Columna de Eduado Engel publicada en blogs de La Tercera el 11 de junio de 2011 sobre el conflictivo panorama de la educación superior en Chile.
Malestar universitario
Eduardo Engel, La Tercera. Reportajes. 11 de junio, 2011
La agresión del ministro de Educación por un grupo de estudiantes universitarios marcó la semana noticiosa, generando el repudio de los sectores más diversos. El líder de los estudiantes que irrumpieron durante la celebración de los 30 años de existencia de las universidades privadas explicó que querían entregarle al ministro una petición para que se retractara de declaraciones perjudiciales para la institución donde estudia (la Utem).
Más allá de que tiene que haber formas más civilizadas de entregar petitorios a la autoridad, las protestas universitarios se han multiplicado en semanas recientes, luego del anuncio del gobierno de una gran reforma de la Educación Superior. Para evaluar las propuestas del gobierno, conviene comenzar por preguntarse cuáles son los principales desafíos en materia de educaciónuniversitaria y técnico-profesional (las dos componentes de la educación superior) y en qué medida las reformas
propuestas se hacen cargo de estos desafíos.
El principal problema de la educación superior chilena es que los estudiantes de menores ingresos son los que más pagan, recibiendo una educación de peor calidad. La gran desigualdad que existe en la calidad de la educación básica y media persiste al llegar a la educación superior, con el
agravante de que el Estado entrega un subsidio bien focalizado para la educación básica y media, mientras que los subsidios universitarios favorecen mayoritariamente a sectores de altos ingresos.
La educación superior se masificó a partir de la desregulación del sector en 1981, pasando de 120 mil
a un millón de estudiantes matriculados en tan sólo tres décadas. El número de estudiantes matriculados se duplicó durante los 80, el 90% del crecimiento de esa década fue en la educación técnico-profesional, mientras que la matrícula universitaria creció sólo un 10%. Seguramente el gobierno militar puso cortapisas al crecimiento del segmento universitario, porque no lo
miraba con simpatía. A partir de 1990, en cambio, el sector que crece rápidamente es el universitario, pasando de 125 mil estudiantes en 1990 a 560 mil el 2010. Aproximadamente la mitad de los estudiantes universitarios en la actualidad están en universidades privadas.
Quienes egresan de la universidad en general recibirán ingresos muy superiores a los que habrían recibido si hubiesen ingresado al mercado laboral luego de terminar de la educación media. Esto vale tanto para quienes van a los buenos colegios y luego ingresan a las mejores universidades, como para quienes van a colegios de mala calidad y luego acceden a instituciones de educación superior de calidad similar a la de sus colegios. En este último caso es probable que la educación superior supla eficiencias de la educación media, de modo que aun si no entrega conocimientos particularmente sofisticados, igual permite a sus egresados mejorar sus ingresos.
Una fuente de financiamiento para las universidades viene del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que premia a las universidades donde se matriculan los 27.500 alumnos con los mejores resultados en la PSU. Del orden de 800 mil pesos anuales por cada alumno y una señal de prestigio para las universidades que logran atraer una fracción importante de los alumnos con AFI.
En la actualidad, el 12% de los alumnos que rinde la PSU proviene de colegios particulares, un 41% de
establecimientos municipales y un 47% de colegios particulares subvencionados. Sin embargo, la fracción de estudiantes de colegios particulares que acceden a las mejores universidades es mucho mayor. Las dos universidades chilenas que aparecen entre las mejores 500 universidades del mundo en los rankings internacionales son la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica (PUC). Un 67% de los estudiantes de la PUC y un 38% de los estudiantes de la Universidad de Chile provienen de colegios particulares, porcentajes muy superiores al 12% de los alumnos que representa este segmento entre quienes rinden la PSU.
La conclusión es similar si se considera criterios más sutiles para medir la calidad de las instituciones de
educación superior. La mayoría de los estudiantes de nivel socioeconómico medio y bajo accede a instituciones de peor calidad. Y, porque a estos estudiantes en general les va peor en la PSU, una fracción mucho menor entre ellos que entre los estudiantes de altos ingresos tiene acceso al AFI. Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior, varias de las medidas anunciadas por el Presidente Piñera en su mensaje del 21 de mayo apuntan en la dirección correcta, aunque de manera un tanto tímida. Entre ellas más becas a estudiantes que postulan a la educación técnica y profesional.
El anuncio de que se incorporará el ranking de los estudiantes en su curso de enseñanza media en los
criterios que determinan quiénes son aceptados en las instituciones de educación superior, dando menos ponderación a la PSU, es interesante, ya que existe evidencia de que este indicador captura el grado de perseverancia y hábitos de estudio, los cuales auguran un mejor rendimiento en la educación superior, premiando a estudiantes con potencial a pesar de provenir de un colegio de menor calidad.
Sin embargo, una medida de este tipo podría llevar a los estudiantes a colaborar menos con sus compañeros, ante el temor de perjudicar sus posibilidades de acceder a buenas opciones en la educación superior. Lo cual lleva a considerar opciones alternativas, partiendo por preguntar
por qué seguimos empecinados con la PSU, cuando la antigua Prueba de Aptitud Académica tenía un efecto igualador mayor. Otra opción es que un tercio de las platas AFI vaya para estudiantes de colegios municipales, un tercio para estudiantes de colegios particulares subvencionados y un tercio para estudiantes de colegios particulares pagados. Lo de los tres tercios es un tanto arbitrario, pero la
idea es que dentro de cada uno de los grupos la selección sea en base a méritos, sin que los alumnos de un mismo curso sientan que ayudar a su compañero los puede perjudicar. Lo anterior debiera complementarse con medidas adicionales que hagan más atractivo para las mejores universidades matricular a estudiantes de menores ingresos.
Varios líderes estudiantiles han reclamado porque la mayor parte de los nuevos recursos que se destinarán a la educación superior beneficiarán a instituciones que, en la práctica, lucran con la educación. El Ministro Lavín tiene un talón de Aquiles en este tema, porque hace algunos años vendió su participación en una universidad privada. Las universidades privadas son corporaciones
sin fines de lucro, por lo cual no tienen dueño y luego nadie debiera poder vender su participación en una de ellas. Lo que sucede es que existen una serie de artimañas que permiten burlar el espíritu de la ley. Una posibilidad es que la universidad arriende los terrenos y edificios donde funciona a una empresa con fines de lucro. Basta que ésta cobre precios más altos que los precios de mercado para licuar las eventuales utilidades que genere la universidad.
Al respecto, algunos opinan que debiera sincerarse la situación imperante y permitirse el lucro en la educación superior. Otros, entre los cuales me incluyo, preferimos que se aplique la ley, sobre todo para las universidades. Esto, porque las universidades tienen un rol social importante, formando ciudadanos informados, críticos y participativos, fortaleciendo la democracia. Una posición intermedia es permitir universidades con y sin fines de lucro. Esto al menos premiaría a aquellas universidades
privadas que han hecho un esfuerzo loable por crear un gobierno corporativo que se atiene al espíritu de la ley.
La masificación de la educación superior en Chile ha sido positiva para el país, explicando la mejora en la distribución del ingreso que ha comenzado a manifestarse en la encuesta Casen en años recientes. Siete de cada 10 estudiantes son parte de la primera generación de su familia en estudiar en la universidad.
No obstante lo anterior, la asignación de recursos a la educación superior dista mucho de ser la correcta. Debieran asignarse más recursos y los que se asignan debieran beneficiar más a estudiantes de colegios municipales y privados subvencionados. No está claro por qué protestan los estudiantes universitarios, pero la mayoría de ellos tiene motivos para protestar.