación de profesores, innovación curricular, internacionalización y fortalecimiento técnico-profesional. Estos proyectos deben permitir el apoyo a los estudiantes y disminuir las altas tasas de deserción del sistema.
8 Realmente necesario en la actualidad es el aseguramiento de la calidad a través de una mayor y mejor información y de un sistema de acreditación renovado que valore la diversidad de los proyectos educativos. Es fundamental enriquecer el sistema de admisión -PSU y pruebas complementarias- a través de una evaluación internacional. La incorporación de ocho universidades privadas a este proceso es un paso que va a permitir un avance en la transparencia del sistema.
Todos debemos apoyar reformas que permitan un mayor acceso y retención de los estudiantes, una valoración del trabajo universitario bien hecho y la estabilidad de las instituciones comprometidas con el desarrollo del país. Esta es una política de Estado que debemos enriquecer con nuestro esfuerzo, compromiso, generosidad y participación responsable. El país del futuro lo demanda.
“Todos debemos apoyar reformas que permitan un mayor acceso y retención de los estudiantes, una valoración del trabajo universitario bien hecho y la estabilidad de las instituciones comprometidas con el desarrollo del país.”
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Rector Víctor Pérez Vera: Discurso en Inauguración de Año Académico 2011
Mensaje entregado por el Rector de la Universidad de Chile en el marco de la ceremonia de Inauguración de Año Académico Universidad de Chile, realizada el 27 de abril de 2011.
(Secciones VI y VIII del discurso referidas a los planteamientos de política pública para la educación superior)
VI.- HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Al comenzar la segunda década de este milenio el sistema de Educación Superior adolece de graves dolencias, que no le han permitido cumplir cabalmente con las expectativas de una sociedad que enfrenta los graves desafíos, materiales y culturales, asociados a un crecimiento acelerado del país y a cambios estructurales en el mundo.
Ejes para una nueva política
Un primer eje ordenador en toda discusión sobre Educación Superior es aclarar el rol que les corresponde a las universidades estatales y las privadas. La ausencia de claridad lleva a pensar que la única diferencia es la propiedad, pero aparte de esta obviedad, todas son iguales y por lo tanto las políticas conducen una competencia en el mercado. El efecto evidente es que la competencia se hace cargo de la conducción de las universidades y el rol de las universidades públicas es dominado por las condiciones de supervivencia. Esto constituye una fuerza que afecta fatalmente a las universidades estatales enfrentándolas diariamente con la disyuntiva entre su misión y la orientación de mercado para garantizar, sino su supervivencia, al menso su relevancia.
Esto ya lo dijimos en nuestro planteamiento del Nuevo Trato con el Estado: las universidades estatales no pueden ni deben competir como una más. En primer lugar no pueden porque enfrentan dificultades sustantivas en las condiciones en que operan, y segundo y más profundo, porque deben cumplir una serie de condiciones que son propias de una institución del Estado, que por definición se debe a todos.
La falta de apoyo a las universidades estatales para que provean bienes públicos en espacios públicos es privatizarlas, en suma es elegir prescindir de estos bienes, es decir destruir la Educación Superior Pública y, en particular, la Universidad de Chile como la entendemos. En nuestra visión de un sistema ordenado la nueva política tiene aquí un primer desafío: resolver el dilema entre competencia y el deber ser del Estado.
Este eje público-privado del ordenamiento del sistema debe clarificar, de parte del Estado, cómo estimula y promueve la provisión de bienes públicos por parte de un conjunto de universidades privadas que están en condiciones de hacerlo. Evidentemente el aporte de algunas universidades en temas de investigación y creación, es también fundamental para la sociedad y esta debe ser reconocida por una nueva política. Es responsabilidad del legislador establecer cuáles de esos bienes públicos pueden ser provistos por universidades privadas y qué condiciones deben cumplir para que se garantice esa provisión. Por su parte, las universidades que las cumplan son libres de aceptarlas y de establecer una relación con el Estado en los temas que de común acuerdo definan.
