Jeff Puryear, c-director del PREAL, circuló ayer la nota que copio a continuación referida a la terminación de contratos para docentes con mala evaluación en Washington, DC. Dado que se trata de una idea que empieza a discutirse también en Chile, se estima una lectura de especial interés. Muestra las compleijdades de estos asuntos y lo difícil que es encontrar un camino que proteja el derecho a la educación de los niños junto con fortalecer el desarrollo de la profesión docente.
Después de un año de haber implementado un nuevo sistema de evaluación docente (IMPACT), la superintendente de escuelas de Washington, DC, Michelle Rhee, despidió a 241 docentes la semana pasada—equivalentes a 6% de todos los docentes en el distrito. La mayoría había recibido la calificación más baja, “ineficaz” en una escala de cuatro niveles. Otros 737 recibieron la calificación de “mínimamente eficaz” y tienen un año para mejorar o ser despedidos, también. De los docentes evaluados, 16% recibieron la calificación más alta, “altamente eficaz,” y serán elegibles para bonos salariales significativos.
Aunque el Sindicato Docente de Washington promete que desafiará los despidos en los cortes, se esperaban los despidos después de haber quitado el sistema de evaluación anterior, el cual calificó a 95% de los docentes como “excelente,” y haber instalado el sistema IMPACT. El experimento en accountability en DC es sin precedente en escuelas públicas de los EEUU, aunque su premisa es sencilla. Según Rhee, el lema principal sigue siendo que “cada niño en DC tiene derecho a un docente altamente eficaz en cada aula de cada escuela pública de cada vecindario, de cada departamento… de esta ciudad.” Un editorial del Washington Post sugiere que Rhee está en lo correcto con su estrategia.
Cabe destacar tres aspectos del sistema de evaluación de docentes en DC. Primero, el sistema se basa no sólo en los resultados de exámenes, sino en “medidas múltiples de rendimiento”, las cuales incluyen una evaluación del conocimiento de su materia por “maestros expertos”. Segundo, el gobierno ha trabajado con consultores expertos y una firma de investigación externa para ayudar a tratar los retos técnicos relacionados con la vinculación/articulación entre el rendimiento de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes. Por último, a pesar de que el distrito escolar no tiene la obligación legal de consultar con los docentes para el diseño de las evaluaciones, organizó una serie de grupos focales para solicitar sus perspectivas.