El texto que con el título Lineamientos básicos de una propuesta de políticas para la educación superior, de Carlos Peña y José Joaquín Brunner, se reproduce más abajo, fue inicialmente presentado a una sesión de reflexión sobre el futuro de la educación superior realizada el día 1 de julio de 2010 en la Fundación Dialoga , y publicado en el cuerpo de Reportajes del diario El Mercurio el día domingo 4 de julio de 2010.
Recursos asociados
Anuncios incompletos, 23 junio 2010
Anuncio de nuevas políticas para la educación superior, 21 junio 2010
Desafíos de la educación en Chile: Visión UNESCO-OCDE-MINEDUC, 31 marzo 2010
Programa de Piñera para educación y educación superior, 24 enero 2010
Carta abierta a candidatos presidenciales del Consorcio de Universidades Estatales, 6 enero 2010
Educación Superior en Chile: Instituciones, Mercados y Políticas Gubernamentales (1967-2007), 11 noviembre 2009
Informe de Revisión sobre la Educación Superior Chilena: Presentaciones del Grupo Experto, 12 abril 2009
Informe OCDE y choque de particularismos en la educación superior, 12 abril 2009
Revisión Internacional de Políticas Nacionales de Educación: La Educación Superior en Chile, 8 abril 2009
Ecos del Informe Internacional sobre la Educación Superior Chilena y la división en el seno del Consejo de Rectores (CRUCH), 5 abril 2009
“Nuevo trato” en educación superior, 13 febrero 2009
Reforma de la Educación Superior, 13 noviembre 2008
Mercados universitarios: El nuevo escenario de la educación superior, 20 noviembre 2007
Guiar el Mercado. Informe sobre la Educación Superior en Chile, 14 agosto 2005
Lineamientos básicos de una propuesta de políticas para la educación superior
Uno de los problemas del sistema de Educación Superior Chileno es el distinto marco regulatorio al que están sometidas las instituciones: mientras las estatales poseen severos controles que entraban su administración, las universidades privadas prácticamente carecen de cualquier fiscalización u obligación de rendir cuentas. La propuesta que sigue tiene por objeto favorecer una política de educación superior uniforme por la vía de transformar las actuales instituciones, estatales y privadas, en Corporaciones sometidas a las mismas exigencias de control y transparencia, manteniendo, sin embargo, el financiamiento basal para las instituciones que hoy lo reciben. La propuesta, en líneas generales, supone:
• Rediseñar la base institucional del sistema creando la figura legal de Corporaciones Universitarias Públicas (CUP), instituciones autónomas, con fines educacionales superiores, de carácter público, sin fines de lucro, con un estatuto aprobado por cada corporación dentro del marco de exigencias que fije la Ley General de Educación (LGE). Las CUP tendrán la flexibilidad de gestión con que hoy cuentan las universidades privadas subvencionadas por el Estado y, al mismo tiempo, exigencias de accountability de sus programas y situación patrimonial;
• La LGE contemplaría por mandato explícito la transformación de las universidades estatales en CPU y estipularía que las universidades privadas de todo tipo pueden solicitar transformarse en CPU, siempre que: (i) cuenten con 4 años de acreditación al menos al momento de solicitarlo; (ii) demuestren fehacientemente no tener fines de lucro; (iii) cuenten entre sus organizadores con personas jurídicas o naturales nacionales; (iv) aseguren a sus miembros el pleno ejercicio de los derechos contemplados en la Constitución. La petición deberá hacerse al Consejo Nacional de Educación y de su fallo podrá apelarse a la Corte de Apelaciones de la ciudad domicilio de la Universidad.
• La LGE establecería en reemplazo del Consejo de Rectores la existencia de un organismo que agrupe a las universidades constituidas como CUP, con las funciones de coordinación y otras que allí se determine, y crearía un Foro de IES que se reuniría una vez al año con fines exclusivamente deliberativos y de consulta.
• Se establece una Subsecretaría a cargo de ES en el MINEDUC, dotada de las necesarias capacidades humanas y recursos para diseñar y evaluar políticas y para aplicar sofisticadas modalidades e instrumentos de financiamiento a la educación superior.
• El financiamiento público a la educación superior se organizaría en torno a las siguientes líneas:
o Existiría un AFD convenido por tres o cinco años contra un plan marco para las Universidades constituidas como CUP, que se mantendría como financiamiento basal para las instituciones que desde ya lo reciben (estable en el tiempo como porcentaje del PIB) y se ampliaría a las demás universidades-CUP (con dineros incrementales).
o Se revisa el AFI con el fin de complementar la competencia por calidad con elementos de competencia por equidad, compensándose para ello el inevitable sesgo de la PSU en favor de los estudiantes de mayor nivel socioeconómico y capital cultural. Con tal objeto se consideraría—además del puntaje PSU—por un lado el promedio de notas de la enseñanza media y, por el otro, el lugar ocupado por los alumnos en el ranking del curso al egresar de la enseñanza media. Los montos per cápita de este subsidio se ajustarían asimismo según el nivel socio-económico de los alumnos beneficiados.
o Existirían fondos concursables para fomento, mejoramiento, desarrollo e innovación en que participarían todas las U-CUP.
o Se rediseñarían los esquemas de crédito actualmente existentes, aumentando los recursos, y unificándolos en uno solo que recuperaría los préstamos mediante cobros contingentes al ingreso vía el sistema impositivo. Es decir, luego de un período de gracia, los graduados pagan un porcentaje sobre su ingreso tributable, operación que es ad ministrada por el SII. A su turno, los programas de becas se deberían revisar para obtener una consistente política de equidad en apoyo de los jóvenes más meritorios de escasos recursos. Asimismo, el instrumento becas debería usarse más intensivamente para orientar la demanda en determinadas áreas prioritarias del país y/o donde hay escasez de profesionales o técnicos pero un claro y evidente interés social.
o Se mantendrían y ampliarían los programas de becas de pre y posgrado, y los fondos concursables para actividades de investigación. Se crearía un comité especializado que revise los criterios de medición de la producción e impacto de los trabajos académicos en ciencias sociales, humanidades y artes.
• Se revisaría el funcionamiento de los procedimientos de acreditación establecidos en la Ley una vez efectuada la evaluación externa de ellos.
• Dentro de la misma revisión de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la ES se establecería para las U-CUP un estatuto especial de obligaciones de informar y, en general, mayores exigencias a todas las IES con el fin de hacer más transparente el mercado en este sector.