El segundo eje ordenador está definido por la calidad en la Educación Superior. En este tema un piso de todo sistema educativo debe ser la definición de un estándar mínimo de calidad que debe cruzar transversalmente todo el sistema universitario; es decir, pensamos que toda institución debe estar acreditada al menos en el nivel mínimo que la ley exija, criterio que está violado por la propia normativa actual en que la acreditación es opcional. Una preocupación en materia de garantizar calidad es la incapacidad del sistema actual de informar adecuadamente a la población la real calidad de las instituciones y sus carreras. La verdad sobre quién es quién aparece cruzada por una multimillonaria publicidad orientada que la desvanece. Una nueva normativa debiese traer transparencia en esta materia, no solamente si se cumple un mínimo, sino qué nivel de calidad realmente se puede esperar en cada caso.
Un tercer eje ordenador debiera reconocer las diferencias en las funciones universitarias. El prestigio que alcanzaron las universidades tradicionales ante de los cambios en los años ochenta llevaron a que toda institución de educación post-escolar aspirar a transformarse en universidad y el sistema de laissez-affaire paulatinamente lo aceptó; la consecuencia es que actualmente es fácil distinguir entre dos tipos: instituciones orientadas a la docencia, que son la gran mayoría, y las orientadas a la docencia e investigación, que son solo una pocas.
Un cuarto eje ordenador dice relación con modificar los actuales sistemas de ayudas socioeconómicas a los estudiantes de Educación Superior, los cuales son insatisfactorios, inequitativos, incompletos e injustos.
Si como país aspiramos a aumentar la cobertura y la equidad, es imperativo hacerlo de forma responsable y no generar falsas esperanzas en las y los jóvenes chilenos (as). Las demandas estudiantiles dadas a conocer en las últimas semanas reafirman la necesidad de contar con una política real de asignación de beneficios que supere la mirada subsidiaria y que comprenda una visión sensata sobre los costos que deben enfrentar los estudiantes para su mantención.
La anhelada igualdad de oportunidades exige un profundo compromiso de Estado en estos temas. Por ello, es necesario repensar el sistema completo de ayudas estudiantiles, de forma de abordar el problema de manera integral y entregar respuestas acorde a la realidad actual.
Aumentar la cobertura de las becas no significa sólo entregarlas a un mayor número de beneficiarios, sino también considerar las necesidades reales de los mismos, entregando condiciones mínimas para que puedan dedicarse a sus estudios.
Desde hace algunos años se viene advirtiendo al Estado la significativa diferencia que existe, por ejemplo, entre los aranceles de referencia fijados para la entrega del Fondo Solidario de Crédito Universitario, y los aranceles reales de las carreras, que para las familias chilenas son de los más altos a nivel internacional. Estos temas deben tener una respuesta antes de comenzar cualquier discusión sobre el sistema de Educación Superior.
Con respecto a las becas JUNAEB, el problema general es la falta de una política real de asignación de beneficios, pues lo que tenemos actualmente sólo alcanza a ser, en la realidad, una subvención insuficiente. Por ejemplo, para alimentación se otorgan $1300 diarios por 20 días al mes, pero las colaciones cuestan en promedio $2000, por lo que los estudiantes solo almuerzan 15 días reales. En cuanto a la beca de mantención, esta es de $15.500 mensuales, lo cual no alcanza a ser siquiera $1000 pesos diarios para los 25 días promedio mensuales.
Es necesario pensar que los estudiantes pasan actualmente casi todo el día en la Universidad, por lo tanto, las necesidades van más allá de un almuerzo diario, sin mencionar la realidad que deben enfrentar los estudiantes de regiones, y trascienden a muchos otros temas cotidianos y fundamentales: fotocopias, traslados, materiales de estudio, entre otros.
Este es un momento oportuno para reflexionar sobre la actual política de asignación de beneficios por parte del Estado. Las reivindicaciones dadas a conocer en las últimas semanas por los estudiantes agrupados en la CONFECH -y en lo cual la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ha jugado un rol importante- así lo demuestran.
