Con toda razón las universidades estatales reclaman apoyo del Estado para resolver los problemas de financiación derivados de los daños causados a algunas de ellas por el terremoto de febrero pasado y demandan además, también razonablemente, que se flexibilicen las normas que les impiden contraer deuda bancaria a plazo y aquellas normas relativas a los controles que les impiden gestionar con efectivuidad y eficienia sus propios asuntos. [Ver crónica de prensa más abajo].
Sin duda son reivindicaciones legítimas que los gobiernos de la Concertación no acogieron oportunamente y que ahora cabe al Gobierno Piñera satisfacer.
Lo lógico sería enmarcar una respuesta positiva a estas demandas dentro de un plan más amplio que contemple, asimismo, mayor información pública por parte de las universidades respecto del manejo de los recursos públicos, subscripción de convenios de desempeño para la asignación del aporte fiscal directo y una mayor flexibilidad, también, para que las universidades estatales organicen su gobierno interno y éste responda más calaremente por sus resultados ante el Estado y la sociedad.
Ministerio de Educación iniciará junto a planteles una mesa de trabajo para establecer reformas al sistema:
Rectores de universidades estatales plantean al Gobierno 5 medidas para mejorar gestión
Entre ellas, demandan reducir controles administrativos y el aumento del aporte estatal a sus presupuestos, que en promedio alcanza sólo el 25%.
EQUIPO DE REGIONES, El Mercurio, 9 agosto 2010
Recursos para la reconstrucción post-terremoto, la opción de endeudarse con créditos a largo plazo y más beneficios para estudiantes conforman las principales demandas de los rectores de las universidades públicas al Estado. Son parte de las medidas que propondrán en los próximos días, en la mesa de trabajo exclusiva que tendrán con el Ministerio de Educación.
Durante el año pasado, los 16 planteles públicos del país recibieron $82 mil millones en aportes del Estado, cifra que sólo representa, en promedio, el 25% de sus presupuestos. Este año, por concepto de Aporte Fiscal Indirecto -entregado a los planteles que captan los mejores 27 mil puntajes de la PSU-, recaudaron en conjunto casi $1.000 millones menos que lo que recibieron seis planteles tradicionales privados del Consejo de Rectores.
Si bien los rectores estatales cuentan que han mejorado su situación de endeudamiento, dicen que si no disponen de más recursos del Estado, se van quedando estancadas. Restricciones en las solicitudes de créditos, alta burocracia del sistema público y muchos alumnos vulnerables han motivado a estas entidades a pedir este año una serie de modificaciones al actual sistema, según explica el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez. Señala que es indispensable iniciar un proyecto a largo plazo que permita que estos planteles puedan “conformarse como pilares en el desarrollo” de conocimientos y tecnologías en todo Chile.
”Al igualar las condiciones (recursos del Estado para planteles privados) nos ponen a competir con las manos
atadas”.
JUAN ZOLEZZI,
U. DE SANTIAGO
”Partimos de la base que (con el Gobierno) estamos hablando de lo mismo: de un esfuerzo para preservar la calidad de las universidades estatales”.
VÍCTOR PÉREZ,
UNIVERSIDAD DE CHILE
Las 5 Medidas
1 Endeudamiento a largo plazo
Actualmente, estos planteles sólo pueden pedir créditos en el plazo del período presidencial, es decir, con un máximo de 4 años. Para los rectores Pérez y Zolezzi es vital que el Gobierno envíe un proyecto de ley que permita el endeudamiento a largo plazo (hasta 20 años) para adquirir créditos.
Sergio Bravo, rector de la U. de La Frontera, dice que la reforma ayudaría a financiar un crecimiento sostenido y sustentable. “Un mejor equipamiento nos permitiría estar más cerca del trabajo que realizan los estudiantes y fortalecer los posgrados”, explica Luis Alberto Loyola, rector de la Universidad de Antofagasta.
2 Más recursos del Estado
En 2009, el Estado entregó $10.807 millones en aporte directo a la U. de Concepción, plantel privado del Consejo de Rectores. En esa región, la U. del Biobío (estatal) percibió $3.123 millones, es decir, $7.600 millones menos. “Si somos una universidad estatal, el Estado debería asumir su rol, con recursos que nos hagan más eficientes”, señala Juan Iglesias, de la U. de Atacama, mientras que el rector de la U. de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, critica que el aporte del sistema hoy “es absolutamente insuficiente”.
Al respecto, Víctor Pérez dice comprender que el aumento debe darse en forma gradual.
3 Superar la burocracia
Al ser entidades públicas, cada peso que se invierte debe ser aprobado por la Contraloría, lo que demora hasta en 3 años el desarrollo de las iniciativas, como ocurrió con la red sismológica de la U. de Chile, aprobada en 2007 y que hasta este año no tenía autorización para ser licitada. “Así la gestión es más lenta y más cara”, dice Zolezzi, si se compara con planteles privados. Por ello, piden que se eliminen algunos controles administrativos. “Una posibilidad es que las universidades estatales se administren en forma similar a una empresa del Estado, por ejemplo, como Codelco”, dice Nibaldo Avilés, de la U. de La Serena.
4 Ayuda a estudiantes
En becas y crédito solidario, las proyecciones de la U. de La Frontera para 2010 permiten predecir un déficit mensual de $300 millones. La U. de Valparaíso financia con su propio presupuesto más de $2 mil millones de ayuda estudiantil, ya que “instituciones como las nuestras reciben a estudiantes de todos los ingresos económicos”, gran parte de ellos de sectores vulnerables, apunta el rector Aldo Valle.
Para revertir esto, piden que el Estado incremente el presupuesto de las ayudas estudiantiles en tres aspectos: aranceles, mantención (transporte y alimento) y nivelación educacional.
5 Reconstrucción compartida
Nueve de los 16 planteles estatales están entre Valparaíso y La Araucanía, zonas afectadas por el terremoto del 27 de febrero.
La U. de Talca fue una de las más golpeadas, y el costo de sus reparaciones llega a los $5.750 millones. Su rector, Álvaro Rojas, ha explicado que tendrá que disminuir el presupuesto de los próximos tres años para costear esto. “Tenemos que aumentar el endeudamiento para reconstruir todo lo que perdimos en el terremoto, y en esa labor deberíamos recibir el apoyo del Estado. Las restricciones se notarán porque estamos redestinando recursos para nuevas aulas y laboratorios”, afirma.
Lavín aborda endeudamiento
El ministro de Educación, Joaquín Lavín, adelantó a “El Mercurio” que existe el ánimo de enviar un proyecto de ley para ampliar el plazo de endeudamiento de las universidades estatales. “Sabemos que es una desventaja competitiva que estén constreñidas a endeudarse sólo por el período presidencial (cuatro años). Estamos abiertos a enviar un proyecto de ley que podría ampliar los plazos aunque fijando otros límites”, señaló. Lavín aseguró que el financiamiento será uno de los ejes que tendrá la mesa de trabajo con las universidades.