Columna publicada en la página de Educación de El Mercurio, domingo 26 diciembre 2010.
Acuerdos necesarios
Gobierno y oposición han sido refractarios a abandonar sus trincheras y a comprometerse en un debate educacional productivo.
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER
Las medidas de reforma educacional impulsadas por el Gobierno, incluido el proyecto de ley que moderniza aspectos de la profesión docente y fortalece el rol directivo en los colegios municipales, no han suscitado el acuerdo necesario para asegurar, en caso de ser aprobadas, su estabilidad en el futuro.
El Gobierno, a quien corresponde producir el acuerdo, actúa con escaso talento negociador, a pesar del estilo moderado del ministro Joaquín Lavín.
En vez de subrayar la continuidad de las medidas propuestas con aquellas implementadas por las anteriores administraciones, el Gobierno exagera -a veces hasta un límite grotesco- el supuesto carácter rupturista de su plan, presentándolo como revolucionario, punto de inflexión o madre de todas las batallas.
Tampoco ha sido suficientemente generoso en reconocer el hecho de que la mayoría de las medidas más acertadas fueron propuestas al Gobierno por un panel de expertos de carácter pluralista.
En el fondo, el Gobierno busca diferenciar su propuesta presentándola como un correctivo frente al supuesto fracaso de la reforma educacional impulsada por la Concertación.
Esto, justo en el momento en que tanto el Informe McKinsey del mes pasado como los resultados de la prueba internacional PISA 2009 dados a conocer recién, señalan de manera incontrovertible que Chile avanzó seriamente durante la década pasada en calidad y equidad de los logros del aprendizaje.
Con mal criterio, las autoridades gubernamentales, en vez de reconocer esos avances y comprometerse a mantenerlos y ampliarlos, se enreda tratando de empequeñecerlos para así resaltar las medidas que propone. Aunque éstas, con sano pragmatismo, se entrelazan con aquellos avances, mantienen el diseño de políticas que los hicieron posible y, en la práctica, son una prolongación del camino que exitosamente ha venido recorriendo el país.
Por su lado, la oposición concertacionista exhibe reducido talante negociador; incluso, por momentos aparece en un incomprensible papel obstruccionista.
En efecto, ¿cómo entender su resistencia a aceptar medidas que, en general, están en línea, continúan y profundizan su propia política de reforma educacional? ¿Cuál es la razón para oponerse a una medida tan elemental y lógica como dotar a los directores de colegios municipales de la tímida facultad de remover hasta un 5% del personal docente que demostradamente tenga un mal desempeño en la sala de clase? O bien, ¿qué sentido tiene alegar y votar contra un proyecto no por las disposiciones que contiene si no, ¡oh paradoja!, por aquellas que no contempla y que, se sabe, serán objeto, más adelante, de un nuevo proyecto?
A ratos, incluso, algunos representantes de la oposición -llevando la confusión a su punto máximo- aparecen exigiendo a la autoridad que su planteamiento asuma un compromiso de verdad (y no sólo retóricamente) revolucionario. Esto, sin duda, es desconcertante pues, de verse satisfecha tal pretensión, ello significaría no solo revertir y desahuciar las reformas introducidas por la Concertación sino, además, sustituirlas por medidas de inspiración propiamente neoliberal, que hasta ahora sólo aparecen marginalmente en el plan gubernamental.
En fin, Gobierno y oposición han sido refractarios a abandonar sus trincheras y a comprometerse en un debate educacional productivo que lleve a echar las bases de un amplio acuerdo para la segunda etapa de la reforma educacional. Es hora de ponerse a la altura de este desafío.