Si como país nos vamos a comprometer a apoyar a nuestros estudiantes universitarios, esto debe hacerse con un sentido de responsabilidad y hacernos cargo verdaderamente del problema, con un sistema integral de ayuda que tome en cuenta a todos los estudiantes a los que se promete el ingreso y el egreso de la Universidad, considerando también a los estudiantes del tercer y cuarto quintil que hoy no cuentan con los recursos necesarios para solventar su paso por la Educación Superior.
VII.- PERO TAMBIÉN UN MENSAJE DE TRISTEZA Y MOLESTIA
Hoy, ante ustedes, comencé esta ceremonia con un mensaje de orgullo, pero la terminaré con un mensaje de tristeza y molestia.
Como saben, llevo casi cinco años como Rector de la Universidad de Chile y antes fui Decano por ocho años. Es decir, soy un académico con una larga vida dedicada a la docencia y la investigación, al igual que todos ustedes que han dedicado la vida a esta Universidad y a nuestro querido país.
En estos últimos años, he visto cómo se han creado una infinidad de comisiones y grupos de trabajo sobre la educación pre-escolar, básica, media y superior, los que han generado numerosos informes y extensos documentos. También he participado en cientos de reuniones y ceremonias, en que las autoridades han comprometido muchas cosas en el ámbito de la educación superior que, las más de las veces, sólo se transformaron en anuncios de prensa.
Estoy cansado de leer informes que sólo demuestran los resultados de las malas políticas públicas en educación, porque detrás de ellos hay condenas reales a jóvenes chilenos, a quienes el Estado no les está garantizando ni siquiera el sueño de tener un futuro mejor. Y eso sólo me genera tristeza y molestia.
Y mientras todo esto pasa, la educación pre-escolar, básica, media y superior en nuestro país sigue condenando y segregando a miles de jóvenes chilenos cada año y, de paso, nos asegura graves problemas sociales, políticos, económicos y culturales. ¿O es que alguien cree que esta educación inequitativa, excluyente y discriminatoria será buena para la integración social o para el desarrollo económico que Chile debe tener en los próximos decenios?
En la educación superior, el sistema impuesto por la dictadura y aún vigente después de más de veinte años de democracia confunde universidades tradicionales con las privadas nuevas. Mientras que las primeras hacen más del 85% de la investigación nacional, muchas de las privadas nuevas, en un ambiente de total e impune desregulación, se compran y venden en el mercado, con cifras millonarias en dólares y enormes ganancias. Sin que ningún órgano del Estado haga cumplir la ley de Pinochet que estipula que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Pero lo más desfachatado es que gracias a un lucrativo lobby, muchas de estas universidades privadas nuevas están pidiendo y obteniendo recursos públicos para hacer más rentable y sustentable su negocio, y con el singular privilegio de no tener ningún tipo de control por parte de la Contraloría General de la República sobre el manejo y destino de esos recursos públicos. Y esto se está haciendo a espaldas de la ciudadanía y de la historia, a espaldas del futuro de millones de jóvenes chilenos.
Desde la Universidad de Chile exigimos al Estado una nueva Ley de Educación Superior, que garantice la existencia y desarrollo de las universidades estatales, que las financie en al menos el 50% de sus actuales presupuestos -en Brasil, y en Finlandia y otros países de la OECD el aporte estatal a las universidades del Estado es sobre el 65% de sus presupuestos- y que de claras orientaciones respecto de sus deberes y derechos, para que así estas puedan enfrentar desafíos mayores contando con un trato claro con la sociedad. La autonomía académica, económica y administrativa es un principio rector que debe resguardarse en la formulación de tal política, atendiendo a la naturaleza de la actividad de educación superior que dista en mucho de otras funciones de otras instituciones del Estado. Conjuntamente, la política debe dar claridad en las condiciones en que las universidades privadas están invitadas a contribuir con la provisión de bienes públicos atendiendo a las funciones y la calidad con que desarrollan docencia, investigación y extensión.
También nos parece necesario fortalecer la institucionalidad del Estado en la Educación Superior en dos ámbitos. En el tema de fiscalización, mediante la creación de una Superintendencia de Educación Superior. Y en el tema de la formulación y evaluación de políticas, mediante una Subsecretaría de Educación Superior, idea, esta última, que en su momento fue propuesta por el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, que posteriormente fue reiterada en el año 2009 por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, y que últimamente ha vuelto a ser mencionada por varios señores rectores del Consejo de Rectores.
Sin embargo, como ustedes saben, la confianza y la credibilidad son esenciales para abordar políticas de Estado que sean inclusivas y sustentables en el tiempo.
El actual Ministro de Educación ha señalado por los medios de comunicación el compromiso que el año 2011 será el año de la reforma del sistema de educación superior. De ser así, es una buena noticia.
Sin embargo y dado que ya estamos casi en el mes de mayo, y todavía no se ha dado a conocer cuáles serán los ejes de esta trascendental reforma, sólo cabe suponer que, lamentablemente, al parecer esta nueva política de gobierno se estaría elaborando a oscuras, entre cuatro paredes, sin participación de las universidades ni de sus comunidades, y en un contexto que es preocupante: tenemos que reconocer que aquí hay un lobby que está trabajando día y noche para ocupar recursos públicos y así hacer más rentable el negocio de la educación superior.
Quiero reclamar por esta práctica que no es transparente, y que aparece como sospechosa y contradictoria con las prácticas democráticas. Las universidades tradicionales de Chile son las que llevan más de 100 años educando a nuestro país y son las que hacen prácticamente toda la investigación nacional. Por lo mismo, no aceptamos que se pretenda fijar políticas para reformar el sistema universitario a espaldas nuestras que, como ya hemos visto, terminan en proyectos de ley enviados con urgencia a último minuto, justo cuando los académicos y estudiantes están terminando el año docente y la ciudadanía está concentrada en sus fiestas navideñas.
Como Rector de la Universidad de Chile, quiero hacer un llamado público al gobierno, al Ministro de Educación y a los parlamentarios, para que la nueva política de educación superior sea una política de Estado y no una política de gobierno. Ellos saben bien que la misión de la Universidad es ser conciencia crítica de la sociedad, y producir y transmitir el conocimiento preparando nuevas generaciones para el desarrollo del país. Las universidades públicas estamos llamadas a contribuir sustancialmente a esos fines, con especial orientación hacia la creación y promoción de bienes públicos como el pluralismo, la libertad y la tolerancia, elementos fundamentales en la construcción de la sociedad.
Como todo el país es testigo, nos hemos comprometido con un modelo basado en la calidad y la equidad de la educación superior, para alcanzar el nivel más alto en el país y constituir un modelo de sistema universitario del mejor nivel internacional.
Por eso mismo quiero comprometer ante ustedes y el país toda mi energía para promover y defender una mejor educación pública para todos los jóvenes chilenos. Vamos a trabajar hasta que efectivamente se adopten políticas públicas inclusivas que sean de Estado.
Me sorprende la liviandad con que se tratan estos asuntos, tan relevantes para la vida cívica de nuestro país. En salud nadie está pensando en cómo el Estado debiera financiar a las clínicas privadas mientras desatiende los hospitales públicos. En minería nadie tampoco está pensando en cómo el Estado debiera financiar a las empresas mineras privadas mientras desatiende a Codelco. Pero parece que en educación el lobby de algunos privados funciona y muy bien, buscando imponer en la opinión pública y en los poderes del Estado la aceptación de la idea de que las universidades privadas nuevas -muchas, de hecho, con fines de lucro- deben tener financiamiento basal del Estado, y el cuestionamiento al derecho y deber del Estado de financiar adecuadamente a las universidades estatales, ideas impensables en los países desarrollados.
Y contra esto, contra la privatización y mercantilización de la educación superior pública vamos a luchar con el respaldo de todos los académicos, funcionarios y estudiantes de la Universidad de Chile.
Estoy seguro que estaremos acompañados por la gran mayoría ciudadana que ve, en la educación pública de calidad y equitativa, su única esperanza para una mejor calidad de vida para sus hijos e hijas.
Con mucho orgullo digo: Viva la Universidad de Chile, Viva la Universidad de Chile libre, Viva Chile.
Muchas gracias.